INSEGURIDAD Y LAS SIMPLISTAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La inseguridad en las calles es el tema recurrente en esta campaña electoral. Los candidatos a gobernar las principales ciudades del país se ven compelidos a proponer lo mismo de siempre: aumento del pie de fuerza (más policías) y vigilancia con drones y helicópteros para confrontar, al mismo tiempo, a los ladrones callejeros, bandas criminales del microtráfico, organizaciones sicariales al servicio de varios sectores societales, pandillas en barriadas y la presencia de milicianos de las disidencias farianas y del ELN, así como células paramilitares.

Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla afrontan graves problemas de seguridad porque en sus territorios confluyen los fenómenos delincuenciales arriba señalados.

Por la complejidad de la problemática, hay que decir que los candidatos a las alcaldías más importantes del país caen en una mirada simplista de los fenómenos asociados a la inseguridad. Ya varios de estos hablan de crear unidades especiales de policía, con vehículos de control remoto de drones. Solo les falta proponer la llegada de policías tipo Robocot para enfrentar la desesperante delincuencia callejera.

Desde un enfoque sistémico, los escenarios delincuenciales que se presentan en las 5 ciudades principales de Colombia guardan estrecha relación con el modelo económico, el naturalizado ethos mafioso; el comportamiento errático de la élite gobernante; el débil aparato productivo, la ausencia de una política criminal seria; una crisis civilizatoria que debe conectarse con asuntos como la pobreza, la discriminación, exclusión, pero también con motivaciones propias de masculinidades que emergen bajo marcos inmorales que a su vez brotan del mal ejemplo que exhiben la “gente de bien”.

Los raponazos en calles y buses requieren de castigos aleccionantes que se muevan bajo la relación Garrote-Zanahoria. Es urgente un ajuste en el código penal, asunto que los candidatos a las alcaldías no proponen al legislativo nacional, para que las penas por estos “delitos menores” realmente persuadan al delincuente. De manera concomitante, hay que reformar el INPEC y la AUSPEC. En particular, el INPEC, convertido en una entidad corrupta y deshumanizante a juzgar por las condiciones en las que sobreviven los condenados e imputados por diversos delitos.  

Hay un asunto sobre el que guardan sospechoso silencio todos y todas las y los candidatos a ocupar las principales alcaldías: la corrupción público-privada que permite la fácil circulación de armas (traumáticas y de fuego). De igual manera, los centros de construcción de changones (armas hechizas) con las que se cometen hurtos y asesinatos. Para dar un ejemplo, en la capital del Valle del Cauca las armas se venden como si se tratara de un mercado persa. Es tiempo de hablar sin ambages y empezar a desmantelar las redes, legales e ilegales, que hacen posible la circulación libre de armas. Piden y piden más pie de fuerza, pero poco se atienden los problemas en el reclutamiento de policías, muchos de los cuales entran a la institución para asociarse con bandas criminales.

Si todos los fenómenos delincuenciales que confluyen la capital del Valle del Cauca y en otras capitales de departamentos tienen como común denominador la compra y venta de armas de fuego y traumáticas, entonces hay que atacar el problema develando las finas relaciones que de tiempo están establecidas entre agentes estatales y privados. Incluso, la fabricación de armas por parte de INDUMIL debe entrar a revisión y control. En Cali se habla del fenómeno de “alquiler de armas oficiales” para cometer todo tipo de delitos. ¿Entonces?

Otro asunto que se suma al complejo panorama delincuencial tiene que ver con el control de las migraciones. Hay que proponer acciones propias de la inteligencia militar y policial, junto con otras entidades, para tener un control efectivo del tipo de gente que flota en la ciudad y la que busca asentarse de manera temporal o definitiva. En definitiva, señores candidatos, vayan un poco más allá y arriésguense a combatir el problema de la inseguridad con un enfoque sistémico.

 

Imagen tomada de Semana.com

INVAMER Y CARACOL NOTICIAS EN “LA ESPIRAL DEL SILENCIO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La encuestadora Invamer acaba de entregar al diario El Espectador, la cadena Blu Radio y el Noticiero Noticias Caracol la encuesta sobre la intención de voto de colombianos que residen en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga; y que estarían dispuestos a votar en las venideras elecciones para escoger los nuevos alcaldes de estas cinco ciudades en las que se aplicó el instrumento.

Con los resultados de la reciente encuesta de Invamer, el noticiero privado, Noticias Caracol, activa varias circunstancias centrales de la teoría propuesta por Elisabeth Noelle‑Neumann, llamada La Espiral del Silencio: entre otras, la psicología electoral individual y la repetición de una tendencia u opinión aparentemente mayoritaria.

Al momento en el que aparecen punteando en las encuestas candidatos afines a los intereses corporativos del canal Caracol, su órgano de difusión empuja a sus audiencias a pensar en que es importante montarse en el bus ganador de manera temprana, quizás para evitar más adelante señalamientos sociales de sectores de la opinión que acompañan al candidato presentado prematuramente como ganador, en la medida en que cualquier opinión contraria a la tendencia propuesta por la encuestadora, termine por generar miedo al rechazo en quienes tienen en mente otro candidato, quizás el que ocupó la segunda casilla o lugares más alejados.

Para el caso de Bogotá, es claro que la encuestadora Invamer y Noticias Caracol le están apostando a un triunfo de Carlos Fernando Galán(26,6%), candidato que puntea en la encuesta y camina de la mano de los intereses de los sempiternos contratistas y de Germán Vargas Lleras. Y no se descarta que el propio Galán reciba, bajo cuerda, el apoyo del Centro Democrático. La apuesta de la empresa demoscópica y del noticiero privado es evitar, a toca costa, que Gustavo Bolívar (20,3%) alcance la segunda vuelta y por supuesto, que llegue al Palacio Liévano.

Al momento de “analizar” los resultados, el director del noticiero, Juan Roberto Vargas y su colega María Alejandra Villamizar evitaron relacionar la campaña de Galán con Vargas Lleras y Cambio Radical, movimiento político sobre el que giran negativas representaciones sociales por los numerosos y sistemáticos casos de corrupción de políticos miembros de esa colectividad; por el contrario, la de Bolívar, de inmediato se conectó con el Pacto Histórico y con el presidente de la República, Gustavo Petro, circunstancia con la que los presentadores buscan atacar la tendencia por ellos mismos reconocida, que señala que en la capital se vota a la izquierda. Al final, Caracol y sus periodistas quieren convertir la jornada electoral del 29 de octubre en un plebiscito contra Petro.

Sobre los candidatos que, según la encuesta, no pasarían a segunda vuelta en Bogotá (mecanismo que estrenará en estas elecciones), los periodistas identificaron a Juan Daniel Oviedo (16,8%), Diego Molano (7,5%) y a Jorge Luis Vargas (6%) como fichas del expresidente (ex-títere) Iván Duque; en particular, Molano y Vargas son de magra recordación entre los caleños por el absurdo y violento manejo que le dieron a la ciudad epicentro del estallido social de 2021.

En el escenario de la segunda vuelta, la encuesta pone como ganador absoluto a Galán, derrotando tanto a Bolívar como al tercero en la intención de voto, Juan Daniel Oviedo. Con esta tempranera encuesta, se les está mandando un mensaje claro a los candidatos de la derecha que obtienen bajos porcentajes, para que vayan pensando en volcar sus apoyos hacia Carlos Fernando Galán.

