MILEI ARREMETE CONTRA PETRO Y GENERA CRISIS DIPLOMÁTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

Por cuenta del lenguaje procaz, violento e inamistoso de Javier Milei, presidente de la Argentina, el gobierno de Gustavo Petro ordenó la expulsión de miembros de la diplomacia argentina con presencia en Colombia. Es probable que Milei responda de la misma manera o quizás de una vez decida romper relaciones diplomáticas y comerciales. Lo cierto es que estamos ante una grave crisis diplomática, por cuenta de la intemperancia verbal del presidente argentino. Al final, son los pueblos y los agentes económicos los que sufrirán las consecuencias por la destemplanza verbal del “loquito” Milei.

La Cancillería colombiana, en su cuenta de X, señaló que “en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos”

Por tercera vez Milei arremete contra su homólogo, Gustavo Petro, a quien llamó “guerrillero, comunista y asesino terrorista”. Sin duda alguna, estamos ante un presidente gaucho desencajado y alejado de la sindéresis a la que está obligado mantener por ser el presidente de una República hermana, con la que Colombia sostiene históricas relaciones diplomáticas, comerciales y políticas.

Milei actúa como un burdo machito camorrero que, acosado por las complejas circunstancias socio económicas que afronta la Argentina, con una inflación incontrolada, opta por distraer la atención nacional e internacional, ofendiendo la dignidad del presidente de Colombia.

Los tres epítetos que usó Milei para referirse al presidente Petro dejan entrever no solo la actitud hostil del presidente argentino y el comportamiento propio de miembros de barriadas infestadas de ignorantes, sino el desconocimiento general del pensamiento político y económico del jefe del Estado colombiano. ¿Petro comunista? Todo lo contrario. Petro cree en el mercado y su pensamiento es funcional al capitalismo. Otra cosa es que Petro sueñe con un Estado de Bienestar para un país como Colombia en donde priman el clasismo y el racismo, y opere un proyecto político oligárquico y feudal que capturó el Estado para favorecer a unos pocos, en detrimento de la calidad de vida de las mayorías. Ya en una ocasión el presidente colombiano invitó a Milei a discutir qué es eso de comunismo.

Acierta Milei en llamarlo “guerrillero”, categoría que alude a los tiempos en los que Petro se levantó en armas contra el Estado, haciendo parte del movimiento M-19, pero que también sirve para señalar la actitud y el discurso subversivo que aún mantiene Gustavo Petro. Subversivo, en el sentido en el que se busca subvertir un orden establecido de tiempo atrás.  En este punto, hay que decir que Petro busca subvertir el orden político mundial. Ya lo hizo en su discurso ante la ONU (sesión 77 de 2023), en el que confrontó al Norte opulento por sus negativos aportes a las crisis climáticas que se congregan alrededor de lo que se conoce como el Cambio Climático.

En sus palabras, Petro les dijo a los líderes de ese Norte arrogante y a los miembros de sus sociedades mezquinas, que “nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que los lleva a vivir en medio de las burbujas de las drogas”. En su intervención, Petro exhibió el carácter subversivo que aún lo acompaña y con el que busca subvertir, perturbar o molestar el orden hegemónico, criminal y obtuso que impusieron los países desarrollados, el mismo con el que han logrado dominar a los países de un Sur sumiso, por cuenta de jefes de Estado que, en el pasado, llegaron a plegarse a esa forma de dominación, apenas llevando consigo unas raídas rodilleras.

Por supuesto que Milei no entiende esa acepción de “guerrillero”, pues él debe odiar a Petro porque el político colombiano le recuerda la historia de la guerrilla de los Montoneros que operó en la Argentina y Uruguay, así como las movilizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo.

En cuanto a la categoría de “terrorista asesino”, el machito gaucho estira en el tiempo, equivocadamente, el sentido del término terrorista. En la época en la que Petro se levantó en armas, ese concepto no se usaba para (des) calificar la operación de las guerrillas de izquierda que surgieron en América Latina en el convulsionado contexto de los años 60. Así que, el uso que hace Milei del epíteto “terrorista” obedece más a su odio visceral hacia Petro, que a un señalamiento que dé cuenta del pasado revolucionario del hoy presidente de los colombianos. Fue a partir de los atentados del 9/11 en los Estados Unidos que ese concepto se universalizó. 

El presidente argentino parece seguir un guión cuyo objetivo es congraciarse con la derecha local de su país y la que opera en este hemisferio, ancorada a la derecha europea, en caso de que sus medidas económicas y sociales no sirvan para sacar del fango a la Argentina. Ante un eventual fracaso de su programa neoliberal de reducir el Estado a su mínima expresión, Milei esperaría un apoyo denodado de la derecha internacional, en caso de que haya en su país un ruido de sables que permita el regreso de los militares al poder político.   

Imagen tomada de Youtube.com

PETRO EN LA ONU: UN DISCURSO ECOLÓGICO Y SUBVERSIVO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El discurso del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en la sesión 77 de la ONU, no solo está inscrito en una ética ecológica con pretensión planetaria, sino en un fuerte espíritu crítico que supera las preocupaciones y los alcances evaluativos de la sostenibilidad ambiental.

El jefe de Estado recogió, sin decirlo, las ideas y planteamientos de Pepe Mujica, cuando el entonces presidente del Uruguay, habló en la Cumbre de la Tierra, Río +20. En esa ocasión, Mujica le dijo al mundo que la economía tenía engrillada a la política y que el mercado estaba gobernando al ser humano y al mundo y no al contrario, como debería de ser. Petro, además, rebautizó lo que Jean Ziegler y Eduardo Galeano llamaron hace unos años “el orden criminal del mundo”, para hacer referencia a las guerras declaradas por los Estados unidos y sus aliados para apoderarse del petróleo y del gas en países previamente calificados como patrocinadores o amigos del terrorismo. Petro prefirió hablar de la existencia de un “poder criminal” o de un “Poder irracional del mundo”, en manos de un Norte opulento, violento, con sus sociedades enfermas por consumir y consumir, para ocultar los vacíos existenciales de una vida envilecida e irracional.

