COP26 y COP28: CONSUMO, REPRODUCCIÓN HUMANA Y CAPITALISMO

Por Germán Ayala Osorio

Está por comenzar la COP28, otra gran cumbre climática que servirá para firmar compromisos y buenas intenciones, mientras las crisis climáticas arrecian con mayor fuerza. La reflexión que a continuación presento, la expuse durante la COP26. Los asuntos o variables aquí expuestas están vigentes.

En el marco de la cumbre ambiental COP26, nuevamente aparecen las promesas de los asistentes de reducir las emisiones de CO2 y por ende, descarbonizar la economía. Pero muy poco se habla de tres asuntos importantes de cara a enfrentar los desafíos y los problemas que ya genera el cambio climático. Los tres están interconectados. El primero, el consumo cotidiano de productos, en particular de tecnología (celulares y vehículos, entre otros), el segundo, las prácticas productivas ancladas a la obsolescencia programada y el tercero, y quizás el más polémico, la reproducción humana.

Suena complejo pensar en diseñar campañas pedagógicas a nivel mundial, conducentes a que los millones de consumidores del mundo, por un momento, revisen los impulsos que los llevan a querer cambiar cada dos años vehículos, televisores y celulares, entre otras mercancías. Quizás si se hicieran más durables esos equipos, entonces no habría la pulsión de quererlos cambiar antes de que la obsolescencia programada les ponga fin o empiecen a presentar fallas en su funcionamiento. Así, tanto el consumo enfermizo de mercancías, como la acción intencional de fabricar equipos cuya vida útil ha sido programada por los fabricantes que buscan sobrevivir en un mercado competitivo, son factores que van de la mano y que deberían de hacer parte de la discusión en las cumbres ambientales. En estas suelen asumirse compromisos macros, sin que estos factores hagan parte de las responsabilidades que deben adjudicarse de manera sincera  los países desarrollados y los que aún están, equivocadamente, buscando alcanzar esos niveles de desarrollo (desarrollismo).

Sobre el espinoso asunto de la reproducción humana poco se habla por cuanto el sistema capitalista está montado sobre la garantía de que habrá nuevos ciudadanos-clientes, es decir, nuevos agentes al servicio del sistema universal de dominación y transformación de los ecosistemas que el ser humano viene consolidando desde tiempos inmemoriales. Si lo que hoy afronta el mundo es una crisis civilizatoria, como lo aseguran varios académicos, entonces lo que hay que revisar a fondo es la condición humana, su presencia dominante, pero, sobre todo, sus acciones depredadoras y altamente disruptivas, que la hacen ver como una plaga incontrastable. La única capaz de modificar sustancialmente estructuras reproductivas y de romper conexiones sistémicas. No es gratuito que hoy se hable del Antropoceno, como la actual era geológica.

Aunque se advierte un decrecimiento de la población y el consecuente envejecimiento en varios países de Europa e incluso, en América Latina, en la India y varios países africanos y la población de China, la población aumenta. Hay que pensar en detener la paridera, para que el planeta descanse de una especie depredadora y dañina como la especie humana. Somos perjudiciales y aviesos, de ahí la violencia contra la naturaleza y nosotros mismos.

Lo dicho por el secretario de la ONU, Antonio Guterres, debería de concitar discusiones y reflexiones que conduzcan de verdad a revisar la fatal incidencia de una especie que, como la humana, se jacta a diario de haber creado una vida artificial que le ha permitido sobrellevar sus debilidades naturales(biológicas), e imponerse sobre las otras especies, en el marco de acciones conscientes-inconscientes de toma de distancia de la naturaleza y de una histórica negación de su pertenencia a las complejas relaciones rizomáticas que dan vida a eso que llamamos naturaleza.

Guterres señaló que “es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba". A pesar de la fuerza semántica, lo dicho por el funcionario de la ONU solo quedará en los registros periodísticos. Y es así, por cuanto hay una inercia civilizatoria que el ser humano ya no maneja y no puede controlar. De esa inercia civilizatoria hacen parte el mercado, el consumo, la reproducción humana y el sistema capitalista. A esos tres factores o elementos hay que sumarle dos más: de un lado, la ciega confianza en que la tecnología servirá para mitigar y enfrentar los problemas generados por las crisis climáticas. Del otro lado, la aspiración de vivir en escenarios tan artificiales, que ya pueda hablarse y situarse en un mundo postnaturaleza. Y para ello, necesitará avanzar en la consolidación de un poshumanismo, lo que nos conducirá, muy seguramente, al nacimiento de un nuevo ser (poshumano) no solo capaz de sobrevivir en medio de difíciles condiciones atmosféricas, sino alejado de cualquier preocupación o angustia ética y moral, por aquellos que no alcanzaron a crear aquellos escenarios alta y tecnológicamente artificiales que les garanticen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras se toma consciencia, la especie humana seguirá convirtiendo el planeta en una maloliente letrina, en un basurero de carros, motos, celulares, llantas, lavadoras e impresoras, entre otras tantas mercancías, sin asumir que se convirtió en una peligrosa plaga. 

Sin duda alguna,  olvidarnos de la fragilidad del ser humano, e ignorar la de los ecosistemas naturales, nos convirtió en una peligrosa especie. Quizás los conflictos, las crisis y los problemas socioambientales y ecológicos que hemos generado se expliquen en virtud a que somos finitos y el sabernos así, es la fuente de nuestros errores al dominar el planeta como lo hemos hecho. Y más complejo se torna esa realidad, cuando es la cultura dominante la que termina por tapar esos errores, minimizar sus impactos y legitimar las soluciones que la ciencia, la tecnología y la técnica suelen proponer para paliar los daños ambientales.

Imagen tomada de Canal 1. 

MAL AMBIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

 

Con el retorno de lo que se conoce como el “Uribismo” al poder, esa parte de Colombia que dijo SÍ al Acuerdo de Paz, en el innecesario plebiscito del 2 de octubre de 2016, sabía lo que se vendría para el país con la llegada del dócil y sumiso Iván Duque Márquez a la Casa de Nariño. Así, retornaron las siempre selectivas y ejemplarizantes masacres de grupos paramilitares; se dio continuidad y se consolidó el Genocidio Político de los firmantes de la paz (ya van 220); se aceleró la violencia estatal contra los campesinos (más de 200 líderes y lideresas asesinados) que se acogieron a la política y a los planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito; y desde la bancada del Centro Democrático se enfilaron baterías jurídico-políticas para frenar, entorpecer y debilitar aún más el delicado proceso de implementación del Acuerdo Final II.

