Nadie discute que el mayor problema del país y fuente de otros más es la corrupción público-privada. Lo que pocos reconocen es que ese ethos mafioso nace o está atado inexorablemente a la financiación de las campañas políticas con las que se eligen presidente de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. A su vez, el origen de la financiación de todas esas campañas está ancorado a los contratistas, banqueros y empresarios que disponen de billonarios recursos para poner presidentes de la República, congresistas, diputados y concejales que actuarán como lobistas al interior de sus corporaciones; así como alcaldes y gobernadores.
Mientras que no se prohíba que particulares financien a candidatos que desean ocupar los señalados cargos públicos, el ethos mafioso seguirá guiando la vida pública y privada de todos los agentes que participan de la financiación de las campañas electorales.
Cuando banqueros, empresarios y contratistas entregan millonarios recursos a campañas presidenciales, lo hacen porque esperan que el presidente electo les devuelva el "favorcito" dándoles contratos y manteniendo condiciones de privilegio, esto es, lavado de dinero, o la salida de capitales a paraísos fiscales como Panamá o Suiza, entre otros.
Cuando los anteriores agentes económicos financian las campañas al Congresos, los aspirantes quedan comprometidos a tramitar leyes que los favorezcan o por el contrario, a oponerse a toda iniciativa legislativa que afecte sus intereses corporativos o los que atañen a sus condiciones de personas naturales y/o jurídicas. Lo mismo sucede cuando esos agentes económicos patrocinan a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
El ejemplo de los congresistas resulta paradigmático. Estos legisladores que ganan un salario de casi 50 millones, cobran coimas por "patinar" contratos en alcaldías, gobernaciones y en entidades del orden nacional. Los legisladores elegidos por los ya señalados agentes económicos terminan fungiendo como actores bisagra a través de los cuales particulares y servidores públicos roban millonarios recursos del erario.
En ese encadenamiento, las prácticas corruptas se normalizan de tal manera, que la lucha contra la corrupción resulta quimérica y en ocasiones, hasta un imposible porque esas compras de conciencias se convierte en un asunto estructural-cultural, lo que obliga hasta el más ético de los funcionarios o ciudadanos, a ceder o a guardar silencio frente a los torcidos.
Dicho lo anterior, jamás habrá en Colombia un gobierno limpio de actos de corrupción, por cuanto el factor que origina la corrupción público-privada está en la financiación de las campañas. Es tan naturalizado el ethos mafioso, que los empresarios, contratistas y banqueros guardan cómplice silencio ante los casos de corrupción que se vienen destapando con los recursos del Ocad-Paz durante el gobierno del títere, Iván Duque Márquez. O los que se vienen conociendo a cuenta gotas al interior de la UNGRD.
Estamos condenados a vivir en medio de la corrupción y las empresas criminales que diseñan congresistas de derecha, izquierda y de centro. Ser corrupto paga, porque no hay sanción moral o social. Vale la pena robar porque la justicia les facilita las cosas con principios de oportunidad y otros beneficios por reconocer delitos. Al final, los corruptos devuelven algo de lo que se robaron. No todo. Y podrán seguir contratando con el Estado.
Imagen tomada de La Vorágine
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