DIEGO MOLANO: OTRO URIBISTA QUE QUIERE SER ALCALDE BOGOTÁ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Diego Molano Aponte es otro uribista que desea ser alcalde mayor de Bogotá. Al cuestionado ministro de Defensa del gobierno del presidente-títere, Iván Duque, se suman Lara, Oviedo, Vargas y Galán, todos de la derecha tradicional.

Molano Aponte llega a la contienda electoral con una enorme carga negativa representada en dos hechos que lo confirman como el más uribista de todos: el bombardeo de campamentos guerrilleros con la presencia de menores de edad a los que calificó como “máquinas de guerra” y la responsabilidad política que deberá asumir por la masacre perpetrada por militares en el Remanso (Putumayo) en el que fueron asesinados una mujer embarazada y una menor. Estamos frente a una masacre que el propio Molano mintió sobre lo ocurrido e incluso, le alcanzó la farsa para inventarle alias a los muertos. 

Molano, junto con Lara, Oviedo, Vargas y Galán, hacen parte de la misma estrategia de la derecha uribizada: quien triunfe, deberá hacer férrea oposición al gobierno del presidente Petro, haciendo aún más invivible la capital del país. La idea es insistir en la narrativa que señala que desde el gobierno nacional no se giran los recursos o se ralentiza su entrega; o que, por culpa del presidente Petro el país no avanza, cuando las malas gestiones en ciudades capitales están atadas a la naturalización de la corrupción de una derecha a la que solo le interesa dar continuidad a los procesos de privatización y captura mafiosa del Estado. Más claro: el uribismo le está apostando a evitar que regrese un alcalde progresista. Por ello, los cinco candidatos que andan en crocs, como el inefable y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, hacen parte de la estrategia Todos Contra Bolívar, el único candidato que usa ferragamo. 

En el plano estrictamente distrital, el propósito de Molano es dar continuidad a Transmilenio, sistema masivo de transporte que hace años colapsó, pero con el que insisten en mantener a flote los vendedores de buses, Enrique Peñalosa y Claudia López, figuras que hacen parte de esa derecha uribizada que habla de seguridad mientras el Tren de Aragua se consolida, lo que justamente legitima el discurso de una derecha incapaz de examinar, con enfoque sistémico, problemas como la inseguridad, la pobreza y la exclusión que acosan a las principales ciudades capitales.

Molano Aponte exhibe un falso perfil administrativo y gerencial con el que intenta ocultar su talante despótico y clasista. Molano puede parecerse a Iván Duque en lo obsecuente y al pertenecer al nefasto círculo uribista, ello se traduciría en un constante tira y afloje con el presidente de la República.

Ojalá los bogotanos entiendan que los candidatos uribistas que hoy están en la contienda electoral representan todo lo que ha estado mal en el país: corrupción público-privada, pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y la privatización del Estado y de lo público.

Imagen tomada de Twitter

PETRO vs SARMIENTO ANGULO: UNA LUCHA QUE APENAS COMIENZA

 

Por Germán Ayala Osorio

Como el país sabe, el Grupo Aval, en cabeza de Sarmiento Angulo, fue multado con una suma millonaria en dólares por los hechos de corrupción (pago de coimas) que comprometen a la multinacional Odebrecht.

Por orden del presidente Gustavo Petro, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en manos de Martha Lucía Zamora, solicitó a la Cancillería que contactara a las autoridades americanas con el fin de obtener copias de los procesos penales y bursátiles que se le siguen al Grupo Aval, por violar normas anticorrupción en ese país.

Esa petición presidencial terminará por distanciar aún más al gobierno de Petro del gran banquero, actor importante no solo por los millonarios aportes que suele hacer a las campañas presidenciales, sino a los partidos políticos, a los que viene sometiendo a su voluntad, de tiempo atrás. Se suma a lo anterior, que Corficolombiana, filial del Grupo Aval, es una empresa importante para la construcción de la infraestructura vial del país.

¿Estará buscando el presidente de la República la posibilidad de cancelar contratos vigentes o de impedir futuras transacciones entre Corficolombiana y el Estado? Si es así, estaríamos ante un escenario político-económico jamás visto en el país: un presidente de la República enfrentado a un poderoso mecenas que se acostumbró a poner en la Casa de Nariño a presidentes-títeres y en el Congreso, a congresistas-marionetas; juntos, todos, terminaron legislando a favor de los intereses del banquero, hoy señalado de corrupto, porque él mismo reconoció ante los gringos el pago de millonarios sobornos para que se le adjudicara a su filial Corficolombiana, la construcción de la Ruta del Sol II.

¿O será posible que Petro le esté mandando un mensaje a los empresarios y al banquero mismo, para que obliguen a sus congresistas-lobistas a modificar sus posturas frente a las reformas laboral, pensional y de salud?

Hay que recordar que, desde la campaña presidencial, las relaciones entre Gustavo Petro y el banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, no son buenas. El magnate le mandó un mensaje directo al entonces candidato presidencial: “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor”.

Acostumbrado el banquero a poner en la Casa de Nariño a sus sirvientes, los mismos que el resto del país llama presidentes, Sarmiento Angulo se tropezó con Gustavo Petro, un mandatario digno, que no se le arrodilló como sí lo hicieron Pastrana, Uribe, Santos y Duque.

A lo anterior se suma las también regulares, por no decir malas relaciones entre el jefe del Estado y el presidente de la Andi, Bruc Mac Master. Estamos ante un pulso ético-político que no sabemos cómo terminará. No creo que estemos ante una amenaza de parálisis por parte de ese sector financiero y productivo que representan Sarmiento Angulo y el presidente de la Andi. No sé si en estos momentos alguien esté tratando de acercar a las partes, lo cierto es que a esos sectores de poder económico les saldrá bastante costoso el mandato de Gustavo Petro. Y todo, por cuenta de que el actual presidente de la República optó por gobernar sin las rodilleras que el régimen de poder esperaba que se pusiera una vez pisara la Casa de Nariño.

Imagen tomada de Youtube.com

¿PETRO ESTÁ LOCO O ESTÁN LOCOS POR TUMBARLO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bastó que el escritor Héctor Abad Faciolince dijera que “le preocupa la salud mental del presidente Petro”, para que otros miembros de la derecha colombiana empezaran a exigir, no se sabe a qué entidad, que le practicara un examen al mandatario para determinar si efectivamente está loco, como lo insinúo, maliciosa y moralmente, el reconocido escritor.

En la historia de la humanidad todos aquellos ciudadanos disonantes para el sistema han sido perseguidos y encerrados para evitar, justamente, que la forma delirante como la especie humana asumió el control del planeta, fuese cuestionada por quienes jamás se sintieron a gusto o tranquilos en este mundo loco en el que vivimos hoy.

La invención de instituciones de control y exclusión como el hospital(el manicomio) la cárcel, el cuartel y la fábrica apuntan hacia la limpieza moral de una sociedad que de manera natural ya viene enferma, pero que el sistema social, político y económico se encarga de limpiar y legitimar cada cierto tiempo para evitar que esos disonantes, críticos y altaneros ciudadanos le ocasionen grietas al sinnúmero de narrativas sobre las que se soporta la vigencia de ese perverso sistema sobre el que la humanidad ancla su dominio del planeta Tierra.

