POLO POLO Y JP HERNÁNDEZ: DOS HOMÚNCULOS CONGRESISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

El Congreso de la República es quizás la más desprestigiada institución del Estado. Desde tiempos inmemoriales se convirtió en un nido de corruptos y de congresistas-lobistas que, al servicio de grandes empresarios, legislan en contra de las grandes mayorías, y en beneficio de quienes les patrocinan sus campañas electorales.

El legislativo colombiano es el bunker en el que opera una clase política ociosa, mañosa y mafiosa que, con un sentido corporativo de la política, legisla para favorecer a los sectores más privilegiados, alimentando así el clasismo aporofóbico y el “individualismo posesivo”. Al final, el Congreso de Colombia es una entidad generadora de violencia política, por cuanto las leyes que allí se tramitan no tienen como objetivo mejorar las condiciones económicas de las grandes mayorías. Por el contrario, se legisla para consolidar la pobreza estructural, escenario ideal en el que el clientelismo funciona a la perfección, en beneficio de los partidos políticos y de las clientelas de los congresistas.

No se necesita aplicar sondeos o encuestas para confirmar el repudio que sienten los colombianos frente al Congreso. La responsabilidad política de esa mala imagen recae, de manera directa, en los congresistas que, amparados en los avales de sus partidos de origen o de otras empresas electorales, e incluso, de fundaciones que representan los intereses de las minorías étnicas, asisten a las plenarias no a discutir con argumentos, previa lectura de los proyectos de ley, sino a vociferar y a cumplir las órdenes que les dan los mecenas que aportaron cifras millonarias para hacerse con una curul.

Congresistas como Miguel Abraham Polo Polo y Jota P Hernández son dos buenos ejemplos de lo que está mal dentro del Congreso de la República: son poco leídos, vociferantes e ignaros, a los que solo les interesa figurar en los medios a los que salen a decir pendejadas. Sus discursos son básicos, propio de gente que desprecia la lectura y la discusión argumentada. Incluso, dudo que tengan la capacidad de escribir un ensayo académico o político en torno a las grandes problemáticas del país. No creo tampoco que puedan sentarse a escribir una carta de despedida.

Este par de homúnculos no han leído los proyectos de reforma presentados por el gobierno. No les he escuchado un argumento técnico o de otro carácter, que les permita dar un debate con altura. No. Ellos simplemente fungen como fichas del uribismo para decir no, sin importar el sentido de lo que están votando, o sí, para beneficiar a los grupos de poder que los llevaron a ocupar sus ilegítimas curules. La prensa afecta a los intereses del viejo régimen, entrevistan a este par de “Anatolios”, para que de sus fétidas gargantas dejen salir odios, resquemores y cuanta pendejada se les ocurre.

Así, Polo Polo y JP Hernández son dignos representantes de esa casta política ociosa, lumpenizada y parásita a la que solo le interesa disfrutar de los 40 millones de pesos mensuales que de manera injustificada reciben por no hacer absolutamente nada.

Imagen tomada de Infobae

PERIODISTAS CON FAMILIARES CONDENADOS: NO HAY DELITO DE SANGRE, PERO…

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En Colombia el delito de sangre no existe, lo que se traduce en que las infracciones o violaciones cometidas por un familiar no tendrían por qué manchar el nombre de un ciudadano y por esa vía, impedir que aspire a ser elegido, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos políticos.  El pero a esa circunstancia social y jurídica aparece cuando a sabiendas de las condenas proferidas por jueces de la República en contra de los familiares insertos en la política, sus hijos, nietos, primos, esposas o sobrinos le sirvan de parapeto a los condenados para seguir haciendo lo mismo: robar el erario para enriquecerse, usando las mismas estrategias corruptas y mafiosas.  

Si dentro de un núcleo familiar uno de sus miembros tiene como profesión la política y fue condenado por corrupción o cualquier otro delito, lo que se esperaría, desde una ética maximalista, es que su primo, esposo, esposa, hermano o cualquier otro que sea el vínculo que los une, tome distancia pública del condenado, para evitar suspicacias, pero sobre todo, para hacer de la esfera pública (política) un escenario de discusión de asuntos que nos interesan a todos, guiado por un ethos contrario al que guió a los familiares a cometer delitos.

Debería de funcionar igual para el ejercicio periodístico, en particular cuando quien ejerce la profesión de informar de manera masiva, hace parte de clanes políticos cuyos miembros hayan sido condenados por corrupción e incluso, por delitos aún más graves. Desde una ética de máximos, se esperaría que el o la periodista que guarda parentesco con aquellos condenados o procesados, tome distancia de sus familiares y sea capaz de asumir el costo social y político que implica pertenecer a una familia de corruptos y criminales.

Justamente, por la complejidad de la situación, el periodista que tiene vínculos de sangre con los condenados y procesados no puede tratar de presentarse como un faro moral para la sociedad, mientras mantenga un diálogo fluido y cercano con aquellos ciudadanos penados, privados de la libertad o requeridos por la justicia. O lo que es peor: que use el medio de comunicación o la política editorial, para defender, ocultar o minimizar los delitos perpetrados por sus familiares.  Por el contrario, si rompe públicamente con todo tipo de relación con los convictos o exconvictos, podría servir de luz a una sociedad que, como la colombiana, deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

En escenarios de crispación política e ideológica, los detractores y enemigos del periodista suelen exponer las filiaciones de sangre en las redes sociales, especie de hornos en los que es cremada a diario la dignidad humana, lo que, por supuesto, contamina el debate público que el periodista desea o debe dar. Eso sí, lo que no debe hacer el periodista es salir a defender lo que social, ética, política y moralmente resulta indefendible: la corrupción, el ethos mafioso y criminal que guió a sus familiares a violar las leyes.

En Colombia pululan los casos de periodistas con vínculos de sangre con políticos corruptos. Varios de ellos, en las redes sociales son lapidados a diario por las condenas proferidas en contra de sus familiares. Eso sí, la decisión de tomar o no distancia de sus familiares da cuenta del nivel de eticidad de los comunicadores comprometidos. Insisto: los delitos de sangre no existen, pero siempre habrá un, pero.  

Adenda: no es necesario listar aquí a los periodistas con familiares condenados y procesados. Ya el país sabe quiénes son. Recuerdo el caso del periodista "Poncho" Rentería, ícono del periodismo de farándula, quien dijo haber tomado distancia de su hermano, el narcotraficante, Beto Rentería. 

Tomado de Hacemos Memoria. 

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES NO PODRÁ ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 24 de noviembre los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que el ex alto oficial, uno de los responsables del operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985 y, por lo tanto, de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa acción militar, no sería aceptado en territorio americano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió que el “ex general Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.  La decisión se adopta por “su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985”.

Arias Cabrales fue expulsado de la JEP por su nula colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido en la retoma del Palacio de Justicia, en manos de una célula del M-19. Junto al señalado ex oficial, aparecen otros exmilitares colombianos a los que los gringos restringieron su entrada a territorio americano. De acuerdo con El Espectador “el Gobierno de Estados Unidos ya le había cerrado las puertas de su país a tres altos mandos militares por presuntamente participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Los implicados eran los coroneles en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez y Publio Hernán Mejía, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército”.

