LOS CASOS DE MICHEL DAYANA GONZÁLEZ Y YULIANA SAMBONÍ EN PERSPECTIVA CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruel asesinato de Michel Dayana González, de 15 años, nuevamente expone una realidad insoslayable: las mujeres y las menores no están seguras en una sociedad machista, violenta, misógina y racista. Y de nuevo, aparecen los epítetos para deshumanizar al victimario de la menor, en una clara intención de que, ante un descuido de las autoridades, Harold Echeverry sería linchado hasta producirle la muerte. Los sentimientos de venganza en contra de los feminicidas se dan en buena medida porque el aparato judicial del país sigue fundado en valoraciones masculinas de los hechos punibles.

Detrás de los exaltados, sentimentales y violentos rechazos a los crímenes que a diario se producen en Colombia contra mujeres y niñas, se advierte una suerte de sorpresa en sectores de la opinión que juzgan como inaceptables y por supuesto, como oprobiosos dichos crímenes.

Por supuesto que estas prácticas criminales son repudiables. Pero detrás de las violentas reacciones sociales frente a violaciones de menores y feminicidios acaecidos recientemente en Colombia, se insinúa cierto nivel de asombro, cuando en la historia misma de la humanidad hay suficientes ejemplos de la capacidad del ser humano para violentar a sus semejantes. Eso sí, por ser histórica su naturalización resulta no solo inaceptable, sino que debe ser proscrita a través de eficaces procesos de civilización que en Colombia parece que devienen fallidos, a juzgar por los recientes casos de feminicidios, el execrable crimen de Michel Dayana y el ya casi olvidado caso de Yuliana Samboní, niña, indígena y pobre, asesinada vilmente por un hombre “blanco”, con poder económico.

No quiero decir que la ocurrencia de estos casos de violencia física y simbólica nos lleve a la inacción y al mutismo generalizado de la sociedad. No. Por el contrario, sobre el rechazo y la sanción sociales de estos crímenes y vejaciones a niñas y mujeres debemos insistir en la consolidación de procesos civilizatorios, con la esperanza de que algún día cesen los crímenes contra mujeres y menores de edad.

Lo que no se puede perder de vista es que detrás de los victimarios está una condición humana que deviene perversa, maliciosa, retorcida y proclive a someter y maltratar a los Otros, en especial, a las mujeres y niñas.

Esas formas extremadamente violentas con las que son violadas niñas y asesinadas mujeres terminan por soslayar la discusión sobre formas sutiles y casi que invisibles de violencia contra estas: el discurso publicitario, por ejemplo, las cosifica y las convierte en un atractivo objeto de consumo y potencial conquista (adquisición). En esa línea, la violencia contra las mujeres deviene sistémica y relacional con las condiciones en las que operan disímiles formas y manifestaciones del poder económico, social y político.

 

Los recientes feminicidios y los abusos y crímenes de menores como Michel Dayana González y más atrás en el tiempo, el de Yuliana Samboní, están instalados en lo que se conoce como Violencia Cultural (Galtung), auspiciada y legitimada por el discurso publicitario, arraigado en una sociedad machista, masculinizada y masculinizante, como la colombiana, que asegura la pérdida del valor ancestral de lo femenino.

Habría que examinar muy bien las conexiones que pueden existir y darse entre los deseos sexuales reprimidos de los victimarios, la valoración cultural que la sociedad hace de la Mujer, de su cuerpo y de lo femenino, y la abundancia de mensajes publicitarios en donde la mujer se ofrece como un objeto sexual que puede ser tomado, hurtado o poseído. Y por supuesto, la valoración o subvaloración de las niñas pobres o de clase media, que los victimarios y en general la sociedad hace de esa condición socioeconómica. Porque no podemos olvidar que la sociedad colombiana es clasista y racista.

Ojalá que ante los próximos casos de feminicidios y violencia sexual contra menores de edad que se produzcan en el país,  la capacidad de asombro no se circunscriba al rechazo de los hechos punibles y a la demonización de los actores, sino que se extienda de tal manera, que los estupefactos ciudadanos y agentes estatales sean capaces de reconocer las circunstancias contextuales (relacionales y sistémicas) que muy seguramente coadyuvan a que los victimarios actúen con cierta complacencia cultural ante el evidente desprecio de lo femenino, de la Mujer, y de las niñas, en especial cuando sobre estas recaen condiciones de marginalidad como el caso de Yuliana Samboní.  

