EL SOMBRERO DE PIZARRO

 

Por Germán Ayala Osorio

El reconocimiento como símbolo de paz y objeto de memoria del sombrero que portaba Carlos Pizarro Leóngomez, entonces comandante del M-19, se suma a la lista de hechos y acciones simbólicas de este gobierno que dividen y generan polémicas en una sociedad en la que la reconciliación parece un imposible político y socio cultural. 

Quienes fustigan la decisión del Ministerio de Cultura hacen parte de grupos de poder hegemónico que representan a los sectores más conservadores y godos de Colombia. Sus más visibles miembros solo reconocen como símbolos de unidad cultural y patriotismo al busto de Laureano Gómez, conocido como el Monstruo; o el carriel y el poncho antioqueños, que simbolizan "berraquera, arrojo, emprendimiento y capacidad de trabajo", sin mayores consideraciones ecológicas y ambientales de parte de la "cultura" arriera a la que están atados esos dos elementos. Por lo anterior, no es posible que acepten el sombrero de Pizarro como símbolo de paz y objeto de construcción de memoria histórica. Poco valoran la decisión del entonces comandante de esa guerrilla de hacer la paz con el Estado. Recordemos que un mes después de haber dejado las armas y firmado el armisticio con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, fue asesinado. El sicario actuó con la anuencia de autoridades y agentes estatales. Un crimen de Estado que aún no se aclara.

Por el contrario, a la derecha colombiana le parece una herejía y una provocación de parte del presidente de la República, cuya vida ha estado atada a símbolos como la Espada de Bolívar, la bandera del M-19 y todos aquellos que den cuenta de la lucha revolucionaria que dio en el pasado. 

La lista de esos hechos y acciones simbólicamente significativas no es larga, pero si tormentosa para quienes ven en Petro a una figura diabólica por haberse levantado en armas contra el Estado. El primer hecho simbólico inaceptable para la godarria colombiana está atado a la figura de Gustavo Petro. Su llegada a la Casa de Nariño es símbolo de decadencia de la justicia que lo perdonó y quizás de debilidad del Estado militarista en el que creen ciegamente, justamente por no haber "dado de baja" a quien hoy es el presidente de la República. 

El segundo hecho simbólico se dio durante la ceremonia de transición de mando, el 7 de agosto de 2022. El presidente Petro dio la orden a la Guardia Presidencial de traer la Espada de Bolívar, una vez investido de Jefe del Estado. Esa acción simbólica pudo entenderse como un gesto de paz y reconciliación, pero también como el regreso triunfal de las ideas que guiaron la lucha armada del M-19. Para la derecha tradicional, la presencia de la Espada de Bolívar resultó ser una infame provocación política de un presidente que a pesar de resultar electo por la vía de la elección popular, su victoria siempre será ilegítima por toda la carga libertaria y contestataria que arrastra la vida política de Gustavo Petro Urrego. 

El otro gesto ocurrió durante las movilizaciones por el Día del Trabajo, de las que participó el presidente de la República. Mientras daba su discurso, Petro recibió las banderas de Colombia y del M-19. Al ondear juntas,  con la complicidad del viento, pareció darse una fusión o un entrelazamiento momentáneo que también molestó a la derecha colombiana, que asumió el gesto como una revictimización de las adoloridas familias que perdieron familiares en el holocausto del Palacio de Justicia de 1985. La toma de una célula del M-19 de esa edificación y la retoma aún más violenta del Ejército, terminó con el asesinato de por lo menos 94 personas, entre ellas, 11 magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia.   

Más allá de la polémica moral, ética y política, la decisión del Ministerio de Cultura sirve para reiterar que somos la única especie capaz de generar símbolos y de crear cultura. Ese elemento nos diferencia de los animales no humanos. Junto al sombrero de Pizarro o quizás rodeándolo, debería de aparecer su memorable frase: "Para que la vida no sea asesinada en primavera". 

Nos falta mucho como sociedad para entender que tanto la figura de Laureano Gómez, el poncho y el carriel y el sombrero de Pizarro, la Espada de Bolívar, la Bandera del M-19, así como la "escopetarra" y el "balígrafo" con el que Santos y Timochencko firmaron el Acuerdo de Paz, entre otros más, hacen parte sustancial de nuestra historia política. Una historia cargada por la insuperable incapacidad cultural de aceptarnos en la diferencia y de respetar la vida de aquellos que no piensan igual. 

Adenda: muy seguramente para las elecciones de 2026, o quizás antes, un candidato o candidata de la derecha prometa en campaña que su primer acto de gobierno, de resultar electo o electa presidente de la República, será anular la resolución que reconoce el sombrero de Pizarro símbolo de paz y memoria. O pedirle al mismo ministerio de Cultura que reconozca a la boina que usó en vida  Carlos Castaño como símbolo de la captura mafiosa y paramilitar del Estado. 

Imagen tomada de la Silla Vacía. 

QUE VUELVAN LOS BOMBARDEOS: ALCALDE CALI

Por  Germán Ayala Osorio

La reciente escalada dinamitera y terrorista de las disidencias de Iván Mordisco en Jamundí y el norte del Cauca hicieron que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le exigiera al gobierno nacional volver a los bombardeos de los campamentos guerrilleros, a sabiendas de que estos están prohibidos por el presidente Petro por razones humanitarias, cuando en estos se tenga conocimiento de la presencia de menores de edad. 

La instrucción del presidente de la República se explica porque durante el gobierno de Iván Duque se bombardearon campamentos del ELN en los que, de acuerdo con actividades de inteligencia militar, en esos lugares se sabía de la presencia de niños y niñas. Esos crímenes constituyen violaciones al DIH que el actual gobierno no está pensando en perpetrar. 

Una vez la prensa recogió lo dicho por Eder, el mandatario local intentó matizar su exigencia, mostrando preocupación por el reclutamiento de adolescentes por parte de esas estructuras armadas que operan en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, al mando del "guerrillero" Iván Mordisco. Eder señaló que las disidencias farianas usan a los menores como escudos humanos, violando así el DIH. 

Sobre lo propuesto y exigido por el alcalde de Cali hay que hacer varias consideraciones. La primera, que las lógicas operativas de esas agrupaciones armadas ilegales ya no contemplan establecerse en campamentos visibles por los riesgos de ser sorprendidos por la fuerza pública. Es claro que se mimetizan entre la población civil, lo que hace difícil someterlos a fuego intensivo. De tiempo atrás, esos grupos ilegales volvieron a la estrategias propias de una guerra de guerrillas. Bajo esas circunstancias, exigir el regreso a los bombardeos no tiene mayor sentido en una guerra irregular en la que esas "guerrillas" optaron por las prácticas terroristas contra blancos civiles, justamente para provocar reacciones como las del alcalde la capital del Valle del Cauca. Así las cosas, para la estructura "Jaime Martínez"  es relativamente fácil mover pocas unidades en los cascos urbanos de pueblos como Jamundí, con el objetivo claro de generar zozobra y miedo en la población civil. 

La segunda consideración tiene que ver con el reclutamiento de los menores de edad. Esa responsabilidad es del Estado en su conjunto en la medida en que el ingreso forzado  o no a esas estructuras armadas ilegales se produce por la presión y coacción de las disidencias, pero también porque lo ofrecido a los menores, poder y dinero, los seduce justamente porque sus familias y ellos mismos sobreviven en condiciones de pobreza, abandono y falta de oportunidades. También juegan factores como las conexiones familiares por la presencia de tíos, hermanos mayores, o primos que hace rato son miembros de esos grupos "subversivos". Así, la preocupación de Eder por los menores no es genuina y más bien la usa para presionar al presidente y a los militares para que regresen a los bombardeos, como si con estas acciones se tuviera la certeza de que los grupos armados ilegales desaparecerían de un día para otro. En el gobierno de Duque se usaron bombas contra esas instalaciones rurales de las "guerrillas" y esos grupos no desaparecieron. 