Para ciertos sectores societales tener la visa americana constituye un plus y quizás también se asuma como la puerta para salir y escapar de obligaciones penales en Colombia o simplemente para huir de presiones mediáticas y/o descansar de la agobiante realidad del país. En particular, para hijos de clanes políticos, tener la visa gringa es sinónimo de prestigio y reconocimiento social y político. Incluso, dicho permiso los políticos lo asumen como un aprobado examen de “buena conducta”.  

Las cancelaciones de las visas a personajes públicos o el aviso de prohibición para pisar territorio americano se producen en medio del carácter discrecional de la medida, aunque las mismas autoridades americanas dejan entrever que hay motivaciones que van desde la violación de los derechos humanos, información de inteligencia que asocia a políticos colombianos con mafias del narcotráfico o lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.

Lo cierto es que, para los políticos, magistrados, militares activos o en uso de buen retiro, perder la visa o no poder pisar suelo americano constituye una vergüenza que raya con el ostracismo o el confinamiento en el país en el que no suelen pasar vacaciones: Colombia.

Baste con recordar el impacto mediático que en su momento tuvo la cancelación de la visa al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, por los escandalosos hechos por la probada entrada de dinero del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El país no olvida la reacción de Samper ante el aviso: “Yo no necesito visa para venir a Chaparral". Y posterior a la cancelación, el expresidente espetó: “la visa sirve para que presionen magistrados. Sin visa sí hay paraíso, han creado el mito de que perderla es la muerte, como si fuera un certificado de buena conducta”.

Hay que sumar también los casos de Fuad y Alex Char, miembros del clan que domina Barranquilla y el departamento del Atlántico, como si se tratara de su feudo. Así registró Cambio lo sucedido con estos poderosos políticos: “Alejandro Char recientemente vio cómo su trámite de renovación de visa le fue denegado. Su padre, Fuad Char, quien fue gobernador del Atlántico, senador, embajador en Portugal y ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Virgilio Barco, también perdió su visa en la década de los noventa”.

Eso sí, el país no podrá esperar que Arias Cabrales diga algo similar a lo que en su momento dijo Ernesto Samper, pues lo de él es guardar prudente y obediente silencio.   

Imagen tomada de las 2 Orillas. 

SIETE AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ: SANTOS Y LA SEMÁNTICA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En plena conmemoración de los 7 años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc-Ep, el expresidente Santos criticó al gobierno Petro por haber aceptado dialogar con las disidencias farianas bajo los nombres de Farc-Ep y Estado Mayor Central (EMC).

Santos Calderón espetó lo siguiente: “Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solo así, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP porque el acuerdo que hoy estamos celebrando lo firmamos para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Es un error estratégico que no sé cómo van a solucionar con la comunidad internacional”.

La crítica de Santos, artífice del acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado y esa guerrilla, entra en el fangoso terreno de la semántica política. Al parecer, Santos cree que la desmovilización y reintegración a la sociedad de la inmensa mayoría de los guerrilleros de esa agrupación, anula y sobre todo impide que esa nomenclatura fuera recogida por quienes no aceptaron negociar con el Estado en el marco de los diálogos de La Habana, Cuba.

Se entiende la pulla de Santos, mas no la preocupación o quizás el impasse que según él tendría que resolver el gobierno ante la comunidad internacional y la propia ONU, al momento de acompañar lo que según el expresidente sería “otra negociación con las Farc-Ep”, cuando se supone que esa agrupación como tal desapareció con el acuerdo de La Habana.

El reconocimiento político que hizo el presidente Petro no podría depender del nombre con el que el Iván Mordisco quiso ser reconocido en la mesa de diálogo y el país. Haber dicho que el gobierno no aceptaba sentarse a conversar por usar el nombre de un grupo ya desaparecido, se habría convertido en una discusión sin mayor sentido, cuando el objetivo máximo es pacificar el país.

A pesar de que en este gobierno se han comprado más tierras que las que adquirieron Santos y Duque para alimentar el Fondo de Tierras que se acordó en Cuba, los lunares en la implementación del acuerdo estarían en el liderazgo administrativo y burocrático de las agencias oficiales que se crearon para cumplir con lo acordado en Cuba y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. En particular, el problema estaría en la débil estructura de la nueva Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

 

En lo que respecta a la implementación en los municipios PDET, hay que entender que en varios de estos los problemas de concentración de la tierra y los modelos de gran plantación constituyen palos en la rueda a los procesos y actividades de implementación del Acuerdo de Paz. Ahora bien, el país no puede olvidar que entre el 2018 y el 2022 el presidente-títere, Iván Duque Márquez se dedicó a ralentizar y torpedear la implementación de lo acordado en La Habana. La intención de su administración era hacer trizas la paz.

Es posible que la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano y las condiciones generales en las que se dio la firma del armisticio de 2016 se esté asumiendo como un modelo estándar en el que hay que meter, así sea a la fuerza, las pretensiones y las lógicas de guerrillas como el ELN y las propias de las llamadas disidencias, tanto las de Iván Mordisco, como la de Iván Márquez (La Segunda Marquetalia). Eso sí, antes de proponer innovaciones al modelo de negociación que dejó Santos, hay que evaluar seriamente si las disidencias y el ELN realmente están “maduros” para sentarse en una mesa. A dicha madurez llegaron por los golpes contundentes que recibió el Secretariado de las Farc, con los asesinatos de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. Golpear de esa forma al Coce (Comando Central) del ELN no será fácil por las maneras como operan y su estadía en Cuba. Otro factor para tener en cuenta es que en esas guerrillas militan jóvenes menos formados políticamente y más interesados en enriquecerse a través de las actividades ilícitas.

Imagen tomada de EL COLOMBIANO 

 

RECUPERAR LA FISCALÍA: EL RETO DE LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Después de escuchar a las tres mujeres ternadas por el presidente de la República y escuchadas hoy por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que elegirán a una como fiscal general, en remplazo del ladino Francisco Barbosa, queda la satisfacción de escucharlas, y nacen la esperanza y el deseo de que la elegida sea capaz de cumplir la tarea más importante: recuperar para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía, capturada por mafias de todo pelambre.

Asumir esa tarea no será nada fácil y no creo que logre hacerse en cuatro años. Muy seguramente se va a necesitar el mismo tiempo que tomó a la clase política y empresarial entregársela a los mafiosos y criminales: 20 años. Su proceso de captura mafiosa se inició en el 2002. Por haber sido convertida por el uribismo y en general por el Establecimiento colombiano en un putrefacto nido de corrupción, la fiscalía general de la Nación, como institución, goza, de tiempo atrás, de una consolidada ilegitimidad, debido a que su operación está asociada a los intereses de clanes políticos corruptos, congresistas, empresarios y a grupos delincuenciales como el Clan del Golfo.

En medio de la búsqueda de la unidad nacional o de un pacto político que haga posible que el Establecimiento colombiano deje gobernar a Petro, aparecen retos y enormes interrogantes para la próxima fiscal: reabrir los delicados casos que de manera maliciosa e interesada ordenó cerrar Francisco Barbosa. Hablo de dos casos supremamente delicados para la actual coyuntura política: Odebrecht, la Ruta del Sol 2 y las prácticas corruptas que aceptó haber cometido en su construcción el Grupo Aval ante las autoridades americanas; y el otro caso tiene que ver con investigar y acusar a Uribe por la masacre del Aro. Hoy fue llamado a versión libre el expresidiario y expresidente de la República. Igualmente, deberá la nueva fiscal abandonar el proyecto político de defender a Uribe, lo que implica acusarlo formalmente por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Si se logra esto, muy seguramente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se “motivarán” a desempolvar los procesos por paramilitarismo que reposan en sus archivos y que señalan a Uribe Vélez de ser su patrocinador.

