EN TIBIO COMUNICADO MAGISTRADOS RECHAZAN INTROMISIÓN GRINGA EN FALLO CONTRA URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después de que la jueza 44 Sandra Heredia leyera el sentido condenatorio de su fallo en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, miembros del Centro Democrático salieron a descalificarlo señalando que se trata de una “venganza política” y que la operadora judicial construyó un documento politizado fruto de sus simpatías ideológicas con la izquierda, como lo señaló la revista Semana. En el plano internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio hizo lo propio, lo que constituye una intromisión e irrespeto hacia la juez y la justicia colombiana.

La intrusión del gobierno americano en los asuntos internos y en particular en la deslegitimación de la decisión de la jueza que condenó al expresidente antioqueño fue rechazada con vehemencia por el presidente Gustavo Petro. El mismo jefe del Estado exhortó a las altas cortes y a otros agentes del poder judicial a rechazar las actitudes irresponsables, burdas y peligrosas que asumieron además de Rubio, congresistas gringos, periodistas y políticos colombianos. Pasaron varios días hasta que por fin la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que, si bien rechaza las señaladas descalificaciones e intromisiones, el tono del documento resulta tibio y medroso en particular por la irrespetuosa actitud asumida por el gobierno de Donald Trump en contra de la valerosa jueza 44.

Los togados evitaron hacer referencia directa a la juez que finalmente declaró culpable al temido expresidente colombiano. En algunos apartes del comunicado de la CSJ se lee que “dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

¿Por qué no referirse puntualmente al fallo que hunde en el más sucio fango a la imagen de “político probo” que la prensa hegemónica coadyuvó a construir de la mano del condenado, quien siempre, con su voz de cura pueblerino, se jactó de ser un “hombre honorable, un luchador, frentero y un patriota”? ¿Por qué no mencionar al secretario de Estado de los Estados Unidos?

En los casos en los que un gobierno extranjero irrespeta a la justicia y se entromete en los asuntos internos del país lo más conveniente y esperado por la opinión pública es que se rechace con vehemencia y suficiencia moral esas actitudes imperiales y coloniales a todas luces inconvenientes. ¿Acaso a los togados les dio miedo que los gringos los vieran muy cercanos al gobierno Petro, con el que Trump y Rubio mantienen un contrapunteo ideológico?

El señalado comunicado de la CSJ termina así: “La Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonomía y la independencia judicial”.

El exceso de “diplomacia verbal” de los magistrados frente a la vulgar y retadora intromisión de Marco Rubio y varios congresistas republicanos, así como a las expresiones desafiantes y descalificadoras en contra de Sandra Heredia de periodistas y políticos colombianos, en lugar de reivindicar el papel de la jueza, así como su integridad como mujer y operadora judicial, puede hacer pensar en que hay fisuras en el espíritu de cuerpo en el que se supone se inspiraron los togados que firmaron el comunicado.

PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES: ENTRE PROPUESTAS INSOSTENIBLES Y AMENAZAS DE MUERTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Aunque falta mucho tiempo para las elecciones presidenciales de 2026, varios precandidatos de la derecha ya dejaron ver cuál será el talante de sus gobiernos en caso de resultar electos para dirigir los destinos del país. Mientras que la candidata-periodista Vicky Dávila propuso construir una “mega cárcel en la selva para encerrar a los corruptos”, Juan Manuel Galán dijo que su primer acto de gobierno sería reestablecer las “relaciones diplomáticas con Israel”. Si bien las propuestas de Dávila y Sarmiento resultan polémicas ambiental, ecológica y políticamente, lo dicho por el precandidato presidencial del uribismo, Abelardo de la Espriella, constituye una inconveniente y peligrosa amenaza que en nada contribuye a pacificar el país y mucho menos a bajar los altos y peligrosos niveles de polarización política y crispación ideológica por los que atraviesa el país: el abogado de la Espriella prometió “destripar a la izquierda”. Esto dijo: “sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente”.

La amenaza de Abelardo de la Espriella fue rechazada de inmediato por el presidente Petro quien solicitó “a la Fiscalía de Colombia y a la justicia de los EE. UU., iniciar investigación contra esta persona que amenaza de muerte a un grupo poblacional con identidad política, que es crimen contra la humanidad”.

Al tiempo en el que De la Espriella lanzaba su ultimátum, en redes sociales la precandidata presidencial del progresismo, María José Pizarro recibía improperios y amenazas de muerte por parte de tuiteros. El tuitero Carlos Castaño Gil, le dijo a la congresista: “cállese perra hijueputa, vamos a subir a Botero (precandidato que ofreció dar balín), para les llene la jeta de plomo”.

Como hombre, periodista y politólogo rechazo con vehemencia las amenazas proferidas por los tuiteros contra María José Pizarro por su rol de mujer y congresista, así como las del abogado Abelardo de la Espriella, por considerarlas violentas, cargadas de misoginia y un odio visceral hacia el progresismo y a quienes militan en la izquierda democrática. El respeto a la diferencia y a la pluralidad son principios democráticos que no se pueden en cuestión por el desespero de los precandidatos de la derecha de volver a hacerse con la Casa de Nari.  Frente a la propuesta de Vicky Dávila de construir una mega cárcel en la selva, como Doctor en Regiones Sostenibles la considero ecológica y ambientalmente improcedente en tiempos del cambio climático en los que el mundo clama por la protección de los ecosistemas selváticos por resultar claves para minimizar los impactos sistémicos del calentamiento del planeta. Y en lo que respecta a lo propuesto por Juan Manuel Galán, considero que el genocidio en Gaza perpetrado por Israel amerita mantener la ruptura diplomática. Considero que las prácticas genocidas implementadas por Netanyahu constituyen un retroceso humanitario que nos acerca, como especie, a la barbarie y a despreciar la vida de los palestinos.

 Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Abelardo de la Espriella representan con claridad y preocupación los deseos y valores de una derecha a la que poco o nada le importa arrasar los ecosistemas naturales con ganadería extensiva, monocultivos y minería a cielo abierto; y mucho menos les interesa respetar la vida de mujeres y menores de edad perseguidos y “cazados” como animales por el sionista Estado de Israel.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA, EL “TIGRE” URIBISTA QUE AMENAZA CON "DESTRIPAR A LA IZQUIERDA"

Por Germán Ayala Osorio

 

El fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya está moviendo las más bajas pasiones tanto al interior del país, como por fuera, en particular en territorio norteamericano en donde ya se están ambientando propuestas de intervención política para salvarle el pellejo al expresidente y expresidiario recientemente encontrado culpable de graves delitos. Internamente, ya se advierte el interés de agentes de la ultraderecha de convertir las elecciones de 2026 en un escenario belicoso en el que nuevamente todo lo que huela a izquierda, democrática o radical armada, debe ser desechado, eliminado, perseguido o proscrito, porque quienes militan en esa orilla ideológica se asumen como una “plaga” que, sí o sí, debe ser exterminada.

Esto dijo a La FM el precandidato presidencial del uribismo, Abelardo de la Espriella: “Esto no va a quedar así, estas brisas vuelven y sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, no va a haber saludos, conmigo no a haber absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical, a esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mi encontrarán peor enemigo posible”.