El mismo Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe Vélez, enfiló, tempranamente, baterías en contra del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. Y lo hizo, al objetar varios artículos de la ley estatutaria que daba vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mismo tribunal que de tiempo atrás recibió y recibe presiones y ataques desde la Fiscalía General de la Nación, desde las huestes del Centro Democrático y recientemente, indebidas presiones de Iván Duque Márquez, al exhortar a los magistrados de dicho Tribunal de Paz para que rápidamente definan responsabilidades penales en contra de los comandantes de las Farc-Ep comprometidos de manera directa en el reclutamiento de menores para la guerra;  la exigencia de Duque la hace en medio de su silencio cómplice frente al sistemático asesinato de excombatientes farianos y en relación con el reciente y forzado traslado del ETCR de Ituango, por presiones de grupos paramilitares, entre otros hechos que expresan con preocupante claridad el poco compromiso de él y del Gobierno que representa, con la consolidación de una paz estable y duradera. Y claro, Duque no exige la misma celeridad a la JEP en los casos que comprometen a exmilitares de alto rango en los casos de los “Falsos positivos”.

Hay que decirlo con total contundencia: Duque y el “uribismo” se han encargado de generar un mal ambiente a la Paz y  a la implementación de lo acordado. Y lo han hecho no solo con pronunciamientos destemplados de Archila y Ceballos, sino con acciones y decisiones administrativas conducentes a debilitar la confianza de los firmantes de la paz y comparecientes a la JEP. Sobre este asunto, la JEP acaba de ordenarle al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

Además de todo lo señalado líneas atrás, hay otros hechos que aportan a la generación de un mal ambiente a la construcción de una paz estable y duradera. Ya casi nadie se acuerda de las 16 curules que debieron ser entregadas a las víctimas de los actores armados.

En materia castrense, el mal ambiente que genera Duque lo logra con los ascensos de los generales  Nicacio de Jesús Martínez Espinel (retirado por presiones del gobierno norteamericano) y Eduardo Enrique Zapateiro, recientemente ascendido al grado de General. Se trata del mismo oficial que lamentó la muerte del sicario, alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante y también asesino, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se ve nada bien que un alto oficial del Ejército lamente públicamente  la muerte del “popular” asesino y no exprese lo mismo cuando a diario en Colombia matan lideresas y líderes sociales, defensores de los derechos humanos y del ambiente y firmantes de la paz.

Al conformar una cúpula tropera el gobierno de Duque no solo manda un mensaje claro al ELN, sino a los mismos firmantes de la paz, en la medida en que los oficiales troperos suelen ser los instrumentos por donde transpira esa Colombia que dijo NO al Acuerdo de Paz ese adverso 2 de octubre de 2020. Pensar en una cúpula cercana a la Paz, como la que en su momento diseñó Santos Calderón, constituye un exabrupto para Duque y para el llamado “uribismo”. A lo que hay que sumar que el general Zapateiro tiene varias investigaciones en curso y está comprometido con los perfilamientos y acciones de inteligencia que desde el Ejército y con recursos entregados por los Estados Unidos se hicieron contra periodistas y  operadores políticos de la Oposición. Y lo que es peor para Colombia, es que  quedan dos años para que el “uribismo” pueda consolidar el ya evidente Mal ambiente para la Paz y quizás intente ir más allá.

 

Imagen tomada de Pluralidad Z

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ALIANZA VERDE: UN PARTIDO QUE AÚN NO MADURA UN DISCURSO AMBIENTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El discurso ambiental y con este la defensa de los “ecosistemas naturales-históricos”, así como la narrativa que valida el cambio climático como realidad inobjetable, vienen perdiendo terreno en el ejercicio de la política, circunstancia que aporta al debilitamiento del ambientalismo como movimiento social, con vocación política.

No hay en Colombia hoy un partido político que recoja esas banderas, aunque varios de los miembros de colectividades como el partido Liberal y Alianza Verde, entre otros,  expresan interés por hablar de desarrollo sostenible, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, en medio de un empobrecimiento generalizado del discurso ambiental o lo que quizás es peor, de la reducción de su discusión y estudio a los claustros de las universidades privadas y públicas alejadas de las realidades socio ambientales de las comunidades campesinas y ancestrales que soportan un desarrollo económico basado en actividades propias de una economía de enclave.

En el portal de la Alianza Verde está alojada la cartilla Somos ambiente en la que aparece un texto de Antana Mockus, a manera de presentación, en el que se lee: “hoy más que nunca el Partido Alianza Verde tiene claros sus propósitos y su compromiso con el ambiente en Colombia. Debemos actuar ahora por la protección y preservación de nuestras fuentes de vida, nuestros recursos naturales y nuestra extraordinaria biodiversidad, promoviendo el uso de energías limpias, el consumo responsable y el desarrollo sostenible, para garantizar las oportunidades del mañana”. También aparecen opiniones de Brigitte Baptiste, Jorge Londoño y Carlos Amaya.

Los congresistas más visibles de la Alianza Verde poco o nada hacen referencia al cambio climático, a los monocultivos y al modelo de la gran plantación que generan graves impactos socio ambientales y ecológicos, al igual que la ganadería extensiva y el crecimiento desordenado de ciudades capitales e intermedias.

La pobreza discursiva de los congresistas de dicha colectividad bien se puede explicar porque su mayor preocupación hoy está, en varios de sus militantes, en torpedear las reformas sociales del gobierno Petro y otros, en mantener su apoyo, sin que, a ambos sectores, los una conceptos claves asociados a la discusión sobre el desarrollo, el ambiente y la sostenibilidad. Lo que sí lo une es la incapacidad de pensar sistémicamente, con miras a conectar los problemas de salud pública, con el modelo de desarrollo, los paisajes monótonos de monocultivos como la caña de azúcar y el aguacate Hass que, aunque verdes, responden a la lógica de los mal llamados “ecosistemas emergentes” con los que se rompen conexiones ecosistémicas entre plantas y animales y se afectan los nichos ecológicos de especies silvestres que en sirven como bioindicadores.

Usar el vocablo Verde y no erigirse como un partido ambientalista en los tiempos del cambio climático constituye una burla al ambientalismo colombiano y una acción propia del greenwashing.

Como país biodiverso, el país necesita de por lo menos un partido verde que realmente esté comprometido con la revisión del modelo de desarrollo económico basado en lo que se conoce como el agro extractivismo. Colombia necesita un partido político que tenga un centro de pensamiento ambiental conectado con la academia y con el sentir de las comunidades afectadas por la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos (legales e ilegales), la deforestación y el crecimiento desordenado de las ciudades, sostenido este en la vieja idea de que lo rural es sinónimo de atraso y lo urbano, de progreso y bienestar.

Imagen tomada de Semana.com

BARBOSA ARREMETE NUEVAMENTE CONTRA EL PRESIDENTE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pocos meses de dejar su cargo, Francisco Barbosa arremete contra el presidente de la República por los cuestionamientos que el jefe del Estado le hizo a la fiscalía en razón a los vínculos que tendría con el narcotráfico Francisco Javier Martínez Ardila, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, de la sede de Buenaventura.