Estos dos asuntos servirán para medir el talante de la nueva fiscal general y probar si en su elección hay cartas marcadas que comprometerían su independencia o quizás su dependencia del presidente de la República y las relaciones de agradecimiento que pueden surgir con los magistrados que la eligieron.

La nueva fiscal general de la Nación deberá hacer una limpieza general en la fiscalía y ello implicará sacar gente y procesar a otros tantos funcionarios que, según denuncias periodísticas, trabajan para el Clan del Golfo, entre otros grupos de mafiosos y criminales.

Recuperar para el Estado y la sociedad la fiscalía general de la Nación no será una tarea fácil. Haría bien el presidente Petro de pedir ayuda al FBI y a otras autoridades americanas para que le ayuden a la nueva fiscal intervenir la institución con el ánimo de descontaminarla, para ponerla al servicio del país y no de las mafias que la tienen capturada y sometida.

Dentro de las primeras decisiones que deberá tomar la nueva fiscal está en sacar a todos los elementos que aplaudieron o cohonestaron con la dañina administración de Barbosa. Proscribir el pernicioso ethos que entre Mancera y Barbosa inocularon en las prácticas institucionales y protocolos de la fiscalía hace parte de la gran tarea de recuperar esa institución.

Adenda: los magistrados de la CSJ están en la obligación moral y ético-política de evitar que Martha Mancera, ficha de Barbosa, quede en interinidad.

Imagen tomada de Asuntos Legales

SI USTED FUERA IMPORTANTE

 

Por Germán Ayala Osorio

Empresas como DIRECTV, Tigo, Claro y Avianca consolidaron una fama de pésimas prestadoras de los servicios que les ofrecen y contratan los colombianos. Y claro que el listado es más largo, lo que supone la existencia de un grave problema de eficiencia y por lo tanto una negativa conducta corporativa que hizo carrera en Colombia, lo que deja en entredicho la capacidad de las Superintendencias de los ramos para garantizar los derechos de los usuarios.

El video de una funcionaria de Avianca, que se hizo viral, sirve para explicar lo que somos como sociedad: clasistas y, por ese camino, auspiciadores de la ya famosa frase “usted no sabe quién soy yo”, máxima utilizada por todos los que se “sienten importantes” y, sobre todo, que “son más que los demás” en relación con los otros que los interpelan, especialmente cuando representan a las autoridades de tránsito o de policía.  La misma frase da cuenta de otra práctica: el tráfico de influencias, esto es, el amiguismo o la palanca, que nos hace aún más clasistas y proclives a ser corruptos.

En el señalado video, la operaria de la aerolínea Avianca le dice al usuario que reclama: “En serio te estoy tratando de dar una solución, pero ya no puedo. Te estoy diciendo dónde puedes cambiar el vuelo, yo lo puedo modificar hasta dos días después, porque no me deja el sistema. Si usted fuera mi papá o si usted fuera una persona importante yo lo podría ayudar, pero en serio no puedo”.

Vamos por partes, como diría el también famoso Jack, el destripador. La respuesta está atada sin lugar a dudas a las maneras como la compañía asume la prestación del servicio y en particular la conducta y los procedimientos a seguir cuando se presentan reclamos. De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, los familiares o amigos de los empleados de Avianca tienen prioridad frente a los demás pasajeros, al momento de resolver problemas de cancelaciones de vuelos. Y peor aún: si se trata de “gente importante”, la aerolínea estaría dispuesta a hacer ingentes esfuerzos para resolver los inconvenientes de dos o tres usuarios “importantes”, en detrimento de los derechos de la mayoría de los viajeros, frecuentes o no.

Y de contera, la joven operaria habla de “ayudar”. No, Avianca no está para ayudar, está para cumplirles a sus clientes por los servicios contratados. El eufemismo “ayudar” que hace carrera en las oficinas de atención al cliente en Avianca y en las empresas aquí señaladas, solo confirman su disposición para enredar a sus clientes, y por ese camino, violarles sus derechos.

La pregunta es: ¿Quiénes son personas importantes para la funcionaria, supervisores y el propio presidente de la compañía? ¿Acaso, ministros, “influenciadores”, artistas, jugadoras de fútbol o de otras disciplinas o generales de la República?

En un comunicado, Avianca señaló: “Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores, que se levantan todos los días para conectar este país”.

Frente a lo dicho por la aerolínea, otrora orgullo nacional, hay que decir que el fallo de la comunicación de la funcionaria inicia y termina en su no reconocimiento como usuario y persona. La funcionaria desconoce los mínimos elementos de la disciplina y práctica social de la comunicación. Cuando le dijo “que, si fuera su papá o alguien importante”, lo que la operadora hizo fue negarse a comunicarse con el usuario, así lo haya “atendido” del otro lado del mostrador o counter.  Lo hecho por la funcionaria hace parte de las prácticas cotidianas de Avianca y de varias empresas en Colombia que se aprovechan de sus usuarios y clientes porque saben que las instituciones estatales que las vigilan no tienen el suficiente poder para sancionarlas u obligarlas a que cumplan con las condiciones de los servicios contratados. Así las cosas, la joven operaria de Avianca dijo lo que dijo porque hace parte de la sociedad clasista, individualista y corrupta de la que entre todos hemos construido.

Adenda: hace 5 meses vengo "peliando" con Directv por un deficiente servicio de internet que prestan. De Tigo y Claro todos los días leo quejas de vecinos y de usuarios de las redes sociales. Y de Avianca, ya es recurrente ver noticias de su malos servicios. 

Imagen tomada de Telemedellin.

PACTO NACIONAL Y EL MEDROSO CENTRO

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

Ser de Centro en Colombia puede ser el resultado de una confusión política e ideológica, debido en gran parte a que la cultura política y el ejercicio del poder político garantizó la supremacía de la derecha y la proscripción de la izquierda como una opción de poder legítimo y viable. Sucedió así, justamente, porque la derecha ejerció el poder sin contraste alguno de parte de la izquierda, pero sí contó con la anacrónica oposición armada de unas guerrillas que se quedaron atornilladas en los años 60. Me pregunto: ¿Cuál es el ideario de aquellos políticos y ciudadanos del común que expresan públicamente que son de Centro o que militan en ese espectral lugar desde donde creen posible pensar lo público y enfrentar los graves problemas que arrastra el país?

La aparición del espectral Centro político se da cada cuatro años, gracias en gran medida a la narrativa mediática que expone, como problema político y social, la ya manida “polarización política” con la que se evita discutir a fondo de los problemas del país, para quedarnos gravitando en los miedos al cambio que se ventilan desde la derecha, macartizando a los de izquierda.

En el Centro confluyen varias figuras públicas que, en lugar de plantear soluciones de fondo a los graves problemas sociales, institucionales, económicos, culturales y ambientales que arrastra Colombia, los minimizan o aplazan su discusión y por esa vía, logran esconder las responsabilidades políticas y económicas que deben asumir quienes han aportado, por acción u omisión, a que Colombia sea hoy el tercer país más desigual de América Latina. De esa manera, buscan la aprobación de los agentes de poder que manejan los hilos del régimen político: el banquero Sarmiento Angulo y grupos de empresarios regionales siempre dispuestos a invertir en los partidos políticos y en patrocinar a obsecuentes candidatos al Congreso y a la presidencia que defiendan a dentelladas el capitalismo salvaje y la captura mafiosa del Estado.  