En sus palabras, Petro les dijo a los líderes de ese Norte arrogante y a los miembros de sus sociedades mezquinas, que “nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que les lleva a vivir en medio de las burbujas de las drogas”. En su intervención, Petro exhibió el carácter subversivo que aún lo acompaña y con el que busca subvertir, perturbar o molestar el orden hegemónico, criminal y obtuso que impusieron los países desarrollados, el mismo con el que han logrado dominar a los países de un Sur sumiso, por cuenta de jefes de Estado que, en el pasado, llegaron a plegarse a esa forma de dominación, apenas llevando consigo unas raídas rodilleras. El caso colombiano es especialmente llamativo. Huelga recordar las posturas  asumidas por Uribe y Duque con las que insistieron en la fracasada lucha contra las drogas, justamente para ganarle terreno a las selvas, para que sus patrocinadores (azucareros, palmicultores, narcotraficantes, paramilitares y ganaderos), pudieran extender sus criminales tentáculos en valiosos ecosistemas como la selva amazónica, hoy en riesgo de desaparecer.

Petro Urrego declaró y sentenció que la guerra contra las drogas fracasó. Y advirtió, además, que de no tomarse en serio el cambio climático, estaríamos ad portas del “fracaso civilizatorio de la humanidad”. Este hijo de Ciénaga de Oro habló sin cortapisas y le dijo al Norte opulento, que sus países, con todo y sus marcos civilizatorios, convirtieron el planeta en un matadero, y que además, envilecieron a millones de consumidores y que, además, hicieron de la especie humana la más peligrosa y ruin.

Si la humanidad sigue como va con su modelo civilizatorio, claramente insostenible, habrá probado que la condición humana es aviesa y abrirá el camino que nos llevará hacia la postnaturaleza y el posthumanismo. Por ello, estoy convencido de que poco o nada cambiará, a pesar de la contundencia del discurso de Petro ante la ONU. Y es así, porque la apuesta de los países desarrollados está hacia la creación de escenarios de vida artificial que surgen de la idea de que es posible vivir por fuera de la Naturaleza. Hace rato están jugando a ser Dios, para crear y recrear la vida de acuerdo con sus corporativos intereses.

El discurso de Petro tiene el problema de que le habló a millones de ciudadanos que aún creen en el ser humano, en la humanidad, es decir, en una especie que es capaz de aprender a vivir en paz y a brindarse amor. Quizás el presidente colombiano olvida que ya hay una élite mundial, rica y poderosa, trabajando en el diseño de escenarios de postnaturaleza, solo viables cuando es posible pensarse dentro del posthumanismo.

Mientras esos escenarios se maduran en los laboratorios de la inteligencia artificial (IA), en Colombia las “danzas de la muerte” servirán de colofón y de inspiración para que sigan corriendo los “torrentes de sangre” sobre los campos y selvas de un país históricamente manejado por una élite tan irracional y estúpida, como las que hacen parte del “poder irracional del mundo” o el “orden criminal del mundo”.

Imagen tomada de la BBC

ELN: DE GRUPO SUBVERSIVO, A GRUPO ARMADO ORGANIZADO

 

Por Germán Ayala Osorio

La historia política dice y dirá en lo consecutivo, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo complejo en su estructura operativa y complicado a la hora de conversar de paz. Sus máximos voceros siempre se mostraron ante el país y la prensa arrogantes, caprichosos, sagaces, tercos y con una férrea convicción ideológica y política que hace posible pensar en que realmente, como organización, jamás les interesó dejar las armas. 

La metodología planteada para llevar a cabo las conversaciones de paz constituye un claro obstáculo si se piensa en la obligada transición hacia un partido político.  A no ser que estén pensando en que el Estado los reconozca como parte de las estructuras armadas legales, con presencia en los territorios en los que siempre han hecho operado y ganado algo de legitimidad social, sobre la base de la intimidación y el miedo. 

Eso de querer jugar como mediadores entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para resolver problemas estructurales que están inexorablemente conectados con el vigente modelo económico y político, suena más a una estrategia dilatoria, que a una seria y viable para superar la pobreza y los problemas de infraestructura social y física en extensos territorios. Así las cosas, jugar a ser mediadores terminará por mostrar que no tienen una real voluntad de firmar un armisticio. De hecho, han dicho que no les interesan las curules  y mucho menos dedicarse a sembrar comida, como lo aceptaron los firmantes de las entonces Farc-Ep. ¿Entonces, qué será lo que quieren los señores del ELN?

Ahora están pegados del remoquete con el que la doctrina castrense los reconoce, a pesar de estar sentados en la mesa de diálogo con el gobierno: los GAO, Grupos Armados Organizados. Los voceros del ELN exigen que el gobierno expida un decreto en el que no solo se deje de llamar así al grupo al margen de la ley, sino que les den el estatus político que su historia político-militar les entrega de forma "natural". 

Que las FFMM, el enemigo natural del ELN los llame GAO, tiene la clara pretensión de eliminarles cualquier espíritu revolucionario y político que ponga en crisis la neutra identidad política del Ejército y el resto de las fuerzas. Y eso está dentro de la lógica militar del conflicto armado interno. ¿Por qué justamente ahora que el régimen venezolano afronta graves problemas de legitimidad social y electoral les indigna el uso de esa nomenclatura?

Realmente los voceros del ELN no están interesados en firmar ningún acuerdo de paz con el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia. En la lectura maliciosa que hacen del mote con el que los militares los reconocen emerge un espíritu revolucionario que hace rato perdieron. Sesenta años levantados en armas borra de un plumazo cualquier lucha social, política y económica. Deberían más bien sentarse a pensar en que el uso del vocablo GAO realmente constituye una crítica no expresada por agentes políticos y una parte importante de la sociedad que hace rato los dejaron de ver como una guerrilla o un grupo subversivo, para verlos en su santa dimensión: como un Grupo Armado Organizado (GAO) como el Clan del Golfo y las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Al final, y en la práctica, en eso se convirtió el ELN. Todos secuestran civiles, trafican con drogas, atacan objetivos civiles y violan los derechos humanos. 