Nuevamente Gustavo Petro da total credibilidad a versiones periodísticas que indican que la Fiscalía está al servicio o permeada tanto por estructuras mafiosas, como por miembros del Clan del Golfo a quienes no se les persigue y por el contrario, se les protege. Sobre lo primero, informó el Daniel Coronell. Sobre lo segundo, en su momento lo hizo el también periodista, Gonzalo Guillén.

Barbosa dejó ver su talante rabioso y la animadversión que le produce Petro, a quien siempre, en sus rifirrafes, le recuerda su pasado guerrillero, olvidando un hecho clave: su desmovilización y acogimiento a las normas de la democracia. Los frecuentes enfrentamientos entre Petro y Barbosa son, además de personales, institucionales, lo que hace pensar en que lo mejor que le puede pasar al país es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija la nueva fiscal en los tiempos estipulados o quizás antes, para evitar la interinidad de Martha Mancera, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, es quien maneja los hilos más oscuros dentro de la fiscalía general de la Nación. Barbosa aspira a que su mano derecha quede al frente de la Fiscalía, en una soñada dilatación del proceso de elección de la nueva fiscal por parte de los magistrados de la CSJ, quienes ya escucharon a las aspirantes a suceder al actual fiscal general de la Nación.

Al verse confrontado por el presidente de la República y el periodista Daniel Coronell, Barbosa movió el aparato institucional para provocar resultados operacionales que en lugar de despejar las dudas que recaen sobre Martínez Ardila, terminaron por ensuciar aún más la imagen negativa que arrastra el ente investigador desde los tiempos de Luis Camilo Osorio y la consolidación de las suspicacias que circulan en la opinión pública en torno al funcionario, que en lugar de ser removido de su cargo, fue trasladado de Buenaventura.

El traslado de Martínez Ardila no aclara lo que Coronell denunció en reciente columna y que compromete directamente a la vicefiscal Martha Mancera, quien estaría protegiendo al director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la sede del puerto sobre el Pacífico.

En tono desobligante, el comunicado de la Fiscalía señala lo siguiente: “Con relación a las afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica que la Fiscalía ha sido “utilizada para exportar cocaína” y proteger delincuentes en Buenaventura (Valle del Cauca); y con ocasión de una publicación que divulgó parcialmente unos audios, los cuales hacen parte de una investigación contra una red narcotraficante que tiene injerencia en Buenaventura…”

Nótese que, en el comunicado, muy seguramente escrito por indicación y aprobación de Barbosa, se fustiga en mayor grado lo dicho por el presidente, a quien lo trata de mentiroso y tendencioso, mientras que en referencia al periodista Coronell se deja entrever que a los audios que reveló el periodista, le faltarían partes que, de acuerdo con el sentido del comunicado, no darían para colegir que Martínez Ardila anda en “malos pasos” y que mucho menos, está siendo protegido por Martha Mancera.

Lo cierto es que la narrativa que indica que la Fiscalía, desde los tiempos de Luis Camilo Osorio, pasando por las administraciones de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, viene permeada por estructuras criminales (narcotraficantes y paramilitares) que lograron capturar unidades de investigación, fiscales e investigadores, se consolida dentro y fuera del país. La embajada de los Estados Unidos está encima de lo que está aconteciendo con la Fiscalía y sigue de cerca las reacciones temerarias de Barbosa.

Insisto: la nueva fiscal general de la Nación está en la obligación de recuperar la Fiscalía para el Estado y la sociedad. Y para lograrlo, deberá pedir ayuda a las autoridades americanas e incluso, al Scotland Yard.

 Imagen tomada de Semana.com

APLAUSOS PARA EL ETHOS MAFIOSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso nacional e internacional alrededor de la idea de que el más grave problema de Colombia es la corrupción público-privada. Esa realidad, en lugar de avergonzarnos, se asume en varios sectores societales y en particular en el mundo de la política, como una condición asociada a ser vivo, sagaz, avispado, intrépido, brillante e inteligente. Y es así, porque ser corrupto sí paga desde la perspectiva de la economía del delito: se roban millones, devuelven el 10% de lo robado, arreglan con la justicia y les dan la casa por cárcel por dos años. Y lo que es mejor, pueden seguir “politiquiando”.

Prueba de la entronización, naturalización y la admiración que despiertan los corruptos la dio el congresista Paulino Riascos, quien en sesión de la Comisión IV del Senado solicitó un “minuto de aplausos” para el corrupto senador, Mario Castaño, líder de la organización criminal conocida como el cartel de las Marionetas.

Aunque sus colegas dieron un “minuto de silencio” por la muerte en prisión del político corrupto, Riascos no quedó contento pues lo que él quería era que se diera, por un minuto, un cerrado aplauso por todas las fechorías cometidas en vida por Mario Castaño.

Paulino Riascos, una especie de “Manguito” o quizás también sea otro “Anatolio” que logró colarse en el Pacto Histórico, consideró que el fallecido era digno de aplausos por ser el cerebro del robo de por lo menos 43 mil millones de dineros públicos. Esto espetó el folclórico senador Riascos: “Quería pedirle que realicemos en esta plenaria no un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos por nuestro colega, a quien no conocí en persona, a quien no traté en persona, pero por la referencia que me dieron ustedes en este escenario lloré el día que se dio la noticia, igual que ustedes en sus casas, y ese es el senador Mario Castaño”.

A Riascos solo le faltó solicitar la elaboración de una placa que exaltara la viveza y la capacidad criminal de Castaño. Con su escabrosa e inmoral petición, Riascos validó el ethos mafioso que guió la vida del senador que falleció al interior de la cárcel La Picota. Ahora, los miembros de la Comisión IV del Senado que le copiaron a medias la solicitud de Riascos, debieron abstenerse o de fustigar la petición del congresista, por considerarla, por lo menos, improcedente.

La insólita, pero comprensible solicitud de Riascos confirma que ser corrupto en Colombia no constituye una vergüenza o insulto, por el contrario, serlo cuenta con la admiración de colegas, amigos y de una parte de la sociedad colombiana.

Imagino que, pasados unos días, el propio Riascos liderará una visita masiva al camposanto en donde reposan los restos mortales de este ícono de la corrupción política en Colombia. Paz en la tumba de este “neo prócer” que fue capaz de desaparecer 43 mil millones de pesos.

Imagen tomada de Cambio Colombia. 

POLO POLO Y JP HERNÁNDEZ: DOS HOMÚNCULOS CONGRESISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

El Congreso de la República es quizás la más desprestigiada institución del Estado. Desde tiempos inmemoriales se convirtió en un nido de corruptos y de congresistas-lobistas que, al servicio de grandes empresarios, legislan en contra de las grandes mayorías, y en beneficio de quienes les patrocinan sus campañas electorales.

El legislativo colombiano es el bunker en el que opera una clase política ociosa, mañosa y mafiosa que, con un sentido corporativo de la política, legisla para favorecer a los sectores más privilegiados, alimentando así el clasismo aporofóbico y el “individualismo posesivo”. Al final, el Congreso de Colombia es una entidad generadora de violencia política, por cuanto las leyes que allí se tramitan no tienen como objetivo mejorar las condiciones económicas de las grandes mayorías. Por el contrario, se legisla para consolidar la pobreza estructural, escenario ideal en el que el clientelismo funciona a la perfección, en beneficio de los partidos políticos y de las clientelas de los congresistas.