Lo que no queda claro en lo que espetó el singular y folclórico abogado es si se refiere exclusivamente a los grupos al margen de la ley que insisten en autoproclamarse “guerrilleros y revolucionarios”, pero que realmente son “mafiosos de camuflado”, o si su amenaza se extenderá a “combatir y someter” a aquellos ciudadanos que creen, por ejemplo, en los planteamientos de Chantal Mouffe[1] y que confluyen en lo que ella llamó la democracia radical y plural. No creo que el arrogante abogado y precandidato presidencial de la derecha y la ultraderecha colombiana se haya leído las tesis de Chantal Mouffe. En cualquier caso, el discurso belicoso y violento de De la Espriella vuelve a alejar al país de los tibios pasos que logró dar el gobierno Petro hacia estadios de Modernidad estatal y societal.

Quien entendió que la amenaza es contra el progresismo y el ala desarmada y civilista de la izquierda fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien casi de inmediato le respondió al soldado uribista: "Le solicito a la Fiscalía de Colombia y a la justicia de los EE. UU., iniciar investigación contra esta persona que amenaza de muerte a un grupo poblacional con identidad política, que es crimen contra la humanidad”.

En caso de que el “prestigioso” abogado esté considerando una vez instalado en la Casa de Nari (antes llamada de Nariño) perseguir a quienes piensan distinto le vendría bien que leyera un poco más, en particular a la referida teórica política Chantal Mouffe. Quizás no le quede tiempo de leer a este curioso personaje que se mueve entre las insulsas pasarelas del poder político y las actividades de la farándula criolla.

Pero si se refiere exclusivamente a enfrentar con decisión a las disidencias de las disidencias y a los eternos Elenos, ojalá esté contemplando dentro de su “plan militar” el diseño de controles suficientes para evitar que vuelvan a ocurrir asesinatos de civiles (falsos positivos) presentados como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército, durante la aplicación de la temida política de seguridad democrática de su mesías Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto, otros controles diseñados para desmontar las redes de las que han hecho parte oficiales y suboficiales del Ejército que les venden armas y pertrechos al “enemigo interno”.

Estamos de acuerdo en que las “guerrillas”, con disidencias abordo, constituyen un “cáncer” que hizo metástasis en Colombia de la mano de la corrupción institucional, público y privada, y de las economías ilegales que alimentan el aparato económico del país y sostienen a buena parte del poder político nacional.

Lo espetado por este lenguaraz petimetre me recordó que el 19 de abril de este año el columnista de derecha, Felipe Zuleta Lleras, llamó “plaga” a la congresista María José Pizarro, hija del comandante del M-19, Carlos Pizarro Leóngomez. Así, De la Espriella tendría en Zuleta a un copartidario y animador en su proyecto de eliminar a todo lo que huela a izquierda. ¿Será que el abogado estará pensando torturar a miembros del Pacto Histórico o de las “guerrillas” como lo hizo con un gato, al que él mismo le puso unos “voladores”? Me imagino que el felino quedó “destripado”. ¿Qué pensarán los animalistas de esta cruel "confesión" del jurista?

Insisto en que De la Espriella debe explicarle al país si la amenaza que lanzó incluye a quienes desde la izquierda democrática y el progresismo le están apostando a que por fin el Estado colombiano opere como un Estado Social de Derecho, lo que implicará arrebatárselo a las mafias que la derecha supo consolidar durante el largo proceso de privatización al que fue sometido esta forma de dominación llamada Estado, en particular durante el periodo presidencial de Uribe (2002-2010). ¿Esas mafias son también “plagas” señor precandidato, o hacen parte de eso que llaman “gente de bien”?

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[1] “La reformulación del proyecto democrático en términos de democracia radical requiere el abandono del universalismo abstracto de la Ilustración, que se refería a una naturaleza humana indiferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras teorías de democracia moderna y del individuo como portador de derechos fue posible merced a estos conceptos, hoy en día son un gran obstáculo para la futura extensión de la revolución democrática. Los nuevos derechos que se reclaman hoy son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado hasta ahora y que ya no son derechos universalizables. En efecto, la democracia radical exige que reconozcamos la diferencia -lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo-, o sea todo aquello que el concepto abstracto de hombre excluía. No se rechaza el universalismo, se lo particulariza; lo que hace falta es un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular” (Mouffe 2015: 33-34).

Abelardo De La Espriella responde a solicitud de investigación de Gustavo Petro

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS SE ENTROMETE EN ASUNTOS INTERNOS DE COLOMBIA

Por Germán Ayala Osorio

 

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos se entromete en los asuntos internos de Colombia y por esa vía irrespeta al poder judicial al defender al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, encontrado culpable por la jueza 44 de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto dijo Rubio: “el único delito del expresidente colombiano ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

Acostumbrados a mirar con desprecio al país, gracias a la derecha local que mostró siempre una actitud dócil y abyecta frente al poder de USA, Marco Rubio cree que puede presionar a los jueces en beneficio de su pérfida política internacional, basada en el sometimiento de gobiernos a lo largo y ancho del planeta. Ya lo hizo recientemente con el presidente de Panamá, José Manuel Mulino, quien optó, presionado por Rubio, por no extender el memorando de entendimiento con China, conocido como la Ruta de la Seda. Al final, Rubio sometió a Mulino.

Después de la intrusión de Rubio, la Canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio y el propio presidente de la República, Gustavo Petro al unísono le respondieron, en su orden, al entrometido secretario de Estados: “Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”. En la misma línea lo hizo Petro: “Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinado[a]s, por ayudar al mundo”.

La actuación del “emperador” o del "Virrey" Marco Rubio hace parte del proyecto político de la derecha colombiana que consiste básicamente en generar el ambiente propicio para que el presidente Trump incremente los aranceles a los productos que Colombia exporta a la nación del norte y descertifique al gobierno Petro por su “ineficaz” lucha contra el narcotráfico. Medidas estas que serían el resultado de las ya tensas relaciones políticas y diplomáticas entre Bogotá y Washington provocadas en gran medida por congresistas republicanos y sus homólogos del Centro Democrático interesados en deslegitimar al actual gobierno colombiano y afectar la economía. El objetivo es claro: poner en la agenda electoral de 2026 las relaciones bilaterales y el reposicionamiento de la ideas y fantasma del “castrochavismo” como una amenaza para los intereses de USA en una región en la que crece la influencia China, por la torpe política internacional de los Estados Unidos, sostenida en la violación de los derechos humanos, en la intrusión en los asuntos internos de Estados soberanos y la intervención militar.

Se podrían venir días difíciles para el país si las altas cortes y otros actores de la sociedad civil colombiana no salen en bloque a rechazar la vulgar e inaceptable injerencia gringa en nuestros asuntos. Ya la jueza 44 falló y encontró culpable a Uribe. Solo les queda, a propios y a extraños respetar la independencia de la justicia colombiana. Un corto pero sustancial resumen de la vida pública de Uribe lo pueden ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WZoVKr-MhHs&t=58s

Ojalá el expresidente Uribe Vélez reflexione y entienda que su tiempo en la política ya pasó. Casi 25 años de reinado llegaron a su fin. Lo más sensato es que se retire de la política. Los daños que le hizo al país son inconmensurables. Usted, señor Uribe, jamás fue un Gran Colombiano. Usted es una burda invención mediática.  