Se sobreentiende que lo que pretenden Héctor Abad y los representantes de los partidos Cambio Radical y Alianza Verde es, además de generar dudas sobre la capacidad de dirigir al país del presidente de la República, excluirlo políticamente para que deje tranquila a la élite mafiosa que hoy, desde la Casa de Nariño, Petro fustiga a sus más representativos miembros. ¿Estarán pensando en montarlo en un barco para que este dé vueltas en altamar como se lee en el libro Historia de la locura en la época clásica?

Ahora bien, si conectamos las ideas de Petro y su enconada lucha contra el régimen mafioso y criminal que opera en Colombia de tiempo atrás, con el sistema mundo capitalista, entonces claro que podríamos decir que el presidente tiene algo de loco. Creer que posible cambiar el rumbo del mundo hablando en inocuas conferencias ambientales es propio de orates. La lógica del sistema mundo capitalista no se va a cambiar porque un “loquito” ambientalista hable de nuevas extinciones y de la posibilidad de que la especie humana se extinga.

Lo curioso de todo es que los que hoy dudan de la condición mental de Petro, jamás se preguntaron por la salud mental de aquellos que exigieron “más y mejores resultados operacionales y tanques de sangre”. Claro que no. Y mucho menos cuestionaron a quienes patrocinaron a los señores que, motosierra en mano, cubrieron de sangre y desdicha veredas y corregimientos. Tanto los operadores de la motosierra y sus financiadores no están locos, son criminales, pero, ante todo, defensores del sistema dominante. A gente como Héctor Abad le gusta ver en la Casa de Nariño a payasos, títeres y sobre todo, a quienes desde ese palacio, hagan todo lo que esté a su alcance para que Colombia siga siendo un platanal, un matadero y el mejor ejemplo de un desarrollo insostenible, ambiental, ecológica y culturalmente. 

Vamos a imaginar por un instante que efectivamente se logra demostrar que Petro está loco y esa condición no le permite gobernar. Imagino que quienes están detrás de este nuevo ataque moral saben que en ese caso hipotético le correspondería a Francia Márquez Mina asumir la presidencia, de acuerdo con lo prescrito en la carta política. Les tocará imponer la narrativa que señale que Márquez Mina también estaría impedida para remplazar a Petro por tres razones: una, por ser su fórmula vicepresidencial; dos, porque se trata de una mujer y este país no está preparado aún para que nos gobierne una; y tres, porque es negra.  Y en un país misógino, racista y clasista como Colombia, resulta inaceptable esa situación. Me pregunto: ¿Petro está loco o están locos por tumbarlo?

Adenda 1: Están afanados por convertir a Petro en un Bucaram (expresidente ecuatoriano declarado loco). 

Adenda 2: las llegadas tardes del presidente y sus ausencias requerían de un mejor manejo por parte de la Ofician de Prensa. Esos silencios los han aprovechado muy bien los loquitos que hoy lo quieren sacar de la Casa de Nariño, porque están pensando en reinstalar en ese palacio, a un amigo cercano de la motosierra, los falsos positivos y de la corrupción público-privada, bandera de la derecha uribizada.

Imagen tomada de Semana.com 

JUAN DANIEL OVIEDO ES UN URIBISTA PURA SANGRE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo por fin mostró que lleva puestos los crocs y lo hizo de la peor manera posible: dijo que, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), él sentía “tranquilidad institucional”. De esta manera, el exdirector del DANE se quitó la máscara de independiente (se presenta a la contienda electoral, por firmas) y se puso los crocs que simbolizan la militancia en lo que se conoce como el uribismo.

Así, los bogotanos ya saben que Oviedo es un uribista pura sangre y por esa vía, un defensor a ultranza del “legado” del hijo de Salgar. Deja mucho qué pensar aquello de la “tranquilidad institucional” que sintió Oviedo en los tiempos de la seguridad democrática, los falsos positivos, la compra de la reelección presidencial inmediata que benefició a Uribe Vélez, las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en general, el uso de esa entidad como la policía política con la que Uribe persiguió a sus críticos y detractores.

Si los anteriores hechos y circunstancias contextuales le hicieron sentir a Oviedo “tranquilidad institucional”, entonces estamos ante un candidato que no le conviene a Bogotá porque no solo aprueba la violación sistemática de los derechos humanos, sino la captura del Estado y el manejo despótico que del poder presidencial hizo Álvaro Uribe.

Oviedo estaría encubriendo su real talante político, en la medida en que cohonestó con todo lo que hizo mal Uribe durante sus aciagos ocho años de gobierno.  Ante los bogotanos se muestra como un candidato que escucha y que le preocupan los problemas de la capital del país, cuando lo que realmente le interesa es encubrir todo lo que se viene haciendo mal desde los tiempos de Peñalosa, con la frase “tranquilidad institucional”. Para los problemas de movilidad y seguridad de Bogotá, la señalada locución le servirá a Oviedo para asegurar más Transmilenio y enfrentar al Tren de Aragua con las mismas estrategias policivas, sin ir al fondo de estas dos problemáticas, porque lo importante es vender “tranquilidad institucional”.

Imagino también que dentro la “tranquilidad institucional” que sintió Juan Daniel Oviedo estarían los eufemismos con los que varios políticos cercanos a Uribe Vélez trataron de ocultar la dimensión de graves problemas del país, como, por ejemplo, el desplazamiento forzado. En su momento, José Obdulio Gaviria, primo del criminal Pablo Escobar, dijo que en Colombia no había desplazados, sino migrantes internos.

Oviedo repite las mismas ideas de Uribe Vélez y de los uribistas: “seguridad, seguridad, seguridad; y lo privado es más eficiente que lo público”. Con esa narrativa lograron capturar el Estado y llevarlo a niveles evidentes de privatización, lo que significó la naturalización de la corrupción pública, liderada por agentes privados. En entrevista al diario del banquero Sarmiento Angulo, comprometido con hechos de corrupción reconocidos ante autoridades americanas, Oviedo dijo que “a Bogotá le falta gerencia y que se la vea como una empresa. Cuestionó que, mientras en el sector privado las cosas salen bien, en el público salen mal. “Sí, Bogotá es una empresa y necesita un gerente”.

Lo dicho a EL TIEMPO pone a Oviedo en la misma línea política de Enrique Peñalosa, quien se vendió como un gerente, un urbanizador y terminó siendo un vulgar vendedor de buses y de humo. Ojo bogotanos: Oviedo es un uribista pura sangre y un defensor de las perversas ideas y acciones que confluyen en eso que se llama el “uribismo”. Los otros candidatos que andan en crocs son: Lara, Vargas, Galán y Molano; Robledo, anda en pantuflas; y Bolívar, en ferragamo.

Imagen tomada de Infobae

A PROPÓSITO DE LA “PAZ VERBAL” DEL PRESIDENTE DE LA ANDI

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el 8º Congreso Empresarial organizado por la Andi en Cartagena, el presidente de esa agremiación, Bruc Mac Master, habló de “paz verbal”, en una clara alusión al presidente de la República, Gustavo Petro, quien no viajó al cierre del evento, hecho que fue presentado por periodistas del canal Caracol como lamentable.