Para el caso de Cali, Villamizar y Vargas nombraron a Cambio Radical como uno de los partidos que apoya al candidato Alejandro Eder(15,8%), quien en la misma encuesta aparece en un lejano segundo lugar, distante de su contendor, el populista-asistencialista, Roberto Ortiz (43,8%), en cuya candidatura confluyen intereses de diversos sectores tradicionales de poder, incluido el propio uribismo; incluso, se dice que el saliente alcalde, Jorge Iván Ospina estaría acompañándolo. Huelga recordar que para la campaña de 2019, Ortiz recibió el apoyo del uribismo, al igual que el actual mandatario local.

Si bien en la candidatura de Eder confluyen los intereses del empresariado, entre ellos, los del también exalcalde, Maurice Armitage, lo cierto es que hay sectores de la élite caleña que no le perdonan a Alejandro Eder haber hecho parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en particular, como miembro de la delegación que firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Para el caso de Barranquilla, los periodistas de Noticias Caracol evitaron a toda costa hablar de las investigaciones y señalamientos que recaen sobre el candidato Alejandro Char (86,2%), quien, de acuerdo con la misma encuesta, arrasaría este 29 de octubre. Al mostrar e insistir en que el triunfo de Char es indiscutible, solo les quedó para decir que el clan Char constituye una “empresa electoral” eficaz.

En lo que toca al caso de Medellín, la encuesta de Invamer pone de ganador a Fico Gutiérrez (63,3%), candidato del uribismo. Hay que decir que manera tendenciosa, el periodista y el propio gerente de la firma Invamer se atrevieron a conectar el porcentaje de desaprobación del actual alcalde, Daniel Quintero, del 61%, con el que le daría un triunfo a Gutiérrez.

De esa manera, el señalado Noticiero sin proponérselo activa varios elementos que hacen parte de la teoría La Espiral del Silencio, y tempranamente le apunta a imponerle a su cautiva audiencia la narrativa que va acorde con sus intereses corporativos. Así, Noticias Caracol le apunta a generar una opinión pública acrítica, pero susceptible de caer en factores propios de la psicología electoral, como “voy a votar por el que va ganando en las encuestas”.

En una sociedad mal informada como la colombiana, con una opinión pública que cree aún en lo que dicen los medios tradicionales, el riesgo de caer en la “sondeocracia” es enorme. Hay que votar a conciencia, examinando con criterio la vida pública y privada de todos los candidatos.

Imagen tomada de Semana.com 

JEP IMPUTA CARGOS AL GENERAL MARIO MONTOYA URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La imputación de cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad que la JEP acaba de oficializar en contra del general en retiro, Mario Montoya Uribe, abre el camino jurídico-político que llevará a (re) confirmar la tesis que tanto el alto oficial y otros agentes del uribismo han negado en reiteradas ocasiones: las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) son el resultado de la implementación de la Política Pública de Defensa y  Seguridad Democrática y sus desarrollos a través del Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005; así como de las consabidas presiones que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez ejercía sobre los comandantes de brigada. Presiones que, por la línea de mando, bajaban hasta la base de la tropa.

En los registros noticiosos aparece Uribe Vélez exigiendo “más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la solicitud de retiro”. Estos actos de habla claramente constituyen una forma de presión sobre la cúpula militar de la época y los comandantes de Brigada y batallones.  

Ahora bien, sobre el silencio que aún guarda Montoya Uribe, con la lectura de imputación de cargos, el alto tribunal de paz espera obligar a que el oficial asuma la responsabilidad sobre los 130 casos de falsos positivos en los que se sostiene el señalamiento jurídico-político que acaba de hacer la JEP. De no hacerlo, el general podría afrontar una pena de por lo menos 20 años de prisión.

Cientos de miles de colombianos vienen haciéndose la pregunta ¿quién dio la orden? La respuesta al interrogante la da la tesis arriba planteada, de la que se derivan responsabilidades políticas y penales de todos los actores involucrados, desde el presidente de la República (periodo 2002-2010), los ministros de la Defensa, miembros de la cúpula militar y hacia abajo, todos los que adelantaron operaciones siguiendo instrucciones cuyo objetivo estratégico era “acabar conlafar”.

Surge, entonces, otro interrogante: ¿por qué Montoya Uribe prefirió guardar silencio, cuando varios de sus subalternos señalan que él mismo pedía “litros, carrotanques de sangre” y una consigna muy particular: “a mi no me traiga capturados, denlos de baja, denlos de baja”?

Las posibles respuestas a este nuevo interrogante pueden atarse a varias categorías a saber: 1. Máxima responsabilidad y lealtad institucional. El general insiste en guardar silencio porque está convencido de que, por su rango, debe hacer todo lo que sea necesario para conservar el buen nombre de todos aquellos superiores a los que él obedeció. Y de esa manera, presentarse como un oficial retirado que siempre le apostó a sacar en limpio la institucionalidad castrense.

2. La degradación del conflicto armado interno generó su propio sistema de valores. Bajo este enunciado, Montoya estaría validando las conductas anómalas y contrarias a la ley, porque el país debía entender que tanto la guerrilla como los paramilitares violaban el DIH y los DDHH, lo que haría explicable y legítimo que dichas conductas se presentaran al interior del Ejército, por el bajo capital cultural acumulado por soldados y suboficiales. Por lo anterior, la responsabilidad recae en sus subalternos que malinterpretaron las órdenes (los llamó ignorantes y de no saber tomar los cubiertos al momento de comer y de no saber usar los baños).

3. El Acuerdo de Paz de La Habana y la JEP son una claudicación y humillación para los militares. Montoya podría insistir en no asumir responsabilidad alguna por lo sucedido porque política e ideológicamente rechaza el origen y la operación de la JEP, por un hecho que el entonces presidente de la República siempre expuso públicamente a manera de molestia: la JEP es un tribunal que pone y expone a militares y guerrilleros en el mismo nivel de inmoralidad, cuando los segundos son terroristas y los primeros, héroes de la Patria.

Ya veremos si Montoya Uribe y sus abogados mantendrán la decisión de guardar silencio frente a las evidencias recopiladas por los magistrados y magistradas de la JEP. Lo cierto es que ya hay una verdad histórica y política con la que se explica el origen de los falsos positivos. A lo mejor no hace falta que el imputado general asuma su responsabilidad individual, porque ya el país sabe que hay una de mayor calado: la responsabilidad del Estado y del gobierno que implementó la tenebrosa Política de Defensa y Seguridad Democrática.

 

 

 Imagen tomada de EL TIEMPO. 

ANDRÉS ESCOBAR, CANDIDATO AL CONCEJO DE CALI, COMPARTE CON URIBE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidatura de Andrés Escobar al Concejo de Cali es la constatación de que, dentro del uribismo, el ejercicio de la violencia física es un valor moral del colectivo político y una apuesta ética de sus miembros, a juzgar por el apoyo que la senadora María Fernanda Cabal le reiteró, recientemente, a quien salió, cual pistolero del viejo Oeste americano, a echarle plomo a los manifestantes en el marco del estallido social de 2021.

El espaldarazo de la congresista al joven caleño se dio durante la inauguración de la sede del Centro Democrático en la ciudad de Cali. Aunque W radio tituló que dicha colectividad no entregó aún el aval a la candidatura de Escobar, los caleños saben que su aspiración cuenta con el respaldo de sectores uribistas de la capital y del partido, que gustan del porte de armas, del uso de la fuerza legítima del Estado y de que, en momentos precisos, civiles armados remplacen- usurpen a- la autoridad legítima, para hacer justicia de acuerdo con sus propias valoraciones.

El titular del medio radial dice: Centro Democrático no ha dado aval a Andrés Escobar. Y en el texto periodístico se lee “que ha existido polémica por si Andrés Escobar, será candidato al Concejo de Cali por la colectividad, recuerdan ustedes que Escobar fue imputado por posiblemente haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, y actualmente busca ser candidato al Concejo, incluso se tomó una foto con los logos del partido. Foto que causó polémica en redes, pero no hay al momento ninguna aceptación del Partido”.