La gran prensa bogotana podría también aportar su grano de arena evitando exaltar la intromisión en los asuntos internos del país de Marco Rubio. La dignidad de un pueblo y la solidez de la democracia están conectadas con las maneras como actúa la prensa hegemónica. Un periodismo progringo constituye un riesgo cultural y político.

Ya el presidente Petro llamó la atención sobre el papel de la prensa: “La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos. Parece que hubiera pasado nada desde que algunos medios radiales y escritos, arrojaron a campesinos conservadores y liberales a matarse entre sí, por centenares de miles. Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”.

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POLÍTICOS COLOMBIANOS Y GRINGOS SALIERON EN DEFENSA DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Como era de esperarse, después de que la jueza Sandra Heredia encontrara culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus áulicos, varios precandidatos presidenciales y agentes políticos de los Estados Unidos salieron en defensa del temido político antioqueño.

La primera en manifestarse fue María Fernanda Cabal, unas de las “tigresas” de Uribe, quien en tono amenazante y desencajada espetó que “si creen que van a amilanarnos, les digo que están despertando un león dormido que defenderá con orgullo y firmeza el legado del mejor presidente de la historia colombiana. El legado del presidente Uribe, mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, está más vivo que nunca. Defenderemos democracia, defenderemos libertad y buscaremos una justicia digna para todos los colombianos”.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano hizo lo propio y defendió de esta manera a su padrino de matrimonio: “Toda mi solidaridad y respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe en estos difíciles momentos. Su aporte a la democracia y a la seguridad de este país ha sido innegable”. Aunque Lizcano hizo un llamado a respetar las instituciones, la defensa de Uribe lo ubica como uno más de los áulicos que defienden a dentelladas la ya raída honorabilidad del expresidente de la República. “El respeto a la institucionalidad es la clave para salvaguardar nuestra democracia”, puntualizó Lizcano.

Entre tanto, el candidato presidencial del fantasmal centro político, Sergio Fajardo Valderrama asumió una postura con la que intenta desmarcarse de su cercanía a Uribe y al uribismo. Esto dijo el tibio político: “más allá de cualquier consideración política, los fallos de los jueces deben respetarse y acatarse. La separación de poderes es un pilar central de nuestra democracia. El desacuerdo con una decisión judicial es legítimo, pero debe tramitarse por las vías que la misma justicia establece”.

Si bien aplaudo el llamado que hace Fajardo a que se respete la decisión de la jueza 44, es conocida la incoherencia política del exalcalde de Medellín y su capacidad para acomodarse a las coyunturas. Recordemos que en las pasadas elecciones se acercó al entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández, a pesar de que estaba llamado a juicio por corrupción.

Mientras que al interior del país se registraban manifestaciones de regocijo por el fallo condenatorio contra Uribe Vélez y por supuesto, lamentaciones en las huestes uribistas, desde los Estados Unidos llegaban reacciones que claramente constituyen inaceptables intromisiones en los asuntos internos del país, que ameritan que las altas cortes y otros actores del aparato judicial rechacen lo expresado por el congresista Mario Díaz-Balart, quien en su cuenta de X señaló que “como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente @AlvaroUribeVel es una evidente violación del estado de derecho y refleja el avance de fuerzas extremo izquierda que controlan a @petrogustavo . Desde Estados Unidos, es muy preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad, la creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo Petro”.

Esa intrusión en los asuntos internos de Colombia y la actitud irrespetuosa hacia la jueza 44 deben ser rechazadas por la Cancillería y por los presidentes de las altas cortes. Resulta inaceptable lo expresado por el político cubanoamericano que piensa que Colombia es una colonia o un Estado adjunto de la Unión Americana.

A esa andanada en contra de la soberanía judicial se sumaron otros congresistas como María Elvira Salazar y Carlos A. Jiménez. La señora Salazar, en el mismo tono amenazante de María Fernanda Cabal dijo en su cuenta de X que “hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela. Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga a sus agendas radicales. Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!”.

Entre tanto, en el mismo tono Jiménez señaló que “hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC con firmeza cuando muchos guardaban silencio. Lo atacan porque representa un obstáculo para la agenda de la izquierda radical que quiere convertir a Colombia en otra dictadura al estilo de Venezuela o Cuba. Este es el mismo libreto castrochavista que hemos visto una y otra vez: usar el sistema judicial para destruir a quienes defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”.

Los congresistas americanos insisten en mantener vigente la nomenclatura que Uribe Vélez inventó en los tiempos del plebiscito por la paz: el castrochavismo. Se trata de una “categoría” que solo existe en la suspicaz y resbaladiza mente del expresidente antioqueño. En lugar de ocuparse de los problemas internos que afrontan los Estados Unidos como su decadencia, los altos costos de la comida, el supremacismo y la infame persecución de los inmigrantes latinos que puso en marcha el gobierno de Trump, estos congresistas creen que pueden entrometerse en los asuntos internos del país, sin que nadie los confronte.

Las intromisiones de los agentes gringos y la defensa de la “honorabilidad” de Uribe por parte de candidatos presidenciales confirman el desprecio que la derecha local e internacional sienten por las instituciones, la institucionalidad y la justicia, cuando los fallos no los benefician.

Foto de José Vargas, tomada de El Espectador. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ: ¡CULPABLE!

 

Por Germán Ayala Osorio

Véase esta versión en video: https://www.youtube.com/watch?v=WZoVKr-MhHs&t=453s

 

Después de una larga espera para las audiencias y de una fatigante lectura, por fin la jueza 44 Sandra Heredia dio a conocer el sentido de su fallo en el caso Álvaro Uribe Vélez. La juez encontró al expresidente y expresidiario antioqueño culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta columna plantea tres momentos. Después de 13 años, por fin la justicia sometió al temido político.

URIBE VÉLEZ, EL POLÍTICO, MESÍAS Y PRESIDENTE ETERNO

Uribe Vélez nació un 4 de julio de 1952 en Salgar, Antioquia. Ganadero, domador de bestias, hacendado y político. Fungió como presidente de la República entre 2002 y 2010. El país recuerda que en ese periodo se cambió la constitución para permitir su reelección presidencial inmediata. Dicha reforma constitucional se hizo de manera ilegal, caso que se conoce como la Yidispolítica y que privó de la libertad a varios altos funcionarios del gobierno Uribe y a la Congresista Yidis Medina. Hubo sobornos y enrarecidas peticiones patrióticas en uno de los baños del Congreso.

Uribe Vélez es una invención mediática gracias a que periodistas y empresas periodísticas lo convirtieron en un “presidente irremplazable, el Mesías que salvó al país del comunismo  y construyeron de la imagen de político honorable y combativo, que en los 13 años que duró su proceso judicial, incluido el juicio que recién terminó, se fue desmoronando por el acervo probatorio que lo señala como determinador o cómplice de los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal.

Mientras medios tradicionales cerraron filas en torno a la menuda figura del político antioqueño, un grupo reducido de periodistas optó por esculcar su paso por la Aerocivil en calidad de director, la gobernación de Antioquia y por supuesto durante su largo periodo presidencial, el mismo que intentaron extender cuatro años más. Gracias a la Corte Constitucional y en particular a la ponencia del togado Humberto Sierra Porto se frenó esa intención de continuar erosionando el equilibrio de poderes. Gonzalo Guillén y Julián Martínez son periodistas que han dedicado parte de su vida a demostrar quién ha sido realmente Álvaro Uribe Vélez. Sus versiones contrastan ética y moralmente con la imagen de político probo que la prensa hegemónica consolidó del hacendado y domador de bestias. Las 6402 víctimas de los falsos positivos son una especie de mácula sobre las decisiones tomadas por quien fuera el padre de la Política de Seguridad Democrática. La aplicación a rajatabla de dicha política pública, junto al decreto Boina y a la directiva ministerial 029 de 2005 terminaron por alentar a miembros del Ejército a “monetizar” la vida de los jóvenes que fueron llevados con engaños y terminaron asesinados con tiros de gracia, vestidos de camuflado y presentados como “guerrilleros dados de baja” en combates con el Ejército.