Lo que nos debe asombrar no es el crimen y las técnicas usadas por los victimarios, pues la posibilidad de su ocurrencia está sujeta a la misma perversidad de la condición humana, en especial al lugar que cada victimario le da a la mujer, a lo femenino y al cuerpo. Lo que debemos comprender y rechazar con inusitada fuerza son los mecanismos y dispositivos culturales que la sociedad aprueba, usa, aplica, consume y legitima a diario (Violencia Cultural), para someter a las mujeres y a las niñas. Cuando hagamos conciencia de esto, quizás el asombro individual se torne colectivo y logremos exigir que se modifiquen y erradiquen las condiciones contextuales (Violencia Estructural, Galtung)) en las que suelen sobrevivir mujeres y niñas pobres y de clase media, violadas y asesinadas no solo por su género, sino porque sus vidas son consideradas despreciables e indignas, y, por lo tanto, insignificantes para las lógicas de los potenciales victimarios.

 

Imagen tomada de EL COLOMBIANO

¿HASTA CUÁNDO HABRÁ GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

Colombia parece condenada a vivir con guerrillas que, a pesar de que todos los días las circunstancias contextuales, nacionales e internacionales, les anulan cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros, insisten en mantenerse levantadas en armas como parapeto político que oculta el real interés de ganar terreno en el mundo de las economías ilegales a las que se entregaron de cuerpo y alma. La presencia de los "guerrilleros" se explica más por el poder intimidante que ejercen en zonas periféricas que el Estado abandonó o aquellas en las que hay poco interés de consolidar instituciones y fortalecer procesos civilizatorios de largo plazo.

Con el paso del tiempo, la operación de esas "guerrillas" da vida a una forma de empleo, que bien podría el DANE considerar en sus análisis. Es decir, vestirse y actuar como guerrillero es un empleo más, en un país con un débil aparato productivo y una creciente informalidad laboral. No faltará quien señale que “existen aún las condiciones y las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento en los convulsos años 60”, lo que justificaría la presencia otoñal del ELN. Esa narrativa quedó sin sentido con el acuerdo de paz de La Habana.

Bajo esa perspectiva, la incapacidad de las "guerrillas" de tomarse el poder a tiros y su conversión en una bolsa de empleo ilegal, convierte en anacrónica su lucha, esto es, la despolitiza, y, por tanto, invalida cualquier propuesta de diálogo de paz que salga de sus comandantes que dejaron de ser revolucionarios (¿algún día lo fueron?) para convertirse en capataces o jefes de vulgares cuatreros.

¿Hasta cuándo el país, la sociedad y la comunidad internacional que acompaña los esfuerzos de pacificación de diversos gobiernos, incluido el actual, van a soportar la terquedad y las cínicas posturas de unos “comandantes” que ya no mandan, como señaló el presidente Petro, pero insisten, forzadamente, en mantenerse vigentes?

En particular, estoy cansado de ver a los señores del ELN y las llamadas disidencias farianas salir en televisión hablando de paz, cuando lo que menos les interesa es dejar las armas y aceptar las reglas de la imperfecta democracia que hemos construido en 200 años de República. ¿Qué es lo que realmente quieren?

En lugar de insistir en mesas temáticas y protocolos de seguimiento a lo pactado en endebles mesas de diálogo, deberían de tomarse el tiempo para discutir qué quieren, cuál es la razón de ser que los impulsa a mantener su insensata lucha y sin futuro alguno. ¿Vale la pena insistir cuando la población civil les teme, los aborrece o en el peor de los casos, los sigue y respeta más por miedo y conveniencia, que por la comprensión y aprobación de su debilitado proyecto político?

Insisto: lo peor que le pudo pasar al ELN fue la firma del Tratado de Paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Con ese armisticio, su lucha perdió sentido de oportunidad y validez. En cuanto a las disidencias, estas quedaron en el peor de los escenarios, por cuanto sus aspiraciones políticas seguirán atadas al pasado que compartieron con la matriz ideológica y política con la que Santos negoció en 2016. Su existencia residual pesa más que la legitimidad que venía asociada a la desaparecida marca Farc-Ep. ¿Hasta cuándo?

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

¿CÓMO SE LE OCURRE A FRANCIA MÁRQUEZ SOLICITAR UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que la vicepresidenta, Francia Márquez Mina solicite al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) un crédito hipotecario de vivienda por 920 millones de pesos sirvió para que varios periodistas afectos al “viejo” régimen de poder, lo convirtieran en un escandaloso hecho noticioso e incluso, con visos de ilegalidad o por lo menos con una “indelicadeza” ética por la relación de poder que existe entre la vicepresidencia y la entidad crediticia estatal.