Es posible que se trate de una estrategia de marketing político pues la figura de Escobar es rechazada por sectores sociales y políticos de la ciudad por los hechos conocidos por la ciudadanía en los que se vio al “polémico empresario” disparando a diestra y siniestra contra los manifestantes. Y también, porque agitar por estos días las banderas de ese partido es un riesgo electoral debido a la pérdida del teflón mediático que acompañó la imagen del inefable y ladino Álvaro Uribe Vélez.

El periódico El País, hoy en manos de la familia Gilinski, se refiere así al caso de Andrés Escobar: “El 28 de mayo de 2021 fue uno de los días que los manifestantes, en el marco del paro nacional de ese año, recuerdan a Andrés Escobar. Este joven caleño, en ese momento, disparó en contra de algunos de ellos. En las últimas horas, el empresario ha hecho oficial su aspiración al Concejo de la ciudad de Cali. Él, en la actualidad, tiene un proceso pendiente ante la justicia por lo ocurrido durante esas manifestaciones en Ciudad Jardín”.

Así las cosas, Andrés Escobar comparte con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado, hecho que en una sociedad moralmente confundida como la colombiana, parece ser menor, en particular cuando se trata de aspirar a un cargo de elección popular.

La candidatura de Escobar, aunque legal desde las formalidades de nuestro sistema electoral y político, deviene ilegítima por todo lo que representa para una sociedad la manera como el candidato al Concejo de Cali asume y entiende el uso de la fuerza, el papel de la Policía y en general, los derechos a la protesta y las reivindicaciones sociales.

Le den o no el aval al señor Escobar, se consolida la negativa representación social que señala que el uribismo es la extensión y conversión de las ideas, mañas y prácticas políticas de Álvaro Uribe Vélez; en particular, en esa forma particular de asumir el poder, el uso de las armas, las diferencias ideológicas y étnicas y de entender el único papel que debe asumir el Estado: beneficiar a los más poderosos, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. La violencia, discursiva y la asociada al uso de las armas de fuego, así como la que está anclada a la vieja sentencia contractualista que naturaliza la autoridad legítima del Estado, confluyen en ese premoderno ideario uribista que agita Andrés Escobar. Huelga recordar lo dicho por la también uribista, Paloma Valencia, al referirse a los actos criminales cometidos por agentes estatales durante el estallido social: "el Estado cometió atrocidades, pero era legítimo". 

Imagen tomada de EL TIEMPO

CONFIRMAN EXPULSIÓN DEL GENERAL (R) JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Magistrados de la JEP confirman la expulsión del general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, después de revisar la apelación que el alto oficial hizo a la decisión del alto tribunal de paz de expulsarlo por sus nulos aportes para esclarecer su responsabilidad y la de otros oficiales comprometidos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia. Huelga recordar que el 16 de marzo del año en curso la JEP tomó la decisión de sacar al compareciente por su prolongado silencio ante las preguntas y cuestionamientos de los magistrados.

Colombia recordará las imágenes de un general abatido que, en el ocaso de su vida y vestido de civil, escuchó los reclamos y las súplicas de los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. En la escena en la que fue confrontado por los dolientes, Arias Cabrales se vio cansado y lánguido por el proceso penal que no solo le arrebató su libertad, sino que redujo a cenizas la altivez y la arrogancia de un General que, en aquellos años 80, creyó que estaba, junto al coronel Plazas Vega, defendiendo la democracia, cuando lo que realmente estaban resguardando era un régimen criminal que supo instalarse de la mano del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la jurisdicción a la que compareció Jesús Armando Arias Cabrales en calidad de victimario. Los magistrados de ese alto tribunal esperaban que el condenado por la justicia ordinaria aportara al esclarecimiento de lo que sucedió esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985. Después de las audiencias, el General (R) insistió en que él también es víctima del holocausto del Palacio de Justicia.

El gran error de Jesús Arias Cabrales y del coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros oficiales que participaron de la retoma del Palacio de Justicia, fue reducir la democracia a la recuperación de un edificio. Ese reduccionismo les permitió ponerse en un plano moral superior y en una actitud claramente vindicativa, que los llevó a violar los derechos humanos. Después de casi 40 años, estos mismos soldados son testigos de que el régimen democrático que juraron defender sigue casi igual. Al final, el país entendió que el objetivo militar y político de los militares no era arrancar de las garras de los guerrilleros a los secuestrados, sino darle un golpe contundente a esa estructura subversiva que tantos dolores de cabeza les había producido: el M-19. Tanto el General como el Coronel en mención, jamás les perdonaron a los líderes de esa guerrilla el haber cavado un túnel y extraer del Cantón Norte por lo menos 5.000 armas, como tampoco el robo de la espada de Bolívar y la toma de la embajada de República Dominicana.

Del carácter tropero con el que asumió los operativos de los que hizo parte Jesús Armando Arias Cabrales, incluido por supuesto el que provocó la muerte de los magistrados y demás empleados que se encontraban en el Palacio de Justicia cuando guerrilleros del M-19 irrumpieron en la edificación, poco queda en el ex alto oficial: se vio en las diligencias en la JEP, desvalido, como cualquier anciano de caminar cansino y con una vida pública menos expuesta.

Eso sí, fue ese carácter tropero el que dio inicio al más garrafal error que cometieron los militares, compañeros de Arias Cabrales.  Los uniformados oficiales cayeron en el grave error de quemar el edificio con el claro propósito de desaparecer evidencias; en ese momento, quizás pensaron en que de alcanzar la gloria militar, ello impediría o evitaría la acción de la justicia. Eso sí, no podemos dejar de señalar el error político y los crímenes que cometieron los guerrilleros al secuestrar civiles y el de no haber previsto la reacción violenta del Ejército en la retoma del edificio. Al final, unos y otros cayeron en la trampa retórica de creer que estaban defendiendo la democracia.

Sin sus medallas e insignias, y con el peso de los años,  un General en retiro es un civil dócil. ¿Qué es un General desnudo?, se preguntaba la abuela de Facundo Cabral. Y sí, Arias Cabrales debió haberse sentido desnudo frente a los civiles que muy seguramente despreció durante su larga carrera militar. Sin su sable, sin su pistola y sin subalternos a la vista, el procesado General se vio desnudo, desprovisto de la soberbia de quienes creen que al portar un uniforme, un arma y estar iluminados por unos, dos, tres o cuatro soles, la senectud se puede evitar.

Al ver las imágenes de Arias Cabrales, la respuesta a la pregunta qué es un General desnudo es esta: un hombre común y corriente, sin gloria y, al parecer, sin memoria para asumir las responsabilidades que como comandante debería de asumir por la desaparición de por los menos 10 civiles, así ese delito haya sido cometido por sus subalternos. En cualquier caso, Arias Cabrales es responsable por acción u omisión.   

Los guerreros son guerreros no tanto por su fiereza, sino por lo que representa llevar un uniforme en una sociedad que aprendió a amar la guerra; en el ocaso de sus vidas, esos mismos guerreros, despojados de su indumentaria y de sus pesadas charreteras, son viejos lobos solitarios en una sociedad en la que envejecer no es sinónimo de sabiduría, sino de tragedia, angustia y desnudez.

Arias Cabrales se llevará a la tumba las decisiones y las órdenes que impartió durante la retoma del Palacio de Justicia. Muy seguramente, cuando llegue a su última morada, el registro noticioso dará cuenta de un general que murió con el peso moral de una culpa que jamás aceptó, porque se lo impidió su negativa concepción de la vida y de la democracia.