EL PROCESO JUDICIAL Y EL JUICIO

El sentido del fallo leído por la juez Sandra Heredia, acosada periodística y políticamente en las últimas semanas por agentes uribistas, está atado a un complejo y dilatado proceso judicial que cumplió 13 años y que inició en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia que el propio Uribe interpuso en contra del senador Iván Cepeda y que por cosas del destino, terminó comprometiendo al expresidente en los hechos punibles que él mismo intentó endilgarme al congresista  del Pacto Histórico.

El llamado “Juicio del Siglo” transcurrió en medio de dilaciones de la defensa, recusaciones y llamados de atención de la jueza 44 por esas maniobras dilatorias y de otras “jugaditas” a las que apeló el equipo de abogados que defendió al poderos y temido acusado. Paralelo al proceso, en redes sociales y en los propios medios hegemónicos se libró una verdadera “batalla” entre los simpatizantes del expresidente Uribe y los abogados de Iván Cepeda Castro y Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, quien militó en el Bloque Metro de las Autodefensas y principal testigo en contra del expresidente Uribe.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR URIBISMO?

 En Colombia somos dados al uso de “ismos” en la política. Entonces se habla de Santismo, Pastranismo, Uribismo y Petrismo, como maneras de reconocer el poder político de quienes han pasado por la Casa de Nariño y extenderlo en el tiempo como funcionales fórmulas electorales y mecanismos de presión burocrática.

Eso sí, no se trata de doctrinas filosóficas y políticas reconocidas por la Academia. Lo que se conoce como el uribismo es también una invención mediática sostenida sobre ideas políticas como “privatizar” el Estado en beneficio de unas cuantas familias, aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional para extender las condiciones propias de un país subdesarrollado y un Estado incapaz de cumplir lo que prescribe la Constitución de 1991 en lo referente a las condiciones en las que debe operar un Estado Social de Derecho. Eso sí, el uribismo da cuenta de un pérfido ethos mafioso que no permite que la sociedad avance a estadios de modernidad.

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SEMANA "PERFILÓ" A LA JUEZA SANDRA HEREDIA

 Por Germán Ayala Osorio

El artículo que publicó la revista Semana sobre la familia de la jueza 44, Sandra Heredia hace parte del largo proceso de macartización de la izquierda en Colombia como si se tratara de un asunto pecaminoso o propio de seres extraños y malignos. Ser de Izquierda en este país es sinónimo de "guerrilleros, perezosos y mantenidos". Por el contrario, ser de Derecha se asocia a "gente de bien, trabajadora y echada para adelante". 

En algunos apartes del texto “periodístico” se lee: “En Alpujarra (Tolima), un municipio que comparte su patio con el Huila, ubicado a 162 kilómetros de Ibagué, donde nació Heredia, su familia está con los pelos de punta. No habla del tema. No quiere que se mencionen a sus integrantes en las historias que se escriben en los periódicos sobre la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá. Y no pretenden pagar algún precio por la decisión que profiera la abogada, octava de nueve hermanos. Alpujarra es un municipio de sexta categoría, tiene 5.000 habitantes, vive exclusivamente de la agricultura y es pequeño. Como si fuera poco, la mayoría de sus pobladores tiene ideología conservadora. Sin embargo, Sandra Heredia, a juzgar por los recuerdos que tienen algunos de sus compañeros de colegio con los que habló SEMANA, es progresista. Incluso, la califican como una persona con “ideología de izquierda”.

Lo que hizo Semana fue poner sobre la operadora judicial el “inri” de ser de izquierda, que nos hace recordar a la Letra Escarlata o la imposición de la insignia judía en negocios hebreos y en los uniformes que les obligaron a llevar en los campos de concentración nazi.

Lo único que le faltó a la Redacción de Semana fue poner sobre la fotografía del rostro de Sandra Heredia la letra I, para que sus lectores y las audiencias en general la identificaran como militante de la Izquierda, entendida esta como una ideología inmoral y dañina para el país y la sociedad. Lo peor de todo es que a la jueza no se le dio la oportunidad de desmentir o confirmar que evidentemente simpatiza con esa ideología política.

Semana al parecer recogió una versión que circula en la Alpujarra (Tolima), pueblo en el que vive la familia de la juez Sandra Heredia; o quizás, Semana se la inventó para el propósito político del texto que publicó y generó rechazo en la red X: poner en duda la idoneidad jurídica de la jueza 44, a pocas horas de fallar, bien para absolver o condenar al expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos por los cuales fue llevado a juicio. Se trata de un artículo a todas luces tendencioso, peligroso, de “mala leche” y que bien se puede asumir como una acción de perfilamiento ideológico y político.

Estamos ante un artículo con el que claramente la revista hebdomadaria ideologizó los valores y los criterios que dan vida a lo periodístico-noticioso, factor clave sobre el que se soporta en gran medida el trabajo informativo de los medios de información. Detrás de la publicación debe haber intereses políticos de alguno de los miembros del clan Gilinski. Limpiar la raída imagen de Uribe como político probo hace parte del grupo de políticos, periodistas y medios masivos como Semana que intentan presionar a la jueza Heredia para que falle a favor del exmandatario antioqueño, al tiempo que buscan imponer la narrativa de que el juicio contra el temido político está politizado.

La familia Gilinski compró la revista Semana y la convirtió en una trinchera ideológica y política desde donde macartiza y ataca al presidente Petro y ahora perfila a la jueza que tiene la enorme responsabilidad de fallar en derecho después de un juicio en el que Uribe Vélez tuvo todas las garantías procesales. “Salvar a Uribe” es un propósito periodístico y político de aquellos sectores de poder que extrañan el ethos mafioso que el país naturalizó entre el 2002 y el 2010.

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JUAN MANUEL GALÁN, PRECANDIDATO PRESIDENCIAL, APOYA EL GENOCIDIO EN GAZA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán dejó ver de manera temprana su interés de servirle, una vez esté instalado en la Casa de Nariño, a la derecha internacional que aprueba y apoya el genocidio que Israel viene cometiendo contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. En entrevista concedida a El Espectador dijo que su primer acto de gobierno será “reestablecer la relaciones diplomáticas con Israel”.

Resulta curioso que, a pesar de su evidente desprecio por la vida de los palestinos, insista en declararse “liberal”, cuando realmente está más cerca de la ideología conservadora en la que se sostiene el viejo establecimiento colombiano y las conexiones de este con la derecha internacional. Vaya contradicción filosófica e ideológica en la que cae este “delfín” en su afán por ganarse el apoyo de la derecha colombiana y del sionismo internacional que asumen como “normales y necesarias” las prácticas genocidas adelantadas por Israel por cuanto están soportadas en un evidente supremacismo étnico. Esa racionalidad económica y política que instrumentaliza la vida, convierte a Juan Manuel Galán en uno más de los políticos que tanto daño le hicieron en el pasado reciente del país: Uribe, Duque, Gaviria y Santos. 