Lo que hace Eder obedece a un cálculo electoral y político en la medida en que se aprovecha del dolor, la desazón y el miedo que generan las acciones terroristas y cobardes perpetradas por las disidencias de Iván Mordisco. Es muy fácil  salir a hacer exigencias de tipo militar que podrán ser muy efectistas mediáticamente, pero que no resultan ser efectivas a la hora de menguar la presencia armada de esas agrupaciones ilegales. A Eder parece importarle muy poco los impactos ecológicos y ambientales que producen los bombardeos en las zonas rurales en las que, posiblemente, estén ubicados los campamentos que el alcalde desea que se sometan a una descarga de artillería pesada. Cali será sede la COP16 y le queda muy mal al alcalde de la ciudad sede de esa cumbre ambiental, salir a los medios a exigir bombardeos en zonas rurales biodiversas. Hay que recordarle al burgomaestre que en la zona rural de Jamundí, en un paraje llamado Mesetas, están los Farallones de Cali. Se trata de una zona en la que subsiste el bosque de niebla. Sería bueno que se diera una pasada por ese hermoso paraje. 

Es posible que falte contundencia en las fuerzas armadas. Quizás el estar más concentrados en golpear las finanzas y las economías ilegales esté facilitando a esas "guerrillas" la ejecución de la estrategia político-militar de golpear blancos civiles y estaciones de policía. Es decir, golpear y salir corriendo. 

Lo que sí va quedando claro es que al "traqueto" del Iván Mordisco, como lo llamó el presidente Petro y los hombres bajo su mando no los guía una lucha política: están metidos en el negocio de las drogas y la minería ilegal y de allí no les interesa salir. Cualquier conversación de paz solo les sirve para afianzar su presencia en el norte del Cauca, Jamundí y el Naya, triángulo en el que están sus negocios ilegales. 

Imagen tomada de Youtube.com

FÚTBOL, POLÍTICA, PERIODISMO Y REDES SOCIALES

 

Por Germán Ayala Osorio

El fútbol, la política, el periodismo y las redes sociales son formas de poder en las que suelen confluir las maneras en las que las sociedades tramitan sus diferencias, exponen sus frustraciones, resquemores y anhelos de felicidad y paz. 

El primero es un deporte espectáculo que el poder político usa para despresurizar esas ollas a presión que llamamos sociedades, en particular las más desiguales y violentas que, en momentos históricos muy precisos, necesitan de este para que opere como válvula de escape a través de la cual se suelen escapar sentimientos de rabia, frustraciones y miedos. 

La segunda es la más perfecta de las creaciones humanas dado que a través de ella, de su ejercicio, los seres humanos insisten en la posibilidad de vivir juntos a pesar de las mezquindades propias del poder, esencia misma de la política y expresiones claras de una condición humana que deviene aviesa y peligrosa.

El periodismo, como oficio, le sirve y se sirve del fútbol para hacer posible el "arte" de la manipulación de la conciencia colectiva, en especial la de los fanáticos que cada domingo y por largos 90 minutos, se olvidan de las angustias de vivir en medio de difíciles condiciones socioeconómicas  generadas por agentes políticos que actúan en defensa de sus propios intereses y los de sus patrones corporativos que financian sus campañas. 

Y las redes sociales que juegan un doble juego: de un lado, son las vitrinas en las que los usuarios exponen sus vanidades, éxitos y miserias; y del otro, fungen como calderas en las que justamente se ponen a arder los egos, las mentiras y los discursos políticos y prepolíticos de periodistas, operadores políticos, artistas y figuras de la farándula, estas últimas, los mayores exponentes de esa hoguera de las vanidades que llaman redes sociales. Las redes sociales son el escenario propicio en el que la comunicación fracasa porque sobre esta se imponen el odio, la violencia discursiva, intereses particulares y empresariales, así como las mezquindades de todos aquellos que necesitan que sus ideas circulen y sean comentadas positiva o negativamente. 

Es en ese marco en el que hay que inscribir y comprender las violentas reacciones de cientos de usuarios de la red X y de hinchas del fútbol en contra del periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, conocido como el "doctor". El linchamiento al que ha sido sometido el comentarista de fútbol se explica no exclusivamente por su incontrastable ego y sus tendenciosos "análisis" de los partidos de balompié, en particular, el que hizo del juego de la final en el que resultó campeón el Atlético Bucaramanga, sino porque él representa a esa seudo doctrina llamada uribismo y porque trabaja para la cadena RCN, que juega el rol de opositor político al actual gobierno de Gustavo Petro. 

Insultos como "Calvo HP o Malparido" dicen mucho de quienes se los lanzaron una vez el Bucaramanga se alzó por primera vez con la copa, después de una espera de 75 años. Eso sí, los "análisis" del "doctor" Vélez realmente son provocaciones que dicen mucho del carácter de quien los hace. El solo hecho de hacerse llamar "doctor" sin tener el título que lo acredite como tal, da cuenta del enorme ego del comentarista deportivo, convertido en una "figurita" que una parte de la hinchada del fútbol colombiano rechaza y odia porque en su intención de sobresalir entre el competido mundo del periodismo deportivo, apela a diario a una indescifrable verborrea futbolera.   

En la misma red X en la que ha sido escaldado el alopécico periodista, su hijo, Luis Carlos Vélez, también ha corrido la misma suerte de su progenitor, casi por las mismas razones: su incontrastable ego, es uribista y hace comentarios que resultan ser verdaderas provocaciones. Lo único que los diferencia es que el "doctor" Vélez habla de fútbol y su vástago, de política. En su magacín La FM, no hay día en el que no critique al actual gobierno por el solo hecho de ser de izquierda. En esa misma tribuna, durante el gobierno anterior, optó por aplaudir y defender la administración del responsable del estallido social: Iván Duque Márquez, presidente-títere, entre el 2018 y el 2022.

Así entonces, los Vélez son la más clara representación de que el fútbol, la política, las redes sociales y el periodismo son formas de poder que, para el caso, poco o nada ayudan a que las audiencias comprendan el valor de la política como manera de tramitar los conflictos y las diferencias. El uso ideologizado que de los hechos de la realidad sociopolítica, económica y futbolera hacen a diario Luis Carlos y el "doctor" Vélez solo tiene una explicación: son uribistas pura sangre, sostenidos en sus programas radiales por cuenta de RCN, un actor político al que solo le interesa confundir a una parte de las audiencias que siguen su programación, mientras que a la otra parte, le apuntan a mantenerla distraída y adormecida con los partidos de fútbol. 

  

Imagen tomada de Kienke

EL ESTABLECIMIENTO DEBE AUTO DEPURARSE

 

El Establecimiento colombiano está en mora de auto depurarse, si quieren sus más visibles miembros recuperar la Casa de Nari en el 2026.  Más allá de si el gobierno de Petro saca adelante las reformas sociales propuestas en la campaña electoral, se viene consolidando una narrativa que expone a la derecha como responsable de la incontenible corrupción público-privada, resultado de la previa captura mafiosa del Estado. 

Les va a quedar muy difícil anular los impactos psico sociales y culturales que ya deja en la conciencia colectiva esa narrativa que Petro y sus más fieles escuderos construyeron para legitimarse y develar la historia de un país cuyas autoridades civiles, militares, académicas y eclesiásticas vienen operando de la mano de un naturalizado ethos mafioso. 

Quizás vaya a resultar exagerada la promesa del cambio que enarboló el petrismo en la medida en que modificar lo que ha estado mal durante más de 30 años es un imposible institucional, pero sobre todo, cultural. Lo que no se puede ocultar es que hay una toma de conciencia en una parte importante de los colombianos alrededor de que la pobreza, la inequidad, la corrupción, la informalidad, la inseguridad en las calles y la violencia política es fruto de una derecha mezquina y corrupta que al capturar el Estado, dispuso de todas sus instituciones e instancias del poder para convertir al país en una finca al servicio de unos pocos. 

En el 2022 perdieron la Casa de Gobierno, pero conservaron instituciones públicas gracias a las redes clientelares que han venido tejiendo de tiempo atrás, lo que les permitió a sus agentes políticos y congresistas, manejar el erario a su antojo ante la ceguera de los organismos de control que han actuado sigilosamente para asegurar la vigencia de los clanes políticos tradicionales que suelen defender sus propios miembros, sus abyectos congresistas, con el concurso de la gran prensa bogotana. 

Tienen aún en su poder a la Procuraduría, sectores de la Fiscalía y lo más probable es que tengan  algunas fichas claves en las tres altas Cortes, en particular en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Cuentan, además, con las empresas mediáticas que apunta de tergiversaciones y mentiras le hacen creer a la opinión pública que consume sus noticias que antes del triunfo de Petro, vivíamos en un paraíso, algo así como la "Suiza de América Latina"; y, por supuesto, cuentan con el poder económico de los mecenas que por largos años financiaron las campañas al Congreso de los alfiles que legislaron en contra de los derechos colectivos y en beneficio de particulares que se fueron quedando con las empresas del Estado. 

