QUEMAR A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El video en el que Mauricio Martínez Triana quema un muñeco alusivo a Petro, cuya cabeza está envuelta en la bandera del M-19, y profiere amenazas de muerte contra el jefe del Estado, sirve de ejemplo para entender que su conducta violenta hace parte de las circunstancias culturales e históricas que por largos años nos han permitido odiarnos y matarnos entre diferentes.

Baste con recordar los odios ideológicos que llevaron a cientos de miles de conservadores y liberales, alentados por los jefes de los dos partidos e incluso, por curas que convirtieron los púlpitos en violentas tribunas políticas, para entender que las expresiones de odio en contra del presidente de la República no surgen de la actual coyuntura política, aunque sí se han exacerbado por su llegada a la Casa de Nariño como el primer mandatario de izquierda.   

Así entonces, dichas expresiones están inexorablemente atadas a narrativas en las que lo que más se desprecia es el argumento del otro, porque ese otro se asume de antemano como el enemigo y no como un contradictor con el que es posible entablar una discusión o un diálogo sobre la base del respeto y su reconocimiento como un interlocutor válido.

La irrupción de Petro y de la izquierda como una opción de poder real tomó por sorpresa a una parte importante de la sociedad que, acostumbrada a las maneras y sobre todo al ethos que la derecha consolidó y naturalizó en su larga hegemonía manejando los asuntos del Estado, hoy se siente incómoda, amenazada, inestable y retada por las propuestas de cambio. Expresiones como “nos vamos a volver como Venezuela” o el “castrochavismo” hacen parte de los miedos que la derecha, con el concurso de los medios masivos, lograron inocular con motivo del plebiscito por la paz de octubre de 2016.

El pasado guerrillero de Gustavo Petro contribuye en gran medida a que la histórica animadversión social hacia las guerrillas se haga presente hoy en quienes comulgan con el discurso que señala que el único problema que tuvo y tiene aún el país es la operación de las guerrillas. Hay millones de colombianos incapaces de entender y comprender el momento histórico en el que nacieron y se legitimaron las guerrillas en Colombia y en América Latina. Si hubiesen comprendido esa compleja coyuntura, muy seguramente habrían tomado distancia de las narrativas que la derecha construyó para ocultar que la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, la corrupción público-privada generada por los miembros de su élite, la captura mafiosa del Estado lograda igualmente por unos pocos, de la mano de los partidos políticos tradicionales y la aplicación a rajatabla de la doctrina neoliberal constituyen los reales y más apremiantes problemas del país.  Problemas que hoy el actual gobierno quiere solucionar, en medio de un ambiente enrarecido y de notables errores cometidos por quienes agitan la bandera del cambio.

La ojeriza contra el presidente Petro también se tiene que explicar por la narrativa periodística que desde el 7 de agosto de 2022 está enfocada en generar miedo en una sociedad que cree a pie juntillas en lo que publican los medios masivos hegemónicos. Las mentiras y los tratamientos noticiosos maliciosos que medios como EL TIEMPO y SEMANA vienen haciendo de las decisiones y actuaciones del actual gobierno son insumos que terminan alimentando la malquerencia hacia el presidente de la República y contra todos aquellos que creyeron y creen aún en el proyecto político progresista.

No podemos olvidar que el estallido social de 2021 fue un claro escenario en el que como sociedad dejamos ver que somos racistas, clasistas y profundamente intolerantes con el que piensa distinto, en particular, con aquel que tiene ideas de izquierda.

En lugar de procesar al joven que desea ver muerto al presidente Petro, propongo que se le conmine a leer varias veces el clásico texto de Estanislao Zuleta, Elogio de la dificultad y otros ensayos. Después de leerlo, quizás entienda que sus violentos deseos lo hacen ver no como un ciudadano políticamente formado para vivir en sociedad, sino como un salvaje con el que jamás será posible discutir y dialogar en torno a unas ideas y argumentos. Si de todas maneras Martínez Triana resulta procesado, ojalá que el juez, en su fallo condenatorio, lo mande a encerrar en una biblioteca pública para que lea la historia de Colombia. Una biblioteca por cárcel, por tres meses, me parece una pena razonable. 

Imagen tomada de EL UNIVERSAL 

GENOCIDIO ISRAELÍ, VENGANZA, BANALIDAD DEL MAL Y LA ESTÉTICA DE LO ATROZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por ser las guerras el escenario propicio en el que la pulsión humana de asesinar se consuma y legitima, los límites que el derecho internacional intenta ponerle a las confrontaciones bélicas suelen ser un bálsamo en medio de la crueldad que guía a la especie humana, la única que “mata más y con mejores técnicas”.

El enfrentamiento armado asimétrico entre las fuerzas irregulares de Hamás y el Ejército de Israel puso en crisis las normas de la guerra, por cuenta del sentimiento de venganza con el que Israel insiste en desconocer lo que está haciendo en Gaza: un genocidio mediatizado y validado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Como en el cine gringo se valida todo el tiempo la venganza, el gobierno de Biden, muy seguramente admirador de las películas que recrearon la guerra de Vietnam o aquellas en las que excombatientes americanos fungen como héroes castigadores, tímidamente le hace “exigencias” a su aliado militar de amainar las prácticas genocidas implementadas en territorio palestino.

Habría que pensar en redactar un protocolo que limite los efectos negativos o “daños colaterales” que genera la venganza política, étnica y militar que al principio gran parte del mundo justificó y reconoció a Israel como derecho a defenderse del ataque artero de Hamás.

Ante la crisis moral y ética del derecho internacional, solo queda recoger dos categorías para darles el lugar que se merecen los guerreros, tanto de Hamás como de Israel, y dejar así que descansen en paz las reglas de la guerra, dado que, en Gaza, el sionismo pulverizó todos los límites del proceso histórico con el que la pulsión de asesinar a los que odiamos o nos estorban, se juridizó. Dichas categorías son: la Banalidad del Mal, de Hannah Arendt y la Estética de lo Atroz, de Édgar Barrero Cuéllar.

Arendt, al referirse a las atrocidades de las que hizo parte Adolf Eichmann durante el Holocausto Nazi, señaló que este dejó de pensar y que, al hacerlo, se convirtió en una ficha, en una tuerca del cruel engranaje administrativo y práctico que los alemanes diseñaron en los campos de concentración para ejecutar judíos.

Y si lográramos universalizar la Estética de lo Atroz y por esa vía conectar su sentido con el sinsentido de la venganza israelí, podríamos decir que las dos guerras mundiales, el mismo Holocausto Nazi, la guerra entre Ucrania y Rusia y cientos de miles de conflictos armados internos, en los que se cuenta el colombiano, constituyen, llanamente, las mejores vitrinas o los asqueantes war dealer en los que los Señores de la Guerra recrean sus pérfidas fantasías y echan a andar su pulsión de asesinar a quienes, por el azar o por la complicidad de la ONU, deben ser perseguidos, estigmatizados, asesinados, masacrados de manera colectiva, a través de la limpieza étnica que está atada a la práctica genocida.

¿Cuántos fanáticos religiosos dejaron de pensar para justificar, de la mano de un Dios o de un texto sagrado, el asesinato de esos otros señalados de ser impíos, seres de la oscuridad o bestias que deben ser eliminadas? Quizás sea tiempo de empezar a ver y describir la estética de lo atroz de las religiones, con sus costosas, oscuras y elegantes iglesias, en las que millones de seres humanos recurren con sus plegarias no para que cesen las hostilidades, sino para pedir la bendición de la deidad y el mejor regalo: ganar la guerra.