La fractura interna que se expuso con la facción Comuneros del Sur confirma lo que hace rato se venía ventilando: el carácter federal de su operación terminaría en una disidencia. A lo mejor los comandantes del frente que hoy dialoga con el Gobierno entendieron que una lucha armada de 60 años poco o nada tiene de revolucionaria, pero si mucho de anacrónica. 

Imagino que los sempiternos voceros del ELN ya aceptaron que van a morir de viejos haciendo la guerra y hablando de paz, pues saben que allí siempre estarán los gobiernos y los medios para dar cuenta de los hechos bélicos y los que hacen posible pensar en pacificar el país a través del diálogo y la desmovilización de los grupos al margen de la ley. Señores García y Gabino, entre otros, tienen la oportunidad de pasar a la historia como unos verdaderos revolucionarios que entendieron que jamás pudieron tomarse el poder a tiros, si hacen dejación de las armas y se reincorporan a la sociedad. La sociedad colombiana les reconocerá siempre la dejación de las armas como un gesto gallardo, valiente y consecuente. Hacer lo contrario, hará que esa misma sociedad los mire como simples Grupos Armados Organizados, destinados a joderle la vida a los colombianos y colombianas, porque, simplemente, les dio la gana hacerlo. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

BALANCE DEL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE PETRO: EL CAMBIO, UN PARTO DIFÍCIL

 

Por Germán Ayala Osorio

El 7 de agosto de 2022 inició el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Cualquier análisis de los primeros 12 meses resultará impreciso e incluso injusto, por cuanto los ajustes institucionales y los cambios propuestos necesitarán de más tiempo para hacerse visibles. Es más, necesitarán de una real y completa recuperación del Estado y para ello, hay que insistir en arrebatárselo a los clanes y mafias tradicionales. Y eso, es casi imposible. Es más, es probable que, al terminar su periodo presidencial, específicas transformaciones y ajustes apenas se dejarán ver pasado el 7 de agosto de 2026, siempre y cuando el siguiente gobierno no diseñe políticas públicas con las que se intente echar para atrás políticas de Estado. Recordemos que Iván Duque, con su política de Paz con legalidad, torpedeó la aplicación de la política de paz que emergió de la firma del tratado de paz entre el Estado y las Farc-Ep.

Haber hecho campaña con la bandera del cambio llenó de expectativas a una sociedad que se acostumbró a que en Colombia todo cambia, pero todo sigue igual: se siguen produciendo masacres, continúa la violencia política asociada al accionar criminal de grupos al margen de la ley, como las disidencias de las Farc-Ep, el ELN y el Clan del Golfo, entre otras organizaciones armadas que en la jerga castrense se conocen como GAO (Grupos Armados Organizados).  Aunque viene bajando el desempleo, este continúa en dos dígitos, los indicadores de pobreza ceden un poco, pero sigue la pobreza monetaria y las co-relaciones de fuerza que sostienen al “viejo” régimen que sufrió derrota, se mantienen casi intactas. Es decir, sigue la presencia no homogénea del Estado, lo que significa que no copa todo el territorio.

Este balance se hace en medio del escándalo del polígrafo, que involucra al embajador Benedetti, la jefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia y la ex empleada doméstica de ambos funcionarios, Marelbys Meza. Al sórdido episodio se sumó la denuncia que hizo el fiscal Francisco Barbosa, enemigo de Petro y del gobierno, en el sentido en que la señora Meza es víctima de “chuzadas” ilegales. También se produce este balance en el marco de un proyecto político desestabilizador orquestado desde sectores de la derecha y la ultraderecha que no aceptan el triunfo de Petro. Dicha iniciativa cuenta con la colaboración absoluta de los medios masivos tradicionales, que fungen cada vez más como actores políticos.

Petro está enfrentado a Barbosa y a la Procuradora Margarita Cabello Blanco, ficha política del Clan Char, con el que el presidente tomó distancia política. La entidad  que preside Cabello está empeñada en afectar las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso. Cabello Blanco, desconociendo fallos internacionales, insiste en continuar disciplinando y sancionando funcionarios elegidos a través del voto, facultad que según la CIDH (la Corte y la Comisión) la procuradora ya no tiene. Es decir, el país va bien en asuntos macroeconómicos, pero la pugnacidad política se acrecienta por las reformas propuestas y por el férreo carácter del presidente Petro y su idea maximalista de convertir al país en una potencia mundial de la vida.

¿Cuáles son los logros en estos 12 meses de gobierno? Hablemos de cambios y logros simbólicos y de acciones políticas tendientes a modificar problemas estructurales como la concentración de la tierra en pocas manos, la precarización laboral, el sistema de salud y el problema pensional. Dentro de los hechos simbólicos hay que destacar el más importante: el desmonte del “coco” con el que la derecha intentó frustrar el triunfo de Gustavo Petro a la Casa de Nariño: la llegada del comunismo, del castrochavismo a Colombia. Ideas como “Petro es hambre” están siendo desvirtuadas a juzgar por los indicadores que el propio presidente Petro destacó: “frenamos la inflación general, empezaron a caer los precios de alimentos, hoy el salario mínimo ha crecido en 4 puntos reales, el desempleo ha descendido, somos uno de los países de la OCDE que más crece, pasamos de déficit fiscal a superávit primario, ha descendido la pobreza multidimensional”.

En su discurso de instalación del nuevo periodo legislativo, Petro insistió en que es a través de la producción de riqueza que el país puede enfrentar sus actuales desafíos sociales y los ambientales que se vienen con las próximas crisis climáticas.  José Antonio Ocampo, quien fuera ministro de Hacienda de Petro, el 25 de mayo celebró “el fuerte aumento de los recaudos tributarios en abril, y del 28,7% en los primeros cuatro meses del año. Y celebro también que en el primer trimestre las finanzas del gobierno nacional arrojaron un superávit primario vs. un déficit en 2022. ¡Vamos bien en el ajuste fiscal!”. Podemos decir que en términos macroeconómicos la gestión del gobierno es positiva, a lo que se suma el aumento de la inversión extranjera. Se puede decir que el “coco” del castrochavismo, murió. Quienes insistan en su exhumación es porque tienen a un público  cautivo que cree en fantasmas y que quizás sus miembros tienen algún problema cognitivo no detectado.