Además de mostrar su simpatía con el genocidio, Galán habló generalidades en la entrevista concedida al diario bogotano, el último medio tradicional en entrar a la cofradía mediática que le hace oposición política al gobierno Petro. Por ejemplo, de restarle poder al régimen presidencialista para facilitar el trabajo coordinado con las regiones, esto es, con alcaldes y gobernadores. Esto dijo el hijo del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento: “…proponer una reducción del poder de la Presidencia de la República, para que ese poder se transfiera a los territorios y regiones, donde los mandatarios locales sientan que el gobierno nacional es su aliado, es el que está para apoyarlos, para acompañarlos, para respaldarlos”.

En lo que toca al tema de la salud, señaló que insistirá en “…que el sistema de salud como alianza público-privada pueda recuperarse”. Evitó hablar de la actual crisis del sistema de aseguramiento en salud, lo que hace pensar en que, de llegar a la Presidencia, Galán le seguirá inyectando millonarios recursos a las EPS dejando de lado las prácticas mafiosas de juntas directivas de varias entidades que terminaron en robos billonarios de recursos del erario. De llegar a la presidencia, lo más probable es que Juan Manuel Galán eche para atrás el modelo preventivo en salud que dejará funcionando el gobierno Petro.

En las pasadas elecciones, Juan Manuel Galán apoyó al corrupto y putero candidato presidencial Rodolfo Hernández. Esto dijo en ese momento: “Rodolfo Hernández representa la emoción de centro que no quiere continuismo Uribista ni cree en la propuesta de Gustavo Petro. El Nuevo Liberalismo jamás abandonará el espíritu crítico y el derecho a oponerse a aquello que no compartimos ni le conviene al país. ¡Cuente con nosotros!”

Las contradicciones ideológicas y las veleidades de Galán lo acercan más al uribismo y al poder tradicional que ostentan los banqueros y un par de familias más que capturaron y sometieron el Estado a sus caprichos e intereses de clase. De esa manera, a Galán poco o nada le preocuparía ser un presidente servil a los poderosos de siempre. Realmente, Juan Manuel Galán no es un liberal. Por el contrario, es un godo que usa camisa roja y agita las banderas del Nuevo Liberalismo, eso sí, alejado de las ideas de su padre. En esa misma línea actúa su hermano Carlos Fernando, actual alcalde de Bogotá. 

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

FIN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON EL ELN

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay que lamentar el levantamiento de la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno Petro no por el proceso mismo, sino por las víctimas futuras que muy seguramente seguirá generando la operación militar de esa organización al margen de la ley.

Fue un proceso en el que jamás hubo mutua confianza entre las partes, por dos razones fundamentales: la primera, al ELN hace rato dejó en claro que no le interesan curules, y mucho menos proyectos productivos como los que se echaron a andar después de la firma del tratado de paz de La Habana, para que los excombatientes de la entonces guerrilla de las Farc-Ep sobrevivieran de la siembra de frutales o vegetales, y de esa manera se reintegraran a la vida social y económica del país.

Los miembros del COCE creen que es posible y necesario cambiar el modelo económico y eso no va a suceder. Ellos le siguen apostando al viejo modelo socialista representado en la antigua URSS, el cubano y el venezolano. Más bien creen en un tipo de “estatismo” en el que se sentirían a gusto. Se suma a lo anterior el complejo modelo de negociación en el que dicha agrupación armada ilegal fungía como “mediador” entre el Estado y los agentes de la sociedad civil que exigían respuestas a sus demandas.

Los del ELN siempre se ubicaron en un plano moral superior que contradice sus orígenes religiosos y lo consignado en el libro del padre Camilo Torres, el Amor eficaz. El presidente Petro siempre les enrostró a los elenos su incoherencia entre lo que predica su doctrina “revolucionaria” y las acciones criminales perpetradas contra la población civil y los recientes hechos de violencia en el Catatumbo que terminaron con la paciencia del presidente Petro.

La segunda razón está atada a que el presidente Petro en por lo menos tres ocasiones, antes y durante los diálogos de paz con el ELN deslegitimó su lucha, puso en duda su carácter revolucionario e incluso se preguntó si a los viejos comandantes y miembros del COCE los jóvenes combatientes les hacían caso. Frente al generalato y en ceremonia militar, Petro habló de una tercera etapa en la que esas “guerrillas” se habrían instalado en los últimos años: las economías ilegales: De ahí vino el calificativo de “traquetos con camuflado” y terminó con la sentencia que expresó en la entrevista que le concedió al personaje Juanpis González: “en Colombia no hay guerrillas”.

Los críticos de la Paz Total verán la terminación de los diálogos como un fracaso más, pero la verdad es que se trata de una decisión que debió tomarse hace rato porque jamás se construyó mutua confianza entre las partes. Hay que reconocer que en siete meses de duró instalada la mesa de conversaciones hubo un desgaste político y unos gastos económicos que se pudieron evitar si ambas partes se hubieran escuchado y aceptado que ese proceso no tenía futuro. En eso se equivocó el presidente y los del COCE. La concepción maximalista de la Paz Total que asumió Petro fue un error garrafal que no le permitió advertir que al ELN le faltaba voluntad real de paz. El ELN se burló de las buenas intenciones del presidente.

Para el escenario electoral que se avecina el ELN muy seguramente apelará a lo único que sabe hacer: secuestrar, ejecutar “paros armados”, extorsionar y atentar contra los ecosistemas naturales. Los candidatos presidenciales, especialmente los de la derecha, aprovecharán para echarle el agua sucia al gobierno progresista mientras que ofrecen combatir a los grupos armados ilegales en un marco jurídico-político parecido o igual al de la seguridad democrática. Los elenos meterán miedo y generaran zozobra entre la población civil, y la derecha aprovechará para vender su manido discurso de la seguridad. De esa manera, el ELN seguirá demostrando su cercanía con el Establecimiento.

eln y petro - Búsqueda Imágenes

JUAN MANUEL SANTOS: UN TIBIO NOBEL DE PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza es un genocidio. Quienes insisten en llamar “guerra” a lo que sucede en este territorio hacen parte de la pérfida estrategia de los Estados Unidos y del propio Netanyahu de consolidar el proyecto de limpieza étnica que supone dos objetivos claros: el primero, diezmar o desaparecer al pueblo palestino. Matar de hambre a niños es la última fase de ese cruel propósito; y el segundo, consolidar las condiciones socio ambientales para gentrificar la zona en beneficio de las cadenas de hoteles interesadas en invertir millonarios recursos en la recuperación de las infraestructuras para entrar a operar una vez se elimine por completo al pueblo palestino o se logre su concentración en un gueto controlado por Israel.

Y frente a semejante atrocidad, hay silencios atronadores de figuras como la del Nobel de Paz de Colombia, Juan Manuel Santos, quien a pesar de que el 24 de mayo del año en curso se refirió a las acciones criminales de Netanyahu en nombre de la organización The Elders, ha evitado calificar de genocidio la intervención militar en Gaza y el control de la ayuda humanitaria con el fin de matar de física hambre a los bebés palestinos.  