Los medios masivos de información, voceros y estafetas del banquero y del empresariado nacional, registran con alborozo el surgimiento de esas figuras que, al instalarse en el Centro, quieren evitarse el desgaste de discutir con los dueños del país, salidas y soluciones reales dentro del marco constitucional, a los problemas de una sociedad que ya exhibe síntomas de cansancio, expresadas en un creciente malestar social.

Y vuelven los periodistas-estafetas del Régimen político a señalar que los que se ubican en el Centro, lo hacen para superar la polarización política, cuando a lo que asistimos en Colombia es a la radicalización del discurso y de las acciones violentas, simbólicas y físicas, de los sectores de Derecha y ultraderecha que vienen haciendo todo lo posible para “hacer invivible la República”.

En un país con los niveles de pobreza, concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, de desigualdad y altos grados de corrupción público-privada, presentarse como una opción de Centro resulta cómoda y facilista, y se corre el riesgo de hacerle el juego al Régimen de poder, en parte responsable de las oprobiosas condiciones en las que transcurre la vida societal en Colombia.

En el juego propagandístico con el que se viene insistiendo de cara a consolidar ese Centro político, aparecen figuras carismáticas con las que se evita hacer la tarea de presentar un proyecto político conducente a superar la desigualdad y los demás problemas que agobian al grueso de la población colombiana. De esa manera, aparecen estampas como Carlos Fernando Galán, Claudia López Hernández y Juan Daniel Oviedo, quienes simulan ser de Centro y se presentan como políticos capaces de cambiar todo, sin tocar nada. Es decir, cambiar para que todo siga igual.

Antes de los señalados líneas atrás, estuvieron Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria como agentes del asustadizo Centro para terminar de distraer y engañar al electorado que en el 2026 verá cómo se afianzará la narrativa de ese medroso Centro. Los arriba nombrados, desde los lugares de poder que ocupen, le apuestan a evitar la construcción de un proyecto de país que confronte a quienes convirtieron a Colombia en un platanal con bandera. Al final, les suena mal que el actual presidente logre con los “cacaos” un Pacto Político Nacional con el que sea posible abordar y superar los graves problemas del país. Si Petro logra modificar en algo lo que ha estado mal por más de 50 años en Colombia, los del Centro lo ven desde ya como un peligro, pues la izquierda se consolidaría como espectro ideológico capaz y legítimo no solo por los avances sociales y económicos que se logren de aquí al 2026, sino porque habrían muerto para siempre los miedos a “convertirnos en Venezuela”, al “castrochavismo” y al “comunismo”.

Ese Pacto Político Nacional debe partir de un diálogo entre operadores políticos, políticos y todos los agentes de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los gremios económicos, que permita a los dueños del capital en Colombia entender y comprender que están parados y viviendo encima de una olla a presión, que en cualquier momento puede volver a explotar como sucedió en el 2021.

De ese diálogo político deben participar aquellos posibles precandidatos presidenciales, aspirantes a otros cargos de elección popular, intelectuales y la Academia que, ubicados en la izquierda y el progresismo, expliquen a los dueños del país sus ideas y proyectos.

Todo lo anterior exige, de parte y parte, bajarse del pedestal en los que cada uno está montado, para que el diálogo fluya. Colombia es un país de ególatras que creen que todo gira en torno a su microcosmos. Cuán equivocados están. Del lado de la Derecha y la ultraderecha, para que ese diálogo prospere, se requiere que Uribe Vélez, ficha clave del Banquero, ganaderos y agroindustriales, dé un paso al costado y reconozca que su tiempo ya pasó. Su cuestionada ética pública y ciudadana es suficiente argumento para exigirle que se retire y abandone la vida pública. Su tóxico liderazgo impide la posibilidad de dialogar para alcanzar un Pacto Político Nacional con el que sea posible salvar a Colombia de caer en el abismo.

De no lograrse ese Pacto Político Nacional – propuesto en el Acuerdo de Paz de La Habana-, y de regresar la derecha en manos de falsos centristas o de graduados derechosos, Colombia aplazaría por otros 4 años más las reformas de fondo que necesita para edificar, de una vez por todas, un país decente, digno y viable; esto es, una sólida democracia, un eficiente Estado social de derecho y una verdadera República.

Imagen tomada de Portafolio

MANCUSO Y URIBE VÉLEZ: ACTORES BISAGRA

 

Por Germán Ayala Osorio

La aceptación de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP constituye un hecho jurídico-político que permitirá determinar la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad (falsos positivos) y la que le corresponderá dilucidar a los magistrados en lo que corresponde al rol jugado por Álvaro Uribe Vélez, en particular, frente a la masacre del Aro.

Mancuso Gómez, como agente estatal de facto, participó del largo proceso de consolidación del Estado colombiano como un orden criminal, un asesino serial, que debe ser sentado en el banquillo de los acusados, tal y como lo solicitó Álvaro Leyva Durán en agosto de este año. El hoy canciller propuso a la JEP que abriera el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Aunque la JEP no atendió la solicitud elevada por Leyva, con la aceptación de Mancuso como agente bisagra entre los paramilitares y el Ejército nacional, prácticamente se dan puntadas para que se abra el macrocaso o simplemente, para que la responsabilidad del Estado colombiano por los falsos positivos haga parte de narrativas jurídicas en los tribunales nacionales e internacionales, lo que muy seguramente conllevará a más sanciones morales y políticas, de acuerdo con fallos que en adelante entregue, por ejemplo, la CIDH.

Dentro de lo expresado y confesado por Mancuso ante la JEP se destaca que “Uribe Vélez todo el tiempo estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro” en su calidad de gobernador de Antioquia. El señalamiento, temerario o no, cierto o no, ubica al expresidente Uribe, sin que así lo haya dicho la JEP, como un actor bisagra institucional entre el poder de un gobernador y los paramilitares.

Mientras que a Mancuso la JEP lo reconoce como un “agente estatal de facto” y bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares, el mismo alto tribunal, al validar y confrontar lo dicho por el exjefe paramilitar y compareciente, expone a Uribe Vélez como un “agente político estatal y bisagra institucional” entre el Estado, en su calidad de gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con el apoyo electoral que el mismo Mancuso y otros paramilitares reconocieron que le entregaron a la campaña Uribe presidente y por captura de por lo menos el 35% del Congreso que lograron las AUC.

Estamos, pues, ante dos actores bisagras que, en momentos muy precisos de la historia del país impulsaron, aceptaron y cohonestaron con las conductas criminales de militares y paramilitares, que terminaron con el asesinato de por lo menos 6402 jóvenes, conocidos mediáticamente como falsos positivos. Si la JEP consolida una narrativa judicial o jurídica con la que sea posible probar la responsabilidad de Uribe Vélez en la comisión de la masacre del Aro, tal y como lo incrimina Mancuso Gómez y con ese mismo discurso, probar que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre paras y militares hicieron parte de una política institucional, tanto Uribe como Mancuso compartirían el mismo rol de agentes bisagras y el Estado colombiano tendría que terminar sentado en los estrados judiciales y procesado como un orden criminal y un asesino serial.

