Por Germán Ayala Osorio
A pocos meses de dejar su cargo,
Francisco Barbosa arremete contra el presidente de la República por los cuestionamientos
que el jefe del Estado le hizo a la fiscalía en razón a los vínculos que tendría
con el narcotráfico Francisco Javier Martínez Ardila, director del Cuerpo Técnico
de Investigaciones del CTI, de la sede de Buenaventura.
Nuevamente Gustavo Petro da total
credibilidad a versiones periodísticas que indican que la Fiscalía está al
servicio o permeada tanto por estructuras mafiosas, como por miembros del Clan
del Golfo a quienes no se les persigue y por el contrario, se les protege. Sobre
lo primero, informó el Daniel Coronell. Sobre lo segundo, en su momento lo hizo
el también periodista, Gonzalo Guillén.
Barbosa dejó ver su talante
rabioso y la animadversión que le produce Petro, a quien siempre, en sus
rifirrafes, le recuerda su pasado guerrillero, olvidando un hecho clave: su desmovilización y acogimiento a las normas de la democracia. Los frecuentes enfrentamientos
entre Petro y Barbosa son, además de personales, institucionales, lo que hace
pensar en que lo mejor que le puede pasar al país es que la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) elija la nueva fiscal en los tiempos estipulados o quizás antes,
para evitar la interinidad de Martha Mancera, quien, de acuerdo con versiones
periodísticas, es quien maneja los hilos más oscuros dentro de la fiscalía
general de la Nación. Barbosa aspira a que su mano derecha quede al frente de
la Fiscalía, en una soñada dilatación del proceso de elección de la nueva
fiscal por parte de los magistrados de la CSJ, quienes ya escucharon a las aspirantes a suceder al actual fiscal
general de la Nación.
Al verse confrontado por el presidente
de la República y el periodista Daniel Coronell, Barbosa movió el aparato
institucional para provocar resultados operacionales que en lugar de despejar
las dudas que recaen sobre Martínez Ardila, terminaron por ensuciar aún más la
imagen negativa que arrastra el ente investigador desde los tiempos de Luis
Camilo Osorio y la consolidación de las suspicacias que circulan en la opinión
pública en torno al funcionario, que en lugar de ser removido de su cargo, fue
trasladado de Buenaventura.
El traslado de Martínez Ardila no
aclara lo que Coronell denunció en reciente columna y que compromete
directamente a la vicefiscal Martha Mancera, quien estaría protegiendo al director
del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la sede del puerto sobre el
Pacífico.
En tono desobligante, el
comunicado de la Fiscalía señala lo siguiente: “Con relación a las
afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el Presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica
que la Fiscalía ha sido “utilizada para exportar cocaína” y proteger
delincuentes en Buenaventura (Valle del Cauca); y con ocasión de una publicación
que divulgó parcialmente unos audios, los cuales hacen parte de una investigación
contra una red narcotraficante que tiene injerencia en Buenaventura…”
Nótese que, en el comunicado, muy
seguramente escrito por indicación y aprobación de Barbosa, se fustiga en mayor
grado lo dicho por el presidente, a quien lo trata de mentiroso y tendencioso,
mientras que en referencia al periodista Coronell se deja entrever que a los
audios que reveló el periodista, le faltarían partes que, de acuerdo con el
sentido del comunicado, no darían para colegir que Martínez Ardila anda en “malos
pasos” y que mucho menos, está siendo protegido por Martha Mancera.
Lo cierto es que la narrativa que
indica que la Fiscalía, desde los tiempos de Luis Camilo Osorio, pasando por las
administraciones de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, viene
permeada por estructuras criminales (narcotraficantes y paramilitares) que
lograron capturar unidades de investigación, fiscales e investigadores, se
consolida dentro y fuera del país. La embajada de los Estados Unidos está
encima de lo que está aconteciendo con la Fiscalía y sigue de cerca las
reacciones temerarias de Barbosa.
Insisto: la nueva fiscal general
de la Nación está en la obligación de recuperar la Fiscalía para el Estado y la
sociedad. Y para lograrlo, deberá pedir ayuda a las autoridades americanas e
incluso, al Scotland Yard.
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