No se necesita aplicar sondeos o encuestas para confirmar el repudio que sienten los colombianos frente al Congreso. La responsabilidad política de esa mala imagen recae, de manera directa, en los congresistas que, amparados en los avales de sus partidos de origen o de otras empresas electorales, e incluso, de fundaciones que representan los intereses de las minorías étnicas, asisten a las plenarias no a discutir con argumentos, previa lectura de los proyectos de ley, sino a vociferar y a cumplir las órdenes que les dan los mecenas que aportaron cifras millonarias para hacerse con una curul.

Congresistas como Miguel Abraham Polo Polo y Jota P Hernández son dos buenos ejemplos de lo que está mal dentro del Congreso de la República: son poco leídos, vociferantes e ignaros, a los que solo les interesa figurar en los medios a los que salen a decir pendejadas. Sus discursos son básicos, propio de gente que desprecia la lectura y la discusión argumentada. Incluso, dudo que tengan la capacidad de escribir un ensayo académico o político en torno a las grandes problemáticas del país. No creo tampoco que puedan sentarse a escribir una carta de despedida.

Este par de homúnculos no han leído los proyectos de reforma presentados por el gobierno. No les he escuchado un argumento técnico o de otro carácter, que les permita dar un debate con altura. No. Ellos simplemente fungen como fichas del uribismo para decir no, sin importar el sentido de lo que están votando, o sí, para beneficiar a los grupos de poder que los llevaron a ocupar sus ilegítimas curules. La prensa afecta a los intereses del viejo régimen, entrevistan a este par de “Anatolios”, para que de sus fétidas gargantas dejen salir odios, resquemores y cuanta pendejada se les ocurre.

Así, Polo Polo y JP Hernández son dignos representantes de esa casta política ociosa, lumpenizada y parásita a la que solo le interesa disfrutar de los 40 millones de pesos mensuales que de manera injustificada reciben por no hacer absolutamente nada.

Imagen tomada de Infobae

PERIODISTAS CON FAMILIARES CONDENADOS: NO HAY DELITO DE SANGRE, PERO…

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En Colombia el delito de sangre no existe, lo que se traduce en que las infracciones o violaciones cometidas por un familiar no tendrían por qué manchar el nombre de un ciudadano y por esa vía, impedir que aspire a ser elegido, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos políticos.  El pero a esa circunstancia social y jurídica aparece cuando a sabiendas de las condenas proferidas por jueces de la República en contra de los familiares insertos en la política, sus hijos, nietos, primos, esposas o sobrinos le sirvan de parapeto a los condenados para seguir haciendo lo mismo: robar el erario para enriquecerse, usando las mismas estrategias corruptas y mafiosas.  

Si dentro de un núcleo familiar uno de sus miembros tiene como profesión la política y fue condenado por corrupción o cualquier otro delito, lo que se esperaría, desde una ética maximalista, es que su primo, esposo, esposa, hermano o cualquier otro que sea el vínculo que los une, tome distancia pública del condenado, para evitar suspicacias, pero sobre todo, para hacer de la esfera pública (política) un escenario de discusión de asuntos que nos interesan a todos, guiado por un ethos contrario al que guió a los familiares a cometer delitos.

Debería de funcionar igual para el ejercicio periodístico, en particular cuando quien ejerce la profesión de informar de manera masiva, hace parte de clanes políticos cuyos miembros hayan sido condenados por corrupción e incluso, por delitos aún más graves. Desde una ética de máximos, se esperaría que el o la periodista que guarda parentesco con aquellos condenados o procesados, tome distancia de sus familiares y sea capaz de asumir el costo social y político que implica pertenecer a una familia de corruptos y criminales.

Justamente, por la complejidad de la situación, el periodista que tiene vínculos de sangre con los condenados y procesados no puede tratar de presentarse como un faro moral para la sociedad, mientras mantenga un diálogo fluido y cercano con aquellos ciudadanos penados, privados de la libertad o requeridos por la justicia. O lo que es peor: que use el medio de comunicación o la política editorial, para defender, ocultar o minimizar los delitos perpetrados por sus familiares.  Por el contrario, si rompe públicamente con todo tipo de relación con los convictos o exconvictos, podría servir de luz a una sociedad que, como la colombiana, deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

En escenarios de crispación política e ideológica, los detractores y enemigos del periodista suelen exponer las filiaciones de sangre en las redes sociales, especie de hornos en los que es cremada a diario la dignidad humana, lo que, por supuesto, contamina el debate público que el periodista desea o debe dar. Eso sí, lo que no debe hacer el periodista es salir a defender lo que social, ética, política y moralmente resulta indefendible: la corrupción, el ethos mafioso y criminal que guió a sus familiares a violar las leyes.

En Colombia pululan los casos de periodistas con vínculos de sangre con políticos corruptos. Varios de ellos, en las redes sociales son lapidados a diario por las condenas proferidas en contra de sus familiares. Eso sí, la decisión de tomar o no distancia de sus familiares da cuenta del nivel de eticidad de los comunicadores comprometidos. Insisto: los delitos de sangre no existen, pero siempre habrá un, pero.  

Adenda: no es necesario listar aquí a los periodistas con familiares condenados y procesados. Ya el país sabe quiénes son. Recuerdo el caso del periodista "Poncho" Rentería, ícono del periodismo de farándula, quien dijo haber tomado distancia de su hermano, el narcotraficante, Beto Rentería. 

Tomado de Hacemos Memoria. 

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES NO PODRÁ ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 24 de noviembre los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que el ex alto oficial, uno de los responsables del operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985 y, por lo tanto, de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa acción militar, no sería aceptado en territorio americano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió que el “ex general Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.  La decisión se adopta por “su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985”.

Arias Cabrales fue expulsado de la JEP por su nula colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido en la retoma del Palacio de Justicia, en manos de una célula del M-19. Junto al señalado ex oficial, aparecen otros exmilitares colombianos a los que los gringos restringieron su entrada a territorio americano. De acuerdo con El Espectador “el Gobierno de Estados Unidos ya le había cerrado las puertas de su país a tres altos mandos militares por presuntamente participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Los implicados eran los coroneles en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez y Publio Hernán Mejía, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército”.

Para ciertos sectores societales tener la visa americana constituye un plus y quizás también se asuma como la puerta para salir y escapar de obligaciones penales en Colombia o simplemente para huir de presiones mediáticas y/o descansar de la agobiante realidad del país. En particular, para hijos de clanes políticos, tener la visa gringa es sinónimo de prestigio y reconocimiento social y político. Incluso, dicho permiso los políticos lo asumen como un aprobado examen de “buena conducta”.  