Imagen tomada de Vorágine

MILEI Y URIBE VÉLEZ, POPULISTAS DE DERECHA; PETRO, DE IZQUIERDA

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el triunfo de Javier Milei en la Argentina, el populismo de derecha emerge, de la mano del discurso neoliberal, con una fuerza inusitada para enfrentar el populismo de izquierda que por varios años dominó en el país austral.  El columnista Álvaro Forero sostiene que “América Latina, cuna del populismo, viene innovando con el bipopulismo, de derecha y de izquierda retroalimentándose electoralmente”.

Lo dicho y propuesto por Milei chocará con una realidad política: no cuenta con las mayorías en el legislativo nacional, lo que sin duda lo obligará a pactar gran parte de los cambios prometidos en campaña, como acabar con el banco emisor, dolarizar la economía y hacer más pequeño el Estado, suprimiendo varios ministerios. Milei es un político neoliberal, godo la maneras como asume las relaciones entre el hombre y la mujer; su discurso altisonante, procaz y altanero caló en los argentinos agobiados por la inflación incontrolable, que habla muy mal del populismo de izquierda.

El populismo es un discurso y una apuesta política de la derecha y de la izquierda para ganar adeptos en precisas contiendas electorales o momentos históricos. Cuando la derecha apela al populismo, lo hace para consolidar el Orden (el imperio de la ley), en combinación con políticas públicas asistencialistas (entrega de subsidios) que no construyen ciudadanía y poco mejoran las condiciones de vida de sus beneficiarios. Por el contrario, edifican en los receptores de esas ayudas el carácter de súbditos. El modelo económico neoliberal no se toca y mucho menos el sistema capitalista que lo sostiene. Así gobernó en Colombia el más reconocido populista de la derecha colombiana: Álvaro Uribe Vélez, un consagrado neoliberal, líder carismático y mesiánico, experto en engañar incautos con la narrativa de acabar con la corrupción, ofrecer seguridad democrática, mientras permitía la captura corporativa y mafiosa del Estado.

Cuando la izquierda apela al populismo, lo hace con la intención de mandar un mensaje libertario (se intenta poner la libertad, sobre el orden) a millones de sometidos (comunidades subalternas), apoyado con medidas económicas de corte asistencialista (subsidios) y en el discurso de la lucha de clases. Se busca la reivindicación social, económica y política de los más pobres, se prometen ajustes al modelo económico y se ataca la pauperización laboral. El presidente Petro es, claramente, un líder populista de izquierda, carismático, cuya apuesta está en recuperar el sentido social, colectivo y público del Estado, lo que significa desprivatizarlo, esto es, arrebatárselo a las mafias y clanes corporativos neoliberales cercanos a lo que se conoce en Colombia como el uribismo.

“El populismo es un discurso en el que se expresa una concepción maniquea del mundo. En este discurso, la política se concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal. En esta lucha, una noción homogénea y unificada del “pueblo” representa la virtud y el bien, mientras que las élites representan el vicio y la corrupción”. https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/populismo/

Por el contrario, para Ianni, “los populismos ocurrieron durante la época en que se conformó la sociedad de clases, en donde los valores culturales de tipo comunitario fueron sustituidos por los valores creados en el ambiente urbano industrial. El populismo, entonces, es expresión de un proceso de secularización. Para comprender las relaciones de clase hay que tomar en cuenta tanto el populismo de las grandes esferas, de las élites burguesas y de clase media que instrumentaliza a las masas y manipula su conciencia, como el populismo de masas, que en momentos de crisis tiende a asumir un carácter revolucionario.” http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082007000300005

Uribe y Petro, para el caso colombiano, son dos populistas: el primero, inscrito en una derecha corporativista que insiste en un desarrollo económico extractivista y, por lo tanto, insostenible ecológica y ambientalmente; el segundo, inscrito en una izquierda moderada y progresista, le apunta a un desarrollo económico basado en actividades económicas más limpias y responsables con los ecosistemas naturales. Uribe, por ejemplo, es amigo de intervenir las selvas, de potrerizarlas y de imponer el modelo de la gran plantación; Petro, por el contrario, le apuesta a frenar la deforestación, al turismo responsable y a conservar los ecosistemas estratégicos, para beneficio de las comunidades indígenas, campesinas y afros que sobreviven en medio de las maniguas o cercanas a estas.

Parte de la narrativa del populismo de derecha de Uribe se expresó en hechos y promesas como estas: 1. Los Consejos comunales de Gobierno. 2. Lo plasmado en los 100 puntos de Uribe, el Manifiesto Democrático: “3. Sueño con un País democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades para todos. Con un País de propietarios, con una revolución de impulso a la micro, pequeña y mediana empresa. 4. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social. 25.De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas y ya tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato… 63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva”. Mucho de lo que prometió Uribe Vélez no se cumplió. Por el contrario, con su política de seguridad democrática facilitó que se diera una contra reforma agraria, esto es, aumentó la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos. Agro Ingreso Seguro es la política pública que mejor describe el carácter populista de la derecha que representa el hoy expresidente y expresidiario: sostener que van a ayudar a los más pobres, cuando lo que realmente hacen es hacer más ricos a los ricos. 

Entre tanto, las acciones de Petro que bien se pueden inscribir en el populismo de izquierda se expresan en medidas como entregarle a las JAL la responsabilidad de mejorar las vías terciarias y secundarias. Es decir, promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales. Petro quiere organizar a las masas para que reclamen sus derechos, ejerzan el poder político y presionen a la clase política para que haga los ajustes económicos. Varias veces Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño, conminó al pueblo que votó por él a que saliera a las calles a exigirle al Congreso que apruebe las reformas pensional, laboral y a la salud, a la que se oponen Uribe y el viejo establecimiento. Además, Petro le apuesta a socializar las ganancias, industrializar el país y desconcentrar el ingreso.

Imagen tomada de EL TIEMPO

 

“COLOMBIA ESTÁ EN RIESGO”: EL NUEVO “COCO” DE LA DERECHA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En pasados escenarios electorales, el uribismo y la derecha violenta y recalcitrante que representan, asustaron a millones de incautos e ignaros con el cuento del <<castrochavismo>>, o con la fábula que nos íbamos a convertir en Venezuela y que no habría en tiendas y supermercados el amado papel higiénico. Ahora que en aspectos institucionales nos parecemos al vecino país, por ejemplo, en la captura por parte del gobierno de Iván Duque de la Contraloría y del Ministerio Público y que ya casi nos igualamos a Haití en hambre, anomia social y desempleo, entonces ese viejo fantasma o “coco” ya no les sirve. En su lugar, están tratando de imponer la idea de que la “democracia y Colombia están en riesgo” en clara alusión a una eventual llegada al poder de Gustavo Francisco Petro Urrego. 

Uno de los que ha usado la frasecita electoral es Óscar Iván Zuluaga, el gris monigote del Gran Imputado. En su momento señaló: “El riesgo de tirar a Colombia a la basura está latente”: Óscar Iván Zuluaga. Para el candidato presidencial del Centro Democrático el futuro del país está en juego. Propone construir un mejor país con ideas y no con discursos de odio”.