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón está en mora de retomar los procesos que acumulan polvo, en los que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos inmersos en actos de corrupción y en crímenes asociados al fenómeno paramilitar. La condena a la multinacional Chiquita Brands por parte de la justicia americana debería servir de impulso para que la Fiscalía tome la iniciativa de acelerar todos los procesos relacionados con esos hechos que reposan en sus propias manos, así como los que están en los modelos de justicia transicional Justicia y Paz y JEP. Lo mismo debería de suceder con el caso de Odebrecht, en el que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos. 

Está claro que el actual gobierno no acudirá a la ONU para conformar la comisión internacional que investigue los casos más emblemáticos de corrupción público-privada acaecidos en el país en los últimos años. El Establecimiento estaría dispuesto a sacarlo del poder, si de verdad está empeñado el presidente de la República en cumplir con lo que prometió en campaña. Colombia no es Guatemala, aunque le urge vivir la experiencia que en su momento lideró el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. 

Quizás para las elecciones de 2026 resulte valioso y de gran impacto electoral que una fuerza política agite la bandera de la revolución cultural soportada en la urgente necesidad de depurar la operación del Estado, la reconstrucción de una idea distinta de la que hasta al momento tenemos los colombianos de lo que son las instituciones públicas, muchas de estas puestas al servicio de los más privilegiados; una revolución cultural que de la mano de la industrialización del país y de unas relaciones distintas con los ecosistemas naturales, tracen los caminos que lleven a la sociedad a alcanzar la esquiva modernidad.

Plantear nuevamente la lucha contra la corrupción como bandera electoral será un error. Es una lástima que no haya un Centro político en el país capaz de confrontar al Establecimiento y que esté interesado en dar continuidad a las políticas sociales que dejará este gobierno progresista, al igual que los procesos que dejará caminando en torno a potenciar el campo y el tren como instrumento de un desarrollo sostenible que aún es tarea pendiente. 

Si ese Centro aparece y se consolida, deberá hacerlo sobre la base de que el Establecimiento debe auto depurarse si de verdad quieren sus fichas más visibles, recuperar la Casa de Nari.

Imagen tomada de Valora Analitik

FINAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO: PASIÓN, IGNORANCIA, ESTUPIDEZ Y PERIODISMO

La final del fútbol colombiano entre Santafé y el Atlético Bucaramanga tiene acaparada la atención de los hinchas de ambos equipos y la preocupación de las autoridades, que dispusieron de 3000 policías para cuidar el antes, el durante y el después del suceso deportivo. 

Como deporte espectáculo, el fútbol suele ser la expresión de los problemas, frustraciones y anhelos de la sociedad. Para el caso colombiano, el balompié representa con sorprende claridad lo que somos como nación: división, violencia, desigualdad, pobreza, pero sobre todo, procesos de socialización truncos que hacen posible que la violencia surja como vía para dejar salir frustraciones, miedos y la pasión desmedida de hinchas que previamente le entregaron a los jugadores la responsabilidad de hacerlos felices. Quizás ahí esté la semilla y la razón de la violencia en los estadios. Se trata de un error mayúsculo: no podemos depender de un tercero para alcanzar la felicidad. 

Pero más allá de ese factor que es la génesis de nuestros mayores problemas, los periodistas deportivos suelen pasar de agache al momento de asumir responsabilidades cuando las pasiones se desbordan. Y es así porque desde las propias pasiones de sus periodistas-hinchas, se alientan las confrontaciones y se activan las pasiones, en particular en partidos en donde se define un título. Para el caso que nos ocupa, se nota el favoritismo en los periodistas del noticiero Caracol Noticias. Alfredo Vargas aparece vestido de rojo y no puede disimular que en ese momento actúa más como hincha, que como periodista. Error garrafal. Aunque él mismo y sus colegas invitan a que la "fiesta del fútbol" transcurra en paz y que "gane el mejor", sus preferencias deportivas vuelven sus invitaciones, frases de cajón que solo sirven para intentar matizar sus tendenciosos tratamientos informativos.

En las notas dan cuenta del dispositivo de seguridad, pero jamás hay una invitación a reflexionar en torno a la necesidad de que la Policía disponga de 3000 hombres para cuidar la "fiesta del fútbol". Si fuera una fiesta de verdad, en una sociedad civilizada, educada y formada para gozar del deporte espectáculo, esa estrategia policial sobraría. Todos sabemos que "la fiesta del fútbol" es un eufemismo.  Claro que los periodistas deportivos no están formados para hacerse este tipo de preguntas y mucho menos para cuestionar a los hinchas-oyentes que deben ser vigilados por la policía porque no se saben comportar o porque pueden ser víctimas de los bárbaros que siempre aparecen en los estadios para ensuciar el espectáculo. 

Los periodistas deportivos saben manipular muy bien las pasiones de los hinchas. Son ellos los que invitan a que se llenen los estadios, pero jamás los confrontan porque muy seguramente temen que los hinchas no los vuelvan a escuchar o ver en la televisión. Los reporteros deportivos no pueden quedarse narrando y comentando los goles y las incidencias de los partidos. Tienen la obligación ética y moral de hacer recomendaciones y de confrontar al aire a las hinchadas, en particular a aquellos miembros de las barras bravas que asisten a los estadios anclados a ese error original del que hablé líneas atrás.

Igual responsabilidad deben asumir los dirigentes de los equipos,  técnicos y líderes de las barras bravas. Es evidente que a la dirigencia de los clubes en Colombia solo les interesa el recaudo de dinero por cuenta de la venda de las boletas y jugadores. Poco o nada les importa la ansiedad de cientos de miles de hinchas que cometieron el error, por ignorancia y algo de estupidez, de entregar la tarea de ser felices, a lo que hagan 11 deportistas en una cancha, durante 90 largos minutos.   

Ya veremos qué sucede en esta esperada final. No siempre gana el mejor y en el fútbol, como en Colombia, cualquier cosa puede suceder. Una veces por la suerte, el destino y otras por la estupidez, la ignorancia y los nocivos tratamientos periodísticos de unos periodistas deportivos que hablan e informan como hinchas. 

Imagen tomada de EL PAÍS

CONDENADO RODOLFO HERNÁNDEZ: ¿URIBISTAS, ALGO QUÉ DECIR?

 

Por Germán Ayala Osorio

A los políticos se les suele exigir coherencia entre lo que piensan y lo que hacen y a que asuman las responsabilidades políticas cuando haya lugar a ello. Pues bien, ahora que se conoció la sentencia de 64 meses de prisión contra Rodolfo Hernández Suárez, excandidato presidencial de la derecha uribizada en el 2022, en la red social X se les está exigiendo a la congresista María Fernanda Cabal, al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; a la ciudadana colombo-francesa, Ingrid Betancur, a los hermanos Galán y al propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otros más, que digan algo frente al hecho judicial que confronta la coherencia de estos políticos que apoyaron y votaron por Hernández, convencidos de que una vez en la presidencia, daría las directrices para luchar contra la corrupción público-privada. 

La misma exigencia se extiende a los más de 10 millones de colombianos que votaron por Hernández creyendo que iba a luchar contra la corrupción o porque los sedujo su lenguaje procaz, su ingenuidad, o quizás el ser un viejo putero; muchos votaron por Hernández porque en sus tik tok se mostraba como una candidato "fresco", cercano a los jóvenes y alejado de la capacidad oratoria y discursiva de su oponente, Gustavo Petro. Poco les importó a quienes votaron por Hernández Suárez su negativa de enfrentar al exalcalde de Bogotá en debates televisados, porque sabía que el ingeniero era y es un hombre poco leído. Mejor dicho, un viejo dicharachero y vulgar.  

Recordemos que el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe lo llamó "incorruptible" y que la senadora Cabal elogió su compromiso de luchar contra el ethos mafioso que se naturalizó en el país desde el 2002. La misma defensa hizo Sergio Fajardo. Estos tres representantes de la ultraderecha deberían de responder cuáles fueron las reales razones que los llevó a votar por el octogenario candidato. 

Así entonces, la lectura del fallo condenatorio contra Rodolfo Hernández- ya el sentido se había dado a conocer el 14 de marzo- sirve de razón moral para exigirles coherencia, pero sobre todo, que asuman la responsabilidad política que les corresponde por haber apoyado al exalcalde de Bucaramanga sobre quien, al momento de ser candidato presidencial ya estaba ad portas de ser llamado a juicio por los hechos que  hoy, en primera instancia, un juez lo condenó a 5 años de prisión.