Las cancelaciones de las visas a personajes públicos o el aviso de prohibición para pisar territorio americano se producen en medio del carácter discrecional de la medida, aunque las mismas autoridades americanas dejan entrever que hay motivaciones que van desde la violación de los derechos humanos, información de inteligencia que asocia a políticos colombianos con mafias del narcotráfico o lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.

Lo cierto es que, para los políticos, magistrados, militares activos o en uso de buen retiro, perder la visa o no poder pisar suelo americano constituye una vergüenza que raya con el ostracismo o el confinamiento en el país en el que no suelen pasar vacaciones: Colombia.

Baste con recordar el impacto mediático que en su momento tuvo la cancelación de la visa al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, por los escandalosos hechos por la probada entrada de dinero del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El país no olvida la reacción de Samper ante el aviso: “Yo no necesito visa para venir a Chaparral". Y posterior a la cancelación, el expresidente espetó: “la visa sirve para que presionen magistrados. Sin visa sí hay paraíso, han creado el mito de que perderla es la muerte, como si fuera un certificado de buena conducta”.

Hay que sumar también los casos de Fuad y Alex Char, miembros del clan que domina Barranquilla y el departamento del Atlántico, como si se tratara de su feudo. Así registró Cambio lo sucedido con estos poderosos políticos: “Alejandro Char recientemente vio cómo su trámite de renovación de visa le fue denegado. Su padre, Fuad Char, quien fue gobernador del Atlántico, senador, embajador en Portugal y ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Virgilio Barco, también perdió su visa en la década de los noventa”.

Eso sí, el país no podrá esperar que Arias Cabrales diga algo similar a lo que en su momento dijo Ernesto Samper, pues lo de él es guardar prudente y obediente silencio.   

Imagen tomada de las 2 Orillas. 

SIETE AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ: SANTOS Y LA SEMÁNTICA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En plena conmemoración de los 7 años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc-Ep, el expresidente Santos criticó al gobierno Petro por haber aceptado dialogar con las disidencias farianas bajo los nombres de Farc-Ep y Estado Mayor Central (EMC).

Santos Calderón espetó lo siguiente: “Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solo así, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP porque el acuerdo que hoy estamos celebrando lo firmamos para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Es un error estratégico que no sé cómo van a solucionar con la comunidad internacional”.

La crítica de Santos, artífice del acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado y esa guerrilla, entra en el fangoso terreno de la semántica política. Al parecer, Santos cree que la desmovilización y reintegración a la sociedad de la inmensa mayoría de los guerrilleros de esa agrupación, anula y sobre todo impide que esa nomenclatura fuera recogida por quienes no aceptaron negociar con el Estado en el marco de los diálogos de La Habana, Cuba.

Se entiende la pulla de Santos, mas no la preocupación o quizás el impasse que según él tendría que resolver el gobierno ante la comunidad internacional y la propia ONU, al momento de acompañar lo que según el expresidente sería “otra negociación con las Farc-Ep”, cuando se supone que esa agrupación como tal desapareció con el acuerdo de La Habana.

El reconocimiento político que hizo el presidente Petro no podría depender del nombre con el que el Iván Mordisco quiso ser reconocido en la mesa de diálogo y el país. Haber dicho que el gobierno no aceptaba sentarse a conversar por usar el nombre de un grupo ya desaparecido, se habría convertido en una discusión sin mayor sentido, cuando el objetivo máximo es pacificar el país.

A pesar de que en este gobierno se han comprado más tierras que las que adquirieron Santos y Duque para alimentar el Fondo de Tierras que se acordó en Cuba, los lunares en la implementación del acuerdo estarían en el liderazgo administrativo y burocrático de las agencias oficiales que se crearon para cumplir con lo acordado en Cuba y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. En particular, el problema estaría en la débil estructura de la nueva Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

 

En lo que respecta a la implementación en los municipios PDET, hay que entender que en varios de estos los problemas de concentración de la tierra y los modelos de gran plantación constituyen palos en la rueda a los procesos y actividades de implementación del Acuerdo de Paz. Ahora bien, el país no puede olvidar que entre el 2018 y el 2022 el presidente-títere, Iván Duque Márquez se dedicó a ralentizar y torpedear la implementación de lo acordado en La Habana. La intención de su administración era hacer trizas la paz.

Es posible que la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano y las condiciones generales en las que se dio la firma del armisticio de 2016 se esté asumiendo como un modelo estándar en el que hay que meter, así sea a la fuerza, las pretensiones y las lógicas de guerrillas como el ELN y las propias de las llamadas disidencias, tanto las de Iván Mordisco, como la de Iván Márquez (La Segunda Marquetalia). Eso sí, antes de proponer innovaciones al modelo de negociación que dejó Santos, hay que evaluar seriamente si las disidencias y el ELN realmente están “maduros” para sentarse en una mesa. A dicha madurez llegaron por los golpes contundentes que recibió el Secretariado de las Farc, con los asesinatos de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. Golpear de esa forma al Coce (Comando Central) del ELN no será fácil por las maneras como operan y su estadía en Cuba. Otro factor para tener en cuenta es que en esas guerrillas militan jóvenes menos formados políticamente y más interesados en enriquecerse a través de las actividades ilícitas.

Imagen tomada de EL COLOMBIANO 

 

RECUPERAR LA FISCALÍA: EL RETO DE LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Después de escuchar a las tres mujeres ternadas por el presidente de la República y escuchadas hoy por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que elegirán a una como fiscal general, en remplazo del ladino Francisco Barbosa, queda la satisfacción de escucharlas, y nacen la esperanza y el deseo de que la elegida sea capaz de cumplir la tarea más importante: recuperar para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía, capturada por mafias de todo pelambre.

Asumir esa tarea no será nada fácil y no creo que logre hacerse en cuatro años. Muy seguramente se va a necesitar el mismo tiempo que tomó a la clase política y empresarial entregársela a los mafiosos y criminales: 20 años. Su proceso de captura mafiosa se inició en el 2002. Por haber sido convertida por el uribismo y en general por el Establecimiento colombiano en un putrefacto nido de corrupción, la fiscalía general de la Nación, como institución, goza, de tiempo atrás, de una consolidada ilegitimidad, debido a que su operación está asociada a los intereses de clanes políticos corruptos, congresistas, empresarios y a grupos delincuenciales como el Clan del Golfo.

En medio de la búsqueda de la unidad nacional o de un pacto político que haga posible que el Establecimiento colombiano deje gobernar a Petro, aparecen retos y enormes interrogantes para la próxima fiscal: reabrir los delicados casos que de manera maliciosa e interesada ordenó cerrar Francisco Barbosa. Hablo de dos casos supremamente delicados para la actual coyuntura política: Odebrecht, la Ruta del Sol 2 y las prácticas corruptas que aceptó haber cometido en su construcción el Grupo Aval ante las autoridades americanas; y el otro caso tiene que ver con investigar y acusar a Uribe por la masacre del Aro. Hoy fue llamado a versión libre el expresidiario y expresidente de la República. Igualmente, deberá la nueva fiscal abandonar el proyecto político de defender a Uribe, lo que implica acusarlo formalmente por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Si se logra esto, muy seguramente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se “motivarán” a desempolvar los procesos por paramilitarismo que reposan en sus archivos y que señalan a Uribe Vélez de ser su patrocinador.