Expertos en generar miedo y crear narrativas como estrategia para ocultar los desastres sociales, culturales, económicos e institucionales generados en por lo menos 20 años de uribismo, a los precandidatos y candidatos presidenciales afectos al régimen solo les queda, como último instrumento para continuar engañando incautos, señalar que “Colombia está en riesgo”. No. A lo que realmente le temen quienes apelan este tipo de estratagemas es a que sus patrocinadores y ellos mismos como estafetas de los mecenas electorales, pierdan los enormes privilegios que tienen en materia fiscal y burocráticos, pero, sobre todo, que ya no puedan ejercer el control del Estado corporativo que vienen consolidando desde 1990, con el firme propósito de evitar el cumplimiento de lo que la Carta política de 1991 prescribe para la operación de un Estado Social de Derecho. Y claro, tienen miedo de perder el acceso a millonarios contratos  y a que las redes clientelares que por años construyeron al interior de varias instituciones estatales, sean desmanteladas o remplazadas por unas nuevas.

Entonces, cuando Fico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Óscar Iván Zuluaga, Sergio Fajardo y Alejandro Char hablan de que “Colombia está en riesgo”, lo que pretenden ocultar, al mismo tiempo que validan, es que hacen parte estratégica de un régimen oprobioso, violento, criminal y corrupto que en buena medida se viene sosteniendo sobre el ejercicio de coerción y limitación de derechos por parte de las fuerzas armadas y los siempre oscuros organismos de seguridad del Estado. En eso somos igualitos a Venezuela. Comparto lo dicho por Streeck (2016) cuando señala que “hoy es virtualmente imposible afirmar dónde termina el Estado y dónde comienza el mercado, y si los gobiernos han nacionalizado los bancos o los bancos han privatizado el Estado” (p.49). Las gracias del neoliberalismo no solo han llevado a la privatización del Estado, sino al empobrecimiento de la idea de vivir. Quizás por ello y otras razones, expliquen la caída en la participación electoral en las democracias capitalistas, asumida por Streeck no como un signo de satisfacción sino de resignación (p. 63). 

Los miembros de las coaliciones de derecha que hoy buscan desesperadamente contrarrestar el avance a segunda vuelta de Gustavo Petro, saben muy bien que cada uno, desde sus cargos públicos y acciones políticas ha coadyuvado a la consolidación en Colombia de un régimen ignominioso, en buena medida asociado al enorme poder que específicos agentes del Establecimiento colombiano le entregaron a Álvaro Uribe Vélez, el líder político que más daño le ha hecho a Colombia, superando, con creces, a Laureano Gómez y Turbay Ayala.

Veremos si el nuevo “coco” les sirve para contrarrestar la desazón, tristeza, miedo y la desesperanza en millones de jóvenes colombianos que solo están pensando en largarse de este país, pues no ven aquí futuro alguno. O si por el contrario, con ese nuevo fantasma logran consolidar la estampida de la gente más joven del país. Estamos en mora de evaluar los daños que en la cultura viene dejando ese ethos mafioso (el Todo Vale) que se impuso y se naturalizó en Colombia desde 2002.

Imagen tomada de Semana.com

ANTONELLA PETRO, “FUERA PETRO”, LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fútbol, como deporte espectáculo, es el escenario en el que política y lo político suelen llegar en sus maneras más rastreras, insolentes, vulgares y violentas, aunadas siempre al nivel de formación ciudadana y democrática de aquellos que confluyen en un estadio investidos de hinchas, trinchera desde la que se dejan salir todo tipo de frustraciones individuales y colectivas y se validan la trampa y el juego sucio.

El matoneo y el hostigamiento que soportó Antonella, la hija menor del presidente Petro en el estadio Metropolitano, da cuenta de las más innobles versiones de la política y de lo político. La primera, entendida como las formas de organización y manejo del poder, en las que sobresalen, por supuesto, las relaciones humanas, en particular aquellas entre gobernados y gobernante; y el segundo, en tanto discurso que nace atado a las maneras naturalizadas en las que se vienen dando las interrelaciones humanas. Para el caso colombiano, comunicativamente hablando, tanto la política, como lo político comparten el irrespeto, los resquemores y disímiles formas de violencia simbólica (cultural) que la sociedad colombiana supo entronizar y naturalizar.

La arenga “fuera Petro”, que una parte de los hinchas asistentes al partido Colombia vs Brasil gritó y coreó, bien pudo estar atada a un descontento social con la gestión del jefe del Estado, pero también pudo ser el resultado de un plan diseñado por poderosos detractores del presidente que estaban en el estadio y que sabían de la presencia de la primera dama y de su hija Antonella. Me refiero a los alcaldes electos, Alex Char, dueño de la ciudad de Barranquilla y del estadio y Federico Gutiérrez, quien regresa a dirigir a la capital de Antioquia, de la mano de su patrón, Álvaro Uribe Vélez. Ambos, detractores y quizás enemigos declarados del presidente de la República.

Lo acaecido en la gloriosa noche futbolera sirve para probar varios asuntos: el primero, que fútbol y política jamás andan separados, así algunos “ingenuos” periodistas deportivos insistan en decir que jamás se encuentran estas dos actividades humanas en las que el ejercicio del poder lo comparten plenamente. La conexión es tal, que los goles de Lucho Díaz fueron asumidos y presentados por los periodistas del Gol Caracol como un “grito de libertad y paz”, en alusión directa al secuestro del que fue víctima don Luis Manuel Díaz, progenitor del autor de los dos golazos con los que, por primera vez en una Eliminatoria al Mundial, Colombia derrota a Brasil.

El segundo asunto que se probó esa noche es que el fútbol, como deporte espectáculo, puede ser un escenario igual o más irracional que los que asumen la política y lo político, con la pasión, el fervor, la ceguera y la estupidez tradicional en los hinchas del fútbol. Y, por último, quedó probado que el repudio al ethos mafioso y a la corrupción es selectivo cuando en un estadio confluyen políticos con el suficiente poder económico y político para convocar a quienes gritaron “fuera Petro” como parte de un plan perfectamente orquestado. Para los que lo hicieron desde un genuino sentimiento de malestar social con la gestión del gobierno, olvidaron que ni Verónica Alcocer y mucho menos, Antonella Petro, tienen responsabilidad alguna con esos sentimientos de frustración. Al final, unos y otros, genuinos críticos del gobierno y los bufones que nunca faltan pusieron en evidencia que como sociedad tenemos problemas en las maneras como concebimos la política y lo político.

Imagen tomada de Youtube.com

TRANSICIÓN CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Mientras en el país crece el debate entre aquellos que siguen instalados en la economía basada en los combustibles fósiles y quienes plantean iniciar cuanto antes la transición hacia el uso de energías limpias, el factor cultural que acoge a los dos bandos continúa estancado en los límites y limitaciones de una ciudadanía que, fondeada en el individualismo, el racismo y el clasismo, desconoce la historia de su país, desprecia el valor de la biodiversidad y la importancia de la pluriculturalidad. Y quizás haya que reconocer en esos millones de ciudadanos que habitan el territorio nacional el poco interés que muestran por conocerla y por encontrar en su revisión y estudio patrones culturales que, a manera de taras, impiden la comprensión sistémica de los problemas y  de los conflictos y la resolución o transformación dialogada de los mismos.

Por ello, hacer una transición cultural que nos lleve como sociedad a estadios de co-responsabilidad tan necesarios para superar el individualismo, el racismo y el clasismo, nos va a tomar más tiempo, de continuar esos millones de ciudadanos con esa actitud “importanculista”  frente a la naturaleza y frente al devenir de las vidas de connacionales que hoy sobreviven en condiciones de miseria y de las mujeres víctimas del vigente sistema patriarcal.