La lucha contra el flagelo del narcotráfico sufrió un cambio importante: se frenó el uso del glifosato como instrumento para atacar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y por esa vía, se detuvieron las graves afectaciones socio ambientales que genera el peligroso herbicida. Que el gobierno de Biden haya aceptado esa condición, a cambio de fortalecer la interdicción de los alijos de droga, la captura de por lo menos una docena de sumergibles, el desmonte de laboratorios de procesamiento y la caída de 420  toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y marzo de 2023, constituye un triunfo político y ambiental del gobierno de Petro. A ese ritmo, muy seguramente la meta trazada por el gobierno de llegar a las 830 toneladas, se alcanzará al finalizar el presente año.

El viaje al continente africano, mirado desde el multilateralismo, resulta un total acierto del gobierno, en cabeza de la Vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien está al frente de ese proceso de apertura de nuevos mercados y relaciones internacionales con miras a ahondar los trabajos en materia de justicia racial.

En cuanto a la Paz Total, cualquier evaluación debe partir del carácter maximalista de esa apuesta de pacificación que incluye a todas las estructuras armadas ilegales, sean estas GAO o guerrillas. En ese aspecto, Petro se equivocó. En el ámbito de la paz el gobierno deja ver improvisación  y una excesiva confianza en el comportamiento y la madurez política de los actores armados con los que se intenta dialogar  y concretar procesos de paz y acciones de sometimiento a la justicia. También hay que decir que al tener en contra a la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa, cualquier esfuerzo de alcanzar la paz se hace más complejo. La pugnacidad entre Barbosa y Petro se explica porque el primero es ficha del régimen uribista que se opone a la pacificación total del país.

Cualquier evaluación de la obra de gobierno debe tener en cuenta o pasar por reconocer que en estos primeros 12 meses de gobierno aparecieron resistencias institucionales que podrían dar al traste con las intenciones de cambio. Frente al objetivo de la Paz Total, la Fiscalía aparece como el gran obstáculo. Vendrá el momento de proponer la terna para que sea la Corte Suprema de Justicia la que elija el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Es posible que esa alta Corte termine por consolidar al ente investigador y acusador como el gran obstáculo para el logro de la paz.

Petro ha sido imprudente en el manejo de la mesa de diálogo con el ELN,  guerrilla anacrónica que insiste en una lucha revolucionaria que ya no tiene ningún sentido, si se advierte que por primera vez llega al poder la izquierda. Su primera imprudencia ocurrió cuando informó en su cuenta de Twitter que, para la navidad del 2022, se había pactado un cese bilateral al fuego con esa guerrilla, asunto que desmintieron sus líderes. Y la segunda impertinencia sale de un análisis político-militar que expuso ante el generalato, a propósito de los cambios que sufrió la violencia política en Colombia. Petro afirmó que el ELN estaba ya en la 3ra fase, reconocida por estar sujeta a la economía ilegal del narcotráfico. A pesar de tener razón el presidente, su discurso ante los generales y almirantes fue mal recibido por los miembros del ELN que están sentados en la mesa de conversación.

En lo que toca a las relaciones con las fuerzas armadas, Petro está enfrentando las resistencias que al interior del mundo castrense aún genera su pasado como subversivo. Y lo está haciendo de la mano del mejoramiento de las condiciones de bienestar de los uniformados. Los barridos de más de una veintena de oficiales se conectan con su lucha contra la corrupción y el propósito de desconectar la institucionalidad castrense con organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

Los balconazos de Petro y sus constantes llamados a que el pueblo se levante para exigir que se hagan las reformas laboral, a la salud y al sistema pensional,  lo acercan a un tipo de populismo que es asumido por la derecha, medios de comunicación y específicos agentes económicos de la sociedad civil como una invitación a la violencia, al levantamiento popular. El populismo de Petro pretende reivindicar derechos, mientras que el populismo de Uribe Vélez pretende reducirlos y desmejorar condiciones salariales y laborales.

En lo que toca a las coaliciones políticas en el Congreso, estas le salieron mal al gobierno por una razón fundamental: la magnitud de las reformas toca intereses de sectores de poder político y económico que se oponen a cualquier cambio que implique el desmonte del proceso privatizador del Estado que los neoliberales iniciaron en 1990. La intención de asegurar gobernabilidad de la mano de los partidos tradicionales, responsables en buena medida de la corrupción público-privada que agobia al país y de la captura mafiosa del Estado, afectó la confianza de sus votantes y simpatizantes en aquello del cambio en las costumbres políticas.

El analista León Valencia propone la siguiente lectura: “una tormentosa transición.  La izquierda logró por fin su inclusión en el poder y puso en marcha un gobierno de reformas profundas,  las viejas élites no se resignaron al triunfo democrático y echando mano del congreso, el Fiscal, la Procuradora y la prensa hacen la vida imposible”.

En lo que corresponde a la reforma agraria integral, hay que reconocer que el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), está trabajando duro en el objetivo de modificar el 0.84 (Gini) que representa el nivel de concentración de la tierra en Colombia. En materia de deforestación de zonas estratégicas el gobierno parece estarle ganando la partida a ganaderos y narcos que insisten en deforestar las selvas, en particular la de la Amazonía. En el asunto que toca a la transición energética falta claridad en la hoja de ruta y acciones pedagógicas que contrarresten los miedos y la “mala leche” con la que los medios vienen cubriendo los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Su salida, por tráfico de influencias, según lo que trascendió a los medios, es una advertencia para quienes ostentan hoy el poder, para que no traten de saltarse los conductos regulares y los procedimientos reglados.

Es posible que el país no cambie en la dimensión soñada del presidente Petro. Si el Pacto Histórico no logra triunfos importantes en las elecciones regionales de octubre, el proyecto político de la izquierda y el progresismo estará en riesgo. Ordenar el territorio alrededor del agua, como se sugiere en el Plan Nacional de Desarrollo, será una quimera si la derecha depredadora triunfa en las periferias en las que abunda el recurso hídrico. Igualmente, se necesita asegurar los triunfos en importantes ciudades capitales y en gobernaciones.