La sentencia proferida por el operador judicial no solo sirve para exponer la incoherencia política de sus reconocidos patrocinadores y amigos de campaña, sino la nula responsabilidad política, pues ninguno ha salido públicamente a explicar por qué apoyaron a Hernández a sabiendas de que tenía esa cuenta pendiente con la justicia, la misma que de haber sido elegido presidente de la República, se habría "congelado" en el tiempo, justamente por la dignidad presidencial. Como mínimo, se espera que lo llamen en señal de apoyo por las dificultades que representa el estar condenado a 64 meses de prisión (muy seguramente, por la enfermedad y la edad, el juez le dará la casa por cárcel) 

El fallo condenatorio también sirve para dejar claro que no era la lucha contra la corrupción que prometía Hernández de manera cínica y desvergonzada  lo que atrajo y sedujo a los políticos señalados arriba. No. Realmente se montaron en la "rodolfoneta" porque querían convertir al entonces candidato presidencial en su monigote, pues usarían sus líos judiciales y su ignorancia acerca de cómo funciona el Estado, para manipularlo y manejarlo como hicieron en el pasado con Iván Duque, el presidente-títere del uribismo 2018-2022).  

Si la señora Cabal se refirió al entonces presidente Duque como "gordo marica", me imagino que de haber sido presidente Rodolfo Hernández, la misma senadora habría dicho "viejo marica", ante lo desastroso que hubiese resultado su administración. 

La derecha sabe que se equivocó poniendo al incapaz de Iván Duque en la Casa de Nari. Con todo y los problemas y conflictos que generó y dejó Duque Márquez,  sus más fieros representantes siguieron por las mismas al querer llevar a Hernández al Solio de Bolívar. Lo peor de todo es que para el 2026 no tienen un o una candidata presidencial con el carisma, la inteligencia y el conocimiento de cómo opera el Estado que seduzca a quienes en el 2022 votaron por Gustavo Petro. 

 

Imagen tomada de la red X, cuenta de Daniel Bejarano. 

CHIQUITA BRANDS Y MANCUSO EN LA TIERRA PARAMILITAR

 Por Germán Ayala Osorio

La condena proferida por la justicia americana contra la multinacional Chiquita Brands y las ya sempiternas y reiteradas confesiones de Salvatore Mancuso Gómez tienen como hilo conductor al  fenómeno paramilitar, el más ignominioso de todos los fenómenos de violencia social, económica y política que sucedieron en el pasado en este país.

La violencia interpartidista entre Liberales y Conservadores y la guerra contra el Estado que libró Pablo Emilio Escobar Gaviria no tuvieron las escabrosas dimensiones que sí alcanzó el fenómeno paramilitar.  Y es así porque las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se dieron en contubernio con operadores políticos y judiciales, grandes empresarios, organizaciones de la sociedad civil; militares, policías y agentes del DAS, clase política, empresas estatales y multinacionales como la bananera Chiquita Brands. 

Los gobiernos de Pastrana y Uribe son responsables de haber generado las condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que facilitaron el crecimiento y consolidación de las fuerzas paramilitares. El primero, por haberle entregado 42 mil kilómetros a las Farc-Ep para una zona de distensión en la que nació un Estado dentro del Estado legítimo, legal e históricamente reconocido. Durante la administración Pastrana el crecimiento de las estructuras paramilitares fue exponencial. Y el segundo, por sus simpatías con las fuerzas paramilitares, de acuerdo con los relatos de Mancuso y de otros líderes de las entonces AUC y por el apoyo irrestricto a las Convivir, muchas de estas, en especial las de Antioquia, convertidas en brazos armados de los paramilitares. 

Lo dicho recién por Salvatore Mancuso al periodista Daniel Coronell y  la condena contra la multinacional asesina Chiquita Brands, dan cuenta de tres dimensiones del fenómeno paramilitar: la humana, la institucional y la justicia. Como agente bisagra, el exlíder de las AUC tuvo relaciones político-comerciales y militares con miembros de familias cobijadas bajo el más fantasioso y peligroso eufemismo que una sociedad clasista, racista y premoderna como la colombiana pueda concebir para establecer diferencias y todo tipo de distanciamientos. Ese eufemismo es la "gente de bien". 

En cuanto la dimensión institucional, la condena contra Chiquita Brands por haber patrocinado a los paramilitares es la constatación clara de los peligros que rodean la operación de empresas multinacionales cuyo poder suele estar por encima del que se le reconoce al Estado como forma universal de dominación. Claro, hablamos de unas relaciones asimétricas entre grandes corporaciones con raíces en países del Norte opulento y Estados débiles como el de Colombia, condición esta naturalizada gracias a las acciones y decisiones adoptadas por presidentes de la República y sus patrocinadores, todos miembros de ese grupo social al que hoy por hoy el resto de la sociedad repudia y y teme: "la gente de bien". Los directivos de Chiquita Brands también hacen parte sustantiva de la reconocida expresión. 

Y en lo que hace referencia a la justicia como tercera dimensión, la millonaria condena contra la asesina multinacional de origen americano y la coexistencia en Colombia de tres modelos de justicia dan cuenta de las insondables diferencias morales entre los dos aparatos de justicia aquí comprometidos. Del lado de la justicia americana, con la condena proferida con Chiquita Brands se erige como un modelo legítimo, a pesar de que la comparecencia de la bananera en los estrados judiciales supone no tocar a los directivos que autorizaron los millonarios pagos a los paramilitares colombianos y cohonestaron con la importación de más 12 mil fusiles que terminaron en manos de los paracos. Por el lado del aparato de justicia de Colombia, la Fiscalía, Justicia y Paz y la JEP dan cuenta de la enorme dificultad para consolidar una sola verdad que permita señalar las responsabilidades individuales a las que nuevamente el criminal Salvatore Mancuso hizo referencia en la entrevista con Daniel Coronell. 

La histórica captura mafiosa de la Fiscalía, la acéfala y dispersa operación de Justicia y Paz como modelo de justicia transicional y la costosa y pomposa JEP, como renovado paradigma de justicia restaurativa han hecho posible la fragmentación de los procesos y de la verdad. Las tres han sido incapaces de exponer a esos poderosos miembros de la "gente de bien" que aportaron millones para que los paramilitares desplazaran a millones de compatriotas, asesinaran a otros cientos de miles que cayeron en las masacres, como las del Aro y La Granja y en los falsos positivos y otros tantos terminaran incinerados en hornos crematorios y otros más enterrados en fosas comunes dentro y fuera del país. 

Mientras la opinión pública procesa los alcances y el significado de la millonaria condena contra la multinacional y los modelos de justicia siguen ignorando y despreciando las declaraciones de Mancuso, en alguna parte del país, algún miembro de la "gente de bien" estará listo para gritar !qué viva la tierra paramilitar!.

Imagen tomada de Youtube.com

 

NOTICIAS CARACOL MIENTE

Por Germán Ayala Osorio

Noticias Caracol hace parte sustantiva de los medios masivos que optaron por hacerle oposición política al gobierno de Gustavo Petro. Para cumplir con esa tarea, han apelado a la exageración, a la mentira y a la lectura amañada o sesgada de los hechos que decidieron cubrir, aplicando la lógica noticiosa. Pues bien, el noticiero privado informó, nuevamente, de manera sesgada. 

En su emisión televisiva de las 7 pm de hoy 11 de junio de 2024, Caracol Noticias, primero la gente, emitió una nota a todas luces tendenciosa referente al eventual recorte de la ayuda que anualmente los Estados Unidos entrega a Colombia para programas o actividades como la interdicción de drogas o su lucha contra los grupos terroristas. En la mencionada nota, el periodista Juan Camilo Merlano omitió decir que la propuesta nace de las entrañas de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, que tiene las mayorías en esa célula legislativa. También dejó de decir que de pasar la propuesta, esta podría caerse en el Senado, debido a que los demócratas son mayoría y los republicanos, minoría.

Al saber que están en horario prime time, el generador de caracteres pone la siguiente frase que calza perfectamente con la idea del director del noticiero Caracol Noticias de generar preocupación en las audiencias o simplemente para contribuir a la narrativa de la derecha colombiana que señala que "el país va mal por culpa del gobierno castrochavista de Petro". Esta fue la frase generada y mantenida al aire durante el tiempo que duró la nota periodística: "Washington. Descontento por las políticas de Petro".  

