Por Germán Ayala Osorio
En Colombia el delito de
sangre no existe, lo que se traduce en que las infracciones o violaciones cometidas
por un familiar no tendrían por qué manchar el nombre de un ciudadano y por esa
vía, impedir que aspire a ser elegido, en el marco del ejercicio pleno de sus
derechos políticos. El pero a esa circunstancia
social y jurídica aparece cuando a sabiendas de las condenas proferidas por
jueces de la República en contra de los familiares insertos en la política, sus
hijos, nietos, primos, esposas o sobrinos le sirvan de parapeto a los
condenados para seguir haciendo lo mismo: robar el erario para enriquecerse,
usando las mismas estrategias corruptas y mafiosas.
Si dentro de un núcleo familiar
uno de sus miembros tiene como profesión la política y fue condenado por
corrupción o cualquier otro delito, lo que se esperaría, desde una ética maximalista,
es que su primo, esposo, esposa, hermano o cualquier otro que sea el vínculo
que los une, tome distancia pública del condenado, para evitar suspicacias,
pero sobre todo, para hacer de la esfera pública (política) un escenario de discusión
de asuntos que nos interesan a todos, guiado por un ethos contrario al que guió
a los familiares a cometer delitos.
Debería de funcionar igual para
el ejercicio periodístico, en particular cuando quien ejerce la profesión de
informar de manera masiva, hace parte de clanes políticos cuyos miembros hayan
sido condenados por corrupción e incluso, por delitos aún más graves. Desde una
ética de máximos, se esperaría que el o la periodista que guarda parentesco con
aquellos condenados o procesados, tome distancia de sus familiares y sea capaz
de asumir el costo social y político que implica pertenecer a una familia de corruptos
y criminales.
Justamente, por la complejidad de
la situación, el periodista que tiene vínculos de sangre con los condenados y procesados
no puede tratar de presentarse como un faro moral para la sociedad, mientras mantenga
un diálogo fluido y cercano con aquellos ciudadanos penados, privados de la
libertad o requeridos por la justicia. O lo que es peor: que use el medio de
comunicación o la política editorial, para defender, ocultar o minimizar los
delitos perpetrados por sus familiares. Por
el contrario, si rompe públicamente con todo tipo de relación con los convictos
o exconvictos, podría servir de luz a una sociedad que, como la colombiana,
deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.
En escenarios de crispación
política e ideológica, los detractores y enemigos del periodista suelen exponer
las filiaciones de sangre en las redes sociales, especie de hornos en los que es
cremada a diario la dignidad humana, lo que, por supuesto, contamina el debate
público que el periodista desea o debe dar. Eso sí, lo que no debe hacer el
periodista es salir a defender lo que social, ética, política y moralmente resulta
indefendible: la corrupción, el ethos mafioso y criminal que guió a sus familiares
a violar las leyes.
En Colombia pululan los casos de
periodistas con vínculos de sangre con políticos corruptos. Varios de ellos, en
las redes sociales son lapidados a diario por las condenas proferidas en contra
de sus familiares. Eso sí, la decisión de tomar o no distancia de sus familiares
da cuenta del nivel de eticidad de los comunicadores comprometidos. Insisto:
los delitos de sangre no existen, pero siempre habrá un, pero.
Adenda: no es necesario listar aquí a los periodistas con familiares condenados y procesados. Ya el país sabe quiénes son. Recuerdo el caso del periodista "Poncho" Rentería, ícono del periodismo de farándula, quien dijo haber tomado distancia de su hermano, el narcotraficante, Beto Rentería.
Tomado de Hacemos Memoria.
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