La resistencia al cambio obedece a que culturalmente existen taras en la cultura dominante. El ethos mafioso y las ventajas que les da a la élite tradicional vivir en una sociedad premoderna, de la mano de un Estado igualmente premoderno, son dos buenos ejemplos de los vicios o los defectos de los responsables de haber convertido a Colombia en un insufrible platanal con bandera. El carácter feudal y precapitalista es otra tara de la élite dominante. 

Imagen tomada de Portafolio

RETENCIONES O SECUESTROS: DISCUSIÓN “SEMÁNTICA” DE UNA GUERRILLA QUE NO ESTÁ LISTA PARA FIRMAR LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Uno de los efectos políticos del secuestro del señor Luis “Mane” Díaz, padre del reconocido jugador del Liverpool, “Lucho” Díaz, está en que obligó a los plenipotenciarios de Petro en la mesa de diálogo a poner de presente el tema del secuestro; el mediatizado plagio también sirvió para consolidar el rechazo de la sociedad colombiano hacia el ELN, grupo subversivo que reconoció la responsabilidad en la comisión del crimen.

Después de liberado el señor Díaz, y en el inicio del 5º ciclo de conversaciones de paz con el ELN, uno de sus comandantes, Antonio García, dijo en su cuenta de X que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.

No estamos ante un asunto de semántica política y “revolucionaria”. Por el contrario, estamos ante una cínica, arrogante, displicente, retadora, irresponsable e inaceptable postura de quien envejeció al frente de una guerrilla que jamás mostró una real voluntad de paz. Una guerrilla anacrónica, liderada por comandantes que, además de mesiánicos, han sido incapaces de asumir la coyuntura que dejó el tratado de paz de La Habana como la oportunidad para ponerle fin al conflicto armado que por más de 50 años sostienen con el Estado.

Lo que dijo el anacrónico comandante del ELN hace pensar en la urgente necesidad de que en la mesa de conversaciones haya acuerdos conceptuales con los plenipotenciarios del gobierno, con el fin de facilitar la comunicación, pero, sobre todo, proscribir el secuestro de civiles con fines extorsivos.

Lo dicho por García debe servir como oportunidad para que en la mesa de diálogo no solo se aborde el tema del secuestro, sino que se exponga la discusión conceptual que, a pesar de su cinismo, está planteando el comandante del ELN. Eso sí, dicha discusión convendría que no trascendiera socialmente, porque la gente del común no suele hacer matices, ni lecturas diferenciadas del secuestro y mucho menos es conveniente plantear ese tipo de disquisiciones en medio de la crispación ideológica que a diario alimentan los medios masivos que no acompañan la solución pacífica y política al conflicto armado entre el Estado y el ELN.

Privar de la libertad, por razones económicas o políticas, constituye un grave delito que García justifica amparado en la necesidad de financiar su aparato criminal, en particular cuando secuestran civiles con el fin de exigir el pago de sumas millonarias para devolverlos a sus familias.

La propuesta de que el Estado y agentes internacionales los “financien” para evitar que sigan secuestrando tiene sentido siempre y cuando esa guerrilla demuestre una real voluntad de paz. Por ahora, dicha voluntad no se ve con claridad, lo que hace inviable, por ahora, el ofrecimiento de “pagarles” para que cesen el abominable crimen del secuestro.

Eso sí, hay que hacer distinciones conceptuales en la mesa de diálogo. Las retenciones de militares y policías las asumen los del ELN bajo la categoría de “prisioneros” en el marco del conflicto armado interno y las normas legales internacional que se aplican para conflictos internos.

Las retenciones de militares y policías, como resultado de combates, deben asumirse como circunstancias y sucesos propios del conflicto interno, cuyo desenlace se debe dar en el ámbito político y militar, lo que obliga a que haya una comisión atenta a generar las condiciones para lograr la rápida liberación de los uniformados. Cuando esas mismas privaciones a la libertad de policías y militares se den cuando estos estén vestidos de civil y desarmados, los tratamientos y los reconocimientos de la acción militar perpetrada por esta guerrilla no pueden ser asumidos de la misma manera como se asumen cuando los plagiados fueron privados de la libertad dentro de la dinámica de un combate.

Así las cosas, urge que en la mesa de negociación se den discusiones conceptuales y se proscriba el delito del secuestro. El ELN debe entender que pasar ciertos conceptos por su propio rasero “revolucionario” y a la luz del Protocolo II de Ginebra, no garantiza la total comprensión de la sociedad.

Jamás será lo mismo secuestrar civiles, en particular mujeres y hombres ancianos, y privar de la libertad a militares y policías que participaron de combates y operaciones hostiles. Baste con recordar el caso de la sargento Karina Ramírez, quien, con su hija y el perro, fueron abordados por guerrilleros del ELN y privados de la libertad. Así la sargento vaya vestida con su uniforme, se trata de un vil y cobarde secuestro. Esas diferencias no deben asumirse como una especie de “glosario” de la guerra, sino como partes claves dentro de unos mínimos protocolos.

Imagen tomada de El Nuevo Siglo

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ: ENTRE TERCO E IGNORANTE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Ya son varias las ocasiones en las que Iván Duque Márquez exige al gobierno de Cuba la extradición de la dirigencia del ELN que se encuentra en la isla. Huelga recordar que hasta allá se trasladó en su momento la mesa de diálogos entre los negociadores de esa  guerrilla y los del gobierno de Juan Manuel Santos, ante el intempestivo retiro del apoyo político y logístico de la administración de Lenín Moreno, presidente del Ecuador.

Después del execrable atentado dinamitero contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, perpetrado por ese grupo subversivo, esa parte de la delegación guerrillera se quedó en la isla caribeña en virtud del rompimiento de la negociación que había empezado en territorio ecuatoriano.

La insistencia de Duque al gobierno Díaz-Canel lo hacen ver como un ignorante frente a un imposible jurídico-político: Cuba, como país garante de esos diálogos de paz, no puede desconocer los protocolos firmados entre el Estado colombiano y el ELN, con el respaldo político de Noruega.

