Por Germán Ayala Osorio
No importa si el actual gobierno logra
los cambios que prometió en campaña, pues la derecha hará ingentes esfuerzos para
recuperar el control del Estado para desde ahí tratar de echar para atrás las
reformas que el Congreso le aprobó a Gustavo Petro durante su mandato, así como los decretos con fuerza de ley que el presidente firmó.
Las pasadas elecciones regionales
ya mostraron la necesidad, la urgencia o quizás el desespero de la derecha por
hacerse nuevamente con la Casa de Nariño, para darle continuidad al proyecto de
captura corporativa del Estado y de esa manera ahondar en la pobreza,
desigualdad y el desempleo estructurales para consolidar el clientelismo y así
la corrupción electoral y el histórico ethos mafioso. Lo cierto es que una vez reinstalados
en el solio de Bolívar, la derecha iniciará con su plan de contra reformas.
A falta de menos de dos años
largos de terminar el mandato la izquierda y el progresismo, la derecha ya deja
ver a los candidatos presidenciales que buscarán el apoyo del gran banquero y del
empresariado y el aval de los partidos y de electores como Germán Vargas Lleras
y Álvaro Uribe Vélez.
En el listado aparecen varias mujeres:
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Claudia López Hernández. Las dos primeras
contarán con la bendición del expresidente antioqueño, hasta tanto él encuentre
a un político tan dócil y pusilánime como Iván Duque Márquez, que le sirva de títere,
tal y como le sirvió Duque con un destacado desempeño como marioneta. Bajo esas
condiciones aparece el nieto de Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay, un delfín
poco preparado, vociferante y capaz de mejorar lo hecho por Duque en materia de
sumisión al Gran Patrón. David Luna podría aparecer como candidato de Vargas
Lleras, en caso de que este último decida no aspirar más a ser presidente de la
República. Luna es incondicional del exvicepresidente.
No se descarta que Carlos
Fernando Galán deje tirada la alcaldía para aspirar a la presidencia, de la
mano de Uribe y Vargas Lleras. Si por el contrario cumple con su mandato, Galán
será en el 2030 el candidato del establecimiento.
La exalcaldesa de Bogotá será, sí
o sí, candidata presidencial en 2026. La muy astuta buscará acercarse a Uribe,
al mismo que ella confrontó como académica por las relaciones con los paramilitares
que según López Hernández tuvo el expresidiario en sus tiempos de gobernador de
Antioquia. Hay que recordar que hábilmente la exmandataria de los bogotanos retiró
la demanda que por injuria y calumnia le interpuso a Uribe Vélez en 2017. La
decisión la tomó López en 2019 y fue a todas luces una maniobra política para
acercarse al uribismo de cara a su candidatura a la alcaldía de Bogotá.
Los recientes cuestionamientos de Uribe hacia López hacen parte de una pantomima, con el fin de mostrarse lejanos y hasta de orillas distintas, pero ante una necesidad electoral, se unirán de nuevo porque lo que los une es la trampa y las mentiras.
La exalcaldesa será, muy
seguramente, una de las candidatas que Uribe tendrá en su sonajero. Al fortalecer
su discurso anti-Petro, López busca el guiño y la aceptación del exmandatario
antioqueño, y de todos los uribistas.
El partido Alianza Verde, en el
que milita López Hernández, no es una colectividad de Centro derecha. No. Más
bien se trata de un partido cuya estructura y actuar acomodaticios le permite
oscilar entre el espectral centro y la vieja derecha.
Todos los escándalos que por
corrupción le sacarán a Claudia López en la campaña de 2026 la convertirán en
una verdadera candidata presidencial para el uribismo. Entre más investigaciones
acumule, el aval estará asegurado pues todos esos señalamientos y eventuales
procesos judiciales deberán ser conjurados a través de costosos abogados y
arreglos interinstitucionales que, en caso de que se confirme su candidatura, les
servirán a sus patrocinadores para encauzarla y ponerla bajo el tutelaje
político y moral de lo que se conoce como el uribismo.
Lo cierto es que en el 2026 la
derecha irá con todo para recuperar lo que Petro les quitó y para echar para atrás
los cambios institucionales que les hayan hecho daño o afectado sus intereses
burocráticos e institucionales.
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