Lo curioso del asunto es que en la mañana, el mismo periodista presentó la información completa en la emisora Blu Radio de la misma cadena Caracol. ¿Por qué se editó el audio de la nota radial y se pasó incompleto en la emisión televisiva? La respuesta es obvia: porque las directivas y el propio director de emisión creen que el noticiero de las 7pm, por el horario privilegiado, tendrá más visibilidad en las audiencias y por esa vía podrá aportar a la narrativa que señalaría que Estados Unidos le está quitando el respaldo al gobierno de Petro porque, como se dijo en la nota referida, las políticas de Petro estarían poniendo en riesgo o afectando la seguridad de los Estados Unidos. 

Periodísticamente, la nota falsea la realidad en la medida en que ese tipo de anuncios hacen parte del juego político y legislativo interno del Congreso americano y más ahora que se viene la elección presidencial. 

Flaco favor le hace al periodismo y a los estudiantes de periodismo el noticiero Caracol con ese tipo de notas. La responsabilidad social que les exige la Constitución política brilla por su ausencia en esta oportunidad, porque la prioridad es afectar la imagen del gobierno Petro. En lugar de jugársela por hacer sesudos análisis que les permita llegar al mismo objetivo, Caracol opta por la más fácil: mentir y engañar a sus propias audiencias.  ¿Será que la ética nada tiene que ver con el periodismo; o por encima de ella están los intereses políticos?

Imagen tomada de la red X

HABLEMOS DE "PALOTERAPIA" Y "PARAJUSTICIA"

Por Germán Ayala Osorio 

El cansancio de la ciudadanía frente a los ladrones callejeros naturalizaron la venganza y el castigo como instrumentos propios de una especie de "parajusticia" peligrosamente vindicativa. A diario se suben a las redes sociales videos en los que se aprecian ciudadanos, en particular hombres, sometiendo a las "ratas" (rateros) a violentos castigos que hacen llamar "paloterapia, recalibración cognitiva, masajes terapéuticos, cerebros reseteados o reprogramación cerebral". Todos, llamativos eufemismos que producen hilaridad y por momentos nos distraen de su real significado y del impacto que generan en el resto de la sociedad: se trata de reacciones primitivas de aquellos que, en gavilla y de manera cobarde, golpean salvajemente a los pillos. De esa manera se legitima la venganza, la justicia por mano propia y en varios casos, el asesinato de los "dueños de lo ajeno". 

Esas cobardes y primitivas reacciones se producen antes de la llegada e intervención de la policía. Incluso, cuando ya los victimarios están en manos de los policiales, el castigo continúa con la anuencia de los uniformados que se ven superados en número por la horda de salvajes que hacen presencia en el lugar de los hechos, para participar de la masiva y pública "paloterapia". Se escuchan gritos de "dale duro, en la cabeza, maten a ese hp, maten a esa rata asquerosa". Todos adjetivos y tenebrosas arengas con las que claramente se busca despojar a los maleantes de su condición humana, para darles el lugar preciso con el que se facilita la "recalibración cognitiva" y su muerte: es que se trata de una "rata asquerosa" y por lo tanto, no merece vivir. 

A pesar de los llamados de las mismas autoridades para que la gente no tome la justicia por su propia mano, los violentos espectáculos continúan. Por cuenta de los "masajes terapéuticos", la calle y el espacio público se convierten en espacios en los que se lucha por la sobrevivencia, en una selva en la que siempre triunfará el más violento, el más macho. Del lado de los atracadores, sus vidas corren peligro porque saben que si caen en manos de los "furtivos y violentos jueces", pueden sufrir graves lesiones y morir; y del lado de los usuarios permanentes de la calle, saben que el valor de sus vidas depende, básicamente, del alto valor comercial del reloj, pulsera, anillo o celular que portan y de la "buena vibra" de los bandidos convertidos también en "jueces", cuyos fallos están soportados en la razón que esgrimen los cacos: tengo hambre y a Usted le sobra la plata. 

Víctimas y victimarios son hijos de la misma sociedad y de los mismos sistemas cultural, político, social y económico que reproducen los problemas y las virtudes de una comunidad que se acostumbró a la ausencia del Estado como referente moral de un orden que aún no se consolida.  

La justicia por mano propia se justifica porque los cleptómanos recuperan su libertad a las pocas horas o días de haber cometidos los ilícitos. La policía explica que cumple con ponerlos ante los jueces, pero ante un delito menor y el hacinamiento en las cárceles, entonces se ordena la libertad de los pillos que regresan a las calles a rebuscarse la vida, así sea exponiendo la propia y determinando cuáles de sus víctimas podrán seguir respirando. Bajo esas circunstancias, entonces, cobra vida el "derecho a hacer justicia por mano propia". La sumatoria de ese derecho permite que los violentos espectáculos públicos llamados "paloterapia" se legitimen por la inacción de los congresistas y de los jueces que transitan protegidos por esas mismas calles y por las rabias acumuladas de cientos de miles de ciudadanos que saben que el espacio público en Colombia es el lugar en donde todo está en juego.   

Aquellos que participan de las crueles "paloterapias" deben de saber que con sus acciones terminan pareciéndose a los ladronzuelos. El desprecio por la vida de los cacos no los hace mejores ciudadanos. Por el contrario, los pone en la misma cima de la inmoralidad en la que hace rato los pillos se instalaron. 

Imagen tomada de Alerta Bogotá

PETRO SUSPENDE VENTA DE CARBÓN A ISRAEL

Por Germán Ayala Osorio

El anuncio presidencial de suspender la exportación de carbón térmico hacia Israel "hasta tanto no detenga las prácticas genocidas perpetradas en Gaza contra el pueblo palestino", pone de presente el eterno dilema moral y ético entre las relaciones comerciales y el respeto a la vida y a la dignidad humanas, afectadas en materia grave por el ejército israelí en ese disputado territorio del mundo en el que "conviven" dos pueblos diferentes. 

Más allá de los efectos económicos negativos que producirá el no volver a recibir los millones de dólares  por la venta del mineral y de las sanciones que se puedan venir contra Colombia por incumplir el TLC firmado con el Estado de Israel, la decisión del presidente Petro inaugura en las relaciones comerciales internacionales que Colombia sostiene con el resto del mundo una prerrogativa que siempre fue privilegio de las potencias del norte opulento: la de poder sancionar económicamente a países subdesarrollados que giraron hacia el socialismo o que estuvieron involucrados en la violación sistemática de los derechos humanos. 

Petro cree posible que Colombia juegue un papel protagónico en el mundo, apartándose drásticamente de ese orden internacional caracterizado por la hegemonía militarista de los Estados Unidos y de Israel, potencias militares responsables de la extensión en el tiempo de varios conflictos internacionales, incluido el que se escenifica en Gaza y Oriente Medio, e internos como el que sufre Colombia desde hace más de 50 años, a través de la venta de armamento y de la injerencia militar directa. El Plan Colombia es el mejor ejemplo de la injerencia militar de los Estados Unidos en las dinámicas del conflicto armado colombiano, convertido en un jugoso mercado para las empresas israelíes que fabrican armas y pertrechos, así como aquellas especializadas en vender servicios de seguridad. 

Con la decisión de suspender el envío del mineral hacia el Estado sionista de Israel el presidente Gustavo Petro cree que Colombia tiene la capacidad económica para soportar el desequilibrio en la balanza comercial entre los dos países y el hueco fiscal que generará la negativa de vender el carbón térmico. Ante semejante medida, se esperaría que el gobierno tuviese un plan para buscar otros mercados que suplan el millonario negocio que se suspenderá con la medida adoptada, que afecta a empresas privadas colombianas que participan del negocio de la exportación del carbón. 

A Petro parece interesarle posicionar la narrativa que señala que como gobierno y Estado tiene la suficiente autoridad moral para "castigar" a un Estado poderoso y aliado de los Estados Unidos por incurrir en prácticas genocidas. Esa narrativa moralista y moralizante niega de manera rotunda la posibilidad de hacer negocios cuando estos comprometan la vida de civiles  o estén manchados de sangre de niñas, niños y mujeres inocentes asesinados. El mundo es testigo que Israel, en su objetivo (in)moral de vengar la también criminal acción perpetrada por Hamás, sigue masacrando civiles sin ningún remordimiento.  

