CONFLICTO ARMADO INTERNO: ¿ES POSIBLE CONTINUAR LLAMANDO ASÍ A LO QUE SUCEDE HOY EN COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia impuso a los actores armados (Paramilitares, Guerrillas y fuerzas estatales) unas condiciones ético-políticas a través de las cuales fue posible enmarcar, explicar, dar sentido académico, justificar políticamente o hacer encajar las operaciones militares, las tomas guerrilleras y en general todas las actividades hostiles, propias de ese escenario de conflictividad, en la categoría política, militar y académica Conflicto Armado Interno. Es decir, esa nomenclatura construyó un “deber ser de la guerra” del que se fueron alejando unos y otros, bien por la penetración del narcotráfico a las filas de los combatientes, la imposibilidad de alcanzar el triunfo político y militar fijado como único norte posible: llegar a ser gobierno, tumbando el régimen de poder; y, por último, por el tratado de paz que firmaron el Estado con las entonces Farc-Ep. Este último armisticio fue un duro llamado a la dirigencia del Comando Central (Coce) a abandonar sus históricas posturas intransigentes.  De igual manera, haber desmontado gran parte de la estructura subversiva de las Farc-Ep hizo pensar a gran parte de la opinión pública que el conflicto armado con la guerrilla más grande había terminado.

Con el paso del tiempo, las hostilidades y las operaciones militares de los ya señalados grupos armados entraron en un fuerte e irreversible proceso de degradación misional (moral). Como consecuencia de ello, el concepto de Conflicto Armado Interno (CAI) empezó a perder sentido ético-político, a pesar de la vigencia de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, reconocidas en su momento por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Gonzalo Sánchez, en entrevista al diario El Espectador, sostiene que “en líneas gruesas hemos transitado de un conflicto Estado-insurgencias, a un conflicto multidimensional con intersecciones a menudo refractarias al deslinde. El conflicto hoy es mucho más extendido, más heterogéneo e intrincado. Y no es solo contra el Estado. Este ha sido permeado a través de complicidades, drenaje de recursos para la guerra, redes de apoyo internacionales…”

La firma del fin del conflicto entre las Farc-Ep y el Estado colombiano es un “parte aguas” en el devenir del conflicto armado y en la manera de entender sus dinámicas. A ese quiebre se suman circunstancias contextuales que, en lugar de legitimar la lucha armada, le restan legitimidad, hasta el punto de que hoy, en varios sectores de la sociedad, la operación del ELN (Ejército de Liberación Nacional), único grupo en armas, es considerada como anacrónica e improcedente, al igual que la operación de las disidencias farianas.

Las conversaciones de paz que hoy sostienen con el gobierno de Gustavo Petro le devuelven en algo la legitimidad perdida a los elenos, al tiempo que le dan un respiro a la moribunda nomenclatura Conflicto Armado Interno.

Dentro de esas circunstancias de lo que llamo el “parte aguas” se encuentran el estallido social de 2021, la misma pandemia y sus efectos sociales, económicos y los que dejó en la psiquis colectiva ese complejo escenario sanitario, así como la acentuación del carácter periférico del ELN y de su lucha territorial anclada exclusivamente al control de rutas del narcotráfico. También, la aparición de nuevas agrupaciones armadas (disidencias y demás) que lo único que prueban es que el uso de las armas se convirtió para muchos de los integrantes de esas organizaciones armadas ilegales en modus vivendi, en una forma de ganarse la vida.

Atrás quedaron las auto valoraciones de lo que sus comandantes llaman el reconocimiento social del control militar de zonas como el Chocó, el Catatumbo y el Cauca, entre otras zonas. Lo cierto es que la pretendida liberación de un pueblo sometido a un régimen oprobioso, gracias a la acción armada de los grupos guerrilleros, fue un sueño quimérico del que aún no parecen despertar los elenos. Gonzalo Sánchez, en la misma entrevista señala que “la promesa de transformación por la vía de las armas perdió momentum en todo el continente. Negarse a reconocerlo puede costar derramamiento inútil de mucha sangre. Pero aclaremos, si el modus operandi perdió vigencia, el contenido, las demandas y tareas aplazadas se tornan aún más urgentes. Algo que también deberían entender las elites políticas, sociales y económicas del país”.

Así las cosas, creo que va siendo tiempo de proponer un cambio en la manera de explicar y llamar a lo que sucede hoy en Colombia, en virtud de las circunstancias señaladas líneas atrás. El concepto de Conflicto Armado Interno se fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del postacuerdo de La Habana. Propongo hablar de Conflictividades del Posacuerdo (CP), o quizás Escenario de Múltiples y Asimétricas Violencias (EMAV), Escenario Anómico del Posacuerdo (EAP) o Violencias Intestinas Despolitizadas (VID).

Es importante “rebautizar” lo que sucede en el país con el objetivo de poner el foco y al atención en aquellos poderes políticos y económicos, legales e ilegales, que se benefician de la permanencia de agrupaciones al margen de la ley y de su operación en territorios en los que la lucha por la tierra, el control de las riquezas del subsuelo y las rutas del narcotráfico son factores definitivos para la permanencia de las condiciones premodernas en las que nacieron las guerrillas y las que insisten en extender en el tiempo las élites económicas, sociales y políticas.

Las decisiones de política económica que viene adoptando el actual gobierno nacional, el haber Gustavo Petro militado en una de las guerrillas ya desmovilizadas y las acciones encaminadas a lograr la Paz Total, en lugar de darle un segundo aire al conflicto armado como muchos pueden pensar, van camino a restarle sentido y legitimidad.

Imagen tomada de Razón Pública.

LOS MILITARES Y PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A partir del 7 de agosto, las fuerzas armadas colombianas tendrán como comandante supremo a Gustavo Francisco Petro Urrego, ex miembro de la guerrilla del M-19. Aunque esa circunstancia no debería de ser un problema ético y doctrinal para los militares activos, es probable que oficiales y suboficiales en servicio activo se hayan dejado influenciar por sus profesores en la academia, asumiendo como propio el odio que hacia dicho grupo subversivo se profesaba desde los tiempos del robo de las 5 mil armas del cantón norte, la sustracción de la espada de Bolívar y por supuesto, por la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Aquellos que dentro del cerrado mundo castrense insistan en operar bajo la influencia de la doctrina del enemigo interno, tendrán la oportunidad o quizás la obligación de entrar en la discusión de conceptos como posconflicto o posacuerdo, con el firme propósito de avanzar hacia la transformación misional que deberán sufrir las instituciones militares, en particular, el Ejército nacional. Si se logra concretar un proceso de paz con el ELN, la paz completa será una realidad, a pesar de la insistencia de las acéfalas y anacrónicas disidencias.

La violación sistemática de los derechos humanos por parte de miembros del Ejército, asociada a los falsos positivos y a otras prácticas institucionalizadas, fruto de la política de seguridad democrática y de los caprichos de Uribe Vélez, quedarán proscritas, si se entiende en un amplio sentido lo que dijo el presidente electo en el sentido en que militares con récord de violaciones a los DDHH no cabrán en la nueva cúpula. Así entonces, en la cadena de mando, quienes hagan parte de la cúpula, tendrán la obligación de limpiar las filas de todos aquellos subalternos proclives a violar la constitución y en particular a aquellos que vienen acostumbrados a hacerlo, siguiendo el ejemplo de generales que hoy gozan de sus soles, gracias a que en el pasado ascendieron por cumplir con los objetivos de la intimidante política de seguridad democrática. Quedará pendiente sacar del ministerio de la Defensa a la Policía nacional, cuerpo armado que deberá acercarse a las transformaciones que demanda el posconflicto.