Hay que señalar que las relaciones entre Mac Master y el presidente Petro no son buenas de tiempo atrás. Huelga recordar cuando en el marco del hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, el jefe del Estado habló de “relaciones esclavistas y de explotación” entre algunos empresarios y los trabajadores. Por supuesto que el presidente de la Andi rechazó el calificativo del presidente de la República.

Se aplaude el llamado que hizo Mac Master al cierre del congreso empresarial a la “paz verbal”, pero se lamenta la invitación y presencia del fiscal general, Francisco Barbosa en el evento. Y peor aún los aplausos que recibió del auditorio, repleto de comerciantes y empresarios, a quien funge de tiempo atrás como el principal enemigo del proyecto de la Paz Total y del propio presidente Petro.

La presencia de Barbosa y su narrativa alrededor de que existe en el país una crisis institucional constituye una afrenta contra el mandatario por los duros enfrentamientos personales e institucionales que Petro y el fiscal general han protagonizado. No tiene mayor sentido hablar de “paz verbal” cuando se aplaude a quien representa la impunidad del 94% en hechos de corrupción pública y privada. A lo que se suma la tardía e insulsa imputación de cargos a los exdirectivos de Odebrecht. Sin duda alguna, estamos ante un acto circense, un numerito, pues todos sabemos que con dicha acción judicial se quiere mostrar la eficiencia y eficacia que jamás hubo para esclarecer el entramado de corrupción que compromete al Grupo Aval con la multinacional brasilera.

Así las cosas, los aplausos que el auditorio ofreció al inefable funcionario constituyen una afrenta política, una bofetada al presidente de la República. La revista Semana, medio aliado del fiscal general, dice que Barbosa fue “ovacionado”.

Es costumbre que los presidentes de la Andi inviten para el cierre de sus congresos a los presidentes. Este caso no es la excepción, a pesar de las malas relaciones Petro-Bruc. No puede invitarse y mucho menos hablar de la tal “paz verbal” cuando se toma partido y se aplaude al enemigo número 1 del jefe del Estado.  

Ahora bien, si Mac Master entiende la “paz verbal” como una especie mutismo generalizado sobre hechos de corrupción de los que es mejor no hablar, entonces su llamado se explica por el silencio que su agremiación y él mismo guardan frente a los hechos de corrupción que el propio Grupo Aval reconoció ante las autoridades americanas.

Las asperezas que hay que limar entre Petro y el presidente de la Andi pasan también por tener un poco de tacto al momento de invitar o de permitir la presencia de un fiscal general que no es garantía de imparcialidad justamente porque viene manejando la Fiscalía como si se tratara de un partido político e incluso, como si fuera la policía moral o política. Los tiempos en los que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el DAS en su policía política, con la que persiguió a sus críticos, parece que no los olvida Barbosa. 

 

Imagen tomada de Youtube

COLOMBIA, EN UNA TENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días, es evidente que el “viejo” régimen se resiste a que se modifiquen las correlaciones de fuerza que le han permitido mantener el control de una parte del Estado y de la economía, en particular, aquella asociada a las actividades financieras.

A raíz de la millonaria multa que el Grupo Aval deberá pagar a las autoridades americanas por prácticas corruptas en el caso Odebrecht, el país anda por estos días en una fuerte tensión ético-política que puede terminar minando la confianza internacional en el gobierno e incluso su viabilidad si no aseguran triunfos electorales en regiones y capitales claves, en las elecciones de octubre. De hecho, alcaldes y gobernadores cercanos a las fuerzas políticas y económicas de ese “viejo” régimen (el uribismo) le están tratando de “aguar” la fiesta que Petro está armando con la sanción millonaria que Sarmiento Angulo deberá pagar en los Estados Unidos. Y lo hacen, apelando a la narrativa que señala que el gobierno central abandonó regiones como el Cauca, Nariño y Catatumbo, entre otras, lo que explicaría los problemas de orden público en esos territorios. El Registrador Nacional aporta su granito de arena, al dejar entrever que las elecciones estarían en riesgo en varias zonas, lo que obligaría a suspenderlas.

En la ya señalada tensión ético-política, el gobierno de Petro cumple el papel moralizante con el que busca sacudir los cimientos del “viejo” régimen, calificado como corrupto y criminal, pero legítimo para amplios sectores societales. Mientras el presidente de la República aprovecha la coyuntura mediática para atacar a Sarmiento Angulo, Néstor Humberto Martínez Neira y a la fiscalía de Francisco Barbosa, el bloque político-mediático-empresarial que desde el 7 de agosto le hace oposición al gobierno de Gustavo Petro, esta vez con la ayuda de los mandatarios locales y regionales. Antes de que estos mandatarios se pusieran en pie de lucha contra el gobierno de Petro, el bloque político-mediático-empresarial que montaron connotados líderes del “viejo” régimen de poder, había retrocedido unos metros, gracias al enfriamiento del escándalo que envolvió al primogénito del presidente, Nicolás Petro, en buena medida, gracias a la aparición del nombre de Alex Char en los chats que dan cuenta del manejo de millonarios recursos por parte de Daysuris Vásquez y Nicolás Petro Burgos.

Para el caso de la corrupción de Odebrecht, Petro está pasando factura pues desde que fungía como congresista, viene haciendo las denuncias, las mismas que hoy le dan la razón al presidente de la República en el caso Grupo Aval-Odebrecht y la financiación de las campañas de Santos, Zuluaga y Duque con los dineros de la multinacional brasilera, así como en otros casos como las relaciones criminales entre el Clan del Golfo y sectores castrenses, políticos y empresariales.

Huelga recordar que con ese escándalo se quiso enlodar la campaña Petro presidente, con el objetivo de deslegitimarlo y por ese camino, igualarlo con las campañas de Duque, Zuluaga y Santos, esta última la más comprometida de acuerdo con lo que voceros del Grupo Aval habrían informado a las autoridades americanas, en el marco del compromiso legal de colaborar con la justicia americana, contando pormenores de la financiación irregular de la campaña Santos presidente. Así, mientras que el gobierno fustiga con inusitada fuerza el ethos mafioso corporativo, los defensores del otoñal régimen de poder apelan por estos días a los gobernadores y alcaldes para deslegitimar al gobierno central.  

Así las cosas, vemos a un presidente de la República medianamente acorralado no por la inmoralidad de sus acciones político-electorales o administrativas, sino por la resistencia de poderes tradicionales que no están dispuestos a soltar instituciones previamente capturadas y mucho menos a proscribir el ethos mafioso que los guía de tiempo atrás.

Lo peor de todo este complejo escenario moral y ético es que millones de colombianos no sabrán separar los hechos de corrupción que enlodan al Grupo Aval y al vetusto régimen de poder, de la efectista narrativa de sus voceros que dice que el “país va mal y todo por culpa de Petro”.

Si viviera Álvaro Gómez Hurtado propondría enfrentar dicha tensión ético-política con un “acuerdo sobre lo fundamental”. Otros hablarían de hacer un “pacto político” para sacar adelante al país. Lo cierto es que no parece haber puntos medios en esa tensión que tiene de fondo una lucha muy fuerte entre un “viejo” régimen que se resiste a morir y uno “nuevo” que Petro cree que puede fundar.  

