Por Germán Ayala Osorio
Ahora que se hundió el proyecto de ley con el que se pretendía bajarles o "congelarles" el salario a los congresistas, es tiempo de que el país empiece a hablar de otras formas de violencia. Los altos salarios de los legisladores y el mantenimiento de sus UTL (Unidad de Trabajo Legislativo), más otros beneficios con los que cuentan los Honorables Parlamentarios (HP) dan vida a lo que llamo aquí "violencia salarial", basada en las millonarias asignaciones salariales de los congresistas que, además de legislar en contra de las necesidades de las grandes mayorías, se prestan para robar el erario, o simplemente, para hacerse a una fortuna.
En un país con una larga historia de violencia política, asociada a las dinámicas del conflicto armado y a las disputas ideológicas y políticas entre conservadores y liberales, suelen pasar inadvertidas otras formas de violencia que parecen sutiles, pero que pueden ser peores que la violencia física, los crímenes como los falsos positivos, las masacres como las del Aro y la Granja, entre otras, y el desplazamiento forzado de más de 7 millones de colombianos. Y es así, porque esas formas de violencia social y política, por más sutiles que parezcan, van erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, animan a la venta del voto y abren el camino para que el clientelismo se institucionalice y naturalice.
Hablo de la "violencia salarial" que tiene dos extremos: de un lado, lo que devengan los congresistas y del otro, el salario mínimo. Me concentraré en una parte de la ecuación: el salario de los congresistas, a propósito del hundimiento del proyecto de ley que pretendía reducirlo o congelarlo. El hundimiento de la iniciativa legislativa constituye una provocación social y política que tiene dos caminos de expresión: el primero, la toma de conciencia en sectores societales que se traduce en la comprensión de que los problemas del país no necesariamente están representados en la presencia otoñal de las "guerrillas" y mucho menos en los rateros callejeros, sino en los parásitos y ladrones de cuello blanco que logran enquistarse en el Congreso; y el segundo camino que genera la provocación social y política que generan los altos salarios y prebendas que tienen los HP es hacer todo lo posible para llegar a tener una curul, aliándose con paramilitares, mafias del narcotráfico, empresarios o colectivos o movimientos sociales, interesados todos en tener representación congresional, no necesariamente articulada a los intereses de la Nación. El punto de debate está en que suelen llegar al Congreso ciudadanos que previamente venden su alma a los intereses legales e ilegales o aquellos que una vez obtenida la curul, engañan al grupo de personas que les dieron los votos, esperanzados en tener una genuina representación social-comunitaria. Ejemplos de estos últimos son los congresistas Jota P Hernández, Abraham Polo Polo, dos energúmenos, patanes y básicos jóvenes, incapaces de redactar una carta al niño Dios; se suma la HP, Catherine Juvinao, a quien según ella misma lo dijo, le interesaba "hacer 2 Cámaras y 2 Senados para irse a una playa a descansar".
Se suma a lo anterior, que llegan al Congreso ciudadanos sin ninguna capacidad propositiva en materia de ideas y proyectos de beneficio colectivo. Pasan años sentados en sus curules, calentando puesto, sin que hayan presentado un solo proyecto de ley decente. La gran mayoría de congresistas escasamente saben expresarse oralmente. Su capacidad discursiva es nula, al igual que la posibilidad de sentarse a escribir proyectos de ley de alta conveniencia nacional. Además, hacen presencia en el recinto, firman y se van, evitando así dar los debates para los cuales son citados. Prefieren ese camino que les permite la ley 5ta, que les facilita las cosas a los congresistas que solo están para cumplir las órdenes que les dan sus patrocinadores o las de sus colegas. Sin duda, esa ley 5ta es el marco legal funcional a la vagabundería y a la pereza mental de representantes y senadores (hombres y mujeres, por igual).
Sigamos. Por supuesto que el salario del presidente de Ecopetrol y de otras entidades estatales caben dentro de la "violencia salarial", pero el tamaño del Congreso y por ser la corporación en donde nacen las prácticas dolosas y mafiosas, hace que el foco de la crítica recaiga en los congresistas. Además, los niveles de responsabilidad corporativa e institucional entre quien dirige Ecopetrol y aquellos que tienen una curul no se puede comparar. Al final, la mayoría de los congresistas solo son responsables por mantener la clientela que los llevó al Congreso.
En un país con los niveles de desigualdad y pobreza como Colombia, un salario de casi 50 millones de cada congresista, sin contar los costos de cada UTL es, además de oneroso para las finanzas públicas, una provocación social y política para millones de colombianos que viven en la economía informal. La informalidad laboral en el país supera el 56%.
Con el perverso e interesado patrocinio de empresas privadas, las costosas curules de los legisladores van consolidando al Congreso como un centro de poder oligárquico-mafioso que además de legislar en contra de las mayorías, anida en sus entrañas la más infame corrupción que hace inviable cualquier posibilidad de cambio.
La "violencia salarial" se entiende, entonces, como una forma de violencia institucional e institucionalizada que erosiona la legitimidad social del Congreso, al tiempo que envilece la legitimidad política de la misma corporación.
Imagen tomada de Facebook
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