Las relaciones entre el presidente entrante y las fuerzas armadas serán definitivas y claves para la ampliación de la democracia. De muchas maneras, la operación del régimen democrático en Colombia viene pasando por el talante de los miembros de la cúpula militar. Desde los tiempos de Belisario Betancur y los del estado de sitio de Turbay Ayala, los militares fueron una rueda suelta que, de acuerdo con decisiones político-militares, terminó golpeando garantías democráticas no solo en términos del respeto por los derechos humanos y en todo lo concerniente a la real sumisión al poder civil, sino en la extensión en el tiempo del conflicto armado interno y el aplazamiento de la paz.

Con Uribe Vélez, las fuerzas militares entraron en una etapa de sometimiento a los caprichos del latifundista. Al final, terminaron no solo asesinando vilmente a 6402 civiles, sino operando bajo el carácter privado que el hijo de Salgar le dio a su lucha contra las guerrillas. Santos intentó cambiarles el chip a los altos oficiales que venían de los aciagos años en los que les pedían “más y mejores resultados operacionales”. Logró conformar una cúpula más cercana a la paz, lo que les permitió sentarse, frente a frente, en mesas técnicas, con los miembros de las entonces Farc-Ep. Con el regreso de Uribe al poder, en los “huesotes y las carnotas” de Iván Duque, regresó el viejo talante que inoculó en las filas en el Gran Imputado.

Petro sabe que dentro del Ejército quedan varios “zapateiros”, de acuerdo con lo que expresó el mismo comandante, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. La nueva cúpula tendrá la tarea de ir frenando sus ascensos, si deciden insistir en comportarse de la manera como lo hizo el saliente oficial, famoso por lamentar la muerte del asesino serial, alias Popeye y por su expresión “ajúa”. Además, de investigaciones en su contra por corrupción. Eso sí, espero que Petro Urrego no caiga en la tentación de apropiarse de dicho grito, como lo hizo el infantil y fatuo del Iván Duque Márquez.

Imagen tomada de Infobae

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: DESMILITARIZAR EL ESTADO (IV)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de quedar en firme la salida del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano, el nuevo gobierno, pero en particular el jefe de la cartera de la Defensa, deberá evaluar los impactos que dicha renuncia dejará al interior de las filas. Aunque el retiro abrupto, pero explicable del general Zapateiro no debería de tener mayores efectos doctrinales, es bueno explorar el ambiente al interior de las fuerzas armadas ante la llegada de Gustavo Petro a la condición de comandante supremo.

Una vez cumplida la tarea del reconocimiento y la transición del mando, de inmediato hay que impulsar la discusión de dos temas sensibles: el primero, la salida de la Policía del ministerio de la Defensa, cumpliéndose así la promesa de campaña y la recomendación que hiciere la Comisión de la Verdad en su informe. Y el segundo, el desmonte de la doctrina del enemigo interno, lo que debería de llevar a  las fuerzas armadas, y en particular al Ejército, a hacer parte de escenarios de posconflicto, en el entendido en que hoy no existe una fuerza militar oponente, capaz de poner en riesgo la operación del Estado.

Dedicaré esta columna al segundo tema. Dice el informe de la Comisión de la Verdad que “esta doctrina contrainsurgente se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos” (p.99). Por cuenta de los riesgos y desafíos que acompañaban la existencia y la operación militar de las Farc-Ep, estudiantes, académicos, investigadores sociales, periodistas, sindicalistas y políticos, entre otros, fueron perseguidos, torturados, estigmatizados y desaparecidos por fuerzas oficiales. Dicha doctrina, entonces, se convirtió en la patente de corso con la que sucesivos gobiernos de derecha permitieron a sus cúpulas militares, violar los  derechos humanos. Sobre las arbitrariedades cometidas por miembros de la fuerza pública,  en el mismo informe de la Comisión de la Verdad, se lee lo siguiente:  “Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno” (p.158).

El proceso de desmonte de la señalada doctrina tiene dos dimensiones: una de carácter político-formativo que incluye la formación que se imparte en las academias militares (de oficiales y suboficiales) y el compromiso de la cúpula militar y de la tropa en general, de guardar total sumisión al mandato civil que encarna Gustavo Petro; y la otra dimensión, tiene un carácter operativo y militar, que debe conllevar la desmilitarización del Estado. Un paso en esa dirección permitirá la unificación de criterios pues no se puede seguir hablando de conflicto armado y de enemigo interno, cuando los mismos militares hablan de organizaciones residuales, grupos armados organizados (GAO), sin el ropaje político y revolucionario que en otrora se reconoció, por ejemplo, a las Farc-Ep y al ELN.

Independientemente de si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Gustavo Petro logran concretar un proceso de negociación política, es urgente que se dé el cambio doctrinal y comportamental del Estado. Incluso, esos cambios bien podrían considerarse como un gesto político que posibilitaría el acercamiento con el COCE, con la esperanza de avanzar en el desmonte de esa guerrilla. Eso sí, siempre y cuando el comando central de esa guerrilla abandone la lógica de la metodología hasta el momento planteada para asumir negociaciones.

En estos términos reconoce la Comisión de la Verdad esa circunstancia: “En el caso del ELN, las conversaciones en diversos momentos (gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos) se han quedado estancadas en el punto de la «Convención Nacional», que para esta guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado. Este es un modelo de participación social que aún requiere ser abordado con una dimensión realista, si se quiere una paz completa y con arraigo territorial” (págs 118-119).

Ya es tiempo que el ELN como organización armada ilegal entienda el momento histórico por el que está pasando el país. Los tiempos de la guerra y de la revolución armada ya pasaron. En estos momentos, la lucha armada no solo es inviable, sino anacrónica.

Ya veremos si los militares colombianos se ponen a tono con los tiempos de la paz y la reconciliación o, si por el contrario, deciden quedarse en el “modo enemigo interno” con el que Zapateiro guió los destinos del Ejército.

Imagen tomada de El Universal.

EJÉRCITO, DEGRADACIÓN MISIONAL Y SUMISIÓN AL PODER CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Indican expertos militares que la degradación misional al interior del Ejército inicia en los años 80. Concuerda ese proceso de erosión del honor y la mística militares con el desvanecimiento o desaparición de lo que en esa época se conoció como el Síndrome de la Procuraduría y la entrada en operación de los grupos paramilitares. Es más, Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión de la Verdad, al hablar recientemente de los falsos positivos, señaló que dicha práctica se vendría presentando desde los 70 y 80.

Para evitar la vigilancia del organismo de control, los militares recurrieron a los paramilitares para que estos “hicieran el trabajo sucio”, que no era otra cosa que extender el principio del enemigo interno, a ideólogos de la guerrilla, simpatizantes, sindicalistas, profesores, campesinos, comunidades negras e indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas  e investigadores sociales, entre otros.

Dicha degradación institucional se extendió en el tiempo, por la penetración del narcotráfico, la nula vigilancia del ministerio público, la pérdida de legitimidad de la guerrilla; esto último, gracias al trabajo de los medios masivos que lograron posicionar la idea de que el único problema del país era la subversión, mientras le hacían el juego a la corrupción público-privada y se negaban a darle la verdadera dimensión a este cáncer que vino a hacer metástasis durante los 8 años de Uribe Vélez. Sobre este asunto, volveré al final de este texto.