Imagen tomada de Semana.com

MANCUSO Y MACACO ANTE LA JEP: ¿QUÉ TANTO TIEMBLA EL RÉGIMEN CRIMINAL COLOMBIANO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la comparecencia de Salvatore Mancuso y de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, a la Justicia Especial para la Paz (JEP), la seriedad, diligencia y compromisos con la verdad de la Fiscalía y de Justicia y Paz, quedan altamente comprometidos, pues el país aún no termina de comprender el proceso de captura del Estado y los niveles de corrupción institucional que se logró de la mano de quienes agenciaron el fenómeno paramilitar y lo convirtieron en el proyecto civilizador más importante de la derecha colombiana de los últimos tiempos.

Hay que aplaudir el trabajo de los y las magistradas de la JEP en lo que concierne a la construcción de una verdad jurídica esquiva, dados los históricos defectos del sistema de justicia colombiano, penetrado por mafias de diferentes pelambres, pero también lamentar para la sociedad, la imposibilidad de procesar y condenar a poderosos agentes estatales, empresariales y políticos bajo el marco de la justicia ordinaria.

Así las cosas, la justicia transicional y el eje ético-político que se desprende de la aspiración institucional asociada a lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, servirá para saber qué pasó, pero no para castigar con el rigor del código penal a aquellos individuos que, vestidos de paño y desde perfumadas oficinas patrocinaron masacres, desplazamientos forzados, magnicidios y la captura mafiosa del Estado; o apelaron a todo tipo de trucos jurídicos para absolver a los determinadores de corbata que hoy gozan de total impunidad, a pesar de que medio país sabe de sus andanzas.

Eso sí, hay que hacer diferencia entre el actuar criminal de paramilitares y guerrilleros sometidos a procesos de justicia transicional, y el de aquellos funcionarios estatales, formados en universidades públicas y privadas. De igual manera, a quienes hacen parte de conglomerados económicos y se autodenominan como “gente de bien”.  Para estos, sinceramente, no tendría porqué haber una oportunidad penal, en el sentido que exhibe la justicia transicional, por tratarse de gente que ha vivido en medio de privilegios y se formó académicamente. 

Si bien el modelo de justicia transicional permite meter en el mismo costal a unos y otros, para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, queda el sinsabor que produce no ver tras las rejas a aquellos magistrados que mancillaron la justicia y otros funcionarios estatales y agentes económicos y políticos que delinquieron para favorecer a los líderes del violento proyecto civilizador que la derecha aupó para “modernizar”, a las malas, al país.

De lo dicho por Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, la JEP deberá cumplir con diligencia la tarea de entregarle al país el listado de magistrados, periodistas, jueces, políticos y empresarios que se aliaron con los confesos criminales. Resultaría interesante ver a estos amigos del paramilitarismo desfilar ante los/las magistrados(as) de la JEP, para salvarse de las penas que la justicia ordinaria les podría imponer. El país necesita ver en hilera a todos los que señalen Mancuso y Jiménez de haberles facilitado sus actividades criminales. De no darse esa posibilidad, queda que unos y otros comparezcan ante la justicia ordinaria o a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si son aforados o lo fueron durante la comisión de sus delitos. El país necesita que la CSJ no caiga en el juego político de devolverle la terna que el presidente de la República les envió a los magistrados para que escojan de esta el remplazo del ladino fiscal general, Francisco Barbosa.

La nueva fiscal general de la nación tendrá la obligación institucional, moral y ética de aportar a la construcción de la esquiva verdad, justicia, reparación y no repetición, de la mano de la JEP; pero también, deberá estar dispuesta a investigar e imputar cargos a quienes desde instancias privilegiadas de poder económico, participaron del enorme entramado de corrupción de Odebrecht, en el que está involucrado el Grupo Aval, recientemente sancionado por las autoridades americanas por prácticas corruptas. En este último caso no podrá aceptarse el perdón, fruto del pago de millonarias fianzas y mucho menos, la aceptación de chivos expiatorios sobre los que ya recae parte de la responsabilidad de lo ocurrido.

Si bien el perdón y la reparación son elementos que están encaminados a construir una nueva eticidad pública y privada, los altos niveles de impunidad en sectores de poder político y económico constituyen una burla para la sociedad. Al devenir moralmente confundida la sociedad colombiana, se necesita de decisiones judiciales ejemplarizantes y esto se logra imponiendo duras penas a aquellos que hacen parte del selecto grupo de la “gente de bien” que comete delitos.  Al final la pregunta es: ¿Qué tanto ponen a temblar, Mancuso y Macaco, al histórico régimen criminal colombiano?

 

Imagen tomada de Semana.com 

BARBOSA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS A LA CIDH

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las medidas cautelares que el fiscal Barbosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace parte del plan de desprestigio y deslegitimación que la derecha viene ejecutando con evidente precisión, contra el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Como en el ámbito local dicho plan no les ha funcionado muy bien a los líderes de sectores de poder, a pesar de los ataques mediáticos, entonces, ahora se busca desprestigiar internacionalmente al actual gobierno.

Todo inició con el extraño anuncio público hecho por el propio fiscal general de la Nación (FGN) en el que le dijo al país, usando los medios de comunicación tradicionales y afectos a los intereses que él defiende, que el ELN tenía un plan para asesinarlo. Al ver que la veracidad de su denuncia estaba en cuestión, Barbosa puso en la mira de la Fiscalía al general del Ejército, Luis Mauricio Ospina, con el claro objetivo de construir la narrativa que vuelve el supuesto plan criminal del Ejército de Liberación Nacional en un asunto de Estado, porque esa guerrilla adelanta diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Más claro: el plan para asesinarlo se estaría diseñando con la anuencia de la presidencia o de agentes estatales cercanos al gobierno o a la propia inteligencia militar. Para construir el argumento, artificioso por demás, Barbosa apela a su enfrentamiento personal e institucional que sostiene de tiempo atrás con el presidente Petro y al “odio de clase” que jefe de Estado promueve desde el 7 de agosto.

Por supuesto que el ladino personaje niega ser enemigo del proceso de paz que se adelanta con ELN y del propio presidente. De igual manera, guarda silencio sobre las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo sobre una eventual complacencia de la Fiscalía con las acciones sicariales adelantas por miembros del Clan del Golfo. Esas mismas acciones delictivas denunciadas por el corajudo periodista, hicieron que el presidente Petro le exigiera, varias veces, al fiscal Barbosa un informe completo sobre esos hechos. El informe efectivamente lo entregó Barbosa a la presidencia.

La revista Cambio publicó apartes de dicho informe: “Según el informe, el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia entre 2008 y 2010 "desde el punto de vista probatorio". Por el contrario, el ente investigador aseveró que sí hubo interceptaciones a 200 líneas. La desestimación de las presuntas dos centenas de homicidios contradice lo que se había pensado en un principio a raíz de una publicación de prensa que desató choques entre Petro y Barbosa y que involucraba al fiscal Daniel Hernández por supuesta omisión de denuncias”.