La medida de Petro es audaz, riesgosa, temeraria, peligrosa y aleccionante, pero coherente con las razones expuestas por el presidente colombiano cuando tomó la decisión de romper previamente relaciones diplomáticas con Israel por los hechos ya referidos asociados al genocidio al que viene sometiendo al pueblo palestino. 

Eso sí, la coherencia ideológica, política y moral del presidente Petro va en contravía de las lógicas y dinámicas de un orden internacional que le sigue haciendo el juego criminal a Israel y a los Estados Unidos en contra de los palestinos. Como dije en anterior columna, el mundo necesita de personajes como Netanyahu. Los genocidas sirven para que la humanidad se mire en esos ignominiosos espejos, para que al final triunfe la racionalidad económica, los mercados y las oportunidades de negocios que se abren cuando las guerras terminan y se inician los procesos de reconstrucción de ciudades y pueblos sometidos a bombardeos sistemáticos. La reconstrucción de Gaza se dará bajo principios de una gentrificación tan inmoral, como las guerras y los genocidios. Muy seguramente, bajo esa misma racionalidad económica aparecerá, más temprano que tarde, otro país que le venda el carbón térmico que necesita Israel. 

Imagen tomada de Semana.com

IVÁN DUQUE Y SU ALIANZA REPUBLICANA

Por GERMÁN AYALA OSORIO

El expresidente Iván Duque Márquez reaccionó a la propuesta del presidente Petro de invocar al poder constituyente para que este defina si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El exmandatario llamó a la derecha a conformar una "gran alianza nacional republicana contra Petro". Aunque es fácil deducir los alcances de ese llamado, vale la pena hacer un ejercicio analítico que girará en torno al concepto de República contenido en la propuesta de quien fuera el mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2018 y 2022.

Empecemos por comprender qué se entiende por República. Se trata de un concepto complejo y con una larga presencia e invocación dentro de la historia de las ideas políticas y por supuesto, dentro del mundo de la vida, como diría Habermas. 

La República se refiere al bien común, a la cosa pública, a la cosa política, esto es, a la cosa del pueblo, a todo lo que refiere a su bienestar, formas de tramitar sus conflictos y diferencias, de participar de la vida política; a la libertad y a otros derechos consagrados en el liberalismo. Por supuesto que esas nociones de la categoría República toman distancia y de cierta manera se oponen a la esfera de lo privado, en particular cuando quienes actúan dentro de esta, lo que buscan es afectar el bien común que no es otra cosa que todo lo que nos conviene y concierne a todos. 

Dicho lo anterior, examinemos algunos hechos, acciones y discursos que guardan estricta relación con las maneras como gobernó Iván Duque Márquez. Eso sí, propongo a los y las lectoras que por un momento se aparten de la narrativa que indica que Duque jamás gobernó, pues en su papel de títere, las decisiones de gobierno las tomó su titiritero: Álvaro Uribe Vélez.

Duque es responsable del estallido social y de haber co-gobernado con el uribismo, que no es otra cosa que una seudo doctrina fincada en un enraizado ethos mafioso que tiene a varios de sus miembros, voceros y cabezas visibles investigados, procesados y condenados por la justicia por paramilitarismo, corrupción, apropiación indebida de baldíos, entrampamientos, manipulación de testigos, desplazamiento forzado y homicidios,  entre otros delitos.

El país recuerda y no olvida la violencia estatal que Duque desató en contra de quienes solo querían ser escuchados en función de la conculcación de sus derechos. Más de 60 jóvenes afectados en sus ojos por armas accionadas por el Esmad; otros tantos desaparecidos y mujeres violadas. Bajo esas circunstancias, Iván Duque no actuó de manera republicana. Por el contrario, se olvidó que la democracia también hace parte del macro concepto República y se acercó más a un gobierno de mano dura. 

Frente a la obligación ética, judicial, moral y política de cumplir con lo acordado en el tratado de paz de La Habana, Duque de manera deliberada buscó "hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final", siguiendo las órdenes del exministro Fernando Londoño Hoyos, quien a su vez seguía las instrucciones del inefable patrón y dueño del Centro Democrático, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Y lo hizo ralentizando la implementación de programas encaminados a consolidar la paz en los territorios. Para darle algún sentido de legalidad, propuso su política de gobierno, Paz con Legalidad, para atacar la política de paz de Estado que brotó del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón de Bogotá, posterior al triunfo del No en el plebiscito por la paz. Es decir, un presidente atacando una política de paz del orden estatal, con una política de paz de gobierno. 

Iván Duque no tiene la autoridad moral y mucho menos la experiencia política para invocar una alianza nacional republicana porque todas sus acciones estuvieron encaminadas a poner por encima del interés general, del pueblo, de las mayorías, los intereses de quienes actuando en la esfera privada, le entregaron un guión corporativista que él siguió al pie de la letra. 

Lo que realmente está proponiendo el fatuo e indolente expresidente es un Frente Nacional. La historia no oficial señala que ese acuerdo entre conservadores y liberales fue una sólida alianza que terminó por alejar al país, a sus instituciones y a quienes se alternaron el poder durante 16 años, de la idea y del objetivo de consolidar a Colombia como una verdadera República. Téngase en cuenta que República también alude a forma de gobernar a través de la representación política. 

La reacción del homúnculo de Iván Duque y su regreso a la discusión política después de su nefasto gobierno solo sirve para constatar la crisis de liderazgo que arrastra la derecha de tiempo atrás. Si el "gordo marica", como lo llamó su compañera de partido, María Fernanda Cabal, va a asumir la jefatura de la Oposición en la actual coyuntura, muestra el desespero del uribismo por no tener claridad cómo y con quién podrán competir en el 2026 para recuperar lo único que les interesa: el control del erario. En 20 años jamás estuvieron cerca de consolidar una verdadera República. Lo que sí hicieron bien fue convertir al país en una República Bananera; y de la mano de Chiquita Brands, la multinacional asesina que patrocinó masacres que los paramilitares perpetraron, convirtieron al Estado colombiano en un orden criminal. 

Imagen tomada de El Universal. 

SE ACTIVÓ EL TODOS CONTRA EL "PODER CONSTITUYENTE"

 Por Germán Ayala Osorio

Por cuenta de haber invocado el "poder constituyente" y de estar destapando ollas podridas en varias EPS y en la propia UNGRD, el gobierno del presidente Petro calentó el ambiente político-electoral de cara a las elecciones de 2026. Bajo esas circunstancias se va consolidando una compleja coyuntura socio política en la que tanto el bloque del gobierno y como el de la Oposición empiezan a  exponer sus estrategias para deslegitimarse mutuamente, lo que podría generar enfrentamientos callejeros. Al final, el gran vencedor en las elecciones de 2026 será el que termine menos afectado en su imagen. Y los perdedores, las grandes mayorías por la no aprobación de las propuestas sociales atascadas en un Congreso en el que las bancadas de la derecha han cumplido a cabalidad con las órdenes allegadas desde la dirigencia de los partidos políticos y los empresarios que decidieron oponerse a Petro porque quiere tocar sus privilegios, forjados sobre la vida miserable de millones de colombianos. 

Las reacciones de la derecha, de la que hacen parte congresistas de los partidos Alianza Verde, Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático (CD), están claramente atadas a un único objetivo: impedir que el gobierno de Petro logre cambios sustanciales en la operación del Estado, lo que haría casi imposible derrotar en las urnas a quien asuma la defensa de las banderas del cambio y la continuidad de sus políticas agraria, sociales, fiscales y ambientales.

La oposición cuenta con los micrófonos y los reflectores de la gran prensa bogotana para dañar la imagen del presidente y la de su gobierno. A pesar de que varios académicos insisten en señalar que los medios masivos tradicionales han perdido poder de convocatoria y de penetración en las audiencias, hay aún sectores de la población que creen a pie juntillas en lo que dicen Semana, El Tiempo, La FM, Blu Radio y la W en torno al riesgo de que Petro quiera reelegirse, como en su momento lo hicieron Uribe y Santos; el primero, de manera tramposa, ilegal. 

A la estrategia mediática se suma el periplo que viene haciendo del expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez por varias universidades privadas. Sus "conferencias" van encaminadas a generar el mayor ruido posible con el objetivo de deslegitimar al actual gobierno progresista, meterle miedo a las directivas y a los estudiantes universitarios. Incluso, Uribe Vélez invitó a la cúpula militar a desobedecer al presidente de la República, lo que claramente es una incitación a cometer el delito de sedición. La derecha uribizada estaría contando con el apoyo de sectores económicos de la sociedad civil, es decir, de Fenalco y de varias familias con poder económico y político. Y ahora se suman universidades privadas de ascendencia conservadora y defensoras del statu quo. 