Imagen tomada de Semana.com

 

¿LO PRIVADO ES EFICIENTE Y TRANSPARENTE?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Aquella vieja narrativa que señala que “lo privado, per se, es eficiente y transparente” se viene al piso cuando se caen puentes y viaductos construidos por empresas privadas que contratan con el Estado; o cuando el gran banquero, Sarmiento Angulo, acepta ante las autoridades americanas que pagaron millonarios sobornos para hacerse con el contrato de la Ruta del Sol II; igualmente, cuando aparecen “elefantes blancos”, fruto de obras públicas asumidas por  particulares para su ejecución, pero que jamás fueron entregadas, con la anuencia de entes de control como las Contralorías (local, departamental y nacional) y la Procuraduría General.

A pesar de las evidencias y los tozudos hechos, la derecha neoliberal colombiana insiste en esa manida narrativa para evitar que sea el Estado el que asuma el control y la ejecución de proyectos de infraestructura. Y lo hacen, argumentando que todo lo que procura hacer el Estado queda mal hecho, de ahí los riesgos de la estatización de la salud y de las obras públicas de gran impacto, como las vías 4 y 5 G, hoy en manos de empresas privadas y de filiales del conglomerado Sarmiento Angulo, para beneficio del cuestionado banquero.

Lo cierto es que estamos en un círculo vicioso en el que gira el ethos mafioso que guía las actividades de los agentes privados que se presentan impolutos y los estatales, cómplices de los primeros, bien por miedo a asumir los controles correspondientes o porque hay coimas de por medio, o en su defecto, presiones de congresistas a los que aquellos funcionarios públicos les deben los puestos.

Por estos días, las EPS más grandes (Sura, Sanitas y Compensar) salieron a generar pánico entre sus afiliados, diciendo que no contaban con los recursos suficientes para operar, en parte porque, según estas, el valor de la UPC es insuficiente para atender a cada uno de los pacientes. El gobierno se defiende diciendo que los recursos se giran a tiempo y que le pedirá a la Superintendencia del ramo que revise con lupa a dichas entidades. Lo que no se puede dejar de decir que varias EPS usaron recursos para financiar campañas políticas e incluso, para apoyar estructuras paramilitares.

En medio de la tensión entre el gobierno y las EPS, vuelve entonces la narrativa a circular: “es que, con la reforma a la salud, se estatizará el sistema y ello sería perjudicial porque volveríamos a los tiempos del ISS”. Y vuelve a desconocerse el factor clave que llevó al colapso al sistema de aseguramiento del Seguro Social: la corrupción política y administrativa que incluso tocó a médicos que no atendían a los pacientes, porque estaban atendiendo sus consultorios privados. Hay que aclarar que recibían el salario estatal mientras cobraban las consultas particulares.

Lo cierto es que ni un sistema estatizado, ni un sistema mixto servirá en Colombia hasta tanto no proscribamos el ethos mafioso que guía la vida de congresistas, empresarios, banqueros, presidentes y miembros de sindicatos que negocian sus pliegos con sus patronos, por debajo de la mesa; contratistas y empleados oficiales y públicos y ciudadanos del común.

Mientras tomamos conciencia de la necesidad de proscribir ese ethos mafioso que ya naturalizamos, seguiremos escuchando la señalada narrativa que pone a lo privado como lo puro, legítimo, lo limpio, cuando lo que a diario ve el país es todo lo contrario. Así las cosas, seguirán cayéndose los puentes y viaductos; apareciendo “elefantes blancos” y claro, escándalos por corrupción, como los carteles de la hemofilia, de la toga. Solo falta que aparezca el Cartel de la Halitosis. Lo curioso de todo es que dichos escándalos poco les preocupan a sus protagonistas porque estos hace rato hicieron sus análisis desde las lógicas de la economía del crimen: pagan dos años de “cárcel” en la casa, devuelven algo de dinero y con sus fortunas guardadas, siguen en la vida pública listos para seguir contratando con el Estado.

Imagen tomada de Transparencia por Colombia

CONDENADA LUZ FABIOLA RUBIANO POR RACISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

La sanción penal que recaerá sobre Luz Fabiola Rubiano por actos de hostigamiento y expresiones racistas en contra de Francia Márquez Mina es una llamado de alerta para los millones de racistas y clasistas que viven en Colombia, para que se cuiden de soltar, en público, su veneno racial en contra de comunidades afros e indígenas. En privado muy seguramente seguirán odiando y señalando a quienes ellos creen que son “inferiores” por consideraciones étnicas o un peligro, por ser afines a ideas de izquierda o al “gran coco”, el comunismo.

La señora Rubiano pasará a la historia por esta condena que, aunque no es ejemplarizante, sí tiene un valor simbólico importante para una sociedad que, a través del humor, el deporte, el lenguaje cotidiano y el ejercicio del poder, naturalizó los resquemores hacia la población afro. Una vez Francia Márquez Mina se convirtió en vicepresidenta, cientos de miles de camisas blancas y de “arios” dejaron salir el malestar al ver a una mujer negra, que viene de muy abajo, instalada en lo más alto del poder político.

En la diatriba que desenfundó Rubiano aquella tarde en la que el país conoció su enfermizo odio hacia los pueblos afro y en particular hacia la vicepresidenta, no solo hubo expresiones racistas, sino condenas ideológicas para los “comunistas”. Recordemos lo dicho por Luz Fabiola Rubiano:

“Y el simio ese, que, porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando”. “¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?; A los comunistas, un tiro en la mula, y pal río”, gritó Rubiano después de haberse despachado contra Márquez Mina. Lo último que dijo Rubiano, lo hizo evocando al inefable Álvaro Uribe Vélez, considerado por la señora Rubiano como el “mejor presidente”, al que “le faltó tiempo” para acabar con las guerrillas y los comunistas.

La irascible ciudadana podrá pagar la simbólica condena en su domicilio, pues el delito es excarcelable. Ojalá, Rubiano coja escarmiento y cambie de actitud. Si su arrepentimiento es sincero, podría hacer que sus compañeros racistas entren en razón y entiendan que nadie puede ser discriminado por su color de piel, ideas políticas o preferencias sexuales.

El o la juez del caso debería de considerar obligarla a leer libros de historia e incluso, a dejar de lado el antropocentrismo que guía su vida. Señora Rubiano: usted, Francia y yo, somos animales humanos. Los simios a los que hizo referencia son animales no humanos. Y si mira un poco más allá, se dará cuenta que fue la especie humana la que convirtió este planeta en un matadero. Vaya y siéntese a leer, pues lo suyo es ignorancia supina, y quizás, con algunos finos trazos de estupidez.

Adenda: el 11 de septiembre se conocerá por parte del juez, la condena que deberá pagar Rubiano. Lo que se conoció fue el sentido condenatorio del fallo judicial. Finalmente, fue condenada a 17 meses de prisión y al pago de una suma superior a los 13 millones de pesos. Rubiano quedó bajo libertad condicional por haber aceptado los cargos. 

Imagen tomada de Cambio. 

CARLOS FERNANDO GALÁN ANDA EN CROCS Y DE LA MANO DE VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ser hijo del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento le aseguró a Carlos Fernando Galán y a sus hermanos, un lugar dentro del “viejo” régimen. Su cercanía a Germán Vargas Lleras y su militancia en la empresa electoral Cambio Radical, lo convierten en un político más, lo que se traduce en que su candidatura a la alcaldía de Bogotá es más de lo mismo. Así las cosas, Carlos Fernando Galán no constituye una alternativa para manejar la compleja capital del país, convertida de tiempo atrás en el nido oscuro de la contratación público-privada. Ofrece lo mismo que en su momento ofrecieron Peñalosa y Claudia López: inundar a la capital de buses articulados y usar esa plataforma política para buscar la presidencia de la República.