A Francisco Barbosa no le bastó reunirse con el presidente de la República, horas después de que él mismo hiciera público la existencia del supuesto plan criminal. Ya trascendió que fuentes de inteligencia del Estado desestimaron la existencia de las macabras acciones del ELN.

Lo curioso es que la solicitud a la CIDH llega en momentos en los que el presidente le acaba de solicitar la reapertura de los casos que la propia Fiscalía de Barbosa cerró sobre los sobornos de Odebrecht y los hechos de corrupción que hoy comprometen la imagen de la familia Sarmiento Angulo, el grupo Aval y Corficolombiana.

Ya veremos qué decisión tomará la CIDH. Eso sí, se espera que, en un análisis serio, dicha instancia niegue las medidas cautelares solicitadas por Barbosa, por cuanto él está al frente de la Fiscalía, entidad que, de trabajar armónicamente con el gobierno y otras instancias estatales, podría no solo confirmar la veracidad de su denuncia, sino la implementación de acciones tendientes a desarticular el supuesto plan criminal. A lo mejor la CIDH concluye que Barbosa exagera y apela maliciosamente a la figura de protección por estar al frente de una entidad de investigación. A lo mejor la entidad internacional llega a la conclusión de que Barbosa pidió las medidas más por su calidad de opositor político, que por un Fiscal general amenazado. 

 

Imagen tomada de EL TIEMPO 

LOS DILEMAS ÉTICOS QUE DEJA LA CORRUPCIÓN DEL GRUPO AVAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El silencio de los medios tradicionales en torno a los escandalosos hechos de corrupción reconocidos por el Grupo Aval ante las autoridades americanas pone de presente el alto nivel de captura que el gran banquero logró de instituciones del Estado. Razón le cabe al presidente Petro cuando señaló que él llegó al gobierno, pero no tiene el poder.

Sarmiento Angulo se hizo con la Fiscalía. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay que reconocer que Pablo Felipe Robledo hizo la tarea y “les imputó cargos a las corruptas empresas de Sarmiento @corficolombiana @episol y mi sucesor les impuso multas por un valor superior a $88 mil millones”. Se espera que la actual administración de esa Superintendencia siga de cerca el proceso bursátil y penal que se sigue en los Estados Unidos en contra del Grupo Aval. De igual manera, se espera que la DIAN haga lo propio en el caso de una posible evasión de impuestos.

El poderoso banquero no solo capturó a la Fiscalía, también hizo lo propio con los partidos políticos a los que les viene entregando recursos económicos. El silencio de los presidentes de partidos como el Centro Democrático, el Liberal, Cambio Radical y el Conservador ante semejantes actos de corrupción público-privada es aturdidor.

No se trata simplemente de reconocer ante las autoridades gringas haber violado normas locales. No. El asunto es de suma gravedad porque somete a funcionarios estatales y a los políticos que militan en los partidos que el Grupo Aval patrocina, a inconmensurables dilemas éticos que por supuesto no se atreverán a resolver porque para todos los involucrados hay tan solo dos caminos: de un lado, guardar cómplice silencio y hacer de cuenta que aquí no pasó nada, porque se trata de un desliz muy propio del sistema capitalista en el que el todo vale se impone cuando se trata de competir; y del otro, tomar distancia del conglomerado económico y fustigar con firmeza su actuar delictivo. Pero esa ruta los obligaría a devolver los dineros recibidos del Grupo Aval, tal y como se los sugirió el presidente de la República. “A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol II como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina” (Tomado de Blu Radio).

Por supuesto que los dilemas éticos también tocan las huestes de los medios tradicionales y sus periodistas, obligados a seguir las directrices corporativas que, para el caso, dicen que hay que guardar prudencia porque no solo hay pauta de por medio, sino relaciones empresariales que se convierten en asuntos de clase. Aunque para la prensa corporativa y sus periodistas también había dos caminos posibles, ya optaron por el más conveniente: minimizar los bochornosos hechos que enlodan a la familia Sarmiento Angulo y al Grupo Aval en su conjunto. Al proponer esa línea editorial, empresas mediáticas y periodistas optan por poner en riesgo su credibilidad, pues al fin al cabo los niveles de recordación de las audiencias están supeditados a dos circunstancias que siempre aparecen juntas: la mala memoria de la opinión pública y los espectaculares tratamientos periodístico-noticiosos. En este caso, los directores de medios se la jugaron por evitar cualquier análisis de lo sucedido y el cubrimiento espectacular, para, justamente, aportar a la ya reconocida mala memoria de los colombianos. El objetivo es sepultar rápidamente el espinoso asunto. Por el contrario, le están apostando duro a mantener la vigencia la narrativa que sostiene que la campaña Petro presidente recibió dineros de narcotraficantes.

No son estos los tiempos en los que medios libran verdaderas batallas contra la corrupción al interior del propio régimen. Lo que EL ESPECTADOR hizo en los años 80 no se volverá a ver en el periodismo colombiano. Tan cierto es, que hoy, ese mismo medio, para mi pesar, optó por minimizar los sucios hechos de corrupción en los que incurrió el Grupo Aval.  

En esa época, los Cano se enfrentaron al poderoso Grupo Grancolombiano. Se olvidaron de la pauta y el entonces diario de los Cano destapó la olla podrida al interior de dicha entidad bancaria. En una nota de 2012, el propio diario bogotano reconoce la gesta periodística: “Una de las más duras batallas de los 125 años que lleva El Espectador en defensa de su independencia frente al poder tuvo lugar en 1982, tras las denuncias contra el Grupo Grancolombiano. El diario puso al descubierto irregularidades del emporio económico a través de fondos de inversión y de autopréstamos de los miembros del Grupo con recursos de los ahorradores. El Grupo retiró entonces su pauta del periódico para asfixiar sus finanzas, estrategia que dio lugar al célebre editorial del 4 de abril de 1982 (“La tenaza económica”), en el que Guillermo Cano respondió: “...No vendemos, no hipotecamos, no cedemos nuestra conciencia ni nuestra dignidad a cambio de un puñado de billetes. Eso no está dentro de nuestros presupuestos”.

Quizás tenga razón aquel abogado que dijo que “la ética nada tiene que ver con el derecho”. En esa misma línea, creo que ya podemos asegurar que la ética nada tiene que ver con el ejercicio periodístico. Si es así, apague y vámonos. Eso sí, antes de hacerlo, hay que hacer un reconocimiento a medios como Cuestión Pública, Vorágine, El Unicornio, Cambio y unos cuantos periodistas independientes que están cubriendo los hechos aquí expuestos con profesionalismo y rigor. Estos medios y periodistas están salvando el oficio. 

Imagen tomada de Youtube. 

AMIGOS DE GODOFREDO CÍNICO CASPA MANDARON A MATAR A JAIME GARZÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace 24 años la derecha colombiana planeó y asesinó a Jaime Garzón Forero. Con su eliminación física, esa parte del país que entendía su humor y la sátira política lamentó el planeado crimen y lloró a cántaros porque sus miembros comprendían que el régimen estaba dispuesto a todo, con tal de acallar a sus críticos, vistos de manera temprana como parte de eso que se conoce como el “enemigo interno”.