 

 

Imagen tomada de la BBC

PETRO "GRADÚA" A EL TIEMPO Y SEMANA COMO ACTORES POLÍTICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el comunicado que la Presidencia de la República alojó en su página web, en referencia a la publicación de noticias falsas por parte de varios medios masivos (El TIEMPO y Semana, en particular), las tensas relaciones entre el presidente de la República y la prensa hegemónica y corporativa pasaron de simples controversias en la red X, a un asunto político que le permite a Petro no solo "graduar" a las empresas mediáticas como actores políticos en oposición, sino de elevar su temerario actuar a un asunto de Estado e incluso, de seguridad nacional.

No se trata de un simple llamado de atención a las directivas de los medios masivos comprometidos en la construcción de fake news y a sus periodistas. Por el contrario, se trata de una confrontación directa que pone en evidencia que dichas empresas mediáticas siguen instrucciones de sus propietarios, lo que supone que las reuniones de estos últimos con el presidente de la República de cara a lograr un Acuerdo Nacional no han servido para desactivar la campaña mediática de desprestigio que emprendieron desde el 7 de agosto de 2022.

Nunca hubo en el país una comunión de esfuerzos entre medios masivos con el firme propósito de desestabilizar a un gobierno, como la que podemos ver hoy. El objetivo del golpe de Estado blando lo quieren lograr con base en tratamientos noticiosos amañados y tendenciosos. La manipulación perversa del hecho noticioso relacionado con el incremento del impuesto predial confirmó el interés de EL TIEMPO y de Semana de engañar a sus lectores y confundir al resto de la opinión pública. Insisto: no se trata simplemente de ligeras interpretaciones fruto de una lectura rápida del texto del proyecto de ley, en cuestión. No. En este caso la intención manifiesta era generar malestar social en propietarios urbanos, a pesar de que la iniciativa busca que los grandes terratenientes rurales, que pagan muy poco predial por grandes extensiones de tierra, paguen al fisco lo que deben de pagar de acuerdo con la actualización que deberá hacer el Instituto Agustín Codazzi. Con ese proyecto de ley el gobierno de Petro estaría dando cumplimiento al catastro multipropósito que hizo parte de lo acordado en La Habana entre el Estado y las Farc-Ep.

En varios pasajes del comunicado se puede leer entre líneas lo que en esta columna indico: “Porque los objetivos sociales propios y adelantados en el Gobierno del Cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana". Al construir el rechazo al Gobierno con la reproducción de la mentira y manipular así a sectores de la población con una indignación mal fundada como pasó con la noticia falsa del predial, por ejemplo, lo que se construye es una senda social para el apoyo de un violento gobierno de extrema derecha”. A lo anterior se suma que las empresas mediáticas estarían violando el artículo 20 de la Constitución Política. 

Por el bien del país, los banqueros Gilinski y Sarmiento Angulo están en la obligación moral y ético-política de desactivar el plan contra Petro, dejando de usar a sus medios Semana y EL TIEMPO como instrumentos políticos y ruedas de transmisión de sus intereses corporativos desestabilizadores. Al parecer, poco les importa que sus empresas mediáticas pierdan credibilidad y exponer a sus periodistas al desprestigio social, con tal de generar una crisis política y social que logre deslegitimar al actuar gobierno.

Convendría a los propietarios de EL TIEMPO y Semana leer al columnista Álvaro Forero, quien, en reciente columna en El Espectador, sostuvo que “un eventual fracaso de Petro no garantiza el triunfo de la derecha, también podría desencadenar una reacción populista contra quienes frenaron el cambio y alentar una propuesta de cambio extremo que incluya asegurar mayorías en el Congreso para garantizar que no les suceda lo mismo que a Petro”.

Imagen tomada de la red X. 

LAS BASES ÉTICAS Y MORALES DE UN ACUERDO NACIONAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de años de la hegemonía ideológica y política de la derecha, la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder político supuso una ruptura ética y moral con el ethos mafioso que la derecha y la ultraderecha, en particular en el último periodo de mando del uribismo (2002-2022), naturalizó de tal manera, que el proceso de captura mafiosa del Estado se consolidó en esos aciagos 20 años.

El quiebre ético y moral del que hablo está ancorado a la efectista narrativa ética y a las contundentes acciones moralizantes emprendidas tanto por el presidente Petro, como por varios medios de información alternativos que a diario publican en redes sociales hechos delictivos en los que están comprometidas familias “prestantes” de la política nacional y regional.

La bandera de la eticidad y las acciones moralizantes en lugar de facilitar el acuerdo nacional que se requiere para que el actual gobierno lidere y logre los cambios sociales propuestos durante la campaña electoral, lo está torpedeando y por esa vía, alejando la posibilidad de que se dé ese pacto político que en el acuerdo de paz de La Habana quedó como una tarea pendiente con miras a lograr la reconciliación nacional.

Aunque trascendió que el presidente de la República sostuvo reuniones con Santodomingo, Ardilla Lulle y Sarmiento Angulo, el país desconoce detalles y avances de esos primeros encuentros, tan necesarios para construir ese acuerdo nacional. Mientras tanto, las evidentes tensiones éticas y morales que generan hechos noticiosos alejan la posibilidad de ese urgente pacto social y ético-político que necesita el país. Baste con recordar varios hechos que alimentan dichas tensiones:  la presunta conexión mafiosa del clan Char con el cartel de Sinaloa;  los reconocidos actos de corrupción cometidos por Sarmiento Angulo en los Estados Unidos; los que rodean la operación de las EPS (el caso de SaludCoop es emblemático) y la ya sospechosa insistencia de congresistas y gremios asociados de mantener sin control la ejecución de los billonarios recursos que el Estado les gira; los negocios entre generales de la República con miembros de las disidencias farianas;  y el robo de crudo por parte de empresarios colombianos y multinacionales, con la anuencia del ELN, convierten el acuerdo nacional en una necesidad para que la sociedad y sus élites se repiensen en sus prácticas éticas y morales.

El diario EL ESPECTADOR plantea el asunto en estos términos: “en medio de esos escenarios de controversia y reveses, en los que la economía –la inflación y el desempleo se mantienen a la baja durante su mandato– le dan respiro a su gestión, el propio presidente ha subido su tono en varios frentes, lo que desató alertas sobre cómo será el 2024 para un mandatario que tiende a atrincherarse en su ideología y se ve poco dispuesto a tender puentes con quienes se enarbolan como sus contradictores o no le caminan a sus planteamientos”.

Si bien es inaplazable proscribir el ethos mafioso, en particular en la función pública y las relaciones entre los sectores estatal y privado, atrincherarse en la narrativa en pro de proponer un nuevo ethos y en los señalamientos morales, puede terminar de alejar las diferencias políticas entre la derecha hegemónica y la naciente izquierda que lidera Gustavo Petro. Proscribir el ethos mafioso le tomará a la sociedad colombiana por lo menos 20 años, siempre y cuando quienes en adelante lleguen a la Casa de Nariño, mantengan izada la bandera de la nueva eticidad y de una moral colectiva renovada.