Como parte de la estrategia, decidieron sacar de la "cajita mágica" al expresidente y ex títere del 1087985, Iván Duque Márquez. En su voz fingida, como todo en él, propuso hacer un "gran alianza política para frenar la intención de Petro de perpetuarse en el poder". Lo que propone Duque no es otra cosa que revivir el Frente Nacional. Pero no parar la violencia política de aquellos tiempos, sino para frenar a Petro, pero sobre todo, impedir que logre consolidar la masa crítica y electoral suficiente que le asegure bien la reelección- así el propio presidente haya negado que le interesa reelegirse- o la continuidad del progresismo en la Casa de Nariño. 

Está el país ante dos sectores de poder que exhiben desespero, fruto de la rabia y la impotencia que cada uno siente. Del lado de la derecha, por no haber podido consolidar el "golpe blando" de la mano de las empresas mediáticas señaladas arriba; y del lado del Gobierno, por no haber logrado que el Congreso le aprobara las reformas pensional, a la salud y laboral con las que cree posible reversar en algo los efectos dañinos de las recetas neoliberales aplicadas a rajatabla por los presidentes Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque.  

Así las cosas, esta coyuntura política se tornará a todas luces inconveniente políticamente y socialmente violenta si tanto el gobierno de Petro y la derecha uribizada no le bajan el tono y a la beligerancia discursiva. Llama la atención el silencio de la iglesia católica y la participación agazapada de la academia, representada en las universidades privadas que insisten en ponerse del lado del uribismo, sin que les importe a los rectores de aquellas instituciones educativas la condición sub judice del exsenador Uribe, sus llamados a que los militares desobedezcan al presidente de la República y los actos de corrupción público-privada  que se vienen destapando del gobierno de Iván Duque, manejado bajo la influencia económica y política del exgobernador de Antioquia. 

Dados los actuales niveles de crispación ideológica y política, está claro que cada sector de poder está interesado en golpear la imagen del adversario. Si el gobierno de Petro quiere realmente darle un fuerte golpe a la Oposición, lo que tiene que hacer es convocar ya a la Comisión Internacional contra la Corrupción, de la mano de la ONU. Bajo ese nuevo escenario, a la derecha uribizada y a los empresarios que resulten involucrados en hechos de corrupción público-privada les quedarán dos caminos: someterse al veredicto que entregue esa Comisión o irse de frente contra Petro hasta derrocarlo. 

 Imagen tomada de Doral Voice

HABLEMOS DE "VIOLENCIA SALARIAL" EN COLOMBIA

 Por Germán Ayala Osorio

Ahora que se hundió el proyecto de ley con el que se pretendía bajarles o "congelarles" el salario a los congresistas, es tiempo de que el país empiece a hablar de otras formas de violencia. Los altos salarios de los legisladores y el mantenimiento de sus UTL (Unidad de Trabajo Legislativo), más otros beneficios con los que cuentan los Honorables Parlamentarios (HP) dan vida a lo que llamo aquí "violencia salarial", basada en las millonarias asignaciones salariales de los congresistas que, además de legislar en contra de las necesidades de las grandes mayorías, se prestan para robar el erario, o simplemente, para hacerse a una fortuna.

En un país con una larga historia de violencia política, asociada a las dinámicas del conflicto armado y a las disputas ideológicas y políticas entre conservadores y liberales, suelen pasar inadvertidas otras formas de violencia que parecen sutiles, pero que pueden ser peores que la violencia física, los crímenes como los falsos positivos, las masacres como las del Aro y la Granja, entre otras, y el desplazamiento forzado de más de 7 millones de colombianos. Y es así, porque esas formas de violencia social y política, por más sutiles que parezcan, van erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, animan a la venta del voto y abren el camino para que el clientelismo se institucionalice y naturalice. 

Hablo de la "violencia salarial" que tiene dos extremos: de un lado, lo que devengan los congresistas y del otro, el salario mínimo. Me concentraré en una parte de la ecuación: el salario de los congresistas, a propósito del hundimiento del proyecto de ley que pretendía reducirlo o congelarlo. El hundimiento de la iniciativa legislativa constituye una provocación social y política que tiene dos caminos de expresión: el primero, la toma de conciencia en sectores societales que se traduce en la comprensión de que los problemas del país no necesariamente están representados en la presencia otoñal de las "guerrillas" y mucho menos en  los rateros callejeros, sino en los parásitos  y ladrones de cuello blanco que logran enquistarse en el Congreso; y el segundo camino que genera la provocación social y política que generan los altos salarios y prebendas que tienen los HP es hacer todo lo posible para llegar a tener una curul, aliándose con paramilitares, mafias del narcotráfico, empresarios o colectivos o movimientos sociales, interesados todos en tener representación congresional, no necesariamente articulada a los intereses de la Nación. El punto de debate está en que suelen llegar al Congreso ciudadanos que previamente venden su alma a los intereses legales e ilegales o aquellos que una vez obtenida la curul, engañan al grupo de personas que les dieron los votos, esperanzados en tener una genuina representación social-comunitaria. Ejemplos de estos últimos son los congresistas Jota P Hernández, Abraham Polo Polo, dos energúmenos, patanes y básicos jóvenes, incapaces de redactar una carta al niño Dios; se suma la HP, Catherine Juvinao, a quien según ella misma lo dijo,  le interesaba "hacer 2 Cámaras y 2 Senados para irse a una playa a descansar". 

Se suma a lo anterior, que llegan al Congreso ciudadanos sin ninguna capacidad propositiva en materia de ideas y proyectos de beneficio colectivo. Pasan años sentados en sus curules, calentando puesto, sin que hayan presentado un solo proyecto de ley decente. La gran mayoría de congresistas escasamente saben expresarse oralmente. Su capacidad discursiva es nula, al igual que la posibilidad de sentarse a escribir proyectos de ley de alta conveniencia nacional. Además, hacen presencia en el recinto, firman y se van, evitando así dar los debates para los cuales son citados. Prefieren ese camino que les permite la ley 5ta, que les facilita las cosas a los congresistas que solo están para cumplir las órdenes que les dan sus patrocinadores o las de sus colegas.  Sin duda, esa ley 5ta es el marco legal funcional a la vagabundería y a la pereza mental de representantes y senadores (hombres y mujeres, por igual).

Sigamos. Por supuesto que el salario del presidente de Ecopetrol y de otras entidades estatales caben dentro de la "violencia salarial", pero el tamaño del Congreso y por ser la corporación en donde nacen las prácticas dolosas y mafiosas, hace que el foco de la crítica recaiga en los congresistas. Además, los niveles de responsabilidad corporativa e institucional entre quien dirige Ecopetrol y aquellos que tienen una curul no se puede comparar. Al final, la mayoría de los congresistas solo son responsables por mantener la clientela que los llevó al Congreso. 

En un país con los niveles de desigualdad y pobreza como Colombia, un salario de casi 50 millones de cada congresista, sin contar los costos de cada UTL es, además de oneroso para las finanzas públicas, una provocación social y política para millones de colombianos que viven en la economía informal. La informalidad laboral en el país supera el 56%. 

Con el perverso e interesado patrocinio de empresas privadas, las costosas curules de los legisladores van consolidando al Congreso como un centro de poder oligárquico-mafioso que además de legislar en contra de las mayorías, anida en sus entrañas la más infame corrupción que hace inviable cualquier posibilidad de cambio. 

La "violencia salarial" se entiende, entonces, como una forma de violencia institucional  e institucionalizada que erosiona la legitimidad social del Congreso, al tiempo que envilece la legitimidad política de la misma corporación. 

Imagen tomada de Facebook

LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: ORIGEN DEL ETHOS MAFIOSO

 Nadie discute que el mayor problema del país y fuente de otros más es la corrupción público-privada. Lo que pocos reconocen es que ese ethos mafioso nace o está atado inexorablemente a la financiación de las campañas políticas con las que se eligen presidente de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. A su vez, el origen de la financiación de todas esas campañas está ancorado a los contratistas, banqueros y empresarios que disponen de billonarios recursos para poner presidentes de la República, congresistas, diputados y concejales que actuarán como lobistas al interior de sus corporaciones; así como alcaldes y gobernadores. 