Asesinar al mejor humorista político del país sirvió para comprender los alcances del criminal régimen. Solo era cuestión de tiempo. Y al pasar el tiempo, vimos la tragedia: 6402 falsos positivos, cientos de docentes asesinados, entre estos al profesor Alfredo Correa de Andreís, Eudaldo Díaz…; masacres aquí y allá, y la confirmación de la captura del Estado por parte de los narco-paramilitares.

Hay que hacer referencia también a esa otra parte de Colombia que reía con las ocurrencias de Garzón, pero que jamás entendió los mensajes que el humorista le enviaba a esa sociedad dormida, sin memoria, paralizada y acostumbrada a la barbarie, al robo de los dineros públicos y a que los servidores públicos, no le sirvieran al público. Los jóvenes universitarios de la época rieron-reímos- a carcajadas mientras dejaba este mensaje: “que, si no reaccionamos, ustedes jóvenes, si no asumen el control de su propio país con los elementos que les da la constitución, por ejemplo, el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos…”. También dijo esa vez, en la sede de la entonces Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, que “Uribe era peligrosísimo”.

Y claro, hay que aludir también a esa otra parte del país que aplaudió a rabiar el crimen de Jaime Garzón. De esa, hacen parte militares, policías, políticos y expresidentes, muchos de estos cercanos a la propia víctima porque sentían que, en momentos muy precisos de la vida política electoral, las burlas y comentarios de Garzón les servía para mostrar una cara amable al país que gozaba en las noches en las que aparecía, en un noticiero, el lustrabotas “Heriberto de la Calle”. Muchos de los que Heriberto lustró sus finos zapatos, guardaron cómplice silencio ante la barbarie que el brillante embolador avizoraba.

No se necesita ser un curtido investigador para descubrir de dónde salieron la orden y el dinero para asesinar a Garzón. Basta con escuchar a Godofredo Cínico Caspa para saberlo. De las propias huestes de Godofredo salieron el mandato y el capital con el que Colombia dejó de reír para siempre.

Jaime Garzón hacía análisis político e histórico a través del humor. También hacía predicciones y ofrecía visiones de mediano plazo para el país. Y lo hizo a través de Godofredo Cínico Caspa cuando habló “del pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas…”.

Cada año estaremos en estas, lamentando la ausencia de Garzón Forero, de la que somos responsables todos porque decidimos quedarnos en el lugar cómodo de la risa y porque seguimos votando por nuestros verdugos.

Imagen tomada de Facebook. 

¿SERÁ CAPAZ EL FISCAL BARBOSA DE VIAJAR A USA PARA ENTERARSE DE LA SANCIÓN AL GRUPO AVAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de conocerse la millonaria sanción o multa que deberá pagar el Grupo Aval por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU., el país político y económico esperaría dos reacciones institucionales: del lado del conglomerado, un mea culpa por parte de la familia Sarmiento Angulo y el anuncio, a manera de compromiso ético, de no volver a pagar coimas para obtener contratos, tal y como lo asumió ante las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica; y la segunda, el viaje del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa a territorio americano para conocer de primera mano el proceso penal y bursátil que terminó con la sanción pecuniaria en contra del Grupo Aval y su filial Corficolombiana.

Pero como estamos en Colombia, ni lo uno ni lo otro parece que se producirá, pues el gran banquero se acostumbró a manejar al país como si fuera su tienda, su finca. Su arrogancia y avaricia le alcanzaron para someter a instituciones como la Fiscalía, desde los tiempos de Néstor Humberto Martínez Neira, y a la misma entidad durante la administración del ladino Francisco Barbosa. El silencio corporativo confirma no solo la arrogancia de los miembros visibles de la familia Sarmiento, sino la subvaloración de la ética empresarial como factor clave para construir, desde el ejemplo,  una mejor sociedad.

En adelante, la narrativa que dice que “si los de arriba son corruptos y pagan coimas, por qué nosotros no podemos hacer lo mismo” se naturalizará de tal manera, que el ethos mafioso guiará en adelante la vida de cada uno de los colombianos. No habrá campaña política contra la corrupción que valga la pena si el gran banquero colombiano insiste en negarse a hacer una declaración pública de perdón y de compromiso ético y moral de no volver a corromper funcionarios y políticos para obtener millonarios contratos.

De la terna enviada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia deberá salir una fiscal capaz de reabrir los procesos que Martínez Neira y Barbosa cerraron para favorecer la imagen y los intereses de la familia Sarmiento y del conglomerado. ¿Será posible que la Fiscalía por fin esté en manos del Estado y no en las sucias garras de clanes y familias capaces de pagar millonarias coimas y reconocer esos delitos únicamente ante las autoridades americanas? De no darse ese esperado escenario, la millonaria multa que deberá pagar el Grupo Aval se entenderá en Colombia como una fianza, con preclusión incluida. Otro motivo más para que se extienda en el tiempo el tutelaje gringo sobre la Colombia mafiosa y criminal.

Mientras llega ese momento, el escandaloso episodio que protagoniza la dirigencia del Grupo Aval apenas si trascendió a la opinión pública gracias a la autocensura de los grandes medios masivos, proclives a hacer tratamientos altamente bulliciosos y espectaculares de hechos que tocan, por ejemplo, al actual gobierno. Varios ejemplos al respecto: el plan para asesinar al fiscal general, anunciado por el propio Francisco Barbosa, hoy cada vez más desestimado por las autoridades de inteligencia del Estado. O los “análisis periodísticos” de las llegadas tardes del presidente, hasta sus ausencias en fotos protocolarias, pasando por las andanzas de su primogénito, el inefable Nicolás Petro Burgos. Baste con recordar el espectáculo circense que la Fiscalía le montó al hijo del jefe del Estado para capturarlo. Al final, un juez lo dejó en libertad condicional y advirtió de la no entrega de pruebas que confirmaran la entrada de dineros sucios a la campaña Petro presidente. Y lo más llamativo es que ese proceso se les fue enfriando porque en uno de los chats que expuso en la diligencia el fiscal Burgos, apareció el nombre de Alex Char.

Semejante caso de corrupción reconocido por el propio Grupo Aval ameritaría la exposición diaria de titulares, reacciones y análisis económicos, financieros, culturales y políticos en torno a los efectos de semejante sanción que recibió la familia Sarmiento Angulo. Pero no. Varios noticieros de televisión y medios impresos como EL ESPECTADOR, entre otros, optaron por desplegarse en elogios hacia la selección femenina de fútbol, para evitar el registro del hecho noticioso más importante del año. Sin duda alguna, empresas mediáticas y sus periodistas le están cuidando la espalda al gran banquero, quizás presionados por el retiro de la pauta publicitaria o por el simple hecho de conservar buenas relaciones con el poderoso mecenas electoral, mediático y político.

 

Imagen tomada de El Unicornio 

EL FUTURO DEL FÚTBOL FEMENINO EN MANOS DE UN VETUSTO PATRIARCADO

 

Por Germán Ayala Osorio

Sin una liga competitiva, con la oposición de la dirigencia y sin condiciones económicas justas, las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol acaban de hacer historia en el Mundial de Australia. Las muy buenas actuaciones en varios mundiales hacen pensar en que el balompié femenino de Colombia tiene un enorme potencial en las jugadoras y los cuerpos técnicos de las distintas categorías, pero falta el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cuya dirigencia está en manos de hombres machistas que subvaloran a las mujeres deportistas. Ese vetusto patriarcado no está interesado en que el fútbol femenino progrese y dé triunfos internacionales al país.

