Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo
Con el
retorno de lo que se conoce como el “Uribismo” al
poder, esa parte de Colombia que dijo SÍ al Acuerdo de Paz, en el innecesario
plebiscito del 2 de octubre de 2016, sabía lo que se vendría para
el país con la llegada del dócil y sumiso Iván Duque Márquez a la Casa de
Nariño. Así, retornaron las siempre selectivas y ejemplarizantes masacres de grupos paramilitares; se dio
continuidad y se consolidó el Genocidio Político de los firmantes de la paz (ya
van 220); se aceleró la violencia estatal contra los campesinos (más de 200
líderes y lideresas asesinados) que se acogieron a la política y a los planes
de sustitución de los cultivos de uso ilícito; y desde la bancada del Centro
Democrático se enfilaron baterías jurídico-políticas para frenar, entorpecer y
debilitar aún más el delicado proceso de implementación del Acuerdo Final II.
El
mismo Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe Vélez, enfiló,
tempranamente, baterías en contra del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado
colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. Y lo hizo, al objetar
varios artículos de la ley estatutaria que daba vida a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), el mismo tribunal que de tiempo atrás recibió y recibe
presiones y ataques desde la Fiscalía General de la Nación, desde las huestes
del Centro Democrático y recientemente, indebidas presiones de Iván Duque
Márquez, al exhortar a los magistrados de dicho Tribunal de Paz para que
rápidamente definan responsabilidades penales en contra de los comandantes de
las Farc-Ep comprometidos de manera directa en el reclutamiento de
menores para la guerra; la exigencia de
Duque la hace en medio de su silencio cómplice frente al sistemático asesinato
de excombatientes farianos y en relación con el reciente y forzado traslado del
ETCR de Ituango, por presiones de grupos paramilitares, entre otros hechos que
expresan con preocupante claridad el poco compromiso de él y del Gobierno que
representa, con la consolidación de una paz
estable y duradera. Y claro, Duque no exige la misma celeridad a la JEP en
los casos que comprometen a exmilitares de alto rango en los casos de los “Falsos
positivos”.
Hay
que decirlo con total contundencia: Duque y el “uribismo” se han encargado de
generar un mal ambiente a la Paz y a la
implementación de lo acordado. Y lo han hecho no solo con pronunciamientos
destemplados de Archila y Ceballos, sino con acciones y decisiones
administrativas conducentes a debilitar la confianza de los firmantes de la paz
y comparecientes a la JEP. Sobre este asunto, la JEP acaba de ordenarle al Gobierno
de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están
amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de
Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes,
después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos
fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.
Además de todo lo señalado líneas atrás, hay
otros hechos que aportan a la generación de un mal ambiente a la construcción
de una paz estable y duradera. Ya casi nadie se acuerda de las 16 curules
que debieron ser entregadas a las víctimas de los actores armados.
En materia castrense, el mal ambiente que
genera Duque lo logra con los ascensos de los generales Nicacio de Jesús
Martínez Espinel (retirado por presiones del gobierno norteamericano) y Eduardo
Enrique Zapateiro, recientemente ascendido al grado de General. Se trata del
mismo oficial que lamentó la muerte del sicario, alias Popeye, lugarteniente del
narcotraficante y también asesino, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se ve nada
bien que un alto oficial del Ejército lamente públicamente la muerte del “popular” asesino y no exprese
lo mismo cuando a diario en Colombia matan lideresas y líderes sociales,
defensores de los derechos humanos y del ambiente y firmantes de la paz.
Al conformar una cúpula tropera el gobierno de
Duque no solo manda un mensaje claro al ELN, sino a los mismos firmantes de la
paz, en la medida en que los oficiales troperos suelen ser los instrumentos por
donde transpira esa Colombia que dijo NO al Acuerdo de Paz ese adverso 2 de
octubre de 2020. Pensar en una cúpula cercana a la Paz, como la que en su
momento diseñó Santos Calderón, constituye un exabrupto para Duque y para el
llamado “uribismo”. A lo que hay que sumar que el general Zapateiro tiene
varias investigaciones en curso y está comprometido con los perfilamientos y
acciones de inteligencia que desde el Ejército y con recursos entregados por
los Estados Unidos se hicieron contra periodistas y operadores políticos de la Oposición. Y lo que
es peor para Colombia, es que quedan dos
años para que el “uribismo” pueda consolidar el ya evidente Mal ambiente para
la Paz y quizás intente ir más allá.
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