Mientras que no se prohíba que particulares financien a candidatos que desean ocupar los señalados cargos públicos, el ethos mafioso seguirá guiando la vida pública y privada de todos los agentes que participan de la financiación de las campañas electorales. 

Cuando banqueros, empresarios y contratistas entregan millonarios recursos a campañas presidenciales, lo hacen porque esperan que el presidente electo les devuelva el "favorcito" dándoles contratos y manteniendo condiciones de privilegio, esto es, lavado de dinero, o la salida de capitales a paraísos fiscales como Panamá o Suiza, entre otros. 

Cuando los anteriores agentes económicos financian las campañas al Congresos, los aspirantes quedan comprometidos a tramitar leyes que los favorezcan o por el contrario, a oponerse a toda iniciativa legislativa que afecte sus intereses corporativos o los que atañen a sus condiciones de personas naturales y/o jurídicas. Lo mismo sucede cuando esos agentes económicos patrocinan a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. 

El ejemplo de los congresistas resulta paradigmático. Estos legisladores que ganan un salario de casi 50 millones, cobran coimas por "patinar" contratos en alcaldías, gobernaciones y en entidades del orden nacional. Los legisladores elegidos por los ya señalados agentes económicos terminan fungiendo como actores bisagra a través de los cuales particulares y servidores públicos roban millonarios recursos del erario. 

En ese encadenamiento, las prácticas corruptas se normalizan de tal manera, que la lucha contra la corrupción resulta quimérica y en ocasiones, hasta un imposible porque esas compras de conciencias se convierte en un asunto estructural-cultural, lo que obliga hasta el más ético de los funcionarios o ciudadanos, a ceder o a guardar silencio frente a los torcidos. 

Dicho lo anterior, jamás habrá en Colombia un gobierno limpio de actos de corrupción, por cuanto el factor que origina la corrupción público-privada está en la financiación de las campañas. Es tan naturalizado el ethos mafioso, que los empresarios, contratistas y banqueros guardan cómplice silencio ante los casos de corrupción que se vienen destapando con los recursos del Ocad-Paz durante el gobierno del títere, Iván Duque Márquez. O los que se vienen conociendo a cuenta gotas al interior de la UNGRD. 

Estamos condenados a vivir en medio de la corrupción y las empresas criminales que diseñan congresistas de derecha, izquierda y de centro. Ser corrupto paga, porque no hay sanción moral o social. Vale la pena robar porque la justicia les facilita las cosas con principios de oportunidad y otros beneficios por reconocer delitos. Al final, los corruptos devuelven algo de lo que se robaron. No todo. Y podrán seguir contratando con el Estado. 

 Imagen tomada de La Vorágine

PRIMERA MUJER PRESIDENTA EN MÉXICO: ¿Y PARA CUÁNDO EN COLOMBIA?

 Por Germán Ayala Osorio  

 

La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México debería de servir de ejemplo para el progresismo y la izquierda colombianas, enredadas por estos días en llamados a reelegir al presidente Petro o invocar a un “poder constituyente” tan difuso como la existencia misma de un único pueblo.  

En lugar de alborotar más a la godarria del Establecimiento con asambleas constituyentes, cabildos, asambleas permanentes y lecturas amañadas de lo firmado en el Acuerdo de Paz de La Habana, lo que deberían de estar haciendo desde hace rato es preparar a quien podría ser, como sucedió en México, la primera mujer presidenta en un país machista, godo y misógino como Colombia. Ambos países comparten esa misma circunstancia cultural, de ahí que lo sucedido en territorio azteca puede convertirse en ejemplo para los colombianos que, alejados del machismo, consideran que es tiempo de que una mujer asuma las riendas del país, tradicionalmente en manos de machos que poco o nada le han aportado a la consolidación de una verdadera República. 

Petro y su séquito más cercano deben de mirar lo sucedido en México para llegar a las elecciones de 2026 ojalá con una mujer capaz de recoger las banderas y las propuestas de reforma que el Congreso finalmente no le aprobará a Petro, justamente por la mezquindad de expresidentes (todos hombres) y de mujeres congresistas serviles a los machos que representan a la derecha colombiana. Y para hacerlo, se debió desde antes del 7 de agosto de 2022 empezar a preparar a los y las candidatas capaces de darle la pelea a los y las candidatas con las que la derecha buscará recuperar el Estado para dar continuidad a su proyecto neoliberal, interrumpido momentáneamente por la irrupción de Gustavo Petro.  

La pregunta es: ¿Cuál es la mujer que dentro del progresismo y la izquierda podría recoger las banderas y las propuestas que el Congreso negó y triunfar en las elecciones de 2026? Difícilmente se podrá dar con una candidata que se acerque al perfil de Sheinbaum, luchadora social de vieja data en México, pero me atrevo a proponer a Carolina Corcho. La exministra de Salud tiene el talante, la formación académica, la inteligencia, la actitud combativa y la coherencia discursiva suficientes para parársele a cualquiera de los candidatos o candidatas que la derecha decida poner en próxima arena electoral. Ninguna de las tres “tigresas” del súb judice Álvaro Uribe Vélez tiene la formación política y la oratoria de Carolina Corcho. Y si el expresidente y expresidiario se decide por lanzar a otro puppet como Iván Duque, igualmente la exministra estaría preparada para derrotarlo. Hay que recordar que dentro del grupo de las “tres tigresas” hacen parte las lenguaraces de Vicky Dávila, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Y dentro de los puppet se contarían los eternos candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Fico Gutiérrez y Germán Vargas Lleras. No se puede descartar la candidatura de Claudia López Hernández, quien al final podría aliarse con el uribismo, para ser su candidata presidencial, incluso por encima de las tres tigresas.  

Volvamos a lo sucedido en México. Lo primero que deberían de aprender los congresistas y políticos que propusieron manosear nuevamente la Carta Política para revivir la reelección presidencial en Colombia es que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregará el poder, en una transición democrática sin sobresaltos, a una mujer de las entrañas de las luchas sociales en el país azteca: Claudia Sheinbaum. A pesar de los delirios de la prensa mexicana que creó la narrativa que daba por hecho que AMLO buscaría reelegirse, el presidente de los mexicanos puso en manos de Sheinbaum la continuidad de sus políticas de bienestar social y de desarrollo económico. La prensa colombiana ya puso a andar la misma narrativa, a pesar de que el presidente Petro haya salido a desmentir a quienes dicen que está buscando reelegirse y quedarse 12 años como en su momento lo pretendió hacer el inefable Álvaro Uribe Vélez, conocido también como el 1087985.  

Para lo único que sirve insistir en que no hay nadie más capaz de gobernar a la Colombia progresista que Gustavo Petro y por ello hay que reelegirlo, es parecerse a Uribe y a Santos. Estos dos políticos fueron las fichas con las que el Establecimiento logró consolidar la pobreza, la desigualdad, concentrar la riqueza y la tierra en pocas manos y la inviabilidad de un modelo de desarrollo a todas luces insostenible desde una perspectiva sistémica.  

Hay que darle vida a una narrativa que dé cuenta de lo sucedido al interior del Congreso con los proyectos de reforma que finalmente fracasen. Esa narrativa debe señalar a cada uno de los congresistas que se opusieron a discutir con argumentos las iniciativas gubernamentales presentadas. De la misma manera, debe exponer los nombres de los jefes de los partidos políticos que le hicieron oposición al gobierno Petro y a los empresarios que los patrocinaron. Apoyarse en las redes sociales y en los medios alternativos puede ayudar al objetivo de posicionar esa narrativa. 

El presidente Petro debe concentrarse en mejorar los indicadores económicos y sociales y dejar en las mejores condiciones posibles la economía nacional. Cada que el presidente Petro invoca el “poder constituyente”, con una prensa opositora que todos los días genera miedo e incertidumbre en la opinión pública, desgasta su imagen.  

Adenda: no se trata de elegir como presidenta por el hecho de ser mujer. No. Debe servir su elección para proscribir todas las formas de dominación y violencias masculinas. La perspectiva femenina, si es que se puede hablar de una sola o de las perspectivas en plural, deben ser escuchadas, viables y posibles. La perspectiva masculina más o menos homogénea en los ejercicios del poder político sirvieron para convertir el planeta en un matadero, en un botadero a cielo abierto de todo tipo de basuras y en generar una inocultable crisis climática.

Imagen tomada de Red más noticias