Estos dos asuntos servirán para medir el talante de la nueva fiscal general y probar si en su elección hay cartas marcadas que comprometerían su independencia o quizás su dependencia del presidente de la República y las relaciones de agradecimiento que pueden surgir con los magistrados que la eligieron.

La nueva fiscal general de la Nación deberá hacer una limpieza general en la fiscalía y ello implicará sacar gente y procesar a otros tantos funcionarios que, según denuncias periodísticas, trabajan para el Clan del Golfo, entre otros grupos de mafiosos y criminales.

Recuperar para el Estado y la sociedad la fiscalía general de la Nación no será una tarea fácil. Haría bien el presidente Petro de pedir ayuda al FBI y a otras autoridades americanas para que le ayuden a la nueva fiscal intervenir la institución con el ánimo de descontaminarla, para ponerla al servicio del país y no de las mafias que la tienen capturada y sometida.

Dentro de las primeras decisiones que deberá tomar la nueva fiscal está en sacar a todos los elementos que aplaudieron o cohonestaron con la dañina administración de Barbosa. Proscribir el pernicioso ethos que entre Mancera y Barbosa inocularon en las prácticas institucionales y protocolos de la fiscalía hace parte de la gran tarea de recuperar esa institución.

Adenda: los magistrados de la CSJ están en la obligación moral y ético-política de evitar que Martha Mancera, ficha de Barbosa, quede en interinidad.

Imagen tomada de Asuntos Legales

SI USTED FUERA IMPORTANTE

 

Por Germán Ayala Osorio

Empresas como DIRECTV, Tigo, Claro y Avianca consolidaron una fama de pésimas prestadoras de los servicios que les ofrecen y contratan los colombianos. Y claro que el listado es más largo, lo que supone la existencia de un grave problema de eficiencia y por lo tanto una negativa conducta corporativa que hizo carrera en Colombia, lo que deja en entredicho la capacidad de las Superintendencias de los ramos para garantizar los derechos de los usuarios.

El video de una funcionaria de Avianca, que se hizo viral, sirve para explicar lo que somos como sociedad: clasistas y, por ese camino, auspiciadores de la ya famosa frase “usted no sabe quién soy yo”, máxima utilizada por todos los que se “sienten importantes” y, sobre todo, que “son más que los demás” en relación con los otros que los interpelan, especialmente cuando representan a las autoridades de tránsito o de policía.  La misma frase da cuenta de otra práctica: el tráfico de influencias, esto es, el amiguismo o la palanca, que nos hace aún más clasistas y proclives a ser corruptos.

En el señalado video, la operaria de la aerolínea Avianca le dice al usuario que reclama: “En serio te estoy tratando de dar una solución, pero ya no puedo. Te estoy diciendo dónde puedes cambiar el vuelo, yo lo puedo modificar hasta dos días después, porque no me deja el sistema. Si usted fuera mi papá o si usted fuera una persona importante yo lo podría ayudar, pero en serio no puedo”.

Vamos por partes, como diría el también famoso Jack, el destripador. La respuesta está atada sin lugar a dudas a las maneras como la compañía asume la prestación del servicio y en particular la conducta y los procedimientos a seguir cuando se presentan reclamos. De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, los familiares o amigos de los empleados de Avianca tienen prioridad frente a los demás pasajeros, al momento de resolver problemas de cancelaciones de vuelos. Y peor aún: si se trata de “gente importante”, la aerolínea estaría dispuesta a hacer ingentes esfuerzos para resolver los inconvenientes de dos o tres usuarios “importantes”, en detrimento de los derechos de la mayoría de los viajeros, frecuentes o no.

Y de contera, la joven operaria habla de “ayudar”. No, Avianca no está para ayudar, está para cumplirles a sus clientes por los servicios contratados. El eufemismo “ayudar” que hace carrera en las oficinas de atención al cliente en Avianca y en las empresas aquí señaladas, solo confirman su disposición para enredar a sus clientes, y por ese camino, violarles sus derechos.

La pregunta es: ¿Quiénes son personas importantes para la funcionaria, supervisores y el propio presidente de la compañía? ¿Acaso, ministros, “influenciadores”, artistas, jugadoras de fútbol o de otras disciplinas o generales de la República?

En un comunicado, Avianca señaló: “Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores, que se levantan todos los días para conectar este país”.

Frente a lo dicho por la aerolínea, otrora orgullo nacional, hay que decir que el fallo de la comunicación de la funcionaria inicia y termina en su no reconocimiento como usuario y persona. La funcionaria desconoce los mínimos elementos de la disciplina y práctica social de la comunicación. Cuando le dijo “que, si fuera su papá o alguien importante”, lo que la operadora hizo fue negarse a comunicarse con el usuario, así lo haya “atendido” del otro lado del mostrador o counter.  Lo hecho por la funcionaria hace parte de las prácticas cotidianas de Avianca y de varias empresas en Colombia que se aprovechan de sus usuarios y clientes porque saben que las instituciones estatales que las vigilan no tienen el suficiente poder para sancionarlas u obligarlas a que cumplan con las condiciones de los servicios contratados. Así las cosas, la joven operaria de Avianca dijo lo que dijo porque hace parte de la sociedad clasista, individualista y corrupta de la que entre todos hemos construido.

Adenda: hace 5 meses vengo "peliando" con Directv por un deficiente servicio de internet que prestan. De Tigo y Claro todos los días leo quejas de vecinos y de usuarios de las redes sociales. Y de Avianca, ya es recurrente ver noticias de su malos servicios. 

Imagen tomada de Telemedellin.

PACTO NACIONAL Y EL MEDROSO CENTRO

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

Ser de Centro en Colombia puede ser el resultado de una confusión política e ideológica, debido en gran parte a que la cultura política y el ejercicio del poder político garantizó la supremacía de la derecha y la proscripción de la izquierda como una opción de poder legítimo y viable. Sucedió así, justamente, porque la derecha ejerció el poder sin contraste alguno de parte de la izquierda, pero sí contó con la anacrónica oposición armada de unas guerrillas que se quedaron atornilladas en los años 60. Me pregunto: ¿Cuál es el ideario de aquellos políticos y ciudadanos del común que expresan públicamente que son de Centro o que militan en ese espectral lugar desde donde creen posible pensar lo público y enfrentar los graves problemas que arrastra el país?

La aparición del espectral Centro político se da cada cuatro años, gracias en gran medida a la narrativa mediática que expone, como problema político y social, la ya manida “polarización política” con la que se evita discutir a fondo de los problemas del país, para quedarnos gravitando en los miedos al cambio que se ventilan desde la derecha, macartizando a los de izquierda.

