Por Germán Ayala
Osorio
Después de escuchar a las tres mujeres ternadas por el presidente de la República y escuchadas hoy por los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que elegirán a una como fiscal
general, en remplazo del ladino Francisco Barbosa, queda la satisfacción de
escucharlas, y nacen la esperanza y el deseo de que la elegida sea capaz de cumplir la tarea más importante: recuperar para el Estado de
derecho y la sociedad, a la Fiscalía, capturada por mafias de todo
pelambre.
Asumir esa tarea no será nada
fácil y no creo que logre hacerse en cuatro años. Muy seguramente se va a
necesitar el mismo tiempo que tomó a la clase política y empresarial entregársela
a los mafiosos y criminales: 20 años. Su proceso de captura mafiosa se inició en el 2002. Por haber sido convertida por el uribismo y en general por el Establecimiento
colombiano en un putrefacto nido de corrupción, la fiscalía general de la
Nación, como institución, goza, de tiempo atrás, de una consolidada
ilegitimidad, debido a que su operación está asociada a los intereses de clanes
políticos corruptos, congresistas, empresarios y a grupos delincuenciales como
el Clan del Golfo.
En medio de la búsqueda de la
unidad nacional o de un pacto político que haga posible que el Establecimiento
colombiano deje gobernar a Petro, aparecen retos y enormes interrogantes para
la próxima fiscal: reabrir los delicados casos que de manera maliciosa e
interesada ordenó cerrar Francisco Barbosa. Hablo de dos casos supremamente
delicados para la actual coyuntura política: Odebrecht, la Ruta del Sol 2 y las
prácticas corruptas que aceptó haber cometido en su construcción el Grupo Aval ante las autoridades americanas; y el otro caso tiene que ver con investigar y acusar a Uribe por la
masacre del Aro. Hoy fue llamado a versión libre el expresidiario y
expresidente de la República. Igualmente, deberá la nueva fiscal abandonar el
proyecto político de defender a Uribe, lo que implica acusarlo formalmente por
los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Si se logra esto, muy
seguramente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se “motivarán” a
desempolvar los procesos por paramilitarismo que reposan en sus archivos y que
señalan a Uribe Vélez de ser su patrocinador.
Estos dos asuntos servirán para
medir el talante de la nueva fiscal general y probar si en su elección hay
cartas marcadas que comprometerían su independencia o quizás su dependencia del
presidente de la República y las relaciones de agradecimiento que pueden surgir
con los magistrados que la eligieron.
La nueva fiscal general de la
Nación deberá hacer una limpieza general en la fiscalía y ello implicará sacar
gente y procesar a otros tantos funcionarios que, según denuncias
periodísticas, trabajan para el Clan del Golfo, entre otros grupos de mafiosos
y criminales.
Recuperar para el Estado y la sociedad
la fiscalía general de la Nación no será una tarea fácil. Haría bien el presidente
Petro de pedir ayuda al FBI y a otras autoridades americanas para que le ayuden
a la nueva fiscal intervenir la institución con el ánimo de descontaminarla,
para ponerla al servicio del país y no de las mafias que la tienen capturada y
sometida.
Dentro de las primeras decisiones
que deberá tomar la nueva fiscal está en sacar a todos los elementos que aplaudieron
o cohonestaron con la dañina administración de Barbosa. Proscribir el pernicioso
ethos que entre Mancera y Barbosa inocularon en las prácticas institucionales y
protocolos de la fiscalía hace parte de la gran tarea de recuperar esa institución.
Adenda: los
magistrados de la CSJ están en la obligación moral y ético-política de evitar
que Martha Mancera, ficha de Barbosa, quede en interinidad.
Imagen tomada de Asuntos Legales
Perfecto el diagnostico, si el nuevo fiscal(mujer está) claro es, establece unas 4 carpetas de prioridades secretas, con ayuda del método de mapas mentales de Tony Buzan, creo que va a salir a medio plazo y ayuda de EE. UU., para evitar tanta oposición!!
ResponderEliminar