La FCF tiene la obligación de consolidar la liga femenina, pero creo que la dirigencia tiene miedo a que el creciente respaldo que las jugadoras despertaron en la hinchada termine por opacar al torneo masculino y por esa vía se aumenten las crisis financieras que enfrentan varios clubes con sus equipos masculinos. Lo cierto es que mientras el fútbol femenino va en alza, el masculino de tiempo atrás arrastra un sostenido bajo nivel en particular en la liga nacional y claro, en los magros resultados obtenidos a nivel continental y mundial. Ver la liga masculina da pereza porque ofrecen un pobre espectáculo.

La Selección Femenina que participó en el Mundial de Australia mostró un fútbol vertical, serio, con trabajo táctico y con riqueza técnica en cada una de las jugadoras. Además, mostraron garra, pundonor, fortaleza física y mental y, sobre todo, no entraron en lo que es común en los equipos masculinos del rentado: especular con los resultados, fútbol lento, jugadores mañosos y otros tantos que saltan a las canchas solo a pegar y a ensuciar el espectáculo con bravuconadas que solo dejan ver sus debilidades técnicas y la falta de oficio dentro del terreno de juego. Por el contrario, las jugadoras del seleccionado que llegó a la instancia de los cuartos de final dieron una exhibición de rapidez, elegancia y una idea clara de ofrecer un juego vistoso, bonito y fuerte.

Con la evolución del fútbol femenino ya es tiempo de que la actual dirigencia del fútbol colombiano dé un paso al costado. Ya es tiempo de esos cargos sean ocupados por mujeres, en particular las hoy veteranas que abrieron los caminos a quienes por estos días hicieron vibrar a propios y extraños en el Mundial. Ya veremos con qué salen Jesurún y su combo de momios que se resisten a reconocer el enorme futuro que tiene el fútbol femenino en Colombia. 

 

Imagen tomada de La República

EE. UU. SANCIONA AL GRUPO AVAL Y SE CONSOLIDA COMO POLICÍA MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La millonaria multa impuesta por autoridades americanas al Grupo Aval y a su filial, Corficolombiana constituye una vergüenza nacional, que solo sirve para consolidar el tutelaje de los Estados Unidos sobre el país y la inmoralidad de las instituciones locales, incapaces de procesar a los involucrados en los ya probados y aceptados hechos de corrupción público-privada.

Históricamente, agencias federales estadounidenses y los gobiernos, demócratas o republicanos, manejan información privilegiada sobre las andanzas de nuestra clase dirigente, empresarial y política, lo que sin duda alguna le facilita a los Estados Unidos mantener el dominio que, a manera de protectorado, ejerce sobre el país.

De esa realidad incontrastable nace la narrativa que millones de colombianos exaltan a cada momento: “allá en USA es a otro precio, allá sí funciona la justicia”. De esa manera, convertimos a los Estados Unidos en el gran policía moral del hemisferio, mientras internamente la corrupción público-privada en Colombia carcome los ya débiles cimientos de una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moralmente.

Comparecer ante las autoridades americanas y pagar una millonaria multa en dólares parece ser más digno, que responder ante los entes de control local, a los que parece fácil someter por algunos pesos o lo que es peor, porque al frente de estos están fichas, funcionarios amanuenses, mandaderos.

Aquí van varios ejemplos que coadyuvan a la consolidación de los gringos como nuestra preferida policía moral. Hablemos de las extradiciones de nacionales para ser juzgados en cortes americanas. El caso más reciente, el del criminal Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, condenado a 45 años de prisión, da cuenta de los intereses gringos en conocer detalles de la histórica colaboración de políticos, militares y empresarios con las actividades ilegales desarrolladas por el Clan del Golfo: narcotráfico, lavado de activos, delitos electorales, captura de agencias del Estado, despojo de tierras, apropiación de recursos públicos y paramilitarismo. Si alias Otoniel prende el ventilador -si es que secretamente ya no lo hizo ante las autoridades americanas-, entonces los americanos sabrán quiénes son los militares, políticos y empresarios que se aliaron con el Clan del Golfo, para delinquir. A lo mejor ya lo saben.

Si el tutelaje americano sirviera para procesar expresidentes de la República sobre los que la DEA y otras agencias tienen o tuvieron información de sus relaciones con estructuras mafiosas, entonces dicha supervisión y dominio político-moral debería ser aplaudido por cada colombiano. En sectores societales y periodísticos se preguntan por ejemplo qué pasó con aquel listado en el que aparece Álvaro Uribe Vélez reseñado como el narcotraficante número 82.

El columnista Yohir Akerman en 2016 escribió para EL ESPECTADOR lo siguiente: “El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez lleva en la mira de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos desde mediados de los ochentas. En marzo de 1991, la Defense Intelligence Agency (DIA) o Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de ese país, elaboró un listado de 104 personas que estaban relacionadas, conectadas o trabajaban directamente para los carteles de narcotráfico, en especial el de Medellín”.

Si se tratara de una relación bilateral respetuosa, sana y encaminada a tener un socio comercial y un aliado político y militar limpio de cualquier sospecha y mancha, justamente por la importancia que los gringos le dan a la lucha contra el narcotráfico internacional, entonces los gobiernos americanos que conocieron de ese listado debieron entregar toda la información a las autoridades colombianas y presionarlas para que lo procesaran. Pero no sucedió así. Huelga recordar que en 2004 fue desclasificado ese documento.

Muy seguramente, desde el 2004 que se desclasificó el ya referido listado, agencias americanas aprovecharon las condiciones dadas y generadas por la aplicación de la política de seguridad democrática, para mover los intereses de las empresas fabricantes de armas y helicópteros y los de sus aliados en el mundo, como Israel, para proveer todo el material de guerra posible, para intensificar el conflicto armado interno. Y por supuesto, para mantener viva la fracasada guerra contra las drogas. Por eso será que resulta cierta la sentencia que dice que en política (internacional) no hay amigos, hay intereses.

El caso del entonces presidente Andrés Pastrana Arango también sirve para anotar la complacencia política y diplomática de los americanos con gobiernos señalados, como el de Pastrana, de haber sido elegidos gracias a los aportes, en este caso, del Cartel de Cali. En una misiva enviada por los hermanos Rodríguez Orejuela, se lee lo siguiente: “(…) ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas”.

Una vez instalado Pastrana en la Casa de Nariño, vino el Plan Colombia, política pública de carácter internacional -no discutida en el Congreso colombiano- que permitió la intervención militar gringa en el conflicto armado interno a través de la entrega de la más grande y costosa ayuda militar: “instalación y dotación de un batallón antinarcóticos. 63 helicópteros Black Hawk, 11 aviones de guerra Modernización infraestructura de la Fuerza Aérea Logística y Red de Inteligencia. 11 aviones OV-10 para las FFMM de Colombia, 1 aeronave con visor infrarrojo radar y sensores en Leticia (ya operan) y Tres Esquinas Centro de Telecomunicaciones. Para la Policía Nacional: Sistemas de Comunicaciones, armas, municiones y bases antinarcóticos en las fronteras con Perú y Ecuador. 15 aeronaves 10 helicópteros Super Hueys”. (Tomado de Plan Colombia: doctrina de seguridad nacional y rehegemonización gringa).