Se van a necesitar unos mínimos éticos si de verdad los llamados “cacaos” y Petro quieren avanzar y lograr lo más pronto posible el acuerdo nacional que se necesita, en particular, para disminuir las crecientes incertidumbres sociales que a diario alimentan los medios masivos que le hacen oposición política al gobierno actual, de la mano de dirigentes gremiales que, por razones ideológicas, optaron por alejarse del gobierno. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI sostiene que “la economía pasa por un mal momento”, hecho inocultable que hace aún más urgente que se avance en el pacto o en el acuerdo nacional. Sus ataques permanentes al gobierno y al presidente Petro aportan al distanciamiento gremial y corporativo con el jefe del Estado.

Imagen tomada de Youtube

¿GENERALES QUE VENDEN ARMAS A LAS GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La extensión en el tiempo del conflicto armado interno y su evidente degradación fue posible gracias a factores propios de una difícil y compleja guerra de guerrillas, a históricos problemas logísticos y de equipamiento de las fuerzas militares, al poder corruptor del narcotráfico y por supuesto a la connivencia de policías y militares con las guerrillas, con las que negociaron en el pasado y en el presente la entrega de armamento y pertrechos, lo que sin duda desdibuja el discurso patriótico propio de políticas como la  Seguridad Democrática  de Uribe o la Paz con Legalidad del presidente-títere, Iván Duque Márquez, así como el sentido de la doctrina del enemigo interno. No puede llamarse “enemigo interno” a las fuerzas irregulares cuando hay militares que hacen negocios con varios de sus miembros. Estaríamos, entonces, ante una realidad simulada en territorios en los que los medios masivos registran combates, desplazamientos y hasta muertos de ambos bandos, cuando esas armas de la República fueron vendidas por las propias tropas.

La “pureza” ideológica y política de los ejércitos enfrentados, legales e ilegales, poco a poco se contamina por los intereses individuales de militares por conseguir dinero y amasar riqueza, mientras ocurren combates y se alimenta el discurso patriótico y anticomunista.

El presidente de la República puso el dedo en la llaga con preguntas y señalamientos que deben ser recogidos por la academia y por aquellos interesados en comprender la evolución o mejor, la involución del conflicto armado colombiano. Lo dicho por Gustavo Petro Urrego, aunque no es nuevo, sí constituye un llamado de atención a las demás instituciones del Estado en la medida en que aporta a la consolidación de una narrativa oficial que le resta aún más legitimidad a los grupos subversivos que mantienen su lucha armada contra el Estado, al tiempo que pone en evidencia la existencia de un ethos mafioso al interior del Ejército y la Policía nacionales.

En un escenario académico, y al referirse a una nueva era del conflicto armado interno, Petro Urrego sostuvo que “en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la Estado Mayor Central (EMC), y el de aquí con este, y la EMC con las Autodefensas del Golfo para acabar con el ELN”. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la Farc para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegaron las disidencias al Cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el Ejército retrocedió y ellos entraron, en el Gobierno pasado”.

No demora la Oposición en salir a descalificar las insinuaciones del presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas por considerar que afectan la moral de la tropa. Lo cierto es que hay suficientes ejemplos y registros noticiosos de casos de suboficiales y oficiales de mediana y alta graduación, metidos en la venta de armas, municiones y pertrechos a las guerrillas. De esto se habla desde los años 80. Los señalamientos de Petro tocan de manera directa al gobierno de Iván Duque y a la cúpula militar de la época.

Lo expresado por el jefe del Estado bien puede terminar por erosionar la confianza de la ONU y de los países garantes y acompañantes en los procesos de diálogo que se adelantan con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep, por considerar que estarían validando un conflicto armado interno desprovisto de lo más esencial: razones políticas e ideológicas.

Si bien este gobierno ha hecho varias “purgas” al interior del Ejército, la posibilidad de que haya hoy o lleguen en los próximos gobiernos generales de la República interesados en hacer negociados con los bandidos a los que deben combatir no solo es alta, sino inconveniente y hasta peligrosa para la operación del Estado en el territorio nacional sin vetos asociados a la entrega informal de zonas del país a las estructuras delincuenciales. El cañón del Micay es el ejemplo que pone el presidente Petro, pero sin duda alguna hay otras zonas del país en las que la presencia histórica de las guerrillas bien pudo resultar de “transacciones” entre generales de la República y comandantes de frentes guerrilleros.

Así las cosas, se confirma que la guerra es un lucrativo negocio y que más bien, tanto las guerrillas como policías y militares estarían al servicio de unos Señores de la Guerra (terratenientes, banqueros y narcos), interesados exclusivamente en sacar de los territorios a comunidades afros, campesinas e indígenas, catalogadas como obstáculos para el desarrollo económico anclado en la explotación de los ecosistemas naturales y de la transformación del paisaje natural, para dar vida a lo que muchos llaman “ecosistemas emergentes”. 

¿Tendrá sentido continuar hablando de paz cuando guerrilleros y militares conviven, negocian tierras y armas?

Imagen tomada de EL TIEMPO

LA PAZ, COMO ANHELO SOCIAL, ESTÁ EN CRISIS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El triunfo del No en el plebiscito por la paz y la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep constituyen hechos políticos que, en perspectiva histórica, generaron dos efectos diferenciados, que terminan confluyendo en un mismo punto: el primero, la derrota del Sí ese 2 de octubre de 2016, deslegitimó toda búsqueda por pacificar el país a través del diálogo, en particular en quienes están matriculados en la derecha y creen a pie juntillas en la posibilidad de que el Estado acabe militarmente con las guerrillas que aún operan en el país. La reciente propuesta del ladino fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, de convocar a un plebiscito con la innoble intención de hacer implosionar la Paz Total es una prueba fehaciente de los efectos psico-sociales que dejó el pírrico triunfo del no.

Y el segundo, la firma de la paz con las Farc-Ep volvió aún más anacrónica la lucha armada del ELN y en mayor medida las de unas disidencias farianas que operan bajo el fantasma de la matriz guerrillera a la que estuvieron atadas en el pasado.

Al conectarse estos dos hechos políticos, de la opinión pública dominante brota el cansancio de una sociedad que rechaza la continuidad de un conflicto armado interno que parece eterno y sin solución a la vista. La sentencia es clara: el país no puede estar conversando y dialogando eternamente de paz, como tampoco puede padecer eternamente las consecuencias de un conflicto armado degradado.

Así las cosas, lo que está en crisis en estos momentos no es la Paz Total como proyecto político de gobierno, sino la Paz como bien y aspiración social, cultural, económica y política, debido al agotamiento de una parte importante de la sociedad colombiana frente a los actuales esfuerzos por pacificar el país por las buenas. Es posible pensar que hay una creciente incredulidad en la llamada comunidad internacional al ver que a pesar del apoyo de países garantes y de la misma ONU y la posible firma de un nuevo armisticio, bien sea con el ELN, o con las disidencias de Iván Mordisco y de Alfonso Cano, mañana aparecerán, como por arte de magia, nuevas disidencias con las que otros gobiernos y los mismos actores internacionales deberán lidiar, bien en el campo de batalla o en una mesa de diálogo.

El manejo lastimero que la prensa hegemónica acaba de hacer del secuestro y liberación Luis Manuel Díaz va, justamente, en la dirección de evidenciar el cansancio del país y de consolidar la narrativa militarista que les sirve a los intereses de la derecha que insiste en la salida armada, esto es, el escalamiento del conflicto armado, sin importar que se pongan en riesgo la vida de los civiles y con un resultado por siempre esperado: acabar militarmente a las guerrillas o mantener su existencia, para explotarla electoralmente cada cuatro años.