De la mano de todas las anteriores circunstancias, todos los gobiernos, incluido el actual, jugaron a la paz y a la guerra; esta última fue asumida, por presión directa de los comandantes militares y de sucesivas cúpulas troperas, muy al estilo de generales como Rafael Zamudio Molina, Jesús Armando Arias Cabrales y Miguel Vega Uribe, como una política de Estado, mientras que la primera, es decir, la paz, como política de gobiernos.

Al jamás asumirse la paz como una política de Estado, los gobiernos que entablaron diálogos conducentes a lograr acuerdos con los grupos insurgentes, encontraron una mayor resistencia y/o molestias en los militares, que a toda costa insistían en jugar a la guerra, sin que ello significara que hubiese la capacidad de eliminar militarmente al enemigo interno. Solo hasta la llegada de los recursos del Plan Colombia, las fuerzas militares y en particular el Ejército, se creyó posible derrotar a las guerrillas, en particular a las Farc.

Por ese camino, el Ejército se consolidó como un actor político fundamental, que operaba, presuntamente, bajo el control civil de los presidentes de la República. La sumisión al poder civil no ha sido tan real, incluso, después de la reforma constitucional de 1991 que determinó que el ministro de la Defensa sería un civil y no un militar de carrera como ocurría antes. Tres ejemplos probarían que dicha subordinación ha sido más bien formal y no real: el primero, el golpe que le dieron, por 48 horas, al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas para la retoma del Palacio de Justicia, atacado torpemente por el M-19; el segundo, la nula aprobación o el no acompañamiento de los militares a los diálogos de paz del Caguán; y el tercero, de reciente ocurrencia, cuando Iván Duque Márquez, en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas, apoyó al general Zapateiro, cuando el alto oficial decidió deliberar, participar en política y violar la Carta Política.

El único presidente que asumió la paz como política de Estado fue Juan Manuel Santos, en virtud a estas circunstancias contextuales: 1. Iba a estar ocho años como presidente. 2. El cansancio en la guerrilla de las Farc, gracias en buena medida a los duros golpes recibidos durante el gobierno de Uribe Vélez. 3. Santos dispuso una narrativa que apuntaba a posicionar la idea de que negociar con las Farc era un triunfo militar de un ejército glorioso y no la claudicación, como siempre lo vio el uribismo.

Con esa narrativa, Santos logró llevar a la mesa técnica a militares activos, asunto clave para la negociación con las Farc, en la medida en que siempre fue una aspiración-exigencia de esa guerrilla. También dejó una fuerte división al interior de la fuerza, asunto que supo aprovechar el gobierno uribista de Iván Duque Márquez, para volver a dejar el manejo del orden público y la consolidación de la paz, en una cúpula tropera, en particular, en manos del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hoy investigado por peculado, según informaron Cambio y Noticias Uno.

Así entonces, tanto las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como la corrupción al interior de las fuerzas militares, constituyen no solo una prueba irrefutable de la degradación misional de cientos de uniformados, sino que son la expresión clara de que la sumisión al poder civil es meramente formal, lo que hace posible que el general Zapateiro pueda violar la constitución sin que medie investigación alguna por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El acto de deliberación política del general Zapateiro es un desafío al orden constitucional y  una advertencia a los candidatos presidenciales, en particular a Gustavo Petro: los gobiernos pueden continuar jugando a la paz como política temporal, mientras que el juego de la guerra depende exclusivamente de los intereses del generalato que aún admira a Álvaro Uribe Vélez. La degradación misional al interior de las fuerzas militares continuará porque la dirigencia política y empresarial naturalizó el ethos mafioso y eso es suficiente para que los oficiales troperos sigan siendo un poder político determinante en escenarios electorales.

Imagen tomada de Villegas Editores. https://www.google.com/search?q=ej%C3%A9rcito+nacional+de+colombia&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKlXxklj5UdKZMJIcLxwFACPxVbcrQ:1702779876248&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj9152ttZWDAxWDTDABHZqjB_MQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=641&dpr=1

URIBE Y "LA MALDITA MERMELADA"

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si por algo se caracteriza el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, es por su cinismo mediante mensajes cifrados en los que muchos ven órdenes veladas o incitaciones a la comisión de ciertos delitos: ¿se acuerdan de «un buen muerto»? También es característico el silencio que suele guardar frente a la corrupción público-privada o en la defensa de sus funcionarios procesados y condenados por paramilitarismo y corrupción.

De la reciente captura de Ciro Ramírez, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, espetó lo siguiente: “Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Ese tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada.

Sobre esa frase gira esta columna, para tratar de desentrañar qué hay detrás de lo no dicho y qué quiso decir con lo que efectivamente dijo. Comencemos por decir que Uribe acepta que la mermelada existe y que Ramírez es responsable, bien por haberla ofrecido o por haberla recibido. Así las cosas, pese al derecho a la presunción de inocencia del que goza Ciro Ramírez, de manera velada le endilga una responsabilidad personal y política, por intermedio de la mermelada, muy propia del ethos mafioso que se encarnó en la política nacional.

Nótese que Uribe no habla de delito, sino de un problema generado por la mermelada. Al decir «ese tipo de problemas», el expresidiario reduce el lío jurídico a un problema. Al momento de calificar de “maldita” a la muy difundida mermelada, el uso de las comillas indica que el adjetivo realmente no se desea atribuir del todo a la práctica corrupta de pagar coimas y ofrecer contratos millonarios para obtener favores políticos que confluyen en el vocablo mermelada. Es posible también que el expresidiario y caballista haya usado las comillas porque no es bueno maldecir o calificar de maldito o maldita, a nadie ni a nada.

En cuanto a lo que Uribe dejó de decir en su trino, el expresidente evita calificar la decisión judicial como un abuso o una persecución política, como sí lo hizo cuando se ordenó la detención de María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS. Entre otros casos.

Con la frase “me duele”, encubre y evita exponer la molestia que le producen las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que lo investigó y ordenó su detención domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal. Ese caso pasó a la Fiscalía de su amigo Francisco Barbosa, quien en tres ocasiones solicitó a distintos jueces la preclusión del proceso penal al que está vinculado en calidad de imputado.

 

Cuando Uribe dice “me duele”, exhibe una mentirosa solidaridad porque en el fondo sabe que los magistrados que ordenaron la captura de su amigo y miembro del Centro Democrático tienen todo el acervo probatorio suficiente para encarcelarlo. El “dolor” que dice sentir el expresidente y latifundista le sirve de parapeto para cambiar de parecer en cualquier momento, frente a la legitimidad y legalidad de la orden de captura.

Ya en el pasado el ladino político antioqueño usó la misma expresión, en el caso de Oscar Iván Zuluaga: “Tengo dos dolores: uno personal por Óscar Iván Zuluaga y David, a quienes admiro y les tengo todo el afecto. Y otro dolor, pero de Patria por las impunidades, una de ellas Santos y Odebrecht». Nótese cómo apela al discurso patriotero para tratar de evadir la responsabilidad que debería asumir él por la corrupción de Odebrecht, por cuanto fue en su gobierno que inició la operación de la multinacional.

El Espectador explica la razón por la que se ordenó la captura del congresista uribista: por “una supuesta red de corrupción en contratación estatal, al parecer dirigida desde el Congreso, es la razón de que el senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez esté en la cárcel. En el mismo lugar y con un modus operandi similar al de la llamada red de marionetas del fallecido exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez, al parecer el senador uribista participó en el direccionamiento de contratos del Estado en varios departamentos del país, a cambio de que, a quienes se les entregaran, le dieran coimas por ellos”.