Desde el punto de vista periodístico-noticioso la solicitud de Márquez es noticia por varias razones, a saber: la primera, porque no es usual que un funcionario de un gobierno, de esa dignidad, acuda a una entidad estatal para los propósitos expuestos en el interés de la vicepresidenta. La segunda, atada a la primera, es que quienes normalmente llegan a esos altos cargos políticos, lo hicieron bajo privilegios en los que tener casa es asunto más que solucionado. Y la tercera, porque están tan acostumbrados a la corrupción de los altos dignatarios del Estado, tanto los colombianos, como los propios periodistas, que resulta por lo menos “extraño o exótico” el requerimiento de Márquez Mina.

La respuesta de la vicepresidenta al registro noticioso que hizo la periodista Camila Inés Zuluaga no se hizo esperar. Esto espetó Francia Márquez: “Querida Camila ¿qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? Tal vez usted y otros funcionarios que han ocupado el Estado nunca han tenido que endeudarse porque lo han tenido todo. Pero para mí y para la mayoría de colombianos acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días. Yo lo hago con la frente en alto, sin hurtarle los recursos al Estado ni meterme con las mafias del narcotráfico.  Gracias a Dios”.

En lo dicho, Márquez expone el ethos mafioso (incluye corrupción y acciones propias del tráfico drogas ilícitas) que a muchos funcionarios en el pasado se les sindica. De inmediato, en la misma red X, varios tuiteros recordaron a la entonces vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y sus líos con una playa. El asunto se explica claramente con el titular de Caracol Radio: “La playa pública que terminó en manos del esposo de la vicepresidenta”. En el lead de la noticia se complementa la información: “6AM de Caracol Radio encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso de San Andrés. En este multimillonario proyecto acompañan a Rincón la Alianza Fiduciaria y el «clan Gallardo», la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal”.

En todo este “extraño” suceso financiero y cultural, el veneno está en el tratamiento periodístico dado a la solicitud del préstamo. La periodista, en su sección de “chismes políticos”, expuso el asunto como un “chicharrón” para los miembros de la Junta que deberá aprobar o rechazar la solicitud de Márquez Mina. Poner el caso en esos términos, tiene el innoble propósito de manchar el procedimiento que, en otra cultura, debería de ser normal, pero en Colombia lo que predomina es el ethos mafioso. La insinuación de la periodista se explicaría porque estamos en Colombia tan acostumbrados a que quienes ostentan poder terminen ejerciendo presiones indebidas sobre aquellos que están bajo las condiciones propias de una relación vertical de poder, que se insinúa que Márquez podría ejercer algún tipo de presión para que le sea aprobado el crédito. A lo mejor Camila Inés Díaz se preguntó: ¿Cómo se le ocurre a Francia Márquez pedir un crédito hipotecario?

El país espera que cuando Francia Márquez Mina deje de ser vicepresidenta de la República, nadie pueda compararla con Martha Lucía Ramírez, por las andanzas de su esposo, por ejemplo, con el Memo Fantasma. Este hecho en particular cuenta con innumerables noticias publicadas por medios periodísticos que ponen en tela de juicio el nombre de la exfuncionaria. Baste con citar aquí dos ejemplos: 1. “La Fiscalía de Francisco Barbosa legalizó los predios de las AUC sobre los que se construyó un edificio del esposo de la exvicepresidenta, Álvaro Rincón, y alias Memo Fantasma. La entidad no investigó al empresario Rincón y este borró de su portafolio el proyecto. La Revista RAYA revela testimonios de Mancuso y otros paramilitares que confiesan cuál era el rol de Memo dentro del Bloque Central Bolívar”.  2. “La inundación de un depósito borró los archivos de los negocios que la empresa familiar de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tuvo con alias Memo Fantasma, detenido bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos”. (Revista Cambio).

 

Imagen tomada de Youtube.com 

ARRIBISMO, CLASISMO Y RACISMO EN COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

La potenciación en Colombia del clasismo, del racismo y del arribismo está atado a la perversa relación amigo-enemigo que se promovió desde el Estado por la presencia histórica de las guerrillas y desde los sectores tradicionalmente acomodados económica y políticamente. En esas circunstancias, el colombiano promedio entró en una dinámica de competencia extrema no solo por sobrevivir, sino por alcanzar un reconocimiento social esquivo, por cuenta de su origen de clase y de un ejercicio político circunscrito al linaje de unas cuantas familias que por (des) gracia del destino, emergieron para controlar el Estado y a través de este, definir las condiciones de vida de millones de sus connacionales.