El desprecio por la lectura, muy propio de estudiantes de colegios y universidades y de miembros de la élite tradicional, constituye un factor importante a tener en cuenta para la transición cultural que debemos dar, si queremos avanzar y llegar a estadios éticos en los que cada uno de nosotros  asuma responsabilidades individuales y colectivas. Que el ingeniero y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández se jacte de su riqueza y que la asocie a que jamás leyó un libro en su vida es un ejemplo que nos lleva justamente a evitar hacer la transición cultural de la que aquí se habla.

Llegar a instancias de poder político, social y económico solo a expensas de la tradición familiar o por la fuerza de los linajes, las palancas o por las demostraciones violentas, fueron, poco a poco, eliminando el valor de la lectura, en particular cuando a través de esta nos expone al riesgo de revisar nuestras propias certezas, e incluso a replantearnos los referentes con los que crecimos en materia de liderazgo, masculinidad, feminidad y relaciones con los ecosistemas y con las comunidades “subalternas” asociadas a estos.

Dentro de esa transición cultural caben la superación de los dualismos modernos, así como las lecturas reduccionistas aprendidas de un ejercicio periodístico cuyo interés está en reproducir esos patrones comportamentales (clasismo, racismo e individualismo) y por esa vía, ralentizar los cambios y la transición cultural que nos urge como sociedad hacer, para superar no solo los ya señalados patrones, sino para alcanzar niveles altos de eticidad que terminen por consolidar unos mejores procesos civilizatorios. 

Colombia necesita de un profundo cambio cultural. Las grandes mayorías necesitan de una educación que, basada en la lectura y la escritura, les permita enfrentar, discursivamente, los abusos de quienes ostentan cualquier forma de poder. No puede ser que en pleno siglo XXI aún haya ciudadanos que coman cuento de asuntos como el “rayo homosexualizador” al que apelaron pastores para engañar a sus feligreses, y llevarlos a millones a decir No al pasado plebiscito por la paz de 2016. Una educación secular, fundada en ejercicios de pensamiento crítico, aportaría a la transición cultural que como sociedad debemos dar si de verdad queremos proscribir el ethos mafioso que guía la vida de los miembros de la élite tradicional y la de millones de colombianos. 

Sin duda alguna es importante hacer la transición energética, pero lo es más, jugársela por una transición cultural que contenga, por ejemplo, una mirada ética ecológica fundada en el reconocimiento y en el respeto por la vida de los demás, esto es, los animales humanos y los no humanos, y en general, por la vida ecosistémica.

Imagen tomada de Semana.com

REFORMA POLÍTICA Y CAMBIO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace trámite en el Congreso de la República el proyecto de reforma política del gobierno del Pacto Histórico. Es decir, otra reforma más. Aunque aún le faltan cinco debates, lo aprobado hasta ahora dice mucho de lo que se pretende. Estos son los puntos que pasaron el filtro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes: financiación 100% estatal, la conformación de listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros y la implementación del fallo de la CIDH que le quita la competencia a la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos a través del voto popular.

Sobre la financiación estatal de las campañas políticas hay que decir que se trata de un punto importante que apunta a suprimir o por lo menos a fijar límites a los patrocinadores privados que financian a candidatos presidenciables y a congresistas, con el firme propósito de convertirlos, a los primeros,  en los títeres de banqueros y empresarios; y a los segundos, en congresistas-lobistas que defenderán a dentelladas los intereses corporativos de sus mecenas.

Si este punto se mantiene en la ruta que aún le queda al proyecto de ley, su aprobación debería de servir también para ponerle límites a las costosas campañas políticas, circunstancia esta que facilita la entrada de dineros del narcotráfico e incentiva la elevación de los costos de las piezas publicitarias.  Esperemos que la aprobación de este punto sirva para limpiar el ambiente electoral contaminado de tiempo atrás por el ethos mafioso y por los intereses corporativos  de empresarios y banqueros, siempre alejados de lo que necesitan las grandes mayorías.

En relación con las listas cerradas hay que decir que estas devienen con un tufillo de cofradía mafiosa en la que suelen colarse personajes siniestros o poco preparados para llegar al Congreso a debatir y trabajar con seriedad. Las listas cerradas, en la práctica, han servido para llevar al legislativo a sujetos ignaros que solo harán parte del comité de aplauso que el líder de la lista reclama como cabeza principal. Al final, las poco democráticas listas cerradas terminan consolidando liderazgos contaminados de mesianismo y caudillismo. De esa forma, pierden los partidos políticos porque se debilitan sus procesos de discusión programática, los análisis de coyuntura, la discusión de las ideas políticas y los ejercicios de prospectiva que deberían realizarse al interior de esas colectividades. A los partidos políticos deberían de llegar intelectuales y no buscadores de fortuna.

En Colombia, de tiempo atrás, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han servido para debilitar la autonomía del segundo poder público, capturado o sometido por ministros y presidentes a través de la entrega de millonarios recursos (cupos indicativos). Esas relaciones perniciosas y mafiosas debilitan la democracia y reducen la política a un ejercicio mafioso del poder. La posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros va dirigida, justamente, a extender en el tiempo esas insanas relaciones entre los dos poderes públicos aquí comprometidos. No se trata de ser puristas. De lo que se trata es de mantener la separación de los poderes públicos y de consolidar relaciones de respeto y autonomía y no de dependencia económica fundada esta en todo tipo de sobornos y transacciones.

Y el último punto tiene que ver con un fallo hasta ahora incumplido por el Estado colombiano, proferido por la CIDH, a partir del caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido por el entonces procurador, el godo quema libros y perseguidor de impíos, Alejandro Ordóñez Maldonado. La Corte internacional le quitó al jefe del Ministerio Público la potestad de sancionar a discreción a funcionarios elegidos a través del voto popular. Como se insiste desde la Procuraduría en sancionar a alcaldes, el Congreso de la República busca cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre este punto no es mucho lo que hay que decir. Tan solo aplaudir la iniciativa que impedirá que se siga atropellando el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Más allá de los alcances y las críticas de los puntos hasta el momento aprobados en la señalada reforma política, lo que el país requiere es de un profundo cambio cultural. Cambio que no se alcanzará con reformas políticas consecutivas que en poco o nada mejoran las costumbres políticas y el actuar de presidentes, ministros y congresistas. Y contario a lo que se pueda pensar, las listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan convertirse en ministro aportarán a la consolidación del ethos mafioso y del caudillismo, dos factores negativos de nuestra cultura política.

Imagen tomada de las 2 Orillas.co

GOLPE DE ESTADO BLANDO CONTRA PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

Desde el 7 de agosto de 2022 se viene hablando de la posibilidad o la intención de un sector del viejo régimen, de tumbar al presidente Gustavo Petro. Motivos hay suficientes: sectores de la derecha y la ultraderecha están incómodos con las decisiones tomadas por el actual gobierno, en particular la de golpear las finanzas de los narco paramilitares, a través de la incautación de cientos de miles de toneladas de droga y la quema de dragas con las que extraen oro de ríos en zonas selváticas. A lo anterior se suma la ruptura de las ya naturalizadas relaciones de la clase política con los narcos, de las que fue posible en el pasado la financiación de campañas presidenciales por parte de los carteles de la droga, de estructuras narco-paramilitares o de figuras nominales como la el Ñeñe Hernández, quien financió la campaña de Iván Duque Márquez.