Por ser ficha de Vargas Lleras, el papel que Carlos Fernando Galán cumpliría en el palacio Liévano sería el de hacer oposición política institucional al gobierno central, con miras a catapultar su candidatura presidencial, bien en el 2026 o para el 2030.

El país no olvida la tétrica imagen en la que Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel se la jugaron electoral y políticamente por la candidatura presidencial del “caradura” de Rodolfo Hernández, sancionado por la Procuraduría por corrupción por el doloso contrato de Vitalogic. Ese apoyo a Hernández los confirmó como políticos medrosos e incapaces de luchar con ahínco y compromiso por cambiar los estados de cosas inconstitucional que hay en el país.

Los Galán, a sabiendas de que las ideas de Gustavo Petro eran más cercanas a las de su padre, optaron por alinearse con Hernández, muy seguramente por miedo a perder los beneficios políticos y económicos que el propio establecimiento les otorgó, a manera de “reparación”, por el asesinato de su padre. Los hermanos Galán son la antítesis de lo que fue su padre, Luis Carlos Galán. Ninguno recogió su legado y sus luchas. Por el contrario, optaron por jugar con las perversas reglas del propio régimen de donde salieron los recursos y la orden de asesinar a su progenitor.

Miente Carlos Fernando Galán cuando se presenta como “independiente”, cuando el país sabe que él es de las entrañas del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, ladino personaje cercano al criminal Kiko Gómez y al banquero Sarmiento Angulo.

La revista Hekatombe le recuerda a Carlos Fernando Galán los hechos de corrupción que tocan a Cambio Radical: “Comencemos por señalar que mientras Luis Carlos Galán fue asesinado por denunciar los vínculos de políticos con narcotraficantes, su hijo promovió un partido en el que fueron investigados 41 congresistas por tener nexos con paramilitares y 19 fueron condenados. Paramilitares responsables del 38,5 % de las víctimas del conflicto colombiano, quienes se financiaban del narcotráfico, torturaban, violaban, empalaban, quemaban viva a la gente en hornos crematorios y se apropiaban de las tierras de los campesinos, con el apoyo político de congresistas de Cambio Radical, como lo han dicho jueces. Un político decente como su padre habría renunciado y abandonado ese partido de manera inmediata, pero no. Carlos Fernando continuó hasta el 5 de junio de 2018 y el escándalo de la parapolítica fue en 2006. Sin embargo, él acepta ser director de Cambio Radical en el 2011 y apoyar las candidaturas a la presidencia de la república a Germán Vargas Lleras en 2010 por Cambio Radical y luego como “independiente” 2018”.

Aunque Galán es ficha de Vargas Lleras, podemos decir que al igual que Molano, Oviedo, el exgeneral Vargas y Lara, también anda en crocs y lo que es peor, de la mano del inefable Germán Vargas Lleras. Y al ponérselos, está aportando para que el viejo régimen de poder, que deviene corrupto y criminal, se extienda en el tiempo.

Imagen tomada de Blu radio. 

¿CON QUIÉN PENSARÁ LA DERECHA QUE VA A RECUPERAR EL PODER EN EL 2026?

Por Germán Ayala Osorio

 

De cara a las elecciones de 2026, la derecha exhibe una progresiva mala imagen de sus militantes más prominentes, por hechos ético-políticos que rodean sus actuaciones y decisiones públicas. El mejor ejemplo de esa mala imagen que arrastra ese sector de poder es el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, figura descollante que sufre un sistemático desvanecimiento del teflón mediático que la prensa afecta le puso. Hoy está imputado por manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe Vélez nuevamente resulta salpicado por terceros por sus vínculos con los paramilitares. Recién, la excongresista, Zulema Jattin, en documento entregado a la JEP, hizo referencia a una reunión a la que asistieron el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe.

Veamos algunos nombres de uribistas pura sangre. Empecemos con el congresista Miguel Uribe Turbay. Se trata de un malogrado joven político que intenta erigirse como un faro moral y ético. Recientemente el país conoció que recibió subsidios de gasolina en el 2022. Lo más llamativo de todo es que este vástago del uribismo denunció a compañeros congresistas por recibir ese tipo de subsidios, ocultando que él mismo los recibía. Vaya cinismo.

El 23 de agosto del año en curso, Portafolio recogió en un titular las denuncias del nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, padre del siniestro Estatuto de Seguridad: “Los senadores que tendrían subsidio de gasolina, según Miguel Uribe”. Un día después, la revista Cambio hizo lo propio y tituló: “Miguel Uribe sí recibió subsidios para la gasolina durante seis meses”.

Esa es su más reciente salida en falso, pero en su vida pública el hecho más vergonzoso tiene que ver con la manera machista, irresponsable y misógina con la que asumió el caso de Rosa Elvira Cely. El país sabe que el Estado recibió una condena por el feminicidio de la señora Cely.

Miguel Uribe Turbay busca a toda costa agradar a Uribe Vélez, a quien ve como su patrón y quizás como su papá político, hecho que le permite actuar con cinismo, cuando él mismo tiene “rabo de paja”. Muy seguramente querrá ser presidente de la República, pues considerará que, por ser nieto de expresidente, tiene más que ganado el derecho a gobernar a Colombia. En eso guarda parecido con el inefable, Germán Vargas Lleras, otro que hace cola de tiempo atrás, bajo los mismos términos de este “ahijado” de Uribe Vélez. Muy seguramente, Uribe Turbay como presidente de la República, nos devolvería a los tiempos del Estatuto de Seguridad o la Seguridad Democrática. Sería un retroceso. 

Dejemos de lado a este “pichón” uribista y volvamos la mirada sobre otros uribistas pura sangre que buscan, con desespero, reencaucharse para insistir en el objetivo final de llegar a la Casa de Nari. Hablo de Federico Gutiérrez, quien aspira a gobernar la ciudad de Medellín, con el apoyo directo del salgareño, Álvaro Uribe. Aunque luce aún las quemaduras que le dejó la pasada campaña presidencial, Fico, a alias Fico, como lo llama el abogado Daniel Mendoza Leal, no se puede descartar que en el 2026 el uribismo nuevamente lo ponga como presidenciable. Entre tanto, en la sombra de un inminente retiro de la política, está Sergio Fajardo, un político tibio, pero fiel a las ideas del uribismo. No se puede descartar que vuelva a la contienda electoral este matemático que no aprendió a sumar.

A esta corta lista se suman Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, a pesar de las dudas que ellas les generan al machista de Uribe Vélez, acostumbrado a relacionarse con machos a los que pueda amenazar con “darles en la cara marica”.

Valencia arrastra también la mala imagen de su abuelo, la misma que le recordó Gustavo Petro en el 2019: “Guillermo Valencia, el abuelo de Paloma, con su violencia creó las Farc. Santos acabó las Farc como guerrilla. Uribe y Duque, los amigos de Paloma, volvieron a crear las Farc. Los creadores de las Farc son los mismos cavernarios de siempre", trinó el jefe de la Colombia Humana (Tomado de El Tiempo). Se le suma a lo anterior, dos expresiones que la dejan muy mal parada ante defensores de derechos humanos y la opinión pública calificada para evaluar su papel en el Congreso: la primera, cuando reconoció “que el Estado legítimo cometió atrocidades” durante el estallido social; y la segunda, más reciente que la primera, al votar un proyecto de ley con el que se busca reducir el salario de los congresistas y el “mico” que abría la posibilidad de que los legisladores, una vez reducidos los salarios, pudieran recibir dineros por actividades privadas. Esto dijo la señora Valencia: “es inconstitucional, pero lo voté por cortesía”.