Llegará el momento de hacer un balance de lo que nos dejó la irrupción de las guerrillas en los años 60, más allá de los ámbitos militar y político en los que tradicionalmente se inscribieron los análisis y la comprensión del devenir de la confrontación armada. Y dicho análisis bien podría partir de la relación amigo-enemigo que brotó de la doctrina de seguridad nacional y por supuesto, de las naturalizadas prácticas de lo que se conoce como el racismo estructural, el clasismo y el arribismo, tres graves fenómenos en los que confluyen el individualismo moderno como máxima expresión de la crisis de la solidaridad y de todo aquello que dio sentido a que el ser humano es, fundamentalmente, un animal social. Y en el arqueo al conflicto armado interno, con todo y sus protagonistas, hay que decir que el aborrecimiento o la tirria desbordó el escenario militar y político, y se instaló en las relaciones sociales cotidianas, en las maneras de asumir la economía y de entender el sistema capitalista y, por supuesto, en la consolidación de un sistema político que, en lugar de promover prácticas democráticas, terminó por afianzar un cerrado modelo de democracia social, económica y política.

En ese camino, odiar o la repulsión hacia el Otro diferente, se volvió paisaje en Colombia. No importa si primero empezamos a odiar a los negros, a los indígenas, a los campesinos; o a los homosexuales, a los de izquierda e incluso, a los poetas, marihuaneros, a los guerrilleros o los nadaistas. Lo realmente importante es reconocer es que los resquemores los empezamos a tramitar en función del lugar que cumplía cada uno de los anteriores y de otros que se pueden sumar a esta penosa lista, o al lugar, en términos de reconocimiento, que pretendía alcanzar dentro de una sociedad poco dada a la discusión dialogada de las diferencias.

Por todo lo anterior, los riesgos de vivir juntos en Colombia son altísimos por cuenta de una notable resistencia a reconocer a los Otros, lo que sin duda alguna constituye un problema comunicativo y dialógico que hace imposible matizar los peligros de convivir. Decía Touraine que “cuando estamos todos juntos, no tenemos casi nada en común, y cuando compartimos unas creencias y una historia, rechazamos a quienes son diferentes de nosotros”.

Quizás la mayor marca que como sociedad exhibimos sin asomo alguno de vergüenza es la del “valor humano inferior” del que habla Norbert Elias, asumido por grupos superiores como un arma que usan contra otros grupos en el marco de una lucha por el poder, por conservarlo o adquirirlo, asumida esa lucha como un medio para conservar la superioridad social que le precede a quienes hacen parte de esos grupos superiores.

Con la llegada al poder de Gustavo Petro y el empoderamiento de miembros de comunidades históricamente marginadas y miradas como “inferiores” (negros, campesinos, indígenas y ciudadanos pobres de barriadas en las principales ciudades del país) se pueden consolidar los odios en esos “grupos superiores” que perdieron el poder político, hacia quienes hoy gozan del privilegio de ser reconocidos por el presidente de la República. Justamente, esos “grupos superiores” fueron durante mucho tiempo la fuente desde donde salieron los elementos y los valores sobre los que fundaron el clasismo, el arribismo y el racismo. Quienes hoy están en la Oposición, en la resistencia y en contra de Petro son los responsables y aupadores de esos tres fenómenos socioculturales que instalaron en Colombia disímiles formas de violencia, en las que sobresalen prácticas de animadversión étnica, ideológica y política.

Es poco probable que después de cuatro años de un gobierno progresista y cercano a los históricos “nadies y las nadies” se logre un cambio sustancial en las relaciones sociales, fundadas en lo económico. Por el contrario, una vez regresen al poder los aupadores del clasismo, arribismo y el racismo, lo más probable es que la inquina bidireccional aumente y escale a peores formas de violencia contra los proyectos colectivos de afros, indígenas y campesinos, y contra esos otros ciudadanos invisibles que deambulan en las barriadas de las principales ciudades del país.

Por todo lo anterior, lo que realmente necesita Colombia es un profundo cambio cultural. El problema está en que nadie lo está liderando. Por el contrario, las empresas mediáticas, azuzadas por sus propietarios y periodistas que practican muy bien el clasismo y el arribismo, están en la tarea de profundizar el racismo y esos dos más fenómenos que nos hacen ver como sociedad premoderna, incivilizada, violenta y estúpida.