Para darle algo de veracidad al rumor de un posible golpe de Estado los medios de comunicación hablaron de ruidos de sables, de la desmoralización de la tropa y de la salida masiva de oficiales que irían a engrosar las filas de los posibles golpistas. Lo cierto es que son los medios masivos tradicionales los que vienen actuando en función de generar, por lo menos por ahora, lo que se conoce como un  <<Golpe de Estado Blando>>. También se le conoce como “golpe en cubierto o suave”. En el Golpe de Estado Blando confluyen estrategias y acciones de propaganda negra y gris, así como la generación de incertidumbres y miedo en la población civil, a partir de titulares malintencionados, como el más reciente de la revista Semana, Colombia va mal. A la malévola portada se suman campañas de desprestigio de la que hacen parte tuiteros e influenciadores, empeñados en afectar la imagen del presidente de la República, de sus ministros y de la Vicepresidenta. Se atreven a calificar al presidente de “dictador” y “tirano”. También sirven a ese propósito acciones legales conducentes a torpedear la reforma laboral, en salud y pensional que tocan intereses políticos y económicos de sectores societales que de tiempo atrás lograron hacerse con el Estado.

Después de la portada de Semana vino la campaña Libertad y Orden, acompañada del escudo de Colombia, de la que se sirvió la Oposición para insistir en que el país está descuadernado y que va sin rumbo. Nuevamente el responsable es uno solo: Gustavo Petro. Insisten los opositores a Petro en el regreso de la política de seguridad democrática, lo que en términos de la lucha contra las drogas y las estructuras narco paramilitares significa mantener en el tiempo el maridaje que alias Otoniel reconoció que existía entre el Clan del Golfo y sectores de la policía y el Ejército. Los enemigos del gobierno exigen mano dura contra manifestantes y campesinos cocaleros, al tiempo que esperan una condescendiente y amorosa contra grupos narco paramilitares cercanos a miembros del establecimiento colombiano.

No se puede desconocer que existe una cruzada mediática liderada por EL TIEMPO y SEMANA con la que sus propietarios están empeñados en generar un mal ambiente social y político y por esa vía, generar miedo en la población. A lo anterior se suma la postura política de franca confrontación con el Ejecutivo, que asumió el fiscal Francisco Barbosa, a propósito de varias de las iniciativas legislativas presentadas al Congreso, relacionadas con la Paz Total y la ley de sometimiento a la justicia, con las que el gobierno quiere desmontar estructuras armadas sin estatus políticos (narco paramilitares). Barbosa funge desde ya como el candidato presidencial con el que la derecha buscará recuperar la Casa de Nariño en el 2026.

Es posible que el Golpe de Estado Blando no escale a un Golpe de Estado que implique la salida de Petro y consecuentemente se produzca una ruptura institucional y constitucional. No creo que Washington esté dispuesto a apoyar un escenario golpista en Colombia, a pesar de las diferencias con el presidente Petro en el cómo luchar contra el flagelo del narcotráfico. Lo que no se puede negar es que hay periodistas y empresas mediáticas que están jugando con candela y no precisamente para defender la democracia. Por el contrario, le están apostando a que el viejo régimen sobreviva a los cuatro años de Petro.

Imagen tomada de la Revista Raya

EL ESTADO Y LOS SICARIOS

 Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

Llama la atención la enorme y sospechosa preocupación de la Cancillería, del Defensor del Pueblo y del gobierno de Duque por la suerte de los sicarios colombianos (llamados mercenarios) que participaron en el magnicidio del presidente de Haití.

Por supuesto que el Estado colombiano debe preocuparse por el bienestar de sus connacionales que están en el exterior, en particular por aquellos que hacen ingentes esfuerzos por sobrevivir en condiciones dignas, en disímiles países, con culturas y reglas de convivencia diferentes y complejas. Sobre el devenir de esos otros, por fortuna minoría, que salen del país a delinquir y a violar normas y constituciones, los mecanismos de verificación para que tengan un juicio justo, asistencia legal y cuidados médicos están dados a través de los cuerpos consulares. Hasta allí todo normal. Pero en el caso de los asesinos que hicieron parte de la operación sicarial que terminó con el asesinato del mandatario de Haití, siento que hay una sobreactuación y un sospechoso interés por estos colombianos.

Lo primero que hay que decir es que, al parecer, el cuerpo diplomático desplegado en la isla caribeña no cuenta con la confianza suficiente en la Cancillería, lo que despertó el interés de la vicepresidenta y también canciller, Martha Lucía Ramírez.

Se suma a la preocupación nacional por los célebres asesinos colombianos, el senador uribista, Ernesto Macías, quien propuso que fueran extraditados para que sean juzgados y se les aplique aquí, en la tierra de la máxima impunidad, las más altas condenas. ¿Sobre qué delitos?

Hay algo que no me cuadra en esa ahora “genuina” preocupación estatal por un puñado de nacionales que no solo fueron a cometer un crimen y a violar muy seguramente varias normas internas de la excolonia francesa, sino que detrás de sus actuaciones estarían comprometidos agentes militares y empresarios, que podrían estar conectados con voceros y miembros del gobierno colombiano y del estamento militar.

Si el interés por la vida y los derechos de nuestros asesinos a sueldo que están hoy detenidos en Haití es porque desde el alto gobierno se busca acallar o desviar la verdad del entramado nacional e internacional que hay detrás de la exitosa operación criminal, entonces estamos hablando de una actuación política que consolida la idea de que Colombia es un Estado paramilitar, mafioso y un peligroso actor político para todo el hemisferio.

Los Estados y los ciudadanos están unidos por una serie de principios y elementos que aportan a la construcción de una relación que bien puede tornarse tensa, armónica o conflictiva. Cualquiera sea el talante de esa relación, la responsabilidad es compartida.

Para el caso colombiano y en virtud de la mezquindad y el ethos mafioso-paramilitar de las familias que han capturado el Estado para su beneficio, esa relación, de tiempo atrás, deviene tormentosa, compleja, llena de dudas, resquemores y por lo tanto, conflictiva. Tanto es así, que recientemente la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, llama a que los “colombianos recuperen la confianza en el Estado, en el ejercicio de la política y en el buen manejo de la función pública”.

Las preocupaciones de Ramírez y de otros agentes estatales por el bienestar de los sicarios colombianos van, justamente, en la dirección contraria. Una cosa es preocuparse porque se les respeten sus derechos, que los tienen por supuesto, entre ellos a un juicio justo, y otra muy distinta es querer ocultar el entramado político-militar que está detrás de la operación que terminó con la vida del presidente haitiano.  Ojalá esa diligente actitud con la que vienen actuando en este vergonzoso caso, haga parte de una política de la Cancillería y del Estado en general, para atender las muchas necesidades y angustias que padecen connacionales en territorios extranjeros, en especial, aquellos que no llegaron a esas tierras a violar las leyes y mucho menos a asesinar presidentes. Creo que era innecesario el traslado del Defensor del Pueblo a territorio haitiano, cuando tiene que atender internamente, asuntos que, relacionados con el estallido social y la violación de los DDHH por parte de la policía y el Esmad, este funcionario no atendió de la mejor manera. Quizás este caso dé para que alguien escriba, más adelante, una novela titulada El Estado y los sicarios. ¡Ajúa!

Adenda: "Germán Rivera es un militar colombiano retirado y fue condenado este viernes a cadena perpetua, en un tribunal de Miami (Florida), por participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, un magnicidio que hundió el país caribeño en el caos" (El Colombiano). 

Imagen tomada de Infobae