ADENDA: Curioso que la orden de captura contra Ramírez se dé justo cuando el país apenas estaba asimilando la orden emanada por la propia Corte Suprema de Justicia, de trasladar a Arturo Char, imputado de delitos de corrupción electoral. ¿Cortina de humo para tapar una indecorosa decisión judicial?

ADENDA 2: Ciro Ramírez es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, condenado por parapolítica y años después absuelto.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, CANDIDATA PRESIDENCIAL DEL URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No importa si el actual gobierno logra los cambios que prometió en campaña, pues la derecha hará ingentes esfuerzos para recuperar el control del Estado para desde ahí tratar de echar para atrás las reformas que el Congreso le aprobó a Gustavo Petro durante su mandato, así como los decretos con fuerza de ley que el presidente firmó.

Las pasadas elecciones regionales ya mostraron la necesidad, la urgencia o quizás el desespero de la derecha por hacerse nuevamente con la Casa de Nariño, para darle continuidad al proyecto de captura corporativa del Estado y de esa manera ahondar en la pobreza, desigualdad y el desempleo estructurales para consolidar el clientelismo y así la corrupción electoral y el histórico ethos mafioso. Lo cierto es que una vez reinstalados en el solio de Bolívar, la derecha iniciará con su plan de contra reformas.

A falta de menos de dos años largos de terminar el mandato la izquierda y el progresismo, la derecha ya deja ver a los candidatos presidenciales que buscarán el apoyo del gran banquero y del empresariado y el aval de los partidos y de electores como Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez.

En el listado aparecen varias mujeres: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Claudia López Hernández. Las dos primeras contarán con la bendición del expresidente antioqueño, hasta tanto él encuentre a un político tan dócil y pusilánime como Iván Duque Márquez, que le sirva de títere, tal y como le sirvió Duque con un destacado desempeño como marioneta. Bajo esas condiciones aparece el nieto de Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay, un delfín poco preparado, vociferante y capaz de mejorar lo hecho por Duque en materia de sumisión al Gran Patrón. David Luna podría aparecer como candidato de Vargas Lleras, en caso de que este último decida no aspirar más a ser presidente de la República. Luna es incondicional del exvicepresidente.

No se descarta que Carlos Fernando Galán deje tirada la alcaldía para aspirar a la presidencia, de la mano de Uribe y Vargas Lleras. Si por el contrario cumple con su mandato, Galán será en el 2030 el candidato del establecimiento.

La exalcaldesa de Bogotá será, sí o sí, candidata presidencial en 2026. La muy astuta buscará acercarse a Uribe, al mismo que ella confrontó como académica por las relaciones con los paramilitares que según López Hernández tuvo el expresidiario en sus tiempos de gobernador de Antioquia. Hay que recordar que hábilmente la exmandataria de los bogotanos retiró la demanda que por injuria y calumnia le interpuso a Uribe Vélez en 2017. La decisión la tomó López en 2019 y fue a todas luces una maniobra política para acercarse al uribismo de cara a su candidatura a la alcaldía de Bogotá.

Los recientes cuestionamientos de Uribe hacia López hacen parte de una pantomima, con el fin de mostrarse lejanos y hasta de orillas distintas, pero ante una necesidad electoral, se unirán de nuevo porque lo que los une es la trampa y las mentiras. 

La exalcaldesa será, muy seguramente, una de las candidatas que Uribe tendrá en su sonajero. Al fortalecer su discurso anti-Petro, López busca el guiño y la aceptación del exmandatario antioqueño, y de todos los uribistas.

El partido Alianza Verde, en el que milita López Hernández, no es una colectividad de Centro derecha. No. Más bien se trata de un partido cuya estructura y actuar acomodaticios le permite oscilar entre el espectral centro y la vieja derecha.

Todos los escándalos que por corrupción le sacarán a Claudia López en la campaña de 2026 la convertirán en una verdadera candidata presidencial para el uribismo. Entre más investigaciones acumule, el aval estará asegurado pues todos esos señalamientos y eventuales procesos judiciales deberán ser conjurados a través de costosos abogados y arreglos interinstitucionales que, en caso de que se confirme su candidatura, les servirán a sus patrocinadores para encauzarla y ponerla bajo el tutelaje político y moral de lo que se conoce como el uribismo.

Lo cierto es que en el 2026 la derecha irá con todo para recuperar lo que Petro les quitó y para echar para atrás los cambios institucionales que les hayan hecho daño o afectado sus intereses burocráticos e institucionales.

 

Imagen de La FM. 

EL CUERPO EN MANOS DE CIVILES O MILITARES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ahora que su victimario reconoció ser el responsable del feroz asesinato de Michel Dayana González, la opinión pública, los medios masivos que lo llamaron “monstruo” y las instancias judiciales correspondientes se centran y ponen sus ojos en los años de cárcel que, de acuerdo con la constitución y los marcos legales vigentes, se le pueden aplicar al feminicida, Harold Andrés Echeverry Orozco.

Mientras es procesado y condenado este criminal, resulta importante hacer disquisiciones en torno al cuerpo y en particular, sobre el atroz proceso de desmembramiento al que Echeverry sometió la identidad corpórea de la menor. La misma reflexión se puede hacer sobre los cuerpos de guerrilleros, militares y policías que resultan quemados, destrozados, mutilados y exhibidos como “trofeos de guerra”, en escenarios de confrontación bélica en donde lo que prima en los combatientes, legales e ilegales, es la sevicia.

Empiezo con una cita de Adorno y Horkheimer que sirve al propósito reflexivo que sobre los cuerpos de Michel Dayana y de los guerreros que sufrieron graves afectaciones estéticas que condujeron a borrar sus identidades individuales, soportadas en las maneras como eran reconocidos dentro de sus ámbitos familiares e institucionales: “El cuerpo, como lo que es inferior y sometido, es objeto de burla y maltrato, y a la vez se lo desea, como lo prohibido, reificado y extrañado”.

Antes de deshumanizar a Echeverry Orozco llamándolo “monstruo” y a los guerreros que dentro del conflicto armado interno colombiano y recientemente en el conflicto entre Israel y Hamás, hay que hacer todo lo contrario: hay que mirarlos a todos como seres humanos de los que se puede esperar eso y mucho más. El problema está en la condición humana y en la pulsión de prescindir del Otro, al diferente o al enemigo, usando sus cuerpos para burlarse, jugar y sentir placer, hasta eliminarlos identitariamente.

La estructura moral, los elementos éticos ancorados a la condición particular y al reconocimiento del cuerpo de la mujer están inexorablemente atados al tipo de sociedad en la que los victimarios, civiles o guerreros, se levantaron. Para el caso de Echeverry, sabemos que la sociedad colombiana deviene, además de confundida moralmente, atada a prácticas y narrativas en las que se destacan la misoginia, el machismo y la aporofobia, dentro un sistema patriarcal que se resiste a transformarse o auto regularse. De los combatientes colombianos, legales e ilegales, podemos decir que sus vidas también fueron permeadas por el perverso orden cultural dominante en el país. Para el caso de los militares israelitas y los miembros de Hamás, todos cayeron en la subvaloración identitaria y del cuerpo de ese Otro que es asumido como un enemigo o como una bestia que, en nombre de una deidad, debe desaparecer, o sufrir mutilaciones.

Para el caso de Michel Dayana y de mujeres y niñas violadas por soldados y paramilitares en el caso del conflicto armado colombiano, es claro que sus cuerpos pasaron por el proceso de reificación (cosificación) al que previamente son sometidos por parte de sus victimarios. Echeverry convirtió a Michel Dayana en una “cosa”, en una masa corporal a la que él tenía el derecho a acceder, por la condición de hombre y por las “exigencias” que el mismo sistema patriarcal y la narrativa machista, incluida la publicidad sexista responsable de la cosificación sexual del cuerpo femenino, le hicieron a temprana edad.