En estos términos se refirió al asunto el Nobel de Paz: “la estrategia de Netanyahu es abominable…Es hora de poner fin al sufrimiento de los palestinos. Es necesario que otros países adopten medidas eficaces para prevenir el genocidio de conformidad con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia…Debe cesar el envío de armas a Israel…Estamos con los israelíes y con los miembros de la diáspora judía que se oponen a las acciones del gobierno de Netanyahu y que desean una paz duradera con los palestinos”.  

Santos se cuidó en ese momento de calificar como genocidio lo hecho por Israel, entregándole la responsabilidad a “otros países”. De un Nobel de Paz se esperaría actos de habla más contundentes y permanentes. Ya transcurrieron dos meses de ese pronunciamiento en nombre de la organización The Elders y el Nobel de Paz no se atreve aún a calificar directamente de genocida a Netanyahu y al Estado que representa.

Este tipo de tibiezas son propias de quienes al poner por encima de los sufrimientos de los palestinos las “buenas maneras”, buscan a toda costa ser señalados como militantes de la causa palestina por miedo a poner en riesgo relaciones políticas y diplomáticas que aseguran invitaciones a conferencias y la financiación de proyectos de alcance regional o global. Bajo esas circunstancias es mejor pasar como un cobarde y medroso, antes de ganarse de enemigos a agentes de poder que desde los Estados Unidos le apuestan a que Israel logre la limpieza étnica, en la medida en que la política de odio y persecución implacable contra los inmigrantes latinos desatada por Trump en la tierra del Tío Sam está íntimamente ligada al supremacismo étnico que impulsa a Netanyahu a buscar eliminar hasta el último palestino.

Los hechos deshumanizantes perpetrados por Israel en Gaza ameritarían que un Nobel de Paz acuse de genocidio a Israel todos los días, hasta lograr incomodar a Netanyahu. El presidente Gustavo Petro ha fustigado varias veces las atrocidades cometidas por el Estado sionista de Israel, hecho que contrasta con la tibieza de Santos. El país recuerda la respuesta del primer ministro israelí, publicada el 11 de mayo en su cuenta de X: “Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamas, una organización terrorista genocida”. De los Nobel de Paz incapaces de cuestionar el orden internacional y las atrocidades cometidas por Israel, líbranos, Señor.

juan manuel santos nobel de paz y el repudio de lo que sucede en Gaza - Búsqueda Imágenes

DANIEL QUINTERO EN “MODO MILEI”: ACABAR CON NOTARÍAS, CÁMARAS DE COMERCIO, PEAJES Y FOTOMULTTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

Daniel Quintero Calle es un político carismático que promete “resetear la política”, lo que se traduce en cambiar las costumbres políticas, esto es, acabar con la corrupción público-privada, flagelo que se alimenta del ethos mafioso que la sociedad en su conjunto naturalizó. Y para lograrlo ha señalado que “cerrará el Congreso para convocar a Asamblea Nacional Constituyente, acabará con las notarías, las Cámara de Comercio, los peajes cada 5 kilómetros y las fotomultas”. Y termina con la frase “no más robo en Colombia”.

En reciente video, aparece el exalcalde de Medellín despegando con desdén de un tablero cuatro papelitos adheridos con los nombres de notarías, fotomultas, peajes y Cámaras de Comercio. “Se acaban las notarías, se acaban las cámaras de comercio, se van los peajes y se van las fotomultas” se le escucha decir al precandidato presidencial. La idea la copió del entonces candidato presidencial y hoy jefe del Estado argentino, Javier Milei.

Sus intenciones pueden terminar cautivando al público que reconoce en las fotomultas un vulgar negocio privado pensado para castigar infractores, en lugar de apostarle a la pedagogía y a procesos educativos de los conductores; el mismo público y audiencias que sienten que las notarías son otro negocio privado de la fe pública que una entidad del Estado bien puede cumplir. Sobre los peajes caros, millones de colombianos reconocen que se trata de cobros excesivos que encarecen productos y servicios y todo por culpa de las lesivas concesiones viales. Y sobre el papel de las Cámara de Comercio también hay una narrativa negativa que las hace objeto de propuestas “populistas” como las que lanzó Daniel Quintero Calle. Lo que hay que preguntarle al exalcalde de Medellín es: ¿Ya tiene listo los planes y las instituciones que remplazarán las Cámara de Comercio y las Notarías? ¿Cómo se daría esa transición y cuánto costaría?

Se equivoca el precandidato presidencial al enfocar su campaña electoral asumiendo el papel de “enemigo de lo privado”, a pesar de que le cabe razón en que la derecha históricamente le ha apostado a “privatizar la función estatal”, en beneficio de agentes de poder económico y político privado a los que poco o nada les interesa desarrollar el país. Por el contrario, lo único que los anima es mantener las condiciones institucionales que les asegura el carácter rentista con el que han impedido que el país alcance un desarrollo superlativo fruto del aprovechamiento de todas las ventajas comparativas que se le reconocen por tener dos mares y pisos térmicos que le permiten ser una despensa agrícola con un gran potencial para reindustrializar al país.

Una campaña electoral sostenida en ese tipo de propuestas-amenazas terminan por advertir que Quintero no tiene un discurso político e ideológico claro, basado en la comprensión sistémica de las complejas realidades del país.

El Pacto Histórico y el propio presidente Petro deberían de cuidarse de aceptar una candidatura de Quintero como el político capaz de darle continuidad al proyecto progresista. Hay asuntos más importantes y problemas más urgentes que la sociedad colombiana espera que se asuman con seriedad y se solucionen de manera definitiva: por ejemplo, la evasión de impuestos por parte de las familias más ricas del país, la captura mafiosa de instituciones del Estado garantizada por los partidos políticos tradicionales; avanzar en la reforma agraria y reindustrializar el país; asegurar el regreso del tren para llevar el desarrollo a todas las regiones del país, de la mano del turismo y la producción agropecuaria. El cuidado de los ecosistemas naturales amenazados por los monocultivos legales e ilegales, la potrerización y la minería legal e ilegal. Y sí, las concesiones viales de donde se derivan los peajes costosos necesitan replantearse sobre el análisis los contratos de concesión y el aseguramiento de que el Estado pueda cumplir con la tarea de construir vías y conectar los territorios y las regiones. Sobre la lucha contra la corrupción, Quintero agita una bandera raída, fruto de fallidos esfuerzos como la consulta popular contra la corrupción que impulsó años atrás Claudia López y el propio proyecto del cambio con el que Petro logró llegar a la Casa de Nariño.

Para acabar con la corrupción se necesita de un profundo cambio cultural y de un líder que comprenda los factores culturales e institucionales que facilitan y hacen posible que seamos uno de los países más corruptos del planeta. Con propuestas efectistas, pero irrealizables en el corto plazo, como las que lanzó Quintero, lo más aconsejable en su caso es que "reinicie” su campaña y se dedique a consolidar un discurso político que genere confianza en los electores por la comprensión sistémica de los problemas de un país complejo como Colombia.

daniel quintero en el pacto histórico - Búsqueda Imágenes

EN CALI, CRECEN REYERTAS ENTRE AGENTES DE TRÁNSITO Y MOTOCICLISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Son ya innumerables los casos de enfrentamientos verbales y físicos entre agentes de tránsito y conductores, especialmente de motocicletas en la ciudad de Cali. Las reyertas entre los agentes de movilidad y los motorizados parecen no decirle nada al alcalde Alejandro Eder sobre los graves impactos que viene generando su política institucional de castigar a los infractores con multas, en lugar de jugársela por educarlos y por esa vía evitar las trifulcas y la mutua animadversión que ya hizo carrera entre usuarios de las vías y las autoridades de control.