En el Centro confluyen varias figuras públicas que, en lugar de plantear soluciones de fondo a los graves problemas sociales, institucionales, económicos, culturales y ambientales que arrastra Colombia, los minimizan o aplazan su discusión y por esa vía, logran esconder las responsabilidades políticas y económicas que deben asumir quienes han aportado, por acción u omisión, a que Colombia sea hoy el tercer país más desigual de América Latina. De esa manera, buscan la aprobación de los agentes de poder que manejan los hilos del régimen político: el banquero Sarmiento Angulo y grupos de empresarios regionales siempre dispuestos a invertir en los partidos políticos y en patrocinar a obsecuentes candidatos al Congreso y a la presidencia que defiendan a dentelladas el capitalismo salvaje y la captura mafiosa del Estado.  

Los medios masivos de información, voceros y estafetas del banquero y del empresariado nacional, registran con alborozo el surgimiento de esas figuras que, al instalarse en el Centro, quieren evitarse el desgaste de discutir con los dueños del país, salidas y soluciones reales dentro del marco constitucional, a los problemas de una sociedad que ya exhibe síntomas de cansancio, expresadas en un creciente malestar social.

Y vuelven los periodistas-estafetas del Régimen político a señalar que los que se ubican en el Centro, lo hacen para superar la polarización política, cuando a lo que asistimos en Colombia es a la radicalización del discurso y de las acciones violentas, simbólicas y físicas, de los sectores de Derecha y ultraderecha que vienen haciendo todo lo posible para “hacer invivible la República”.

En un país con los niveles de pobreza, concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, de desigualdad y altos grados de corrupción público-privada, presentarse como una opción de Centro resulta cómoda y facilista, y se corre el riesgo de hacerle el juego al Régimen de poder, en parte responsable de las oprobiosas condiciones en las que transcurre la vida societal en Colombia.

En el juego propagandístico con el que se viene insistiendo de cara a consolidar ese Centro político, aparecen figuras carismáticas con las que se evita hacer la tarea de presentar un proyecto político conducente a superar la desigualdad y los demás problemas que agobian al grueso de la población colombiana. De esa manera, aparecen estampas como Carlos Fernando Galán, Claudia López Hernández y Juan Daniel Oviedo, quienes simulan ser de Centro y se presentan como políticos capaces de cambiar todo, sin tocar nada. Es decir, cambiar para que todo siga igual.

Antes de los señalados líneas atrás, estuvieron Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria como agentes del asustadizo Centro para terminar de distraer y engañar al electorado que en el 2026 verá cómo se afianzará la narrativa de ese medroso Centro. Los arriba nombrados, desde los lugares de poder que ocupen, le apuestan a evitar la construcción de un proyecto de país que confronte a quienes convirtieron a Colombia en un platanal con bandera. Al final, les suena mal que el actual presidente logre con los “cacaos” un Pacto Político Nacional con el que sea posible abordar y superar los graves problemas del país. Si Petro logra modificar en algo lo que ha estado mal por más de 50 años en Colombia, los del Centro lo ven desde ya como un peligro, pues la izquierda se consolidaría como espectro ideológico capaz y legítimo no solo por los avances sociales y económicos que se logren de aquí al 2026, sino porque habrían muerto para siempre los miedos a “convertirnos en Venezuela”, al “castrochavismo” y al “comunismo”.

Ese Pacto Político Nacional debe partir de un diálogo entre operadores políticos, políticos y todos los agentes de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los gremios económicos, que permita a los dueños del capital en Colombia entender y comprender que están parados y viviendo encima de una olla a presión, que en cualquier momento puede volver a explotar como sucedió en el 2021.

De ese diálogo político deben participar aquellos posibles precandidatos presidenciales, aspirantes a otros cargos de elección popular, intelectuales y la Academia que, ubicados en la izquierda y el progresismo, expliquen a los dueños del país sus ideas y proyectos.

Todo lo anterior exige, de parte y parte, bajarse del pedestal en los que cada uno está montado, para que el diálogo fluya. Colombia es un país de ególatras que creen que todo gira en torno a su microcosmos. Cuán equivocados están. Del lado de la Derecha y la ultraderecha, para que ese diálogo prospere, se requiere que Uribe Vélez, ficha clave del Banquero, ganaderos y agroindustriales, dé un paso al costado y reconozca que su tiempo ya pasó. Su cuestionada ética pública y ciudadana es suficiente argumento para exigirle que se retire y abandone la vida pública. Su tóxico liderazgo impide la posibilidad de dialogar para alcanzar un Pacto Político Nacional con el que sea posible salvar a Colombia de caer en el abismo.

De no lograrse ese Pacto Político Nacional – propuesto en el Acuerdo de Paz de La Habana-, y de regresar la derecha en manos de falsos centristas o de graduados derechosos, Colombia aplazaría por otros 4 años más las reformas de fondo que necesita para edificar, de una vez por todas, un país decente, digno y viable; esto es, una sólida democracia, un eficiente Estado social de derecho y una verdadera República.

Imagen tomada de Portafolio

MANCUSO Y URIBE VÉLEZ: ACTORES BISAGRA

 

Por Germán Ayala Osorio

La aceptación de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP constituye un hecho jurídico-político que permitirá determinar la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad (falsos positivos) y la que le corresponderá dilucidar a los magistrados en lo que corresponde al rol jugado por Álvaro Uribe Vélez, en particular, frente a la masacre del Aro.

Mancuso Gómez, como agente estatal de facto, participó del largo proceso de consolidación del Estado colombiano como un orden criminal, un asesino serial, que debe ser sentado en el banquillo de los acusados, tal y como lo solicitó Álvaro Leyva Durán en agosto de este año. El hoy canciller propuso a la JEP que abriera el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Aunque la JEP no atendió la solicitud elevada por Leyva, con la aceptación de Mancuso como agente bisagra entre los paramilitares y el Ejército nacional, prácticamente se dan puntadas para que se abra el macrocaso o simplemente, para que la responsabilidad del Estado colombiano por los falsos positivos haga parte de narrativas jurídicas en los tribunales nacionales e internacionales, lo que muy seguramente conllevará a más sanciones morales y políticas, de acuerdo con fallos que en adelante entregue, por ejemplo, la CIDH.

Dentro de lo expresado y confesado por Mancuso ante la JEP se destaca que “Uribe Vélez todo el tiempo estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro” en su calidad de gobernador de Antioquia. El señalamiento, temerario o no, cierto o no, ubica al expresidente Uribe, sin que así lo haya dicho la JEP, como un actor bisagra institucional entre el poder de un gobernador y los paramilitares.