La insistencia de Duque Márquez con el espinoso asunto no solo lo hace ver como un ignaro, sino como un político testarudo. Testarudez que se explica, claro está, porque jamás se ha sentido como Jefe del Estado colombiano. Si así fuera, entendería que ningún Estado que sirva como garante de un proceso de paz puede violar o desconocer los protocolos firmados entre las partes que se sentaron a dialogar para poner fin a las hostilidades.

Ser Jefe de Estado y actuar en consecuencia obliga a quien tiene esa investidura, a actuar con mesura, inteligencia y sobre todo, con sentido histórico. Y Duque se ha demostrado así mismo que su paso por la Casa de Nariño o de Nari, obedece más a un capricho del uribismo por poner en el Solio de Bolívar no solo a un intransigente e indocto en temas de relaciones internacionales y derecho internacional, sino a un hombre sumiso al que no le interesa hacer historia como Jefe de Estado, porque solo vive pendiente de cumplir las órdenes de sus dos patrones (Uribe y Sarmiento Angulo), en particular las que a diario le musita al oído el latifundista de Salgar.

Parece ser que los seguidores de Uribe desconocen qué es eso de ser Jefe de Estado. El mismo Uribe jamás se sintió cómodo al ostentar por ocho años esa dignidad, pues mandó en este país como si lo estuviera haciendo dentro de los límites de El Ubérrimo. Lejos estuvo el vulgar caballista de actuar como Jefe de Estado. Por ello no podemos esperar mucho de Iván Duque, quien cada día que pasa deja en claro, por su ignorancia y testarudez, que su intención es parecerse a quien lo puso en la Casa de Nari.

Imagen tomada de la BBC

INMADUREZ POLÍTICA Y CRISIS DE LIDERAZGO EN GUERRILLAS QUE CONVERSAN CON EL GOBIERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis por la que atraviesa la mesa de diálogo entre los delegados del gobierno de Petro y los enviados de las disidencias farianas no obedece exclusivamente a asuntos relacionados con la recuperación de territorios por parte del Estado y el supuesto incumplimiento gubernamental de lo pactado, sino a un aspecto del que poco se habla: la inmadurez política de las disidencias farianas y el perfil militarista (tropero) de su comandante alias Iván Mordisco.

No son estos los tiempos de líderes guerrilleros formados discursiva y políticamente, como Alfonso Cano o con la sagacidad y olfato político de alias Tiro Fijo. Los miembros de las disidencias, llamadas también Estado Mayor Central (EMC), se acercan más al perfil de los inefables “Mono Jojoy” y Raúl Reyes. Es decir, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, no es un comandante formado para la discusión política: es reaccionario y en el pasado, cuando lideró el Frente 1 de las Farc-Ep, se declaró en contra de las negociaciones de La Habana, lo que significa que no está realmente interesado en entregar las armas, desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.

InSight Crime destaca de Vera Fernández que su “accionar criminal comenzó hace 20 años, cuando se unió́ a la guerrilla de las FARC-EP. Su inicio fue como guerrillero raso, pero se especializó rápidamente como francotirador y explosivista dentro del Frente “Armando Ríos”, en San José del Guaviare… se perfila como uno de los líderes disidentes más violentos con una actitud marcada contra la población civil”.

A sus 48 años, Iván Mordisco es un guerrillero joven que está viviendo su gran momento por estar al frente de unas disidencias, a pesar de su pobreza discursiva y cultural, compartida con los hombres y mujeres bajo su mando. Podrán pasar varios años antes de que entienda que jamás se tomará el poder a tiros. A lo mejor pensará que caer en un algún combate con el Ejército le da la gloria suficiente para que sus dirigidos continúen su anacrónica lucha.

Por lo que ha trascendido, su poder de mando no tiene contraparte como en los tiempos del Secretariado de las extintas Farc, en donde internamente se discutían asuntos estratégicos y se unificó la decisión de negociar con el Estado. La condición de disidencia constituye también un problema político con el que los negociadores del gobierno deben lidiar, en la medida en que el grupo subversivo no tiene la capacidad de daño y de copar grandes extensiones de territorio que sí tuvieron las antiguas Farc-Ep.

Su condición de disidencia choca con el cansancio de gran parte de la sociedad colombiana por la presencia de las guerrillas. El proceso de paz de La Habana le resto legitimidad a la lucha armada. El único camino posible que les dejó el tratado de paz es el de la inercia, en la que andan desde 2016 los subversivos que obedecen a Iván Mordisco.

En cuanto a la situación de la mesa de diálogo con el ELN, hay que decir que la estructura federada de esa guerrilla es el más grande obstáculo para que internamente el Comando Central (Coce) logre unificar una postura que lleve a todos los frentes a jugársela por una salida negociada al conflicto con el Estado colombiano.

El secuestro extorsivo como herramienta de financiación es otro obstáculo que se suma a la operación de frentes autónomos que no necesariamente comulgan con las directrices emitidas por los comandantes que se envejecieron en la lucha armada, sin haber conseguido tomarse el poder y transformar el modelo económico y político, esto es, insistir en el viejo modelo socialista soviético.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre de la estrella del Liverpool, Luis Díaz, bien puede dar cuenta de la desconexión entre el Frente de Guerra Norte y el comando central. Que se haya asumido como un “error” el secuestro del señor Díaz, de parte de Antonio García, bien puede confirmar la independencia de criterio del frente que finalmente perpetró el plagio del padre del jugador de la Selección Colombia de Fútbol.