Esa misma cosificación del cuerpo femenino la hicieron los soldados que hace un tiempo violaron a una niña indígena: no era una niña, era una “cosa”, un objeto cuya corporeidad podía ser maltratada y burlada.

Ni los soldados genocidas de Israel son bestias, ni los miembros de Hamás que atacaron blancos civiles y militares; como tampoco los son los combatientes colombianos, legales e ilegales que violaron mujeres de manera sistemática; de igual manera, hay que evitar llamarle “monstruo” a Harold Echeverry. Todos son hijos de un sistema patriarcal y cultural universal que todos los días nos enseña, a través de diversas narrativas, incluida la publicidad sexista, a “cosificar” el cuerpo humano. Y peor resulta el asunto, cuando se trata del cuerpo femenino, mirado, por civiles y militares, como un “trofeo” alcanzable.

Imagen tomada de La Opinión

ARTURO CHAR Y LA INPECNIZACIÓN DE LOS MILITARES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por orden la Corte Suprema de Justicia, el INPEC dispuso el traslado del procesado por corrupción electoral, Arturo Char a la ciudad de Barranquilla, para que sea recluido en el batallón de la capital del Atlántico.

No tengo presente desde cuándo las guarniciones militares y policiales se convirtieron en “cárceles de lujo” para políticos corruptos o procesados por graves delitos. Lo cierto es que los miembros de la fuerza pública, además de cumplir con lo que les ordena la constitución política y sus normas internas, de un tiempo para acá actúan como oficiales del INPEC, sin que generales hayan puesto el grito en el cielo por el sostenido proceso de Inpecnización de cuarteles y escuelas de formación.

Esa conversión misional de policías y militares no es más que la naturalización del ethos mafioso, con un agravante: los uniformados, de muchas maneras, quedan bajo las órdenes de estos “nobles” reclusos, por ser hijos, justamente, de clanes políticos con un gran poder político, para incidir, por ejemplo, en ascensos y traslados de los nuevos custodios.

Enviar a políticos corruptos a establecimientos militares o policiales constituye una falta de respeto a la institucionalidad castrense. Y pasa semejante tropelía, en medio del silencio de generales de la policía y el ejército que acatan con total obediencia la disposición del alto tribunal, con el claro objetivo de beneficiar a los perfumados reclusos.

Basta con tener el apellido Char o ser defendido por el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, para tener el derecho a vivir cómodamente en unidades militares y policiales de las que podrán salir a discreción, porque tienen todo el poder para intimidar a los oficiales de los que depende su seguridad. Otro caso emblemático fue el de Andrés Felipe Arias, probado corrupto y amigo de Uribe, quien gozó de las buenas atenciones que los militares le brindaron en el Cantón Norte de Bogotá.

Cuidar bandidos de cuello blanco es una afrenta al honor militar porque ello supone exponer a militares y policías al “mal ejemplo” de la clase política, lo que claramente se convierte en la patente de corso para que los uniformados operen bajo el mismo ethos mafioso que guió a políticos como Arias, entre otros perfumados que fueron condenados por la justicia por corruptos.

 Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

IMPOSIBLE REGULAR LA CANNABIS EN LA COLOMBIA DE LA DOBLE MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la Colombia de la doble moral, se considera como indeseable y peligroso al consumidor de marihuana, al tiempo que se admira y venera al político y al empresario corruptos; esos mismos sectores societales que aborrecen a los "marihuaneros" disculpan al violador de mujeres por la forma en la que las víctimas andaban vestidas; en ese mismo sentido, suelen perdonar más fácilmente al borracho que corre en vehículos con el riesgo potencial de asesinar transeúntes; son los mismos que también se oponen al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+, a pesar de contar con familiares que no se atreven a salir del closet. Y así, podría seguir en una interminable lista de narrativas y prácticas que dan cuenta de una sociedad pacata, gazmoña y premoderna como la colombiana.

Al Congreso suelen llegar hombres y mujeres que representan fielmente los valores de esa parte gazmoña de la sociedad que deshumaniza y criminaliza a los consumidores de maracachafa, marihuana, porro o la chistosa. Lo que hicieron los legisladores que hundieron el proyecto de ley que legalizaba el consumo recreativo de la “chistosa” fue aportar a la consolidación de ese doble rasero con el que la sociedad suele examinar asuntos propios del libre desarrollo de la personalidad, que de manera equivocada son mirados desde el lente purista y moralizante de quienes insisten en mantener las "buenas costumbres", cuando justamente lo que se acostumbra es robar el erario, a criminalizar al diferente y a legitimarnos como una sociedad violenta, racista, homofóbica, aporofóbica, clientelista y machista.

Se suma al hundimiento de la iniciativa legislativa, el rechazo generalizado que desde los medios masivos de información se alentó, por la decisión del gobierno Petro de derogar el decreto de 2018 con el que se criminalizó al consumidor de la chistosa en su dosis mínima. De inmediato, los periodistas-estafetas de siempre, construyendo escenarios apocalípticos en los que los niños y niñas estarían expuestos a los “peligrosos” marihuaneros, cuando los malos ejemplos vienen justamente de los sectores de poder económico, político y social que a dentelladas se oponen a que el Estado tenga el control sobre la producción y el consumo de sustancias alucinógenas como la marihuana.

Mientras que en varios Estados de la Unión Americana es legal el consumo de la maracachafa, en Colombia, estúpidamente seguimos poniendo los muertos y exponiendo al ethos mafioso a policías, militares y jueces, con una lucha antinarcóticos que fracasó con rotundo éxito; a lo que se suman operativos cuyos altos costos bien podrían destinarse a campañas de prevención.

El prohibicionismo está mandado a recoger. Hay maneras más inteligentes de resolver las diferencias, pero especialmente, hay unas muy claras con las que es posible  sacarle provecho, desde la perspectiva económica, a todos los potenciales que nos regala la "odiada" maracachafa. 

Como la memoria es frágil, ya olvidaron la violencia que se vivió en el país durante el boom marimbero de los años 70 y 80. Una vez los gringos, que sí saben para qué sirve el capitalismo, pudieron cultivar la matica en sus pisos térmicos, entonces la "guerra contra la marihuana" se vino a bajo, porque ya estaba emergiendo el negocio de la coca. Hoy varios Estados de la Unión Americana reciben millones de pesos en impuestos por haber legalizado un negocio altamente lucrativo. De lograr que la coca peleche en territorio americano, el negocio de la cocaína se irá al carajo. Y qué quedará en Colombia: policías corruptos, asesinados, pobreza,  y cientos de miles en la cárcel. 

Imagen tomada de Semana.com

LOS CASOS DE MICHEL DAYANA GONZÁLEZ Y YULIANA SAMBONÍ EN PERSPECTIVA CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruel asesinato de Michel Dayana González, de 15 años, nuevamente expone una realidad insoslayable: las mujeres y las menores no están seguras en una sociedad machista, violenta, misógina y racista. Y de nuevo, aparecen los epítetos para deshumanizar al victimario de la menor, en una clara intención de que, ante un descuido de las autoridades, Harold Echeverry sería linchado hasta producirle la muerte. Los sentimientos de venganza en contra de los feminicidas se dan en buena medida porque el aparato judicial del país sigue fundado en valoraciones masculinas de los hechos punibles.