Entre tanto, la congresista María Fernanda Cabal es una figura contradictoria y poco preparada para gobernar el país. Su discurso de odio hacia la izquierda y a todo lo que huela a pobreza y a reivindicación de derechos, la ubica muy cerca a las posturas de sus amigos del partido español VOX. Cabal es una defensora acérrima de Uribe y de su política de seguridad democrática. El Tiempo registró así apartes de una entrevista: “la senadora afirmó que la Justicia Especial para la Paz debe publicar la lista de 6.402 víctimas porque "por lo menos más de la mitad no tiene que ver con falsos positivos".

Las aspiraciones presidenciales de Uribe Turbay, Federico Gutiérrez (una especie de Iván Duque, pero mal hablado), Paloma Valencia y María Fernanda Cabal resultan más del desespero de la derecha por recuperar la Casa de Nari, que por la consistencia de un proyecto de país que de manera inteligente recoja las ideas que el presidente Petro no alcanzará a concretar. Por el contrario, lo más probable es que una vez se hagan con el Palacio de Nariño, intenten echar para atrás lo avanzado por el actual gobierno en materia de reforma agraria, el manejo responsable de la SAE y de la UNP, dos instituciones que, durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, le sirvieron a las sempiternas mafias asociadas a ese espectro ideológico.

Imagen tomada de Pulzo

PAZ TOTAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL EN UN PAÍS MORALMENTE CONFUNDIDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Basta que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego haga públicas propuestas asociadas a la paz y la reconciliación, para que la derecha salte a despreciarlas, anclando sus alcances a la impunidad, usada como caballito de batalla por quienes durante años se vienen beneficiando de las dinámicas del conflicto armado interno, incluidas actividades propias de las economías ilegales: ganaderos, latifundistas, clanes políticos,  comerciantes de armas y fabricantes de pertrechos militares; militares y policías que le venden armas a las guerrillas y a los paramilitares; importadores de precursores químicos cercanos a los mafiosos; miembros de familias “de bien” que lavan recursos de sus amigos los narcotraficantes; esmeralderos amigos de mafiosos y despojadores de tierra; gerentes de bancos y banqueros que se hacen los “pendejos” ante procesos de lavado de dinero y hasta quienes se benefician del “pitufeo”, estrategia esta asociada a la llegada al país de “remesas untadas de narcotráfico”, entre tantas otras circunstancias y realidades que tocan incluso, a entidades como la DEA, las relaciones y el orden internacional, y por supuesto, a quienes agencian moralmente, cualquiera de los dos sistemas de dominación: capitalismo y socialismo.

Quienes se oponen a leyes de punto final y de sometimiento de narcotraficantes lo hacen quizás, porque de manera directa o indirecta se benefician de las economías ilícitas. Es más, un país como Colombia, con un débil aparato productivo, fruto de la avaricia y la pobreza de criterio de sus élites, es el escenario propicio para las actividades ilegales y criminales. Es claro que esos dineros mal habidos permean la economía y el sistema financiero, así que quienes se oponen a políticas de sometimiento de narcos no lo hacen necesariamente por una genuina preocupación moral. Quizás lo hagan porque ese es el juego de la Oposición: decir no a todo lo que provenga del gobierno de Petro, para evitar, justamente, que, bajo un gobierno progresista, se alcance la esquiva y quimérica paz de la que se habla. O también porque al asumir una actitud hipócrita y cínica, ocultan sus verdaderos intereses.  

Lo cierto es que la Paz Total y la “reconciliación nacional” devienen con un carácter totalizante y maximalista que hace pensar en que el gobierno y en particular el presidente Petro olvida las circunstancias contextuales que permitieron la consolidación, desde los años 80 en Colombia, de un régimen criminal y mafioso del que se benefician clanes políticos, familias y líderes políticos que no están dispuestos  a jugársela por la paz y la reconciliación, exponiendo sus trayectorias al momento en el que sus amigos los narco-paramilitares le cuenten a la JEP o al nuevo tribunal que se cree las finas relaciones que sostienen con organizaciones al margen de la ley.

Jamás habrá reconciliación en el país mientras siga vigente el régimen criminal que se instaló en el país desde los años 80, que es el mismo que capturó el Estado. Antes de proponerle al país salidas jurídico-políticas a expresiones de violencia y actores violentos, lo que tiene hacer el gobierno de Petro es recuperar para el Estado y la sociedad aquellas instituciones que de tiempo atrás están al servicio de bandas criminales. La fiscalía general de la Nación es una de esas instituciones permeadas por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Hasta tanto no se desmonten las finas relaciones entre fiscales e investigadores con grupos criminales, no será posible hablar de paz y de reconciliación. De igual manera, es urgente que aquellos miembros de clanes políticos en todas las regiones del país sean procesados en juicios justos, pero con penas ejemplarizantes: deben pagar en cárceles y no burlarse del país y de la justicia, “veraneando” en batallones.  Y para ello, hay que depurar a la Corte Suprema de Justicia, corporación que actúa con lentitud frente a casos públicos de operadores políticos que han tenido y tienen relaciones mafiosas con organizaciones delincuenciales. Todos saben de quién en particular estoy hablando aquí.

Por supuesto que hay que limpiar también a las fuerzas armadas, permeadas por todo tipo de prácticas dolosas, que en particular se naturalizaron desde el 2002. El país está en una profunda crisis moral y ética. Baste con señalar que el gran banquero colombiano reconoció ante autoridades americanas el pago de millonarios sobornos (coimas) para hacerse a los contratos de la Ruta del Sol II. La penetración mafiosa que gobiernos anteriores permitieron en la SAE y en la UNP hacen posible pensar en que no se trata simplemente de proponer salidas jurídico-políticas, cuando la putrefacción viene atada a apellidos de esa “gente de bien” que lleva años privatizando el Estado, para acrecentar sus fortunas y de esa forma, ocultar su inmoralidad.

A lo mejor, por estar inmersos en una sociedad moralmente confundida, que aún no toca fondo, cualquier propuesta de paz y reconciliación será imposible de discutir y tramitar. Quizás debamos aceptar que el ethos mafioso guía la vida de encopetados banqueros y empresarios; de generales y almirantes; de rectores de universidades públicas y privadas; de gremios de profesores; de congresistas clientelistas y de gremios de la producción; curas y jerarcas de las iglesias;  ciudadanos del común; de periodistas-estafetas que vendieron su dignidad…en fin...

PETRO, MODELO ECONÓMICO, ELN Y EL RESPALDO POPULAR

 

Por Germán Ayala Osorio

Al no haber alcanzado el carácter nacional, el conflicto armado interno y sus dinámicas fue perdiendo espacio social y político en una sociedad urbana acosada por otros problemas, considerados hoy mucho más graves: el hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada.

Esa condición periférica, atada a la ruralidad y a esa Colombia despreciada por la élite bogotana y sus espejos de las regiones más desarrolladas, hizo que la lucha armada de las guerrillas se diera con un relativo apoyo popular, a pesar de la insistencia de estas agrupaciones subversivas de contar con el apoyo del “pueblo”.  Más bien, eso de contar con el “respaldo del pueblo” fue la fantasiosa narrativa a la que apelaron los líderes guerrilleros durante procesos de paz, usados estos para fortalecerse militarmente, ganar treguas y la atención política a sus demandas y reclamos, en particular a las que tienen que ver con la concentración de la tierra en pocas manos.

Hablo en particular de la reforma agraria que si bien no se dará en las dimensiones y aspiraciones de las guerrillas y de las propias organizaciones campesinas, está tomando forma, si tenemos en cuenta los esfuerzos  que se vienen haciendo con la titulación de predios y la compra de tierras a Fedegan. Claro que ese impulso puede fracasar, pero el solo hecho de estar caminando, les resta a las guerrillas presentes la razón de su lucha armada. De igual manera, la recuperación de baldíos y los proyectos de reforma a la salud, pensional y laboral, de muchas maneras dejan sin sentido el discurso reivindicativo de todos los grupos subversivos. Aunque el fracaso político-legislativo de las tres reformas, termina por legitimar a las organizaciones guerrilleras.  

Es claro entonces que después de la firma del Acuerdo Final en La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep, social y políticamente la lucha armada que aún sostienen las disidencias, la Segunda Marquetalia y el ELN, perdió sentido ante la opinión pública e incluso ante esa parte del establecimiento que de tiempo atrás usó a su favor la operación militar de las guerrillas, para consolidarse, a pesar de su histórica y evidente ilegitimidad.

El respaldo de organismos internacionales a los diálogos que se adelantan entre el actual gobierno y el ELN está fundamentalmente dado por los intereses económicos que se despiertan cuando un país biodiverso, con un Estado que arrastra problemas de control territorial como el colombiano y cuyo desarrollo económico está atado a la lógica extractivista, alcanza niveles óptimos de pacificación. Ese es un factor que juega a favor de los elenos por cuanto la discusión del cambio del modelo económico los legitima como organización político-militar.

Al insistir en la idea de ajustar o cambiar el modelo económico, lo que hace el ELN es remplazar la fantasiosa narrativa del respaldo popular que ellos mismos usaron para validarse políticamente. En eso llevan más de 50 años. Es decir, el Ejército de Liberación Nacional reencaucha su lucha con la ayuda del gobierno de Gustavo Petro que, en su afán de alcanzar la Paz Total, esto es, de superar lo hecho por Juan Manuel Santos en términos de la pacificación política del país, le aceptó la idea de discutir el modelo económico.

El carácter maximalista de la Paz Total está haciendo posible que los costos sociales, expresados en la pérdida de respaldo popular del ELN, por sus equivocadas acciones militares, remplacen el valor político con el que esa guerrilla justificó su alzamiento armado, por la importancia que les da ser la primera guerrilla que logra, con un gobierno, discutir en una mesa de diálogo el modelo económico. Ahora bien, si juzgamos el golpe de mano que propinó el ELN a los 9 soldados que estaban durmiendo y los recientes atentados dinamiteros contra el oleoducto caño Limón-Coveñas, su carácter revolucionario sigue agrietándose, porque dichas acciones no cuentan con respaldo popular.

Al decir el gobierno de Petro que no habrá líneas rojas para adelantar los diálogos con ese grupo armado ilegal, da vida a dos caminos. Uno sinuoso que no sabemos a dónde vaya a llevar al país y el otro, más de cálculo político por el tiempo extremadamente largo que tomaría firmar un acuerdo de paz con una guerrilla que insiste en cambiar, de un momento a otro,  las complejas circunstancias históricas en las que viene operando el Estado y la democracia.

Ese primer camino sinuoso nos puede llevar a serios niveles de incertidumbre y de crisis política, derivada de las discusiones y decisiones que se tomen en la mesa de diálogo en torno al modelo económico; y el segundo camino, en el que podrían confluir tanto los negociadores del gobierno, como los del ELN, tendría como fin que cualquiera de las partes, después de varios años de negociación, decida unilateralmente pararse de la mesa por no encontrar voluntad política en la contraparte para avanzar en los ajustes al modelo económico.

Lo que está haciendo Gustavo Petro es jugar con el respaldo político de esa parte del pueblo que votó por sus ideas. Apoyo que, por supuesto, está alejado de cualquier intención de cambiar el modelo económico porque subsiste la clara convicción de que bajo ese mismo modelo se pueden solucionar los problemas del hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada. Quizás porque el problema no está en el modelo económico, sino en el modelo de sociedad y Estado, por cuenta de una  élite mafiosa, torpe y criminal que desde hace más de 30 años logró capturar el Estado, para ponerlo al servicio de su avaricia y mezquindad.

 

Imagen tomada de CNN

FRANCIA MÁRQUEZ MINA: “DE MALAS”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nadie en sus cabales se atrevería a negar que en Colombia hay sectores societales racistas, clasistas, homofóbicos, misóginos y aporofóbicos. De la misma manera, nadie podrá desconocer que a esos mismos sectores de la sociedad les arde la piel, por la urticaria que les genera ver como vicepresidenta de la República a una mujer negra. No es exagerado pensar que a la élite goda, parásita y violenta de este país, la presencia de Francia Márquez Mina les genera repulsión y fastidio.

Es en ese marco cultural y ético en el que encajan las reacciones de Francia Márquez ante las críticas que a diario recibe por lo que dice y hace con su vida. Vivir en una mansión ubicada en el exclusivo sector de Dapa, muy cerca de Cali, resultó un agravio mayor para algunos mestizos -que se creen blancos, casi arios-  con poder político y económico. Ofensa soportada en una mentira: la vicepresidenta, en poco tiempo, había comprado el costoso palacete. Al ultraje se sumó que Márquez Mina llega en helicóptero.

Entonces saltaron los defensores de los recursos públicos para indicar lo costoso que resulta mover dicho aparato. Claro, esas preocupaciones antes no aparecieron cuando ministros, vice presidentes e incluso, presidentes, han gozado de esos privilegios del poder, viajando a Panaca, o montando en helicópteros del Ejército a mafiosos como el Ñeñe Hernández. O para ir de paseo a Ciudad Perdida. No. Bastó con que lo usara una mujer negra y pobre para que se activara la inquietud por el uso de recursos del Estado, en este caso, para salvaguardar la vida de la vicepresidenta, pues sus desplazamientos terrestres constituyen un riesgo. Ya Francia Márquez, antes de llegar a la Casa de Nariño, había sufrido un atentado, del que salió ilesa, mas no dos de sus escoltas que resultaron heridos en un ataque armado ocurrido en mayo de 2019. Ya como vicepresidenta, su equipo de seguridad alertó sobre la presencia de artefactos explosivos en la ruta por la que estaba transitando en ese momento.  

A la ya probada animadversión étnica y de género hacia la figura de Francia Márquez se suman su reacciones en reciente entrevista a una periodista afecta al “viejo” régimen: al defender su derecho a beneficiarse del uso de recursos del Estado por su condición de vicepresidenta, Francia Márquez soltó la expresión “de malas”, con la que confirmó que no dejará de montar en el helicóptero, por más costoso que resulte movilizarse en dicha aeronave.

En este punto creo que Márquez Mina se equivocó. En esa reacción dejó notar la prevención y quizás el odio que ella siente hacia la élite tradicional. Posiblemente, y sin darse cuenta, la vicepresidenta sigue presa de la relación amigo-enemigo que esos sectores racistas le plantearon y que ella aceptó, porque en su corazón hay rabia y un afán de reivindicación étnica que le nubla su pensamiento. Como vicepresidenta debe guardar las formas, pues esa dignidad que hoy ostenta también debe estar orientada a tratar de unir a una sociedad que deviene fracturada, justamente, por el racismo y el clasismo del que ha sido víctima Francia Márquez y los pueblos afros, indígenas y campesinos. Le vendría bien alejarse de los medios masivos y concentrarse en el trabajo comunitario y en el fortalecimiento de los procesos de comunidades negras. Así como a defender a las otras comunidades que trabajan con sentido de lo colectivo y  defienden los ecosistemas naturales-históricos.

Dejo estas frases de Nelson Mandela para invitar a la reflexión de todos, incluida a la vicepresidenta: “Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o un hombre blanco". “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario”. “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero”. “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. “Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”.

Respire profundo vicepresidenta. Y por favor, aléjese de las redes sociales y los medios masivos. En esos escenarios siempre va a perder, porque en esos ámbitos hay periodistas que la odian por ser negra.

Adenda: como una forma de reconocimiento al pueblo vallecaucano, la vice debió decir: “de malas como una chuspa”.

Imagen tomada de Semana.com

CON LA FUERZA DE LA PAZ, ROY BARRERAS GOLPEA AL PACTO HISTÓRICO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el lanzamiento del movimiento político, la Fuerza de la Paz, Roy Barreras toma distancia del Pacto Histórico, y se encumbra como el líder de sectores del Establecimiento que aborrecen las ideas y los programas del presidente Gustavo Petro Urrego. La Fuerza de la Paz es un movimiento político que surge de los problemas de consolidación programática y operativa del Pacto Histórico y del rechazo y miedos que genera Petro Urrego en agentes económicos de la sociedad civil. Sus candidatos serán de derecha (aunque digan que son de centroderecha) y sí constituyen competencia a los que se presentarán en la próxima jornada electoral del 29 de octubre, en la que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.

Con su decisión política, Roy Barreras intenta implosionar el Pacto Histórico, lo que derivará en la llegada de candidatos a gobernaciones y alcaldías alejados de las ideas, programas y proyectos que tiene en mente Gustavo Petro. Por su carácter acomodaticio, Barreras es el líder que la derecha colombiana necesita para hacerle contrapeso a las apuestas de cambio que el presidente de la República le propuso al país.

En la Fuerza de la Paz confluyen santistas y uribistas, todos cercanos a los intereses de los sectores poderosos del Establecimiento colombiano. Quienes acompañaron ayer a Roy Barreras al lanzamiento de su microempresa electoral buscarán que las elecciones regionales sean el escenario plebiscitario en el que puedan rechazar o ponerle talanqueras al Plan Nacional de Desarrollo y por ese camino, a los programas de reivindicación social, en particular a los que tienen como objetivo estratégico salvar la economía campesina a través de una reforma agraria.

La idea de paz que defiende Barreras está fundada en mantener el modelo neoliberal y los TLC, pero consolidando algunos subsidios a través de una política asistencialista que no transforma en absoluto las condiciones de miseria, abandono y postración que las medidas de apertura económica de César Gaviria Trujillo generaron y que los gobiernos neoliberales de Pastrana, Uribe, Santos y Duque fortalecieron y ampliaron hasta privatizar la acción estatal. Curiosamente, Roy Barreras golpea, con la Fuerza de la Paz, al Pacto Histórico. Pronto sabremos cuán grande serán los daños generados a esa colectividad.

La microempresa electoral de Roy Barreras es un duro golpe político al Pacto Histórico. Los voceros y principales gestores del Pacto Histórico se quedaron sentados adulando al presidente, en lugar de trabajar en la consolidación de cuadros que pudieran competir en las elecciones regionales que se avecinan. Claro que hubo poco tiempo de preparación. Por ello, Barreras decide armar tolda aparte para permitir la llegada de la vieja clase dirigente a su micronegocio electoral. Este astuto político supo leer muy bien los reclamos y miedos de los sectores del Establecimiento a los que les sirvió cuando militó en las huestes uribistas, santistas y las aglutinó en su momento, Germán Vargas Lleras.

Gustavo Petro usó a Roy Barreras para aglutinar las fuerzas que hoy hacen parte de la bancada de gobierno y por supuesto que quien fuera el presidente del Senado también se sirvió del triunfo y la popularidad del presidente de la República, para lanzarse como el líder que la derecha necesita para contrarrestar la consolidación del proyecto político del líder de la Colombia Humana. Barreras hace rato está pensando en el 2026. Ya veremos qué pasa con Barreras en el 2026.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

EL ESTADO EN LA VOZ DE ALIAS JORGE 40

 

Por Germán Ayala Osorio

Como forma de dominación, el Estado moderno es una realidad política de carácter planetario, pero también, un universal sobre el que suelen recaer responsabilidades cuando alguno de sus operadores falla o comete un delito. Cuando eso último sucede, el carácter simbólico y fantasmagórico que acompaña a la naturaleza del Estado, aparece para evitar que las sentencias de los jueces (también operadores y legitimadores del Estado) se cumplan con todo rigor, o para hacer lo mismo con las exigencias de víctimas y victimarios de que se castiguen a específicos operadores estatales.

Recientemente el criminal paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que “la omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió”.

Ya el Estado colombiano ha sido varias veces sancionado política, fiscal y moralmente por propios jueces de la República e incluso por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por masacres perpetradas por guerrilleros y paramilitares, en contubernio con militares;  y, también castigado por delitos graves cometidos, por ejemplo,  contra periodistas como el caso de Jineth Bedoya, violada por paramilitares en complicidad con agentes estatales.

Con todo y lo anterior, hemos construido y naturalizado la operación de un Estado asesino, tal y como lo reconoció el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esa constatación nos debe avergonzar a todos, pero al momento de las condenas proferidas por los jueces, el establecimiento de las responsabilidades se convierte en un proceso largo y tedioso para las víctimas que esperan justicia; y para los victimarios, en el mejor argumento para justificar sus fechorías y evitar asumir responsabilidades directas por haber, en el caso de “Jorge 40”,  conformado y liderado estructuras criminales para dar rienda suelta a sus propios deseos y consolidar el proyecto político, social y económico que desde el establecimiento colombiano se orientó para someter a campesinos, afros e indígenas, elevados a la condición de ciudadanos premodernos y por lo tanto enemigos de los intereses de una élite con toda la capacidad para mover a su favor las fuerzas represivas y coercitivas del Estado.

Pierre Bourdieu sostiene que el “Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes” (p.16). Si acogemos la sentencia del reconocido autor francés y anclamos su sentido a lo expresado por el confeso y condenado criminal paramilitar, alias Jorge 40, entonces, la operación paramilitar estuvo por largo tiempo fundada en atacar política y militarmente al viejo espectro ideológico llamado “comunismo”. Por esa vía argumental, la responsabilidad penal y política por los crímenes cometidos por las AUC la deberían asumir todos los políticos, jueces, periodistas, militares, policías, sacerdotes, artistas, estudiantes, profesores, rectores de universidades y empresarios que usaron la lucha contra el comunismo o recientemente el “castrochavismo” para perseguir, estigmatizar y aplaudir el asesinato de todos aquellos que simpatizaran con ideas socialistas (comunistas) o que simplemente se atrevieron a criticar a la élite dominante.

Y aunque todos hacemos parte del Estado y contribuimos a diario a su legitimación, las responsabilidades directas por las graves violaciones de los DDHH perpetradas por militares y paramilitares las deben asumir, directamente, los miembros del establecimiento colombiano. Por supuesto que todos somos responsables de lo acontecido, por acción u omisión, pero sobre todo, por no alzar la voz al momento en el que los líderes y patrocinadores del paramilitarismo en Colombia se hicieron con el Estado, para gobernar con el ánimo de asesinar y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente.

Alias Jorge 40 tuvo la opción de haber tomado otro camino en su vida. Eso sí, su decisión, a todas luces inmoral, se explica porque nació en un territorio en el que opera, de tiempo atrás, un orden criminal que él mismo llama Estado.

Imagen tomada de Verdad Abierta.