Apelar a la responsabilidad histórica de las dirigencias de las señaladas guerrillas es una quimera, un sueño o una ingenuidad. La economía ilegal y su anacrónica lucha revolucionaria las convierte en grupos armados ilegales con una nula lectura de la coyuntura por la que atraviesa el país.

Vaya encrucijada en la que está el gobierno de Gustavo Petro. Ya el propio presidente reconoció que fue prematuro proponer un diálogo con las disidencias Iván Mordisco: “El Cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza, conquistamos las posiciones dominantes, retiramos de esas posiciones estratégicas al EMC y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso en lugar de entrar al poblado disparando, que abandonaran y que entráramos a transformar todo el Cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado Colombiano”.

A las actividades de recuperación de los territorios históricamente en manos de disidencias farianas y del ELN, hay que sumar otras encaminadas a afectar las logísticas que les permiten adquirir armas y municiones y sacar provecho del negocio de la droga. No hay que priorizar la guerra sin cuartel porque sabemos que es la población civil la que sufre. Insisto en que no se está trabajando lo suficiente en inteligencia y en el uso de tecnologías que permitan ahogarlos por la falta de suministros y golpearlos certeramente, minimizando daños colaterales en las comunidades campesinas.

Imagen tomada de EL TIEMPO

¿CONGRESISTAS O LOBISTAS CON FUERO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En una sociedad moderna y educada para defender lo público, la discusión de asuntos de interés general debería de ser una práctica común, cotidiana. Por supuesto que la colombiana no tiene ese talante, en virtud de los altos niveles de ignorancia de su población, fruto de una baja lectura de libros y una nula formación política, pero también como consecuencia del bajo nivel de formación de los congresistas y en general de los políticos, en su gran mayoría corruptos o cómplices de actividades ilegales.

A lo anterior se suma que el clasismo, el arribismo, más al racismo, obstaculizan todo proceso de cambio y ajuste. De igual manera, el "individualismo posesivo" orientado exclusivamente a garantizar la propiedad privada, asumida como derecho natural, facilita la naturalización del egoísmo y la pulsión por acumular riqueza y poder y por tanto, la decisión de afectar las necesidades y deseos de los demás, de las grandes mayorías. Así entonces, la discusión de asuntos públicos se reduce al encuentro de unos cuantos poderosos, que, anclados a su afán por enriquecerse a merced de los demás, lo que asegura la privatización de lo público y el empobrecimiento de la discusión de esos asuntos que deberían de ser comunes a todos.

Quizás el escenario que más da cuenta de la pobre discusión pública de asuntos públicos es el Congreso de la República, convertido de tiempo atrás en un nido clientelar al que llegan no a legislar para sacar adelante el país, sino a favorecer los intereses de poderosos particulares (conglomerados económicos, multinacionales y empresas grandes) que patrocinan las campañas de los congresistas.

Aquellos colombianos y colombianas que llegan al Congreso, patrocinados por empresarios no deberían de llamarse congresistas, sino lobistas con fuero. Resulta vergonzoso ver y escuchar al Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, en debate sobre la reforma a la salud que cursa en el legislativo, reconocer que su labor es “sabotear la discusión y que lo seguirá haciendo”. Forero no actúa como congresista, sino como lobista de las EPS.

La pobreza discursiva y argumentativa de Forero es evidente, lo que confirma que su presencia en el Congreso no está mediada por su interés de servirle a los colombianos, sino de cumplir con las órdenes que muy seguramente recibe de las empresas o sectores de poder que se oponen a que se reforme el sistema de salud. El mismo que está plagado de malas prácticas y de la perversa administración de los billonarios recursos que el Estado les entrega a las EPS.

El listado de congresistas que han demostrado total incapacidad discursiva es enorme, porque a esa corporación no llegan los mejores hombres y mujeres, sino los que estén dispuestos a defender a dentelladas los intereses corporativos de sus patrocinadores. Baste con nombrar a Miguel Polo Polo, un advenedizo sujeto con graves problemas identitarios y una evidente incapacidad propositiva y discursiva. Es básico, un homúnculo. El listado es largo.

Así las cosas, las mismas empresas que “donan” millonarias sumas de dinero a las campañas de congresistas le están restando legitimidad y viabilidad a la democracia, en la medida en que ponen en el legislativo a sus patrocinados, convertidos en vulgares lobistas y no en congresistas que deberían trabajar en pro de un desarrollo económico sostenible desde una perspectiva sistémica.

Aquellos legisladores que están hoy sentados en el Congreso para impedir que se hagan las reformas que el país necesita, incumplen el mandato constitucional que los acredita como congresistas, para convertirse en empleados obsecuentes de sus patrocinadores; en títeres de intereses sectoriales alejados de los de una sociedad con graves problemas de pobreza, inequidad y desempleo estructural.

Sin duda alguna, hay una relación sinuosa entre las grandes empresas y aquellos a los que les patrocinan sus campañas para llegar al Congreso, en la medida en que, por defender los intereses sectoriales, se evita legislar para favorecer a las grandes mayorías. Al final, desde el Congreso de la República, con el patrocinio de empresarios que posan de "ser líderes y de construir país", se generan las condiciones para que Colombia siga siendo lo que es: un país rico, administrado por unos cuantos miserables que se auto asumen como los "elegidos", los "mejores", cuando realmente son despreciables seres humanos.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

ELECCIONES 2026: FRANCISCO BARBOSA, PRECANDIDATO PRESIDENCIAL DEL URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

La campaña presidencial de 2026 ya arrancó. Diría que el crispado ambiente preelectoral empezó el mismo día de la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022. Y de contera, los resultados de los comicios del 29 de octubre terminaron por afianzar la tensión política y el desespero de la derecha uribizada por recuperar lo que la izquierda les arrebató: la Casa de Nariño, con todo y el poder que allí se concentra en nuestro sistema presidencialista.

Es tal la situación, que la derecha ya puso en la palestra a varios de sus precandidatos: María Fernanda Cabal, Claudia López Hernández, Alejandro Gaviria y Francisco Barbosa, quien pronto dejará de ser el fiscal general de la Nación. Cuando llegue el momento, dedicaré columnas para retratar a estos políticos que buscarán en el 2026 la bendición de la élite económica y de los sempiternos clanes para intentar llegar al Solio de Bolívar.

Dedico esta columna al saliente fiscal general, quien en meses pasados calentó el ambiente prelectoral al descalificar al gobierno de Petro en un evento organizado por Fenalco. Barbosa fue aplaudido y casi que ungido por el colectivo empresarial, como el candidato que “le devolverá el rumbo al país”.

Barbosa es un gris abogado y un ser ególatra. Su incontrastable ego le permitió auto definirse como el “más preparado” por tener doctorado, maestrías y haber publicado libros. Su carácter pendenciero lo acerca al perfil de Álvaro Uribe Vélez, expresidiario e imputado por graves delitos al que Barbosa le puso a sus pies la fiscalía, convirtiendo el ente acusador, en defensor de oficio del dañino e inefable expresidente de la República. Recuérdese que en tres ocasiones la fiscalía, por instrucción directa de Barbosa, solicitó a los jueces la preclusión del caso que lleva en contra del político antioqueño por manipulación de testigos y fraude procesal.

Esa actuación hace pensar que Barbosa es igual o más obsecuente que su amigo de infancia, Iván Duque Márquez, el presidente-títere que Uribe Vélez puso en la Casa de Nari. Así las cosas, el pronto exfiscal general será el candidato perfecto de la derecha uribizada para recuperar el Estado central.

Otro elemento que lo hace proclive a recibir la bendición de Uribe Vélez, de Sarmiento Angulo y del GEA, entre otros, es la repulsión que le producen los periodistas y los medios independientes y alternativos. Barbosa se siente cómodo con medios como Semana, actor político y mediático que le sirvió para filtrar información sensible.

En términos periodísticos, Francisco Barbosa juega a ser un peligroso censor oficial, muy al estilo de Bukele. Ya dejó ver su perfil anti-prensa libre y crítica cuando fustigó los trabajos de la revista Raya y RTVC, por develar que el grupo criminal La Cordillera había planeado un atentado contra el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro; además, por informar sobre un plan criminal contra el mismo Petro, liderado por el reconocido uribista, César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al final, se ordenó que la fiscalía una inspección a los archivos y fuentes de la revista Raya. Sin duda alguna, un acto de censura y persecución política y judicial inadmisible en una democracia y en una República. En 2021 se ordenó también una inspección contra Noticias Uno, medio independiente y alternativo que ha confrontado, periodísticamente, las actuaciones públicas y privadas del fiscal Francisco Barbosa.

Barbosa va a necesitar de un muy buen laboratorio de marketing político que le maquille no solo su negativo perfil, sino la mala imagen que deja tras dejar maltrecha la institucionalidad de la fiscalía general de la Nación. Ya veremos si la derecha uribizada bendice a este ladino personaje o si prefiere apoyar a la señora Cabal, o a Claudia López, quien en el pasado se vendió como una figura independiente y alternativa, pero que terminó aliada con el uribismo.

Imagen tomada de Al Punto. 

INMADUREZ POLÍTICA Y CRISIS DE LIDERAZGO EN GUERRILLAS QUE CONVERSAN CON EL GOBIERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis por la que atraviesa la mesa de diálogo entre los delegados del gobierno de Petro y los enviados de las disidencias farianas no obedece exclusivamente a asuntos relacionados con la recuperación de territorios por parte del Estado y el supuesto incumplimiento gubernamental de lo pactado, sino a un aspecto del que poco se habla: la inmadurez política de las disidencias farianas y el perfil militarista (tropero) de su comandante alias Iván Mordisco.

No son estos los tiempos de líderes guerrilleros formados discursiva y políticamente, como Alfonso Cano o con la sagacidad y olfato político de alias Tiro Fijo. Los miembros de las disidencias, llamadas también Estado Mayor Central (EMC), se acercan más al perfil de los inefables “Mono Jojoy” y Raúl Reyes. Es decir, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, no es un comandante formado para la discusión política: es reaccionario y en el pasado, cuando lideró el Frente 1 de las Farc-Ep, se declaró en contra de las negociaciones de La Habana, lo que significa que no está realmente interesado en entregar las armas, desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.

InSight Crime destaca de Vera Fernández que su “accionar criminal comenzó hace 20 años, cuando se unió́ a la guerrilla de las FARC-EP. Su inicio fue como guerrillero raso, pero se especializó rápidamente como francotirador y explosivista dentro del Frente “Armando Ríos”, en San José del Guaviare… se perfila como uno de los líderes disidentes más violentos con una actitud marcada contra la población civil”.

A sus 48 años, Iván Mordisco es un guerrillero joven que está viviendo su gran momento por estar al frente de unas disidencias, a pesar de su pobreza discursiva y cultural, compartida con los hombres y mujeres bajo su mando. Podrán pasar varios años antes de que entienda que jamás se tomará el poder a tiros. A lo mejor pensará que caer en un algún combate con el Ejército le da la gloria suficiente para que sus dirigidos continúen su anacrónica lucha.

Por lo que ha trascendido, su poder de mando no tiene contraparte como en los tiempos del Secretariado de las extintas Farc, en donde internamente se discutían asuntos estratégicos y se unificó la decisión de negociar con el Estado. La condición de disidencia constituye también un problema político con el que los negociadores del gobierno deben lidiar, en la medida en que el grupo subversivo no tiene la capacidad de daño y de copar grandes extensiones de territorio que sí tuvieron las antiguas Farc-Ep.

Su condición de disidencia choca con el cansancio de gran parte de la sociedad colombiana por la presencia de las guerrillas. El proceso de paz de La Habana le resto legitimidad a la lucha armada. El único camino posible que les dejó el tratado de paz es el de la inercia, en la que andan desde 2016 los subversivos que obedecen a Iván Mordisco.

En cuanto a la situación de la mesa de diálogo con el ELN, hay que decir que la estructura federada de esa guerrilla es el más grande obstáculo para que internamente el Comando Central (Coce) logre unificar una postura que lleve a todos los frentes a jugársela por una salida negociada al conflicto con el Estado colombiano.

El secuestro extorsivo como herramienta de financiación es otro obstáculo que se suma a la operación de frentes autónomos que no necesariamente comulgan con las directrices emitidas por los comandantes que se envejecieron en la lucha armada, sin haber conseguido tomarse el poder y transformar el modelo económico y político, esto es, insistir en el viejo modelo socialista soviético.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre de la estrella del Liverpool, Luis Díaz, bien puede dar cuenta de la desconexión entre el Frente de Guerra Norte y el comando central. Que se haya asumido como un “error” el secuestro del señor Díaz, de parte de Antonio García, bien puede confirmar la independencia de criterio del frente que finalmente perpetró el plagio del padre del jugador de la Selección Colombia de Fútbol.

Así entonces, los retos de la Paz Total no pasan exclusivamente por las maneras en las que el gobierno ha dispuesto las mesas y llevado hasta el momento los diálogos. La inmadurez política de alias Iván Mordisco, por el lado de las disidencias, constituye un problema que no es menor; y por el lado del ELN, su estructura operativa y la pérdida de liderazgo de sus viejos comandantes, son factores que tampoco se pueden despreciar al momento de evaluar los avances o el fracaso de la Paz Total.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

LA CARTA DE MARÍA JIMENA DUZÁN: ENTRE DESPROPÓSITO PERIODÍSTICO Y MANDADO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La polémica y para muchos insultante “carta abierta” que la periodista María Jimena Duzán escribió y publicó, y en la que insinúa que el presidente Gustavo Petro sufre de una adicción y en la que lo invita a que lo reconozca públicamente, constituye un equívoco periodístico y una pieza de manipulación política y mediática que confluye en lo que el mismo presidente de la República viene denunciando: la configuración en su contra de un golpe de Estado blando.

La respuesta que el presidente Petro dio en referencia a la adicción que se le endilgó, de manera lacónica, con algo de humor, pero con total contundencia reconoció ser adicto a tomar café en las mañanas. 

Duzán no se equivoca en hacerse la pregunta, el yerro se configura cuando el interrogante lo plantea sobre la base de un chisme o de un comentario que muy seguramente le escuchó a alguien; o del que supo de oídas. Los periodistas estamos para hacer preguntas incómodas y estas suelen hacerse durante una entrevista, una rueda de prensa o en cualquier otro momento y de manera directa a la persona.

Apelar a la “carta abierta” debería de ser el último recurso para indagar sobre un aspecto de interés político pues involucra al jefe del Estado, sobre el que recaen incontrastables responsabilidades sociales, políticas, culturales y económicas. Duzán pudo enviarle la misiva al mandatario y esperar su respuesta o un entendible silencio. Sobre ese posible mutismo, su polémica epístola habría tenido más legitimidad y sentido periodístico. Por tratarse de una periodista reconocida y respetada, muy seguramente el presidente Petro le habría invitado a una charla pública, para, en ese mismo escenario, despejar la duda-insinuación que tenía la columnista. Por lo anterior, la “carta abierta” publicada por Cambio parece un mandado político de la centro derecha (derecha vergonzante) de la que es cercana María Jimena Duzán.

Duzán debió analizar muy bien el impacto político y mediático que su misiva tendría. Aquí no hay asomo de ingenuidad en la periodista: ella sabía que daría un golpe de opinión y que su desobligante insinuación y señalamiento entraría a hacer parte de la narrativa del golpe blando. Duzán sabía que ya varios medios y periodistas intentaron en el inmediato pasado generar dudas morales y mentales sobre la capacidad del presidente de la República para gobernar. Si Duzán hubiera hecho un serio ejercicio de análisis periodístico y político, lo más probable es que hubiera desistido de escribir la “carta abierta” al presidente. Pero optó por jugársela por el impacto mediático, lo que deja claro un afán innecesario por figurar, ganar likes y entradas a ver la nota. Eso sí, su osada misiva le permitió desde ya ganar admiración en el espectro ideológico que muy seguramente le reclama que ese es su lugar como periodista. Es decir, Duzán estaría haciendo cálculos políticos de cara a las elecciones de 2026, cuyo ambiente electoral se viene caldeando desde el 7 de agosto de 2022.

Eso sí, y esto no es un reclamo exclusivo para Duzán, esa misma carta abierta debió escribirse, publicarse y dirigirse a expresidentes, vivos y muertos, preguntándole, por ejemplo, a Turbay Ayala, por la fama que tenía de bebedor y por los escándalos en la Casa de Nariño que en la época daban cuenta soldados de la Guardia Presidencial; otra al señor Pastrana sobre el que recaen señalamientos por pedofilia; y otro, por su adicción al poder y a ver derramar sangre, gracias a su política de seguridad democrática que provocó que circularan “tanques de sangre” durante sus largos y aciagos años de gobierno.

Hay que reconocer eso sí, que Petro ha sido errático en la manera como le informa al país sobre su agenda pública. Pero también hay que decir que nunca, ningún presidente de la República resultó tan atacado y observado en su vida privada y pública como el actual mandatario. Era previsible que así ocurriera porque jamás gobernó un presidente de izquierda, en un país y una sociedad goda que siempre se presentó como faro moral, a pesar de la doble moral y vida que muchos de sus dirigentes llevaban. Esos mismos sectores godos y anacrónicos se opusieron y lo hacen aún al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, a pesar de tener dentro de sus miembros a homosexuales temerosos de salir del closet. Lo mismo sucede cuando se oponen a la despenalización del aborto, cuando esa práctica la realizan en clínicas, con el respaldo de amigos y gracias a sus influencias y poder político y económico. Para terminar, hay que señalar que en las grandes ligas del poder político y de la farándula, se sopla de lo lindo. No somos ángeles y María Jimena Duzán, tampoco lo es.

 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

EL TEMOR DE MARÍA FERNANDA CABAL: QUE PETRO TENGA "FISCAL DE BOLSILLO"

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La captura del Estado por parte de clanes y familias adineradas es el bien más preciado que están dispuestos a defender quienes hacen parte de lo que llaman el Establecimiento colombiano; y para ello siempre necesitaron de “fiscales de bolsillo”, amigos todos del presidente de la República y con alguna ascendencia dentro de la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que elige al fiscal general de la Nación de la terna enviada por el jefe del Estado.

Hablar en Colombia de “fiscales de bolsillo” da cuenta del incontrastable poder del presidente de la República y del sinuoso mecanismo de elección en el que está involucrada la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que no escapó a la penetración del ethos mafioso. Recordemos el cartel de la toga que tocó, incluso, a presidentes de ese alto tribunal y a varios magistrados.

Haré un corto listado de hechos jurídicamente relevantes en los que claramente y de acuerdo con serias investigaciones periodísticas y con fallos y dilaciones judiciales han terminado por favorecer a familias poderosas, fruto de esa relación perniciosa que da vida a la preocupación poco genuina de la senadora Cabal por aquello que de que Petro tenga fiscal de bolsillo: 1. El caso Odebrecht. Para este caso, los fiscales generales, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa evitaron que miembros de la familia Sarmiento Angulo fueran tocados por la justicia, lo que significó poner la institucionalidad de la fiscalía al servicio de los intereses de la señalada familia. Hay que advertir que recientemente el Grupo Aval reconoció ante autoridades americanas la comisión de delitos, lo que les ocasionó una millonaria sanción económica y la obligación a colaborar con la investigación que de carácter federal se abrió en territorio estadounidense. 2. El caso Álvaro Uribe Vélez. Quizás es el más evidente caso en el que se nota la decisión del fiscal Barbosa de poner al servicio de la defensa del expresidente y expresidiario, a la fiscalía general de la Nación. En tres ocasiones, por orden directa del fiscal Francisco Barbosa, se solicitó a los jueces la preclusión del caso en el que está involucrado Uribe Vélez en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 3. El caso Char. Investigaciones periodísticas conectan a miembros del poderoso clan político barranquillero, con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. El silencio de la fiscalía es estruendoso. El mismo mutismo conservó el fiscal Barbosa y su fiscalía en relación con denuncias del periodista Gonzalo Guillén que indicaban la operación conjunta entre fiscales y el grupo narco paramilitar, conocido como el clan del Golfo.

La senadora conservadora y uribista, María Fernanda Cabal, en reciente entrevista al portal Semana expresó su preocupación por la elección del fiscal general de la Nación: “…Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho a este país. Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país”.

En una lectura entre líneas es fácil colegir varios asuntos: el primero, que la congresista reconoce que los presidentes en Colombia ponen fiscales, a pesar del mecanismo constitucional de elección del alto funcionario, compartido con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El uribismo, del que hace parte Cabal, lleva años poniendo fiscal general de la Nación, lo que les ha garantizado a varios miembros de familias poderosas y clanes políticos, salvarse de investigaciones e imputaciones por la ya inocultable corrupción público-privada. Baste con recordar a Luis Camilo Osorio, a Néstor Humberto Martínez y al actual y saliente fiscal, Francisco Barbosa, todos amigos del hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo asunto tiene que ver con la preocupación que le asiste a la señora Cabal por la decisión del presidente Petro de combatir la corrupción público-privada y la acción de recuperar el Estado “para el pueblo”, hecho que implica arrebatárselo a las mafias políticas que, de muchas maneras, por acción u omisión, están conectadas con la operación perniciosa de la justicia y con poderosas familias y clanes políticos que guardan silencio ante hechos escandalosos de corrupción.

Y una tercera interpretación de la citada opinión está anclada a lo que pueda estar pensando lo más notable del Establecimiento colombiano ante la posibilidad de que Petro tenga su propia fiscal de bolsillo, de acuerdo con la lectura de la Cabal, como forma de presionar a los más poderosos de Colombia, para que le permitan hacer las reformas sociales que el país necesita. ¿Estarán pensando en darle un golpe de Estado a Petro? ¿O van a preferir llegar a un acuerdo nacional con el presidente de la República, para evitar “complicar mucho más el país”, como lo advierte la senadora María Fernanda Cabal?

Por ahora lo más importante es que la CSJ haga su trabajo y elija a quien será la nueva fiscal general de la Nación. Quien resulte elegida tendrá la obligación ética, moral y política de sacar de la Fiscalía a los fiscales e investigadores corruptos y de hacer una gestión que le devuelva a los colombianos la confianza en la institución. Si la nueva fiscal general decide abrir investigaciones que fueron archivadas de manera interesada por Barbosa o Martínez Neira, ello no la convierte en amiga y ficha de Petro. Por el contrario, será una heroína en un país en el que ser corrupto, paga y de qué manera.  

Imagen tomada del portal Semana.com

PERROS Y GATOS NO HACEN PARTE DE LA FAMILIA: IGLESIA CATÓLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La iglesia católica es una institución universal, toda una multinacional, en gran medida responsable de las insostenibles relaciones que el ser humano consolidó en el tiempo con los ecosistemas naturales. Daré dos ejemplos: el primero, creó la narrativa con la que se le impuso a la mujer el rol exclusivo de reproducir a la especie humana, lo que generó la sobrepoblación del planeta y las crisis climáticas asociadas a las ideas de desarrollo y progreso, también reproducidas y aplaudidas desde los púlpitos; y el segundo, con ese mismo discurso, coadyuvó a que los humanos vieran como inferiores a los animales, lo que desató largos procesos de dominación, domesticación y control poblacional de acuerdo con las necesidades humanas. Es decir, evitó la discusión alrededor de la coexistencia entre animales no humanos y el animal humano, especie dominante sobre las demás.

Estamos pues, ante una organización históricamente conservadora, goda, homofóbica y antropocéntrica y por ello, enemiga de los animales no humanos. Fernando Vallejo ya lo había advertido al explicar su distanciamiento con la iglesia católica y con su dios: “la infame Iglesia no quiere a los animales y se las da de buena y misericordiosa habiendo sido cruel y asesina hasta donde pudo…”.

Lo anteriormente dicho sirve de marco cultural y circunstancial para entender la postura que recién asumió la iglesia católica alrededor de la familia multiespecie. La discusión de fondo está en si los animales no humanos, en particular perros y gatos, no pueden considerarse como miembros de la familia humana y mucho menos, reconocerlos como “hijos”.

En el periódico EL COLOMBIANO, godo de tradición, se lee lo siguiente: “Porque la familia está conformada por humanos, los padres, los hijos, que corresponde a ese nivel de especie, ya cuando son integrados animales no hay necesidad de llamar familia multiespecie, simplemente son animales que son queridos, respetados, se les brindan los cuidados esenciales, pero sin necesidad de atribuirles la personalidad humana”, señaló el padre Raúl Ortiz, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC)”.

La postura de la iglesia católica, además de anacrónica, es fruto del discurso antropocentrista con el que validamos el rol dominante del ser humano. No se trata de “humanizar” a los animales no humanos de compañía. De lo que se trata es de bajarle un poco a la arrogancia que se desprende de esa narrativa antropocéntrica que pone al ser humano en el centro del universo, a pesar de las evidencias de su estupidez y de su perversa inteligencia. Baste con mirar el genocidio contra el pueblo palestino, para entender que solo el animal humano es capaz de crear los escenarios más ignominiosos y aberrantes. Más bien lo que debemos es hacer es dedicar más tiempo a observar los comportamientos de los animales no humanos, para ver si superamos, por ejemplo, la homofobia, el clasismo y el racismo, problemas surgidos de las entrañas del humanismo que la iglesia católica promueve.

La creciente convivencia con animales no humanos debería de concitar la discusión no alrededor de si aceptamos o no considerar a perros y gatos como miembros de la familia, sino en torno a la soledad y por supuesto, a todo lo que positivamente se reconoce del compartir nuestra existencia con la nobleza, la mansedumbre y la buena vibra de perros y gatos.

Por esta postura y otras es que millones de seres humanos (animales humanos) abandonaron a la iglesia católica, convertida en una sinuosa multinacional en la que se recrea y valida, entre otras conductas, la pederastia y la pedofilia, así como la corrupción, el tráfico de influencias y la aceptación de la crueldad de las guerras y los conflictos alimentados desde los púlpitos.

Qué tiene de malo considerar como hijos a perros y gatos, cuando conviven bajo un mismo techo, logran comunicarse y hacerse entender; estos mismos maravillosos seres generan momentos de alegría y sosiego; muchos de ellos son el soporte emocional para cientos de miles de seres humanos, labor que bien se equipara a lo que pueden brindar amigos o familiares.

Muchos de los adjetivos que Fernando Vallejo usó en la introducción a su libro, La Puta de Babilonia, con el firme propósito de cobrarle a la iglesia católica “sus cuentas pendientes”, sirven para advertir que dicha multinacional, como creación humana, no constituye de ninguna manera, un faro moral y ético para reestablecer nuestras relaciones con la naturaleza.

Imagen tomada de Caracol noticias. 

 

 

ELN Y EL SECUESTRO DE LUIS MANUEL DÍAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que el ELN haya secuestrado y tenga aún en su poder a Luis Manuel Díaz, confirma que dentro de esa organización armada ilegal hay estructuras que operan de manera autónoma, lo que significa que el Coce (Comando Central) exhibe un liderazgo y un control político parcial de todos los frentes, fruto del carácter federado que caracteriza a esa guerrilla; igualmente, la misma retención ilegal del padre del jugador de fútbol, Luis Díaz, reafirma lo que históricamente se ha dicho de esa guerrilla al momento de hablar de paz y  firmar un armisticio: que no hay voluntad real por parte de varios de sus frentes, cuyos miembros operan como ruedas sueltas y gravitan bajo la misma lógica de ladrones de celulares, de ganado y bandidos de poca monta: sin formación política y con una nula capacidad para entender el momento histórico por el que atraviesa el país.

Las reacciones mediatizadas de rechazo al secuestro del papá del afamado “crac” del fútbol mundial también confirman que desde los medios de comunicación se revalida la existencia de “secuestrados de primera, segunda y de quinta categoría”, clasificación que es el resultado de una sociedad profundamente clasista, circunstancia que obviamente compromete las acciones y la eficacia del Estado a la hora de rescatar a los plagiados.

En los tratamientos periodístico-noticiosos, los colegas periodistas ponen tanto el foco en lo que representa para el fútbol el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, que anulan su existencia como víctima, al insistir en hablar casi exclusivamente del secuestro del Papá de Lucho Díaz. Por supuesto que ambos son víctimas, pero al hacer el énfasis en la figura del jugador de fútbol, se recrea una sutil subvaloración de su progenitor.

Los periodistas que se rasgan las vestiduras por la mala imagen que genera la retención ilegal del padre del astro del fútbol, olvidan que ya el mundo entero conoce de qué hemos sido capaces de crear, recrear y aguantar como sociedad y como Estado: criminales como Garavito, Pablo Escobar Gaviria y los Rodríguez Orejuela; Salvatore Mancuso y alias Don Berna, entre otros tantos bandidos de renombre; que como país ocupamos los primeros lugares en corrupción y desplazamiento interno de comunidades campesinas; que el Estado asesinó a más de 6402 jóvenes en el marco de la política de la Seguridad Democrática; y que por delitos graves está incriminado, investigado y procesado un expresidente de la República. A lo que hay que sumar que hay “gente de bien” (blancos y mestizos que se creen arios) que sale a asesinar indígenas y manifestantes que reclaman la garantía de sus derechos constitucionales.

No hay razones que puedan “justificar” el secuestro de civiles, sean estos extranjeros, periodistas, empresarios o familiares de deportistas. El plagio de seres humanos es un crimen aberrante y execrable que cometen estructuras delincuenciales con débiles propósitos políticos. El ELN es hoy una estructura armada lumpenizada y anacrónica en la que confluyen dos o tres comandantes con alguna formación política y un cuerpo armado representado por ignorantes y estúpidos que se comportan como sicarios, ladrones de billeteras o abigeos.

Imagen tomada de Las 2 Orillas. 

EFECTOS POLÍTICOS DE TRANSMILENIO Y EL METRO DE BOGOTÁ

 

Por Germán Ayala Osorio

Bogotá no tiene metro, pero tiene un infame, costoso e ineficiente sistema de transporte masivo, llamado Transmilenio. La construcción del Metro lleva más de 50 años, lo que deja en entredicho el profesionalismo de los planificadores y la visión de ciudad de todos los alcaldes que promovieron su construcción. Al final, en la ya novelada concepción del Metro aparecen la mezquindad de unos cuantos, los intereses partidistas y por supuesto los egos de varios de los actores intervinientes.

La verdad es que los peores enemigos del Metro de Bogotá han sido los vendedores de buses. La capital tuvo Tranvía y buses eléctricos, pero sus administradores dieron prioridad al transporte tipo buses a gasolina y diesel, que dieron vida a la “guerra del centavo” y aportaron a que los bogotanos respiraran un aire contaminado.

Con la llegada de la tecnología y la “modernidad”, emergió Enrique Peñalosa como el más dañino de los vendedores de buses, pues logró poner por encima del Metro, el sistema de buses articulados movidos por diesel. Un sistema que en pocos años colapsó y ahora constituye una vergonzosa apuesta de transporte público.

Peñalosa, el vendedor de los buses articulados marca Volvo, logró que aspirantes a sucederlo en la alcaldía, e incluso, presidentes de la República, le copiaran su “gran idea” de imponerle a los bogotanos el sistema Transmilenio. Incluso, el mismo Peñalosa se atrevió a decir que esos buses cumplían mejor la función que el Metro de Nueva York.

En la presentación de los planes de su construcción, aparecen también los intereses político-electorales de los presidentes de la República, que vienen incidiendo en el desarrollo de la capital del país.

Durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez se dio prioridad a la consolidación del sistema de buses que trajo e impuso Peñalosa. En un titular de prensa de la época y en la propia bajada de la nota periodística, se lee lo siguiente: “Uribe sugiere que la prioridad de Bogotá sea el Transmilenio antes que el metro. El presidente Álvaro Uribe le sugirió a la alcaldía de Bogotá que termine el proyecto de Transmilenio, tal y como estaba previsto, antes de pensar en la construcción del metro”.

En perspectiva histórica y política, lo que hizo Uribe fue “quemar” para el futuro, las aspiraciones presidenciales de Enrique Peñalosa, un ladino personaje que se vendió a los bogotanos como un urbanista moderno, con criterio ambientalista y un excelente administrador. Al final, los bogotanos y el resto de los colombianos se dieron cuenta que era un timador.

La injerencia política del presidente Petro en el aprobado proyecto de Metro terminó por quemar a su ungido Gustavo Bolívar, a quien los medios masivos bogotanos lo presentaron como un opositor al Metro y por lo tanto, un enemigo de los bogotanos que ya están “mamados” de moverse en los destartalados buses rojos.

Después de Peñalosa, llegaría la alcaldesa Claudia López Hernández, admiradora del vendedor de buses Volvo y de su sistema Transmilenio. Ella, a pesar de sus críticas en medio de la campaña electoral, dio continuidad al nefasto sistema una vez resultó electa alcaldesa, y logró que el modelo de Metro que se construirá esté prácticamente supeditado a la operación de los buses articulados.  Lo más probable es que al haber condenado a los bogotanos a continuar usando Transmilenio, López Hernández no logre llegar a la Casa de Nariño, aspiración que sin duda la mueve a continuar en la arena política.

Con la llegada de Carlos Fernando Galán al Palacio Liévano, el modelo Peñalosa-López continúa, ahora con una primera línea de Metro elevado, lo que bien podría terminar muy mal desde el punto de vista paisajístico y estético. Ya veremos si Galán también sale quemado, porque lo más probable es que aspire, en el 2026, a gobernar a todos los colombianos desde la Casa de Nariño.

Mientras inicia la construcción del anhelado Metro, los bogotanos deben seguir moviéndose en los contaminantes y vejestorios buses de Transmilenio y mirando con miedo la operación del Tren de Aragua.

Imagen tomada de la Empresa Metro de Bogotá.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACEPTA LA TERNA PARA FISCAL: GOLPE A BARBOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acaba de informarle al país que acepta la terna enviada por el presidente de la República, para escoger la nueva fiscal general de la nación. Al fijar el cronograma para que las ternadas expongan ante los togados sus visiones de la fiscalía y proyectos a ejecutar, el alto tribunal niega la sucia y hedionda insinuación que en su momento hizo el saliente fiscal, Francisco Barbosa, cuando se atrevió a decir que “lo mejor que le podía pasar al país es que Martha Mancera quedara al frente de la fiscalía”, su mano derecha.

Aunque la CSJ evitó llamarle la atención a Barbosa por sus silencios ante denuncias periodísticas por la captura mafiosa y criminal de la entidad, o por sus intervenciones en política y el agrio enfrentamiento personal e institucional con el presidente de la República y la presidencia, con la aceptación de la terna, los magistrados mandan un positivo mensaje institucional de cara a recuperar para el Estado de Derecho al ente investigador, que Barbosa convirtió en un bufete de abogados al servicio del expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Cualquiera de las juristas que resulte designada como la nueva fiscal general de la Nación recibirá a una entidad permeada por un ethos mafioso y criminal emanado de bandas criminales y narcotraficantes que de tiempo atrás corrompieron y capturaron a fiscales e investigadores. Deberá trabajar la nueva fiscal para borrar toda conexión que hayan dejado los fiscales Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y claro, las que dejará el inefable y ladino Francisco Barbosa.

Una vez recuperada la fiscalía para el Estado de derecho, el pulso político del presidente Petro con Sarmiento Angulo y el clan Char, entre otros actores políticos y económicos, podría terminar al favor del jefe del Estado, siempre y cuando la fiscal elegida asuma con vehemencia y decisión limpiar la entidad y sacar a todos los corruptos que la pusieron al servicio del clan del Golfo y del uribismo.

Hasta el último día como fiscal general, Barbosa dejará ver su pobre talante, su ignorancia en temas jurídicos, en particular en derecho penal; y su enorme ego, el mismo que le permitió auto alabarse diciéndole a un medio de comunicación que él era el hombre más preparado del país. Sin duda alguna, Barbosa es un homúnculo, un abogado sin criterio y con todos los vicios de los políticos tradicionales en Colombia.

En el 2026 lo veremos como candidato presidencial, con el apoyo de Fenalco y del uribismo. Ya el país conoce de su talante y de su egocéntrico carácter, razón por la que votar por Barbosa sería un acto de total complicidad con un operador judicial que le hizo mucho daños a la fiscalía general de la Nación.

Imagen tomada de Blu radio.