Detrás de los exaltados, sentimentales y violentos rechazos a los crímenes que a diario se producen en Colombia contra mujeres y niñas, se advierte una suerte de sorpresa en sectores de la opinión que juzgan como inaceptables y por supuesto, como oprobiosos dichos crímenes.

Por supuesto que estas prácticas criminales son repudiables. Pero detrás de las violentas reacciones sociales frente a violaciones de menores y feminicidios acaecidos recientemente en Colombia, se insinúa cierto nivel de asombro, cuando en la historia misma de la humanidad hay suficientes ejemplos de la capacidad del ser humano para violentar a sus semejantes. Eso sí, por ser histórica su naturalización resulta no solo inaceptable, sino que debe ser proscrita a través de eficaces procesos de civilización que en Colombia parece que devienen fallidos, a juzgar por los recientes casos de feminicidios, el execrable crimen de Michel Dayana y el ya casi olvidado caso de Yuliana Samboní, niña, indígena y pobre, asesinada vilmente por un hombre “blanco”, con poder económico.

No quiero decir que la ocurrencia de estos casos de violencia física y simbólica nos lleve a la inacción y al mutismo generalizado de la sociedad. No. Por el contrario, sobre el rechazo y la sanción sociales de estos crímenes y vejaciones a niñas y mujeres debemos insistir en la consolidación de procesos civilizatorios, con la esperanza de que algún día cesen los crímenes contra mujeres y menores de edad.

Lo que no se puede perder de vista es que detrás de los victimarios está una condición humana que deviene perversa, maliciosa, retorcida y proclive a someter y maltratar a los Otros, en especial, a las mujeres y niñas.

Esas formas extremadamente violentas con las que son violadas niñas y asesinadas mujeres terminan por soslayar la discusión sobre formas sutiles y casi que invisibles de violencia contra estas: el discurso publicitario, por ejemplo, las cosifica y las convierte en un atractivo objeto de consumo y potencial conquista (adquisición). En esa línea, la violencia contra las mujeres deviene sistémica y relacional con las condiciones en las que operan disímiles formas y manifestaciones del poder económico, social y político.

 

Los recientes feminicidios y los abusos y crímenes de menores como Michel Dayana González y más atrás en el tiempo, el de Yuliana Samboní, están instalados en lo que se conoce como Violencia Cultural (Galtung), auspiciada y legitimada por el discurso publicitario, arraigado en una sociedad machista, masculinizada y masculinizante, como la colombiana, que asegura la pérdida del valor ancestral de lo femenino.

Habría que examinar muy bien las conexiones que pueden existir y darse entre los deseos sexuales reprimidos de los victimarios, la valoración cultural que la sociedad hace de la Mujer, de su cuerpo y de lo femenino, y la abundancia de mensajes publicitarios en donde la mujer se ofrece como un objeto sexual que puede ser tomado, hurtado o poseído. Y por supuesto, la valoración o subvaloración de las niñas pobres o de clase media, que los victimarios y en general la sociedad hace de esa condición socioeconómica. Porque no podemos olvidar que la sociedad colombiana es clasista y racista.

Ojalá que ante los próximos casos de feminicidios y violencia sexual contra menores de edad que se produzcan en el país,  la capacidad de asombro no se circunscriba al rechazo de los hechos punibles y a la demonización de los actores, sino que se extienda de tal manera, que los estupefactos ciudadanos y agentes estatales sean capaces de reconocer las circunstancias contextuales (relacionales y sistémicas) que muy seguramente coadyuvan a que los victimarios actúen con cierta complacencia cultural ante el evidente desprecio de lo femenino, de la Mujer, y de las niñas, en especial cuando sobre estas recaen condiciones de marginalidad como el caso de Yuliana Samboní.  

Lo que nos debe asombrar no es el crimen y las técnicas usadas por los victimarios, pues la posibilidad de su ocurrencia está sujeta a la misma perversidad de la condición humana, en especial al lugar que cada victimario le da a la mujer, a lo femenino y al cuerpo. Lo que debemos comprender y rechazar con inusitada fuerza son los mecanismos y dispositivos culturales que la sociedad aprueba, usa, aplica, consume y legitima a diario (Violencia Cultural), para someter a las mujeres y a las niñas. Cuando hagamos conciencia de esto, quizás el asombro individual se torne colectivo y logremos exigir que se modifiquen y erradiquen las condiciones contextuales (Violencia Estructural, Galtung)) en las que suelen sobrevivir mujeres y niñas pobres y de clase media, violadas y asesinadas no solo por su género, sino porque sus vidas son consideradas despreciables e indignas, y, por lo tanto, insignificantes para las lógicas de los potenciales victimarios.

 

Imagen tomada de EL COLOMBIANO

¿HASTA CUÁNDO HABRÁ GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

Colombia parece condenada a vivir con guerrillas que, a pesar de que todos los días las circunstancias contextuales, nacionales e internacionales, les anulan cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros, insisten en mantenerse levantadas en armas como parapeto político que oculta el real interés de ganar terreno en el mundo de las economías ilegales a las que se entregaron de cuerpo y alma. La presencia de los "guerrilleros" se explica más por el poder intimidante que ejercen en zonas periféricas que el Estado abandonó o aquellas en las que hay poco interés de consolidar instituciones y fortalecer procesos civilizatorios de largo plazo.

Con el paso del tiempo, la operación de esas "guerrillas" da vida a una forma de empleo, que bien podría el DANE considerar en sus análisis. Es decir, vestirse y actuar como guerrillero es un empleo más, en un país con un débil aparato productivo y una creciente informalidad laboral. No faltará quien señale que “existen aún las condiciones y las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento en los convulsos años 60”, lo que justificaría la presencia otoñal del ELN. Esa narrativa quedó sin sentido con el acuerdo de paz de La Habana.

Bajo esa perspectiva, la incapacidad de las "guerrillas" de tomarse el poder a tiros y su conversión en una bolsa de empleo ilegal, convierte en anacrónica su lucha, esto es, la despolitiza, y, por tanto, invalida cualquier propuesta de diálogo de paz que salga de sus comandantes que dejaron de ser revolucionarios (¿algún día lo fueron?) para convertirse en capataces o jefes de vulgares cuatreros.

¿Hasta cuándo el país, la sociedad y la comunidad internacional que acompaña los esfuerzos de pacificación de diversos gobiernos, incluido el actual, van a soportar la terquedad y las cínicas posturas de unos “comandantes” que ya no mandan, como señaló el presidente Petro, pero insisten, forzadamente, en mantenerse vigentes?

En particular, estoy cansado de ver a los señores del ELN y las llamadas disidencias farianas salir en televisión hablando de paz, cuando lo que menos les interesa es dejar las armas y aceptar las reglas de la imperfecta democracia que hemos construido en 200 años de República. ¿Qué es lo que realmente quieren?

En lugar de insistir en mesas temáticas y protocolos de seguimiento a lo pactado en endebles mesas de diálogo, deberían de tomarse el tiempo para discutir qué quieren, cuál es la razón de ser que los impulsa a mantener su insensata lucha y sin futuro alguno. ¿Vale la pena insistir cuando la población civil les teme, los aborrece o en el peor de los casos, los sigue y respeta más por miedo y conveniencia, que por la comprensión y aprobación de su debilitado proyecto político?