Imagen tomada de RCN

ELECCIÓN DE LA NUEVA FISCAL: TRES ESCENARIOS POSIBLES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección de la nueva fiscal general de la Nación bien puede asumirse como la estocada que el presidente Petro cree posible dar al “viejo” régimen de poder que se resiste a morir y que se opone a muchas de sus reformas, pero en particular, a su decisión de afectar las economías ilegales que financian y sostienen a lo que se conoce como el establecimiento colombiano.  

Ese mismo régimen de poder convirtió a la Fiscalía general de la Nación en la institución bisagra entre los actores ilegales (paras, narcos y agentes que extraen oro y petróleo) y la clase política (emergente y tradicional). Las denuncias periodísticas, legitimadas por el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, apuntan a que el otrora ente investigador deviene capturado por grupos de poder, legal e ilegal.

Con la terna de mujeres enviada por el presidente Petro se dibujan tres escenarios posibles alimentados por la actual coyuntura política y por supuesto, por un pasado inmediato en el que la Fiscalía, como institución, deviene cuestionada.

Así las cosas, los y las magistradas de la CSJ tienen en sus manos la enorme responsabilidad de elegir a la nueva fiscal bajo tres escenarios posibles. El primero, anclado a que la probidad de las ternadas es asumida en sectores de poder político y económico como una amenaza real contra sus siempre oscuros intereses. Ese escenario apunta a que las y los togados evitarán ponerse de acuerdo para elegir la sucesora del ladino Francisco Barbosa, extendiendo en el tiempo la interinidad en manos de la también cuestionada vicefiscal, Martha Mancera, tal y como lo pide un sector político que la opinión pública asocia con mafias y corrupción, esto es, con el viejo régimen de poder que Petro busca derrotar. Una interinidad en manos de Mancera “calmaría” a poderosos agentes que están detrás de la intención de dar un golpe de Estado a Petro.

Habría un segundo escenario que, si bien podría representar un triunfo parcial de Petro sobre el Establecimiento colombiano, dependerá de la templanza de la fiscal elegida para atacar y desmontar las estructuras mafiosas y criminales que operan de la mano de fiscales e investigadores. Lo anterior supone que cualquiera sea la elegida, deberá soportar inconmensurables presiones sobre su vida y la de sus familiares.

Y un tercer escenario posible señala que cualquiera de las tres abogadas ternadas, la nueva fiscal general, cumplirá con pisar los cayos de poderosos agentes políticos y sociales, dando la sensación de que se está debilitando al “viejo” régimen de poder. Bajo esos logros, se daría “contentillo” al presidente de la República y a quienes creen que es posible proscribir el ethos mafioso que por años se naturalizó en la operación de la Fiscalía. Dentro de ese mismo escenario cabe la posibilidad de que los agentes políticos que resulten comprometidos penalmente, con o sin la ayuda de los gringos, dicha decisión sea parte de una transacción política de muy alto nivel.

Lo cierto es que no es probable que, en cuatro años, un gobierno de izquierda pueda triunfar sobre un régimen criminal y mafioso que lleva operando más de 50 años, con resultados positivos tanto para las mafias y estructuras paramilitares, como para reconocidos agentes políticos y económicos.

Como dije, hay un pasado inmediato que pone en la picota pública a la Fiscalía y a sucesivas administraciones. Para sostener en el tiempo la connivencia institucional con el crimen organizado (carteles de la droga, paramilitares, empresarios que extraen de oro y petróleo y clanes políticos corruptos) las ternas para elegir fiscales generales siempre generaron suspicacias, alimentadas por narrativas oficiales, semioficiales y periodísticas que daban cuenta de la cooptación mafiosa de la institución investigativa. Contrario a lo que sucede hoy con la terna que está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos perfiles han sido valorados positivamente, incluso, por los propios detractores del gobierno que las ternó.

Baste con recordar lo que dijo Mancuso en relación con la elección del fiscal Mario Iguarán, para imaginar los niveles de putrefacción que cobijaron la operación de la Fiscalía. Mancuso dijo en su momento que “los paramilitares movieron fichas en la elección del fiscal Mario Iguarán". Se suma a lo anterior, las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad, en torno a la fiscalía de Luis Camilo Osorio Isaza. En uno de los informes de la desaparecida institución se lee que “la Fiscalía, durante el periodo en que se desempeñó como fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005), presuntamente habría tenido vínculos con paramilitares para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares”.

Los cuestionamientos morales tocarían después la elección como fiscal general de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). El propio presidente Petro pidió que fuera investigado por hechos relacionados con la existencia de un complot para dañar en materia grave la imagen del hoy presidente de la República. NHMN es cuestionado por haber guardado silencio frente a la corrupción en la Ruta del Sol 2, esto es, los pagos de coimas, por parte del grupo Aval y sus filiales comprometidas en las obras civiles de ese carreteable.

Las sindicaciones continuarían contra el actual fiscal, Francisco Barbosa, quien, según fuentes y relatos periodísticos, protege a miembros del Clan del Golfo y a clanes políticos que la opinión pública asocia con el narcotráfico, como el clan Char. Como en los anteriores casos, el jefe del Estado expuso públicamente sus cuestionamientos contra Barbosa, lo que generó en un crudo enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ejecutivo, que bien puede entenderse como parte del pulso entre el “viejo” régimen de poder y el gobierno Petro; el propio jefe del Estado reconoce que, a pesar de su investidura, no tiene el poder, pero insiste en afectar las economías ilegales que sostienen económica y políticamente al imbatible Establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Youtube.com

LA CORTE SUPREMA DEBE EVITAR QUE MANCERA QUEDE ENCARGADA DE LA FISCALÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia aplazó para el 2024 la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Es posible que la esperada decisión se tome el 25 de enero, hecho que evitará que la cuestionada vicefiscal Martha Mancera, mano derecha del ladino fiscal general, Francisco Barbosa, quede al frente de la maltrecha institución en una deseada interinidad que solo le conviene a los sectores políticos y mafiosos que coadyuvaron a politizar la entidad y su captura por parte de clanes y grupos como el Clan del Golfo.

Ojalá los magistrados y magistradas de la honorable CSJ no caigan en el garrafal error de convertir la elección del remplazo de Barbosa, en un novelón político. Si los togados y togadas no eligen a la nueva fiscal el 25 de enero, y garantizan la interinidad de Mancera, mandarían un confuso mensaje al país y al gobierno que, en cabeza del presidente de la República, se la jugó por conformar una terna de solo mujeres, calificada por varios sectores políticos como un trío inigualable.

Es más, permitir que Mancera dirija la fiscalía general se podría considerar como un insulto al gobierno y a los sectores sociales y políticos víctimas de la politización del otrora ente investigador, hoy convertido en una institución encubridora y defensora de delincuentes, de acuerdo con denuncias periodísticas y los propios cuestionamientos que el presidente de la República viene haciendo de tiempo atrás.

Petro espetó lo siguiente, horas antes de la reunión en la que los togados decidieron aplazar la decisión: “He enviado una terna de mujeres probas a la corte Suprema para la elección de fiscal general de la Nación. Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”.

Así, los magistrados y magistradas de la CSJ tienen la obligación moral y ético-política de impedir la interinidad en la Fiscalía. Elegir a la nueva fiscal el 25 de enero debe ser una prioridad institucional y para ello, los togados deben alejarse de simpatías e intereses individuales que aparecen cuando se tienen familiares nombrados en la Fiscalía de Barbosa y Mancera. Que Martha Mancera quede al frente de la entidad, así sea por unas pocas horas, se asumirá como un agravio al presidente, al país y a esa parte de la sociedad que, por primera en mucho tiempo, aplaude al unísono la calidad de las ternadas y se acepta sin reparos que no haya hombres dentro del selecto grupo, en particular, cuando la historia reciente de ternas anteriores, muchos de los nombres de los abogados ternados, fueron asociados a clanes políticos mafiosos.

Vamos a ver si el 25 de enero próximo las magistradas y magistrados entendieron el mensaje del presidente de la República y el que les enviaron sectores sociales y políticos que exigen un cambio radical en el rumbo de la Fiscalía.

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

RETENCIONES O SECUESTROS: DISCUSIÓN “SEMÁNTICA” DE UNA GUERRILLA QUE NO ESTÁ LISTA PARA FIRMAR LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Uno de los efectos políticos del secuestro del señor Luis “Mane” Díaz, padre del reconocido jugador del Liverpool, “Lucho” Díaz, está en que obligó a los plenipotenciarios de Petro en la mesa de diálogo a poner de presente el tema del secuestro; el mediatizado plagio también sirvió para consolidar el rechazo de la sociedad colombiano hacia el ELN, grupo subversivo que reconoció la responsabilidad en la comisión del crimen.

Después de liberado el señor Díaz, y en el inicio del 5º ciclo de conversaciones de paz con el ELN, uno de sus comandantes, Antonio García, dijo en su cuenta de X que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.

No estamos ante un asunto de semántica política y “revolucionaria”. Por el contrario, estamos ante una cínica, arrogante, displicente, retadora, irresponsable e inaceptable postura de quien envejeció al frente de una guerrilla que jamás mostró una real voluntad de paz. Una guerrilla anacrónica, liderada por comandantes que, además de mesiánicos, han sido incapaces de asumir la coyuntura que dejó el tratado de paz de La Habana como la oportunidad para ponerle fin al conflicto armado que por más de 50 años sostienen con el Estado.

Lo que dijo el anacrónico comandante del ELN hace pensar en la urgente necesidad de que en la mesa de conversaciones haya acuerdos conceptuales con los plenipotenciarios del gobierno, con el fin de facilitar la comunicación, pero, sobre todo, proscribir el secuestro de civiles con fines extorsivos.

Lo dicho por García debe servir como oportunidad para que en la mesa de diálogo no solo se aborde el tema del secuestro, sino que se exponga la discusión conceptual que, a pesar de su cinismo, está planteando el comandante del ELN. Eso sí, dicha discusión convendría que no trascendiera socialmente, porque la gente del común no suele hacer matices, ni lecturas diferenciadas del secuestro y mucho menos es conveniente plantear ese tipo de disquisiciones en medio de la crispación ideológica que a diario alimentan los medios masivos que no acompañan la solución pacífica y política al conflicto armado entre el Estado y el ELN.

Privar de la libertad, por razones económicas o políticas, constituye un grave delito que García justifica amparado en la necesidad de financiar su aparato criminal, en particular cuando secuestran civiles con el fin de exigir el pago de sumas millonarias para devolverlos a sus familias.

La propuesta de que el Estado y agentes internacionales los “financien” para evitar que sigan secuestrando tiene sentido siempre y cuando esa guerrilla demuestre una real voluntad de paz. Por ahora, dicha voluntad no se ve con claridad, lo que hace inviable, por ahora, el ofrecimiento de “pagarles” para que cesen el abominable crimen del secuestro.

Eso sí, hay que hacer distinciones conceptuales en la mesa de diálogo. Las retenciones de militares y policías las asumen los del ELN bajo la categoría de “prisioneros” en el marco del conflicto armado interno y las normas legales internacional que se aplican para conflictos internos.

Las retenciones de militares y policías, como resultado de combates, deben asumirse como circunstancias y sucesos propios del conflicto interno, cuyo desenlace se debe dar en el ámbito político y militar, lo que obliga a que haya una comisión atenta a generar las condiciones para lograr la rápida liberación de los uniformados. Cuando esas mismas privaciones a la libertad de policías y militares se den cuando estos estén vestidos de civil y desarmados, los tratamientos y los reconocimientos de la acción militar perpetrada por esta guerrilla no pueden ser asumidos de la misma manera como se asumen cuando los plagiados fueron privados de la libertad dentro de la dinámica de un combate.

Así las cosas, urge que en la mesa de negociación se den discusiones conceptuales y se proscriba el delito del secuestro. El ELN debe entender que pasar ciertos conceptos por su propio rasero “revolucionario” y a la luz del Protocolo II de Ginebra, no garantiza la total comprensión de la sociedad.

Jamás será lo mismo secuestrar civiles, en particular mujeres y hombres ancianos, y privar de la libertad a militares y policías que participaron de combates y operaciones hostiles. Baste con recordar el caso de la sargento Karina Ramírez, quien, con su hija y el perro, fueron abordados por guerrilleros del ELN y privados de la libertad. Así la sargento vaya vestida con su uniforme, se trata de un vil y cobarde secuestro. Esas diferencias no deben asumirse como una especie de “glosario” de la guerra, sino como partes claves dentro de unos mínimos protocolos.

Imagen tomada de El Nuevo Siglo

SALVATORE MANCUSO: UN GENERAL DE FACTO

 

Por Germán Ayala Osorio

El aterrizaje de Mancuso en la JEP, forzoso jurídicamente para muchos por su condición de paramilitar, tienen a Uribe y a sus áulicos, incluidos los periodistas de La FM, rasgándose las vestiduras y arrastrando a exmilitares y militares al penoso escenario de reclamar respeto por la institucionalidad castrense, comprometida gravemente en los hechos criminales reconocidos por este confeso paramilitar, nacido en Montería (Córdoba).