Pero todos sabemos que la información recopilada por las agencias americanas y el departamento de Estado y de justicia sobre los presidentes colombianos se usa para poder imponer condiciones económicas como las que confluyeron en la firma del TLC con los gringos. De igual manera, para afianzar los intereses militares en la región, usando el territorio nacional como plataforma para instalar bases y equipos de monitoreo. El Plan Colombia es un buen ejemplo de ello.

A la entrega de bandidos, vía extradición, se suma ahora la comparecencia del Grupo Aval y Corficolombiana ante autoridades americanas que los sancionaron por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU. La suma millonaria (80 millones de dólares) serviría para cesar el proceso penal que afecta al conglomerado económico colombiano. Todos los hechos jurídico-políticos aquí reseñados solo sirven para consolidar a USA como el policía moral que necesitamos para seguir siendo un régimen corrupto y violento, porque internamente no existen verdaderas instituciones y garantías para procesar a quienes delinquen desde una fría oficina, unidad militar o campamento instalado en lo más profundo de la selva.

 

Imagen tomada de las 2 Orillas. 

SANCIÓN MILLONARIA AL GRUPO AVAL Y LA VERGONZOSA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La millonaria sanción en dólares que acaba de imponer la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos al Grupo Aval y su filial, Corficolombiana, constituye un hecho jurídico-político y mediático que bien puede ser calificado como el hecho del año, por encima del escándalo del primogénito del presidente de la República, Nicolás Petro.

Los hechos delictivos que sustentan la dura sanción se dan en el marco de un proceso penal y bursátil que las autoridades americanas abrieron en contra del Grupo Aval, en cabeza de la familia Sarmiento Angulo. No está claro hasta el momento si con el pago realizado cesa todo proceso penal en contra de los involucrados que trabajan para el conglomerado económico y fueron cercanos a los hechos investigados.

En el resumen de la resolución emitida por la SEC se lee lo siguiente: “El presente proceso surge por la participación de Corficolombiana, a través de su expresidente como se describe a continuación, en un esquema de soborno relacionado con el proyecto de construcción de carreteras más grande en la historia de Colombia, conocido como Ruta del Sol II (“RDS 2”), y específicamente la construcción de una prolongación de la carretera a la RDS 2 (la “Prolongación Ocaña­ Gamarra”). El esquema de soborno tuvo lugar en un contexto de falta de mantenimiento de suficientes controles contables internos y libros y registros que ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos. Como agente de Grupo Aval, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA») y fue causa de las violaciones de Grupo Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la FCPA” (Tomado de Cuestión Pública).

La decisión de la SEC deja muy mal paradas a las autoridades colombianas, en particular a la Fiscalía, entidad incapaz de procesar a quienes desde ese conglomerado económico tienen responsabilidades en los actos de corrupción ocurridos con ocasión de la construcción del señalado carreteable en manos de la multinacional Odebrecht. En particular las Fiscalías de Martínez Neira y Francisco Barbosa que poco o nada hicieron para esclarecer lo sucedido no solo en torno a los sobornos -Martínez Neira diría, “eso es una coima, marica-, sino a la entrada de dineros de la multinacional brasilera a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga (vinculado ya a un proceso penal, junto con su hijo) y la de Iván Duque Márquez.

Estamos hablando de corrupción de cuello blanco, al más alto nivel político, social y económico, lo que consolida la negativa representación social que indica que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Las circunstancias que confluyen en el lamentable hecho noticioso ameritarían una reflexión en una sociedad como la nuestra que deviene confundida moralmente. Pero ello no sucederá, porque al estar todos metidos en el sistema capitalista, somos proclives a pasar estas conductas delictivas porque el régimen de poder debe perpetuarse en el tiempo, junto con todas las inmundicias que produce y reproduce.

Insisto en que la sanción de las autoridades americanas compromete a varias instituciones estatales y a las institucionalidades de allí derivadas. Es tan grave el asunto, que la ya manida narrativa “dejemos que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo” se torna insulsa, esto es, un lugar común al que apelan políticos profesionales, en particular aquellos que, al pronunciarlas, saben que no va a pasar nada porque se trata de gente muy poderosa. En este caso, del banquero Sarmiento Angulo. Lo mismo ocurrió con un informe de la Contraloría General de la República, durante la administración de Sandra Morelli Rico, en el que se exponen casos de apropiación irregular de baldíos en la altillanura. En estos aparece el hijo de Sarmiento Angulo y otras poderosas familias.

Resulta a todas luces vergonzoso que sean justamente las autoridades americanas las que hagan la tarea que sus similares en Colombia jamás hicieron: investigar, procesar y sancionar al Grupo Aval y a los directivos de Corficolombiana comprometidos en los hechos sobre los que la SEC tomó la decisión de sancionar al conglomerado económico y financiero.

En cuanto al carácter mediático de la millonaria sanción, hay que decir que se confirma que los criterios de noticiabilidad y el tratamiento esperado de los hechos noticiables son acomodaticios, lo que de inmediato afecta la construcción de la verdad de lo acontecido. El periódico EL TIEMPO, propiedad del banquero, manipula la información y expone a sus lectores medias verdades. Miremos algunos titulares:

Justicia de EE. UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht

Ruta del Sol II. Estamos ante un titular que encubre el hecho noticioso principal: la sanción millonaria. Al obviar esta circunstancia, EL TIEMPO les miente a sus lectores y por esa vía, trata de cuidar la ya negativa imagen que arrastra el Grupo Aval. En ese mismo sentido se dio el titular de Caracol radio: Por caso Odebrecht, Grupo Aval libre de investigaciones en Estados Unidos.

Entre tanto, el portal Semana.com titula de esta manera: “Atención: Estados Unidos cierra capítulo de Odebrecht para Grupo Aval y Corficolombiana y les impone multa por 80 millones de dólares”.  El titular de Semana cumple a cabalidad con los criterios de noticiabilidad al valorar el hecho noticiable en las dos perspectivas más importantes que se derivan del mismo: el cierre del proceso- aunque hay dudas al respecto- y la millonaria multa. Llama la atención el cuidado que tuvo la directora del portal Semana al titular de esa manera, pues es muy dada a publicar titulares amarillistas.

Destaco el titular del medio alternativo Cuestión Pública: Grupo aval es sancionado por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU. Se trata de un titular preciso que, sin ambages, recoge el carácter jurídico con el que se examina las conductas delictivas cometidas por agentes del Grupo Aval y su filial. En la bajada de su página web se lee: “El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y Corficolombiana deberá pagar 80 millones de dólares. ¡Descarga la decisión de la SEC!”

El periodismo es uno solo. Lo demás son intereses de los propietarios de los medios, la obediencia de los editores y sus titulares amañados y el real compromiso con la verdad. Y la verdad, en este y otros casos, tiene precio, así no sea en la misma cuantía de la sanción de la que aquí hablamos.

Imagen tomada de Cuestión Pública