Así entonces, los retos de la Paz Total no pasan exclusivamente por las maneras en las que el gobierno ha dispuesto las mesas y llevado hasta el momento los diálogos. La inmadurez política de alias Iván Mordisco, por el lado de las disidencias, constituye un problema que no es menor; y por el lado del ELN, su estructura operativa y la pérdida de liderazgo de sus viejos comandantes, son factores que tampoco se pueden despreciar al momento de evaluar los avances o el fracaso de la Paz Total.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

PETRO O DUQUE: ¿CUÁL ES EL "TERRORISTA"?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reciente rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro Urrego y el expresidente Iván Duque Márquez obedece a dos lecturas ideologizadas en torno a dos conceptos: terrorismo y terrorismo de Estado. El jefe del Estado llamó “terrorista” a Iván Duque por cuenta de los crímenes que cometieron agentes estatales que, bajo sus órdenes y mando, violaron los derechos humanos. Las cifras hablan de 60 ciudadanos asesinados, violación de mujeres, torturas y afectaciones en los ojos a otros 60 jóvenes que se movilizaron en el contexto del estallido social.

“Cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, la pregunta es quién fue el terrorista y el presidente tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del entonces presidente. Sí señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, espetó el presidente Petro.

Sin duda alguna, le cabe responsabilidad social y política a Iván Duque porque en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas permitió los desmanes y la comisión de los crímenes. Pudo ser diferente si hubiese asumido la actitud de dialogar y escuchar a los jóvenes, en lugar de pensar que le iban a dar un golpe de Estado. Bajo esa excusa, acudió a la figura de la “asistencia militar” y la plasmó en el Decreto 575 del 28 de mayo, a todas luces inconstitucional. Las movilizaciones y las violentas protestas que se dieron en el marco del estallido social jamás se convirtieron en un movimiento social y político capaz de provocar semejante quiebre institucional.

Petro califica de esa manera a Duque porque usa ideológicamente la categoría Terrorismo de Estado. Sin duda alguna el Estado colombiano ha operado como un orden criminal, con prácticas y acciones propias de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Las ya varias condenas internacionales proferidas por la CIDH contra el Estado colombiano hacen pensar en que, como mínimo, bajo ese orden de dominación se asesinaron a comunidades en contubernio con grupos paramilitares. Baste con recordar la masacre de Trujillo y el genocidio contra la UP para entender el sentido de los calificativos que de tiempo atrás usa Petro para referirse al actuar violento y criminal del Estado.

Durante los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe, el régimen estatal actuó bajo las condiciones y las características que dan vida a esa nomenclatura de terrorismo de Estado. Lo que sucede es que el Estado terrorista del que habla Petro suelen verlo y sufrir exclusivamente quienes militan en la izquierda o aquellos que tienen una formación política que les permite calificar a un orden establecido como terrorista. El Estado terrorista actúa sobre específicos sectores sociales, torturando, persiguiendo y desapareciendo a cientos de ciudadanos a manos de agentes de inteligencia, policías y militares. El genocidio de la UP es propio de un Estado terrorista porque sucesivos gobiernos jamás aceptaron el pensamiento divergente que representaba ese partido de izquierda y mucho menos la cercanía ideológica y política con las entonces Farc-Ep. Hay que recordar que durante el gobierno de Belisario Betancur se acordó que miembros de la UP llegaran al Congreso, en el marco de un proceso de paz. Ello incluyó la presencia en el Congreso de guerrilleros activos, como Braulio Herrera.

Insisto entonces en que la categoría con la que Petro descalificó a Duque tiene un uso menos universal y por lo tanto, la opinión pública en general no lo tiene presente para examinar a su luz, los hechos a los que Petro hizo referencia. Lo contrario sucede con el vocablo con el que el expresidente-títere usó para responderle el agravio que le lanzó el actual presidente de la República. Esto dijo el fatuo e infantil expresidente de la República: “nunca haber militado en grupos armados ilegales o terroristas”, nunca haber “hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales…”.

Iván Duque, como era de esperarse, se ubica un plano moral superior cuando se jacta de que jamás militó en un grupo armado ilegal, como si ello le permitiera deslegitimar la lucha armada que decidieron librar quienes creyeron que se podían tomar el poder a tiros.  Duque insiste en demonizar a las guerrillas, en particular al movimiento M-19 del que hizo parte Petro durante su juventud. Mientras que el vocablo terrorismo de Estado se remonta a los años 60 y se entiende bajo las circunstancias propias de esa ebullición política e ideológica de las turbulentas décadas de los 60, 70 y 80, la nomenclatura “terroristas” está atada temporalmente a los hechos del 11S de 2001 en los Estados Unidos. De igual manera, Petro se ubica en otro plano moral superior, porque sigue pensando que la guerrilla del M-19 siempre representó la salida o la solución a los problemas históricos del país, causados por una "oligarquía inmoral, premoderna y corrupta". Petro aún piensa como subversivo, a pesar de que manera temprana dejó las armas. 

Volvamos a Duque. Lo que sucedió con los atentados terroristas contra el World Trade Center en los Estados Unidos que provocaron las caídas de la emblemáticas Torres Gemelas es que le permitió a la derecha americana y a la internacional consolidar el discurso antiterrorista de la mano de la “cruzada contra el terrorismo” representado en la persecución contra Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados terroristas. El entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez “compró” el discurso del presidente Bush para dar vida a su Política de Seguridad Democrática con la que desconoció el origen político del conflicto armado interno. Entonces, el país empezó a hablar de “amenaza terrorista”, lo que por supuesto hizo posible empezar a (des) calificar a las guerrillas de la época como grupos terroristas. Lo anterior, con la ayuda y el beneplácito de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Eso sí, no se puede desconocer que las Farc-Ep y el ELN incurrieron en prácticas y hechos terroristas, en tanto sus objetivos estaban dirigidos a generar miedo y terror en la población civil. Pero tampoco se puede obviar que las listas de grupos terroristas construidas por los Estados Unidos y la Unión Europea obedecen a cálculos políticos y militares, resultado de las relaciones de dominación Norte-Sur.

Las acciones político-militares del M-19 no podrían calificarse como terroristas por cuanto el uso universal de esa categoría inicia en el 2001 y para ese momento ya ese grupo subversivo había desaparecido pues firmó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Ni siquiera la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula del M-19 podría ser calificada como terrorista, por ese elemento temporal. No se pretende ocultar los horrores y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma. El país saber que particular durante la retoma del edificio por parte del Ejército nacional se presentaron las mayores y ejemplarizantes violaciones a los derechos humanos. 