No se trata de negar que efectivamente hay conductores que infringen las normas de tránsito y que esas conductas van invitando a que la indisciplina social se legitime y se haga costumbre. Pero insistir exclusivamente en el castigo económico por la vía de la imposición de multas e inmovilizaciones de los vehículos invitan a que los infractores reaccionen de manera violenta, así como los conductores que a pesar de contar con los documentos en regla sienten que los constantes requerimientos constituyen un acoso institucional, al parecer justificado por el afán de la Secretaría de Movilidad de imponer comparendos exclusivamente para cumplir con metas de tipo económico.

Las agresiones verbales y físicas entre unos y otros pueden terminar en acciones que pueden tipificarse como tentativas de homicidio o lesiones personales. Es tiempo de que la Alcaldía revise el sentido punitivo de los operativos viales para darle una oportunidad a las campañas pedagógicas e incluso a darles un compas de espera a los conductores para que, en un tiempo prudente, se pongan al día con los documentos y asuman el compromiso de respetar las normas de tránsito.

Los recurrentes casos de agresiones entre conductores y usuarios de aeropuertos y agentes de tránsito y policías son claras expresiones de intolerancia e irrespeto, pero también del desconocimiento de los límites entre dos conceptos que suelen confundirse: poder y autoridad.

Es posible que en la vida cotidiana los ciudadanos comprometidos en las refriegas que se hacen virales en las redes sociales tengan esa confusión, en especial los uniformados de la policía y del tránsito que son los que finalmente representan objetivamente la autoridad y hacen uso del poder que les confiere la ley.

A propósito de los dos conceptos, Sartori sostiene que “la diferencia entre poder y autoridad puede ser traducida, entonces, en la diferencia entre modalidad desagradable y modalidad deseable de control. El poder, como tal, es un hecho de fuerza sostenido por sanciones; es una fuerza que se impone desde arriba sobre quien la sufre. En cambio, la autoridad emerge de una investidura espontánea y recaba su fuerza del reconocimiento: es un poder de prestigio que recibe de él su legitimidad y eficacia”.

El país recuerda el caso del agente de tránsito de Bucaramanga que le lanzó un cono a un motociclista que invadió el carril exclusivo del transporte masivo de esa ciudad. Ese funcionario no ejerció su autoridad, sino que usó un instrumento con el que claramente buscaba desestabilizar al motorizado, lo que finalmente ocurrió, con el desenlace fatal jamás esperado por el guarda de tránsito: el muchacho murió, lo que desató la ira de cientos de motociclistas que participaron de los disturbios en los que derivó la acción del agente de tránsito. En este caso, lo que hizo el guarda fue desviar su poder sancionatorio hacia una acción temeraria y violenta que terminó con la muerte del joven infractor. Esto puede suceder en Cali, si las autoridades no morigeran sus actitudes, muchas hostiles y explicables por las violentas reacciones de los conductores sancionados o requeridos en los retenes viales.

En ese caso, el agente se equivocó, pues bien pudo apelar a otros recursos y acciones para sancionar al motociclista que violó la norma. Por ejemplo, informar por radio para que más adelante el infractor fuera detenido y multado como corresponde según la norma vigente.  Queda por examinar y evaluar en este y en otros casos los grados de legitimidad social que la ciudadanía les está reconociendo a los agentes de tránsito y de policía involucrados en las mutuas agresiones.

Para el caso de Cali, le corresponde a la Alcaldía de Cali y a su Secretaría de Movilidad averiguar si entre los ciudadanos y en particular entre los conductores de motos si las conductas violentas obedecen a la falta de reconocimiento social de la autoridad de tránsito y de sus agentes, circunstancia social, cultural e institucional que los impulsa a desobedecer las normas y agredir a los agentes. Insistir en aplicar las normas sin examinar las circunstancias contextuales y las que subsisten para cada caso, constituye un error.

Quienes están investidos de un uniforme deben entender que el reconocimiento de su autoridad depende también de las maneras como se acercan a los ciudadanos. Es por eso que deben exhibir un comportamiento moral y éticamente superior al de los demás ciudadanos sobre los que puede recaer el poder derivado de la función pública. Igualarse a los golpes y al lanzamiento mutuo de improperios y amenazas con los infractores que los agreden no es el camino para ganarse el respeto de la ciudadanía. 

enfrentamientos entre guardas de transito y motociclisats en Cali - Búsqueda Imágenes

HABLEMOS DE LA INDIGNIDAD DE HUMBERTO DE LA CALLE Y JUAN LOZANO RAMÍREZ

Por Germán Ayala Osorio

 

La dignidad, como valor y principio se alimenta de la ética individual y de la moral colectiva. Su importancia para el ejercicio de la política resultaría fundamental si aquellos agentes públicos sobre los que la opinión pública y los medios masivos suelen poner sus ojos, la asumieran como un norte a seguir y de esa manera mantenerla a flote a pesar del relativismo moral y ético que nos caracteriza como sociedad. Dos agentes políticos dejaron ver con inusitada claridad la débil y casi inexistente dignidad con la que actúan en el espacio de lo público. Se trata de Humberto de la Calle Lombana y Juan Lozano Ramírez.

El primero, posteó con orgullo en su cuenta de X la fotografía que confirma su encuentro con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en el que dijo que “…conversamos sobre sobre el futuro de Colombia. El diálogo es una herramienta fundamental para superar diferencias y construir un mejor país para todos/as”. No puede hablarse de futuro con un político que representa el más oscuro pasado.

Mientras tanto, el segundo, puso a circular la columna que escribió para El Tiempo y en la que defiende la ya cuestionada “honorabilidad” del exmandatario colombiano, quien está atento a la lectura del sentido del fallo que este 28 de julio hará la jueza 44, Sandra Heredia.

Tanto el diálogo sostenido entre De la Calle y el “Gran Colombiano”, como la defensa pública que hizo Lozano de la inocencia del expresidiario, sirven al propósito jurídico-político de deslegitimar el proceso penal que enfrentó Uribe Vélez, acusado de graves delitos, para llevarlo al terreno político con dos fines: de un lado, presionar a la jueza Sandra Heredia para que en su interpretación jurídica del  material probatorio exhibido durante el juicio,  favorezca al temido político antioqueño; y del otro, reconstruir la abatida imagen de la derecha uribizada y por esa vía apostarle a recuperar la Casa de Nari (no de Nariño) en el 2026. No se trata, por supuesto, de dos hechos aislados. No. Por el contrario, la columna-carta de Lozano, cuya imagen de “lagarto” lo acompaña de tiempo atrás y la reunión entre Uribe y De la Calle se suman a la andanada de presiones políticas que circulan contra la jueza que tiene la responsabilidad de declarar culpable o inocente al poderoso y atemorizador político antioqueño. 38 abogados, investidos de “juristas” por la prensa, publicaron una misiva en la que defienden a dentelladas la probidad del Señor Acusado.

