Por Germán Ayala Osorio
Con el comunicado que la Presidencia
de la República alojó en su página web, en referencia a la publicación de
noticias falsas por parte de varios medios masivos (El TIEMPO y Semana, en particular),
las tensas relaciones entre el presidente de la República y la prensa hegemónica
y corporativa pasaron de simples controversias en la red X, a un asunto político
que le permite a Petro no solo "graduar" a las empresas mediáticas como actores
políticos en oposición, sino de elevar su temerario actuar a un asunto de Estado
e incluso, de seguridad nacional.
No se trata de un simple llamado
de atención a las directivas de los medios masivos comprometidos en la
construcción de fake news y a sus periodistas. Por el contrario, se trata
de una confrontación directa que pone en evidencia que dichas empresas mediáticas
siguen instrucciones de sus propietarios, lo que supone que las reuniones de
estos últimos con el presidente de la República de cara a lograr un Acuerdo Nacional
no han servido para desactivar la campaña mediática de desprestigio que
emprendieron desde el 7 de agosto de 2022.
Nunca hubo en el país una
comunión de esfuerzos entre medios masivos con el firme propósito de desestabilizar
a un gobierno, como la que podemos ver hoy. El objetivo del golpe de Estado
blando lo quieren lograr con base en tratamientos noticiosos amañados y
tendenciosos. La manipulación perversa del hecho noticioso relacionado con el
incremento del impuesto predial confirmó el interés de EL TIEMPO y de Semana de
engañar a sus lectores y confundir al resto de la opinión pública. Insisto: no
se trata simplemente de ligeras interpretaciones fruto de una lectura rápida del texto del proyecto de ley, en cuestión. No. En este caso la intención
manifiesta era generar malestar social en propietarios urbanos, a pesar de que
la iniciativa busca que los grandes terratenientes rurales, que pagan muy poco
predial por grandes extensiones de tierra, paguen al fisco lo que deben de
pagar de acuerdo con la actualización que deberá hacer el Instituto Agustín
Codazzi. Con ese proyecto de ley el gobierno de Petro estaría dando cumplimiento
al catastro multipropósito que hizo parte de lo acordado en La Habana entre el
Estado y las Farc-Ep.
En varios pasajes del comunicado
se puede leer entre líneas lo que en esta columna indico: “Porque los
objetivos sociales propios y adelantados en el Gobierno del Cambio son
contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los
medios y a su propia visión de la sociedad colombiana". Al construir
el rechazo al Gobierno con la reproducción de la mentira y manipular así a
sectores de la población con una indignación mal fundada como pasó con la
noticia falsa del predial, por ejemplo, lo que se construye es una senda social
para el apoyo de un violento gobierno de extrema derecha”. A lo anterior se suma que las empresas mediáticas estarían violando el artículo 20 de la Constitución Política.
Por el bien del país, los
banqueros Gilinski y Sarmiento Angulo están en la obligación moral y ético-política
de desactivar el plan contra Petro, dejando de usar a sus medios Semana y EL TIEMPO
como instrumentos políticos y ruedas de transmisión de sus intereses corporativos
desestabilizadores. Al parecer, poco les importa que sus empresas mediáticas
pierdan credibilidad y exponer a sus periodistas al desprestigio social, con
tal de generar una crisis política y social que logre deslegitimar al actuar
gobierno.
Convendría a los propietarios de EL
TIEMPO y Semana leer al columnista Álvaro Forero, quien, en reciente columna en
El Espectador, sostuvo que “un eventual fracaso de Petro no garantiza el
triunfo de la derecha, también podría desencadenar una reacción populista
contra quienes frenaron el cambio y alentar una propuesta de cambio extremo que
incluya asegurar mayorías en el Congreso para garantizar que no les suceda lo
mismo que a Petro”.
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