En esa misma línea argumental del petimetre de Iván Duque, entonces, podríamos calificar a los Estados Unidos como un orden terrorista y como tal al entonces presidente Harry Truman por las dos bombas atómicas que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki (Japón) con las que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Para aquella época, ese hecho bélico se entendió como parte de la lógica de la guerra que en ese entonces libraron los Estados Unidos y los aliados para frenar al régimen nazi. 

Así entonces, en el rifirrafe entre Petro y Duque cada uno hace una lectura ideologizada y moralizante que los pone en orillas irreconciliables. Mientras que el presidente de la República reconoce el carácter político de los hechos acaecidos durante el estallido social, Duque jamás aceptó y aceptará las razones y las circunstancias históricas y objetivas con las que se legitimó el levantamiento de las guerrillas en los años 60 y 70.

Convendría que el presidente Petro evitara descalificar a sus detractores y enemigos, en especial a los expresidentes. Su condición y dignidad así se lo exigen. Aunque el gobierno de Duque arrastra una nefasta recordación, sigue representando a esos sectores de poder que siempre estarán dispuestos a ponerse moralmente por encima de los demás a pesar de haber cohonestado con la operación criminal de los grupos paramilitares. Es tal su cinismo, que insisten en el débil argumento de que “jamás hice parte de un grupo armado ilegal”, para sacar pecho y presentarse como los "elegidos" para continuar gobernando a Colombia. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

LOS MILITARES Y PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A partir del 7 de agosto, las fuerzas armadas colombianas tendrán como comandante supremo a Gustavo Francisco Petro Urrego, ex miembro de la guerrilla del M-19. Aunque esa circunstancia no debería de ser un problema ético y doctrinal para los militares activos, es probable que oficiales y suboficiales en servicio activo se hayan dejado influenciar por sus profesores en la academia, asumiendo como propio el odio que hacia dicho grupo subversivo se profesaba desde los tiempos del robo de las 5 mil armas del cantón norte, la sustracción de la espada de Bolívar y por supuesto, por la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Aquellos que dentro del cerrado mundo castrense insistan en operar bajo la influencia de la doctrina del enemigo interno, tendrán la oportunidad o quizás la obligación de entrar en la discusión de conceptos como posconflicto o posacuerdo, con el firme propósito de avanzar hacia la transformación misional que deberán sufrir las instituciones militares, en particular, el Ejército nacional. Si se logra concretar un proceso de paz con el ELN, la paz completa será una realidad, a pesar de la insistencia de las acéfalas y anacrónicas disidencias.

La violación sistemática de los derechos humanos por parte de miembros del Ejército, asociada a los falsos positivos y a otras prácticas institucionalizadas, fruto de la política de seguridad democrática y de los caprichos de Uribe Vélez, quedarán proscritas, si se entiende en un amplio sentido lo que dijo el presidente electo en el sentido en que militares con récord de violaciones a los DDHH no cabrán en la nueva cúpula. Así entonces, en la cadena de mando, quienes hagan parte de la cúpula, tendrán la obligación de limpiar las filas de todos aquellos subalternos proclives a violar la constitución y en particular a aquellos que vienen acostumbrados a hacerlo, siguiendo el ejemplo de generales que hoy gozan de sus soles, gracias a que en el pasado ascendieron por cumplir con los objetivos de la intimidante política de seguridad democrática. Quedará pendiente sacar del ministerio de la Defensa a la Policía nacional, cuerpo armado que deberá acercarse a las transformaciones que demanda el posconflicto.

Las relaciones entre el presidente entrante y las fuerzas armadas serán definitivas y claves para la ampliación de la democracia. De muchas maneras, la operación del régimen democrático en Colombia viene pasando por el talante de los miembros de la cúpula militar. Desde los tiempos de Belisario Betancur y los del estado de sitio de Turbay Ayala, los militares fueron una rueda suelta que, de acuerdo con decisiones político-militares, terminó golpeando garantías democráticas no solo en términos del respeto por los derechos humanos y en todo lo concerniente a la real sumisión al poder civil, sino en la extensión en el tiempo del conflicto armado interno y el aplazamiento de la paz.

Con Uribe Vélez, las fuerzas militares entraron en una etapa de sometimiento a los caprichos del latifundista. Al final, terminaron no solo asesinando vilmente a 6402 civiles, sino operando bajo el carácter privado que el hijo de Salgar le dio a su lucha contra las guerrillas. Santos intentó cambiarles el chip a los altos oficiales que venían de los aciagos años en los que les pedían “más y mejores resultados operacionales”. Logró conformar una cúpula más cercana a la paz, lo que les permitió sentarse, frente a frente, en mesas técnicas, con los miembros de las entonces Farc-Ep. Con el regreso de Uribe al poder, en los “huesotes y las carnotas” de Iván Duque, regresó el viejo talante que inoculó en las filas en el Gran Imputado.

Petro sabe que dentro del Ejército quedan varios “zapateiros”, de acuerdo con lo que expresó el mismo comandante, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. La nueva cúpula tendrá la tarea de ir frenando sus ascensos, si deciden insistir en comportarse de la manera como lo hizo el saliente oficial, famoso por lamentar la muerte del asesino serial, alias Popeye y por su expresión “ajúa”. Además, de investigaciones en su contra por corrupción. Eso sí, espero que Petro Urrego no caiga en la tentación de apropiarse de dicho grito, como lo hizo el infantil y fatuo del Iván Duque Márquez.

Imagen tomada de Infobae

DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO Y SU GUERRA CONTRA LOS NASA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Carmelina Yule Paví, lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.

El presidente Petro debió ir más lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental, pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas. Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo UI Musicué. 

En el mal llamado Estado Mayor Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica, si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez, líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.

El alias de Iván Mordisco dice mucho del talante de este “subversivo”.  Su perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad”.  

La decisión valerosa de la Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados “revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros” está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente, solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes; en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.

El insuceso, ocurrido en Toribío (Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que el país necesita.   

Para el caso que nos ocupa en esta columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse” entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los resguardos indígenas del Cauca.

El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo. Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo para tibiezas.  

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM