Por Germán Ayala Osorio
Basta que el presidente de la
República, Gustavo Francisco Petro Urrego haga públicas propuestas asociadas a
la paz y la reconciliación, para que la derecha salte a despreciarlas, anclando
sus alcances a la impunidad, usada como caballito de batalla por quienes
durante años se vienen beneficiando de las dinámicas del conflicto armado
interno, incluidas actividades propias de las economías ilegales: ganaderos, latifundistas,
clanes políticos, comerciantes de armas
y fabricantes de pertrechos militares; militares y policías que le venden armas
a las guerrillas y a los paramilitares; importadores de precursores químicos cercanos
a los mafiosos; miembros de familias “de bien” que lavan recursos de sus amigos
los narcotraficantes; esmeralderos amigos de mafiosos y despojadores de tierra;
gerentes de bancos y banqueros que se hacen los “pendejos” ante procesos de
lavado de dinero y hasta quienes se benefician del “pitufeo”, estrategia esta
asociada a la llegada al país de “remesas untadas de narcotráfico”, entre
tantas otras circunstancias y realidades que tocan incluso, a entidades como la
DEA, las relaciones y el orden internacional, y por supuesto, a quienes
agencian moralmente, cualquiera de los dos sistemas de dominación: capitalismo
y socialismo.
Quienes se oponen a leyes de
punto final y de sometimiento de narcotraficantes lo hacen quizás, porque de
manera directa o indirecta se benefician de las economías ilícitas. Es más, un
país como Colombia, con un débil aparato productivo, fruto de la avaricia y la
pobreza de criterio de sus élites, es el escenario propicio para las actividades
ilegales y criminales. Es claro que esos dineros mal habidos permean la
economía y el sistema financiero, así que quienes se oponen a políticas de
sometimiento de narcos no lo hacen necesariamente por una genuina preocupación
moral. Quizás lo hagan porque ese es el juego de la Oposición: decir no a todo
lo que provenga del gobierno de Petro, para evitar, justamente, que, bajo un gobierno
progresista, se alcance la esquiva y quimérica paz de la que se habla. O también
porque al asumir una actitud hipócrita y cínica, ocultan sus verdaderos
intereses.
Lo cierto es que la Paz Total y
la “reconciliación nacional” devienen con un carácter totalizante y maximalista
que hace pensar en que el gobierno y en particular el presidente Petro olvida
las circunstancias contextuales que permitieron la consolidación, desde los
años 80 en Colombia, de un régimen criminal y mafioso del que se benefician clanes
políticos, familias y líderes políticos que no están dispuestos a jugársela por la paz y la reconciliación, exponiendo
sus trayectorias al momento en el que sus amigos los narco-paramilitares le
cuenten a la JEP o al nuevo tribunal que se cree las finas relaciones que
sostienen con organizaciones al margen de la ley.
Jamás habrá reconciliación en el
país mientras siga vigente el régimen criminal que se instaló en el país desde
los años 80, que es el mismo que capturó el Estado. Antes de proponerle al país
salidas jurídico-políticas a expresiones de violencia y actores violentos, lo
que tiene hacer el gobierno de Petro es recuperar para el Estado y la sociedad
aquellas instituciones que de tiempo atrás están al servicio de bandas criminales.
La fiscalía general de la Nación es una de esas instituciones permeadas por organizaciones
criminales como el Clan del Golfo. Hasta tanto no se desmonten las finas relaciones
entre fiscales e investigadores con grupos criminales, no será posible hablar
de paz y de reconciliación. De igual manera, es urgente que aquellos miembros
de clanes políticos en todas las regiones del país sean procesados en juicios justos,
pero con penas ejemplarizantes: deben pagar en cárceles y no burlarse del país y
de la justicia, “veraneando” en batallones. Y para ello, hay que depurar a la Corte
Suprema de Justicia, corporación que actúa con lentitud frente a casos públicos
de operadores políticos que han tenido y tienen relaciones mafiosas con organizaciones
delincuenciales. Todos saben de quién en particular estoy hablando aquí.
Por supuesto que hay que limpiar también
a las fuerzas armadas, permeadas por todo tipo de prácticas dolosas, que en
particular se naturalizaron desde el 2002. El país está en una profunda crisis
moral y ética. Baste con señalar que el gran banquero colombiano reconoció ante
autoridades americanas el pago de millonarios sobornos (coimas) para hacerse a
los contratos de la Ruta del Sol II. La penetración mafiosa que gobiernos
anteriores permitieron en la SAE y en la UNP hacen posible pensar en que no se
trata simplemente de proponer salidas jurídico-políticas, cuando la putrefacción
viene atada a apellidos de esa “gente de bien” que lleva años privatizando el
Estado, para acrecentar sus fortunas y de esa forma, ocultar su inmoralidad.
A lo mejor, por estar inmersos en
una sociedad moralmente confundida, que aún no toca fondo, cualquier propuesta
de paz y reconciliación será imposible de discutir y tramitar. Quizás debamos aceptar que
el ethos mafioso guía la vida de encopetados banqueros y empresarios; de
generales y almirantes; de rectores de universidades públicas y privadas; de gremios
de profesores; de congresistas clientelistas y de gremios de la producción; curas y jerarcas de las iglesias; ciudadanos del común; de
periodistas-estafetas que vendieron su dignidad…en fin...
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