Insisto: lo peor que le pudo pasar al ELN fue la firma del Tratado de Paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Con ese armisticio, su lucha perdió sentido de oportunidad y validez. En cuanto a las disidencias, estas quedaron en el peor de los escenarios, por cuanto sus aspiraciones políticas seguirán atadas al pasado que compartieron con la matriz ideológica y política con la que Santos negoció en 2016. Su existencia residual pesa más que la legitimidad que venía asociada a la desaparecida marca Farc-Ep. ¿Hasta cuándo?

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

¿CÓMO SE LE OCURRE A FRANCIA MÁRQUEZ SOLICITAR UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que la vicepresidenta, Francia Márquez Mina solicite al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) un crédito hipotecario de vivienda por 920 millones de pesos sirvió para que varios periodistas afectos al “viejo” régimen de poder, lo convirtieran en un escandaloso hecho noticioso e incluso, con visos de ilegalidad o por lo menos con una “indelicadeza” ética por la relación de poder que existe entre la vicepresidencia y la entidad crediticia estatal.

Desde el punto de vista periodístico-noticioso la solicitud de Márquez es noticia por varias razones, a saber: la primera, porque no es usual que un funcionario de un gobierno, de esa dignidad, acuda a una entidad estatal para los propósitos expuestos en el interés de la vicepresidenta. La segunda, atada a la primera, es que quienes normalmente llegan a esos altos cargos políticos, lo hicieron bajo privilegios en los que tener casa es asunto más que solucionado. Y la tercera, porque están tan acostumbrados a la corrupción de los altos dignatarios del Estado, tanto los colombianos, como los propios periodistas, que resulta por lo menos “extraño o exótico” el requerimiento de Márquez Mina.

La respuesta de la vicepresidenta al registro noticioso que hizo la periodista Camila Inés Zuluaga no se hizo esperar. Esto espetó Francia Márquez: “Querida Camila ¿qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? Tal vez usted y otros funcionarios que han ocupado el Estado nunca han tenido que endeudarse porque lo han tenido todo. Pero para mí y para la mayoría de colombianos acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días. Yo lo hago con la frente en alto, sin hurtarle los recursos al Estado ni meterme con las mafias del narcotráfico.  Gracias a Dios”.

En lo dicho, Márquez expone el ethos mafioso (incluye corrupción y acciones propias del tráfico drogas ilícitas) que a muchos funcionarios en el pasado se les sindica. De inmediato, en la misma red X, varios tuiteros recordaron a la entonces vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y sus líos con una playa. El asunto se explica claramente con el titular de Caracol Radio: “La playa pública que terminó en manos del esposo de la vicepresidenta”. En el lead de la noticia se complementa la información: “6AM de Caracol Radio encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso de San Andrés. En este multimillonario proyecto acompañan a Rincón la Alianza Fiduciaria y el «clan Gallardo», la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal”.

En todo este “extraño” suceso financiero y cultural, el veneno está en el tratamiento periodístico dado a la solicitud del préstamo. La periodista, en su sección de “chismes políticos”, expuso el asunto como un “chicharrón” para los miembros de la Junta que deberá aprobar o rechazar la solicitud de Márquez Mina. Poner el caso en esos términos, tiene el innoble propósito de manchar el procedimiento que, en otra cultura, debería de ser normal, pero en Colombia lo que predomina es el ethos mafioso. La insinuación de la periodista se explicaría porque estamos en Colombia tan acostumbrados a que quienes ostentan poder terminen ejerciendo presiones indebidas sobre aquellos que están bajo las condiciones propias de una relación vertical de poder, que se insinúa que Márquez podría ejercer algún tipo de presión para que le sea aprobado el crédito. A lo mejor Camila Inés Díaz se preguntó: ¿Cómo se le ocurre a Francia Márquez pedir un crédito hipotecario?

El país espera que cuando Francia Márquez Mina deje de ser vicepresidenta de la República, nadie pueda compararla con Martha Lucía Ramírez, por las andanzas de su esposo, por ejemplo, con el Memo Fantasma. Este hecho en particular cuenta con innumerables noticias publicadas por medios periodísticos que ponen en tela de juicio el nombre de la exfuncionaria. Baste con citar aquí dos ejemplos: 1. “La Fiscalía de Francisco Barbosa legalizó los predios de las AUC sobre los que se construyó un edificio del esposo de la exvicepresidenta, Álvaro Rincón, y alias Memo Fantasma. La entidad no investigó al empresario Rincón y este borró de su portafolio el proyecto. La Revista RAYA revela testimonios de Mancuso y otros paramilitares que confiesan cuál era el rol de Memo dentro del Bloque Central Bolívar”.  2. “La inundación de un depósito borró los archivos de los negocios que la empresa familiar de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tuvo con alias Memo Fantasma, detenido bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos”. (Revista Cambio).

 

Imagen tomada de Youtube.com 

ARRIBISMO, CLASISMO Y RACISMO EN COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

La potenciación en Colombia del clasismo, del racismo y del arribismo está atado a la perversa relación amigo-enemigo que se promovió desde el Estado por la presencia histórica de las guerrillas y desde los sectores tradicionalmente acomodados económica y políticamente. En esas circunstancias, el colombiano promedio entró en una dinámica de competencia extrema no solo por sobrevivir, sino por alcanzar un reconocimiento social esquivo, por cuenta de su origen de clase y de un ejercicio político circunscrito al linaje de unas cuantas familias que por (des) gracia del destino, emergieron para controlar el Estado y a través de este, definir las condiciones de vida de millones de sus connacionales.

Llegará el momento de hacer un balance de lo que nos dejó la irrupción de las guerrillas en los años 60, más allá de los ámbitos militar y político en los que tradicionalmente se inscribieron los análisis y la comprensión del devenir de la confrontación armada. Y dicho análisis bien podría partir de la relación amigo-enemigo que brotó de la doctrina de seguridad nacional y por supuesto, de las naturalizadas prácticas de lo que se conoce como el racismo estructural, el clasismo y el arribismo, tres graves fenómenos en los que confluyen el individualismo moderno como máxima expresión de la crisis de la solidaridad y de todo aquello que dio sentido a que el ser humano es, fundamentalmente, un animal social. Y en el arqueo al conflicto armado interno, con todo y sus protagonistas, hay que decir que el aborrecimiento o la tirria desbordó el escenario militar y político, y se instaló en las relaciones sociales cotidianas, en las maneras de asumir la economía y de entender el sistema capitalista y, por supuesto, en la consolidación de un sistema político que, en lugar de promover prácticas democráticas, terminó por afianzar un cerrado modelo de democracia social, económica y política.

En ese camino, odiar o la repulsión hacia el Otro diferente, se volvió paisaje en Colombia. No importa si primero empezamos a odiar a los negros, a los indígenas, a los campesinos; o a los homosexuales, a los de izquierda e incluso, a los poetas, marihuaneros, a los guerrilleros o los nadaistas. Lo realmente importante es reconocer es que los resquemores los empezamos a tramitar en función del lugar que cumplía cada uno de los anteriores y de otros que se pueden sumar a esta penosa lista, o al lugar, en términos de reconocimiento, que pretendía alcanzar dentro de una sociedad poco dada a la discusión dialogada de las diferencias.

Por todo lo anterior, los riesgos de vivir juntos en Colombia son altísimos por cuenta de una notable resistencia a reconocer a los Otros, lo que sin duda alguna constituye un problema comunicativo y dialógico que hace imposible matizar los peligros de convivir. Decía Touraine que “cuando estamos todos juntos, no tenemos casi nada en común, y cuando compartimos unas creencias y una historia, rechazamos a quienes son diferentes de nosotros”.

Quizás la mayor marca que como sociedad exhibimos sin asomo alguno de vergüenza es la del “valor humano inferior” del que habla Norbert Elias, asumido por grupos superiores como un arma que usan contra otros grupos en el marco de una lucha por el poder, por conservarlo o adquirirlo, asumida esa lucha como un medio para conservar la superioridad social que le precede a quienes hacen parte de esos grupos superiores.

Con la llegada al poder de Gustavo Petro y el empoderamiento de miembros de comunidades históricamente marginadas y miradas como “inferiores” (negros, campesinos, indígenas y ciudadanos pobres de barriadas en las principales ciudades del país) se pueden consolidar los odios en esos “grupos superiores” que perdieron el poder político, hacia quienes hoy gozan del privilegio de ser reconocidos por el presidente de la República. Justamente, esos “grupos superiores” fueron durante mucho tiempo la fuente desde donde salieron los elementos y los valores sobre los que fundaron el clasismo, el arribismo y el racismo. Quienes hoy están en la Oposición, en la resistencia y en contra de Petro son los responsables y aupadores de esos tres fenómenos socioculturales que instalaron en Colombia disímiles formas de violencia, en las que sobresalen prácticas de animadversión étnica, ideológica y política.

Es poco probable que después de cuatro años de un gobierno progresista y cercano a los históricos “nadies y las nadies” se logre un cambio sustancial en las relaciones sociales, fundadas en lo económico. Por el contrario, una vez regresen al poder los aupadores del clasismo, arribismo y el racismo, lo más probable es que la inquina bidireccional aumente y escale a peores formas de violencia contra los proyectos colectivos de afros, indígenas y campesinos, y contra esos otros ciudadanos invisibles que deambulan en las barriadas de las principales ciudades del país.

Por todo lo anterior, lo que realmente necesita Colombia es un profundo cambio cultural. El problema está en que nadie lo está liderando. Por el contrario, las empresas mediáticas, azuzadas por sus propietarios y periodistas que practican muy bien el clasismo y el arribismo, están en la tarea de profundizar el racismo y esos dos más fenómenos que nos hacen ver como sociedad premoderna, incivilizada, violenta y estúpida.

Imagen tomada de RCN

ELECCIÓN DE LA NUEVA FISCAL: TRES ESCENARIOS POSIBLES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección de la nueva fiscal general de la Nación bien puede asumirse como la estocada que el presidente Petro cree posible dar al “viejo” régimen de poder que se resiste a morir y que se opone a muchas de sus reformas, pero en particular, a su decisión de afectar las economías ilegales que financian y sostienen a lo que se conoce como el establecimiento colombiano.  

Ese mismo régimen de poder convirtió a la Fiscalía general de la Nación en la institución bisagra entre los actores ilegales (paras, narcos y agentes que extraen oro y petróleo) y la clase política (emergente y tradicional). Las denuncias periodísticas, legitimadas por el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, apuntan a que el otrora ente investigador deviene capturado por grupos de poder, legal e ilegal.

Con la terna de mujeres enviada por el presidente Petro se dibujan tres escenarios posibles alimentados por la actual coyuntura política y por supuesto, por un pasado inmediato en el que la Fiscalía, como institución, deviene cuestionada.

Así las cosas, los y las magistradas de la CSJ tienen en sus manos la enorme responsabilidad de elegir a la nueva fiscal bajo tres escenarios posibles. El primero, anclado a que la probidad de las ternadas es asumida en sectores de poder político y económico como una amenaza real contra sus siempre oscuros intereses. Ese escenario apunta a que las y los togados evitarán ponerse de acuerdo para elegir la sucesora del ladino Francisco Barbosa, extendiendo en el tiempo la interinidad en manos de la también cuestionada vicefiscal, Martha Mancera, tal y como lo pide un sector político que la opinión pública asocia con mafias y corrupción, esto es, con el viejo régimen de poder que Petro busca derrotar. Una interinidad en manos de Mancera “calmaría” a poderosos agentes que están detrás de la intención de dar un golpe de Estado a Petro.

Habría un segundo escenario que, si bien podría representar un triunfo parcial de Petro sobre el Establecimiento colombiano, dependerá de la templanza de la fiscal elegida para atacar y desmontar las estructuras mafiosas y criminales que operan de la mano de fiscales e investigadores. Lo anterior supone que cualquiera sea la elegida, deberá soportar inconmensurables presiones sobre su vida y la de sus familiares.

Y un tercer escenario posible señala que cualquiera de las tres abogadas ternadas, la nueva fiscal general, cumplirá con pisar los cayos de poderosos agentes políticos y sociales, dando la sensación de que se está debilitando al “viejo” régimen de poder. Bajo esos logros, se daría “contentillo” al presidente de la República y a quienes creen que es posible proscribir el ethos mafioso que por años se naturalizó en la operación de la Fiscalía. Dentro de ese mismo escenario cabe la posibilidad de que los agentes políticos que resulten comprometidos penalmente, con o sin la ayuda de los gringos, dicha decisión sea parte de una transacción política de muy alto nivel.

Lo cierto es que no es probable que, en cuatro años, un gobierno de izquierda pueda triunfar sobre un régimen criminal y mafioso que lleva operando más de 50 años, con resultados positivos tanto para las mafias y estructuras paramilitares, como para reconocidos agentes políticos y económicos.

Como dije, hay un pasado inmediato que pone en la picota pública a la Fiscalía y a sucesivas administraciones. Para sostener en el tiempo la connivencia institucional con el crimen organizado (carteles de la droga, paramilitares, empresarios que extraen de oro y petróleo y clanes políticos corruptos) las ternas para elegir fiscales generales siempre generaron suspicacias, alimentadas por narrativas oficiales, semioficiales y periodísticas que daban cuenta de la cooptación mafiosa de la institución investigativa. Contrario a lo que sucede hoy con la terna que está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos perfiles han sido valorados positivamente, incluso, por los propios detractores del gobierno que las ternó.

Baste con recordar lo que dijo Mancuso en relación con la elección del fiscal Mario Iguarán, para imaginar los niveles de putrefacción que cobijaron la operación de la Fiscalía. Mancuso dijo en su momento que “los paramilitares movieron fichas en la elección del fiscal Mario Iguarán". Se suma a lo anterior, las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad, en torno a la fiscalía de Luis Camilo Osorio Isaza. En uno de los informes de la desaparecida institución se lee que “la Fiscalía, durante el periodo en que se desempeñó como fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005), presuntamente habría tenido vínculos con paramilitares para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares”.

Los cuestionamientos morales tocarían después la elección como fiscal general de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). El propio presidente Petro pidió que fuera investigado por hechos relacionados con la existencia de un complot para dañar en materia grave la imagen del hoy presidente de la República. NHMN es cuestionado por haber guardado silencio frente a la corrupción en la Ruta del Sol 2, esto es, los pagos de coimas, por parte del grupo Aval y sus filiales comprometidas en las obras civiles de ese carreteable.

Las sindicaciones continuarían contra el actual fiscal, Francisco Barbosa, quien, según fuentes y relatos periodísticos, protege a miembros del Clan del Golfo y a clanes políticos que la opinión pública asocia con el narcotráfico, como el clan Char. Como en los anteriores casos, el jefe del Estado expuso públicamente sus cuestionamientos contra Barbosa, lo que generó en un crudo enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ejecutivo, que bien puede entenderse como parte del pulso entre el “viejo” régimen de poder y el gobierno Petro; el propio jefe del Estado reconoce que, a pesar de su investidura, no tiene el poder, pero insiste en afectar las economías ilegales que sostienen económica y políticamente al imbatible Establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Youtube.com