En su Carta abierta a la juez de Álvaro Uribe, Lozano le dice a la jueza que “no permita usted que conviertan la administración de justicia en un instrumento de revancha política. Falle en derecho señora juez. Su compromiso no es ni puede ser con un bando político. Ni con una militancia”. El título de la columna expresa con claridad la arrogancia y la perfumada insolencia con la que presiona a la jueza 44, así como su dignidad hincada ante una “deidad” caída en desgracia como lo es Álvaro Uribe Vélez.

Humberto de la Calle Lombana, exvicepresidente de Ernesto Samper Pizano y Juan Lozano Ramírez, el exministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Uribe Vélez, dejaron ver que sus ideas sobre la dignidad devienen empobrecidas muy seguramente por el apetito burocrático que los impulsa a dejar de lado la condición sub júdice del expresidente, desconocer el material probatorio que, de acuerdo con la Fiscalía, Uribe es acusado de ser el determinador de los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal y de apostarle a la recuperar el poder en el 2026 de la mano del político que más daño le hizo al país, a las instituciones democráticas y a los sentidos de legitimidad y legalidad en la operación del Estado.  

De la Calle y Lozano Ramírez son dos políticos indignos que hacen política de la mano del principal agente del Establecimiento colombiano. Ambos dejaron ver en público las fisuras morales y éticas que los acompañan de tiempo atrás y que calzan a la perfección con la inmoralidad y la fracasada eticidad de millones de colombianos; incluso, es posible verles las marcas que dan cuenta del proceso erosivo que vienen sufriendo en el uso del concepto de dignidad en medio de una sociedad como la colombiana que deviene confundida moralmente, fruto de una ética acomodaticia practicada por quienes de tiempo atrás ejercen el poder político en contravía de todos los principios republicanos. De la Calle, Uribe y Lozano representan el pasado que estamos en mora de olvidar.

Imagen tomada de la cuenta de X del exvicepresidente de Samper Pizano. 

JURISTAS PRESIONAN A LA JUEZA 44 QUE DEBE FALLAR EN CASO URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 28 de julio se conocerá el sentido del fallo de la jueza 44, Sandra Heredia, que puede resultar a favor o en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. En el llamado “juicio del siglo”, el político antioqueño fue procesado por los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal. Se trata de conductas delictivas no asociadas a su actividad política.

Sus áulicos, con la anuencia de los medios masivos, han querido consolidar la narrativa que señala que se trata de un “juicio político y no jurídico”.  Con ese mismo relato están buscando que el gobierno de Donald Trump haga el mismo señalamiento para justificar medidas arancelarias contra Colombia, como las que sufrió Brasil porque en ese país está siendo procesado el expresidente golpista Jair Bolsonaro; esas mismas retaliaciones económicas podrían tomarse si es hallado culpable el ladino y temido expresidente de Colombia y exdirector de la Aerocivil. El congresista de origen colombiano, Bernie Moreno fue el primer congresista americano en advertir al gobierno de Gustavo Petro y a la jueza Heredia sobre las medidas que podía adoptar la administración Trump si la señalada operadora judicial encuentra razones jurídicas suficientes para condenar al líder de la fatal política de seguridad democrática.

A esa intromisión en los asuntos internos de Colombia y en particular la intrusión en el proceso deliberatorio de la jueza 44 por parte del congresista Bernie Moreno se sumó la carta enviada por 38 juristas colombianos que firmaron una misiva con la que pretenden ejercer presión política y jurídica a la jueza que tiene la responsabilidad de fallar en derecho en el complejo caso. La carta enviada por los nuevos defensores de oficio del expresidiario y exmandatario constituye una presión indebida sobre la juez Sandra Heredia y por extensión es una falta de respeto hacia los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que hallaron pruebas suficientes para vincular a Uribe Vélez en los graves delitos que se le imputaron, en un proceso judicial que tiene ya 13 años.

Esto se lee en la epístola de los 38 juristas: “De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado ‘Caso del Siglo’ fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”.

El uribismo, los 38 juristas, periodistas como Juan Lozano y en general la derecha colombiana durante los tres años de mandato de Petro han alzado la voz para exigir que el jefe del Estado respete las instituciones y en particular a los jueces. Pero cuando uno de sus líderes naturales está metido en semejante lío judicial, entonces cambian el discurso y deciden presionar a la jueza y por esa vía deslegitimar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, corporación que inicialmente imputó cargos al entonces senador Uribe. El país recuerda que el expresidente antioqueño renunció a su curul para esconderse debajo de las fustanes del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que hizo todo lo institucionalmente posible para dilatar y sacar en limpio al hasta ayer “político frentero”. Al final, Uribe terminó mostrando lo que es: un cobarde.

38 juristas envian carta en defensa de Uribe - Búsqueda Imágenes

SERGIO FAJARDO, EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE NOTICIAS CARACOL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Noticias Caracol, el medio que mintió al decir que el gobierno Petro debía a las EPS 39,2 millones de pesos, en su emisión central del 20 de julio dejó ver su preferencia política por Sergio Fajardo Valderrama, quien oficializó su candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

En la sección El Radar de la Política, el señalado informativo privado pasó un fragmento muy bien seleccionado de lo que sería el video oficial de la campaña Fajardo presidente. Se escucha decir que los años de desgobierno- sin nombrar a Petro- necesitan de un nuevo líder que ponga orden. Y ese líder, por su puesto, es Fajardo Valderrama.

En lugar de registrar la decisión política del exalcalde de Medellín, el noticiero publicó sin ningún filtro periodístico el mensaje publicitario, sin advertirle a sus públicos que se trata de publicidad política pagada. Así las cosas, Caracol Noticias de manera taimada engaña a sus audiencias haciendo pasar como información periodística apartes de la campaña promocional con la que Fajardo, por tercera vez, intentará llegar a la Casa de Nariño.

La decisión editorial y política de Caracol lo confirma como un medio pro-establecimiento, lo que compromete en materia grave la ética empresarial y la periodística de un medio que tiene la obligación constitucional de informar con veracidad y de hacerlo bajo criterios de responsabilidad social. Si la decisión de apoyar la candidatura del exalcalde de Medellín, en los tiempos de la llamada “donBernabilidad” está tomada, Caracol Noticias está obligado ética, moral y periodísticamente a decirle a sus audiencias que respaldarán informativamente la aspiración del político antioqueño.

Fajardo será el candidato del GEA, esto es, de la derecha empresarial colombiana, que buscará revertir los impactos de las reformas sociales y las acciones de gobierno y Estado adoptadas por el presidente Petro. El exgobernador de Antioquia es cercano a Álvaro Uribe Vélez, lo que confirma su carácter neoliberal y el interés de mantener las condiciones de privatización que impuso el uribismo desde el 2002, siguiendo la línea ideológica de César Gaviria Trujillo.

De esa manera se van destapando las cartas electorales y políticas de la derecha política y mediática, en su afán de recuperar la Casa de Gobierno. Es probable que el Centro Democrático decida acercarse a Fajardo al ver el creciente rechazo que generan sus precandidatos, vistos como parte de la logística del teatrino que el expresidente y expresidiario antioqueño, Álvaro Uribe, inauguró en el 2018 cuando dispuso que Iván Duque pernoctara en la Casa de Nariño para asumir el rol de títere del exdirector de la Aerocivil, exgobernador de Antioquia y padre de la nefasta política de seguridad democrática bajo la cual se produjeron los 6402 crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos.

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