Mientras que a Mancuso la JEP lo reconoce como un “agente estatal de facto” y bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares, el mismo alto tribunal, al validar y confrontar lo dicho por el exjefe paramilitar y compareciente, expone a Uribe Vélez como un “agente político estatal y bisagra institucional” entre el Estado, en su calidad de gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con el apoyo electoral que el mismo Mancuso y otros paramilitares reconocieron que le entregaron a la campaña Uribe presidente y por captura de por lo menos el 35% del Congreso que lograron las AUC.

Estamos, pues, ante dos actores bisagras que, en momentos muy precisos de la historia del país impulsaron, aceptaron y cohonestaron con las conductas criminales de militares y paramilitares, que terminaron con el asesinato de por lo menos 6402 jóvenes, conocidos mediáticamente como falsos positivos. Si la JEP consolida una narrativa judicial o jurídica con la que sea posible probar la responsabilidad de Uribe Vélez en la comisión de la masacre del Aro, tal y como lo incrimina Mancuso Gómez y con ese mismo discurso, probar que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre paras y militares hicieron parte de una política institucional, tanto Uribe como Mancuso compartirían el mismo rol de agentes bisagras y el Estado colombiano tendría que terminar sentado en los estrados judiciales y procesado como un orden criminal y un asesino serial.

Imagen tomada de Vorágine

MILEI Y URIBE VÉLEZ, POPULISTAS DE DERECHA; PETRO, DE IZQUIERDA

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el triunfo de Javier Milei en la Argentina, el populismo de derecha emerge, de la mano del discurso neoliberal, con una fuerza inusitada para enfrentar el populismo de izquierda que por varios años dominó en el país austral.  El columnista Álvaro Forero sostiene que “América Latina, cuna del populismo, viene innovando con el bipopulismo, de derecha y de izquierda retroalimentándose electoralmente”.

Lo dicho y propuesto por Milei chocará con una realidad política: no cuenta con las mayorías en el legislativo nacional, lo que sin duda lo obligará a pactar gran parte de los cambios prometidos en campaña, como acabar con el banco emisor, dolarizar la economía y hacer más pequeño el Estado, suprimiendo varios ministerios. Milei es un político neoliberal, godo la maneras como asume las relaciones entre el hombre y la mujer; su discurso altisonante, procaz y altanero caló en los argentinos agobiados por la inflación incontrolable, que habla muy mal del populismo de izquierda.

El populismo es un discurso y una apuesta política de la derecha y de la izquierda para ganar adeptos en precisas contiendas electorales o momentos históricos. Cuando la derecha apela al populismo, lo hace para consolidar el Orden (el imperio de la ley), en combinación con políticas públicas asistencialistas (entrega de subsidios) que no construyen ciudadanía y poco mejoran las condiciones de vida de sus beneficiarios. Por el contrario, edifican en los receptores de esas ayudas el carácter de súbditos. El modelo económico neoliberal no se toca y mucho menos el sistema capitalista que lo sostiene. Así gobernó en Colombia el más reconocido populista de la derecha colombiana: Álvaro Uribe Vélez, un consagrado neoliberal, líder carismático y mesiánico, experto en engañar incautos con la narrativa de acabar con la corrupción, ofrecer seguridad democrática, mientras permitía la captura corporativa y mafiosa del Estado.

Cuando la izquierda apela al populismo, lo hace con la intención de mandar un mensaje libertario (se intenta poner la libertad, sobre el orden) a millones de sometidos (comunidades subalternas), apoyado con medidas económicas de corte asistencialista (subsidios) y en el discurso de la lucha de clases. Se busca la reivindicación social, económica y política de los más pobres, se prometen ajustes al modelo económico y se ataca la pauperización laboral. El presidente Petro es, claramente, un líder populista de izquierda, carismático, cuya apuesta está en recuperar el sentido social, colectivo y público del Estado, lo que significa desprivatizarlo, esto es, arrebatárselo a las mafias y clanes corporativos neoliberales cercanos a lo que se conoce en Colombia como el uribismo.

“El populismo es un discurso en el que se expresa una concepción maniquea del mundo. En este discurso, la política se concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal. En esta lucha, una noción homogénea y unificada del “pueblo” representa la virtud y el bien, mientras que las élites representan el vicio y la corrupción”. https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/populismo/

Por el contrario, para Ianni, “los populismos ocurrieron durante la época en que se conformó la sociedad de clases, en donde los valores culturales de tipo comunitario fueron sustituidos por los valores creados en el ambiente urbano industrial. El populismo, entonces, es expresión de un proceso de secularización. Para comprender las relaciones de clase hay que tomar en cuenta tanto el populismo de las grandes esferas, de las élites burguesas y de clase media que instrumentaliza a las masas y manipula su conciencia, como el populismo de masas, que en momentos de crisis tiende a asumir un carácter revolucionario.” http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082007000300005

Uribe y Petro, para el caso colombiano, son dos populistas: el primero, inscrito en una derecha corporativista que insiste en un desarrollo económico extractivista y, por lo tanto, insostenible ecológica y ambientalmente; el segundo, inscrito en una izquierda moderada y progresista, le apunta a un desarrollo económico basado en actividades económicas más limpias y responsables con los ecosistemas naturales. Uribe, por ejemplo, es amigo de intervenir las selvas, de potrerizarlas y de imponer el modelo de la gran plantación; Petro, por el contrario, le apuesta a frenar la deforestación, al turismo responsable y a conservar los ecosistemas estratégicos, para beneficio de las comunidades indígenas, campesinas y afros que sobreviven en medio de las maniguas o cercanas a estas.

Parte de la narrativa del populismo de derecha de Uribe se expresó en hechos y promesas como estas: 1. Los Consejos comunales de Gobierno. 2. Lo plasmado en los 100 puntos de Uribe, el Manifiesto Democrático: “3. Sueño con un País democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades para todos. Con un País de propietarios, con una revolución de impulso a la micro, pequeña y mediana empresa. 4. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social. 25.De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas y ya tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato… 63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva”. Mucho de lo que prometió Uribe Vélez no se cumplió. Por el contrario, con su política de seguridad democrática facilitó que se diera una contra reforma agraria, esto es, aumentó la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos. Agro Ingreso Seguro es la política pública que mejor describe el carácter populista de la derecha que representa el hoy expresidente y expresidiario: sostener que van a ayudar a los más pobres, cuando lo que realmente hacen es hacer más ricos a los ricos. 

Entre tanto, las acciones de Petro que bien se pueden inscribir en el populismo de izquierda se expresan en medidas como entregarle a las JAL la responsabilidad de mejorar las vías terciarias y secundarias. Es decir, promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales. Petro quiere organizar a las masas para que reclamen sus derechos, ejerzan el poder político y presionen a la clase política para que haga los ajustes económicos. Varias veces Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño, conminó al pueblo que votó por él a que saliera a las calles a exigirle al Congreso que apruebe las reformas pensional, laboral y a la salud, a la que se oponen Uribe y el viejo establecimiento. Además, Petro le apuesta a socializar las ganancias, industrializar el país y desconcentrar el ingreso.

Imagen tomada de EL TIEMPO