El locutor, Luis Carlos Vélez, de La FM, en la mañana de hoy 4 de diciembre invitó al presidente de Acore, general (R), Guillermo León León, para que diera cuenta de su molestia con la decisión de la JEP de reconocer a “Mancuso como militar”. Los compañeros de la mesa de trabajo del señalado locutor (uribista hasta los tuétanos) ayudaron a la ambientación del rechazo institucional e individual por la decisión adoptada por el alto tribunal de paz.

Es tal la molestia en los círculos de poder cercanos al uribismo y otros al conservatismo, que sus voceros se atreven a hablar de “triquiñuelas” jurídicas de la JEP, por hacer aparecer a Mancuso como “agente estatal de facto” y como miembro “funcional y material del Ejército”.

La inclusión y aceptación de Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye un hecho jurídico-político de inocultable valía para el alto tribunal en su tarea de consolidar una verdad jurídica y señalar las responsabilidades penales de los actores armados, guerrillas y militares, comprometidos en la comisión de delitos de lesa humanidad. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

Claramente, Mancuso fungió como un comandante militar. Actuó como si tratara de un oficial al mando de tropa. No hay lugar a dudas en que este monteriano operó como un general o un coronel de la República de Colombia. Las actividades de coordinación logística, mando de tropa y entrega de resultados operacionales a los militares que le rendían pleitesía, hacen parte de las labores que realizan oficiales al momento de salir al monte a perseguir bandidos.

El ex comisionado de Paz, el conservador Camilo Gómez, aseguró a EL TIEMPO que “es un insulto a los militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.

El maridaje y el contubernio entre militares y paramilitares fue de tal dimensión, que los comandantes militares aceptaban pasar como propias tropas a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al patrullar juntos y entregar resultados operacionales para legalizar masacres de campesinos inocentes, la fusión entre ilegales y legales hizo desaparecer el honor y la mística militares. En esos momentos los militares dejaron de ser militares, para convertirse en bandidos. Así, no hay lugar a salir a defender el honor de unos hombres en armas, que asesinaron civiles de la mano de los paramilitares.

En la entrevista que el periodista Gonzalo Guillén le hizo al capitán (R) del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo, miembro de las AUC, el ex oficial recuerda la conversación con el entonces general, Mario Montoya Uribe, también involucrado con la operación criminal de los paramilitares: “aquí estamos hablando entre bandidos, general. En este momento ni usted es general y yo no soy capitán”.

Los defensores de la institucionalidad castrense deberían de preocuparse más bien por la necesidad de cambiar la doctrina del enemigo interno, sacudir, limpiar y sacar a oficiales y suboficiales que piensen en seguir los pasos de quienes mancillaron en grado máximo el honor militar y el buen nombre del Ejército nacional.

Imagen tomada de Cuestión Pública

LOS DE LA PRIMERA LÍNEA: ¿CON ESTATUS O SIN ESTATUS POLÍTICO?

 

Por Germán Ayala Osorio

En el control constitucional que la Corte Constitucional (CC) le hizo a la ley de la Paz Total y las decisiones que en ese marco tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, aparece el reconocimiento político de los grupos subversivos y la negación de este a los muchachos de la Primera Línea que la Fiscalía procesó por diversos delitos, incluido, el de “terrorismo urbano”. Esto último, una exageración propia de quienes desde el Establecimiento suelen descalificar el legítimo derecho a la protesta por considerar que “somos la más vieja democracia de este hemisferio”. De la misma manera como se habla de “terrorismo urbano” para tipificar y descalificar lo acontecido en el marco del estallido social, se puede y debe hablar del “terrorismo de Estado” al que apeló el gobierno de Duque.

Intentaré exponer diferencias, y si se quiere, contradicciones entre el reconocimiento político de la lucha armada de la subversión y la negación que hizo la CC del estatus político a la Primera Línea, a pesar de que las acciones y proclamas de cientos de jóvenes jamás tuvieron la aspiración de tumbar el régimen de poder y cambiar el modelo económico, como lo han pretendido hacer históricamente las guerrillas; igualmente, señalo puntos de encuentro entre las actividades “revolucionarias y contra la ley” desplegadas en el tiempo por los subversivos y las que de manera coyuntural desplegaron los de la Primera Línea.

Negar el estatus político a los miembros de la Primera Línea desconoce de antemano el carácter político que acompaña a toda protesta social, sin importar los desmanes en los que hayan incurrido los manifestantes. Cada marcha autorizada e incluso, las de facto, devienen con un carácter político que no se puede desconocer por la necesidad de los magistrados de poner a la justicia por encima de la política, pasando las decisiones del Ejecutivo por el rasero de la exequibilidad asociada esta los marcos legales y mentales de los magistrados de la honorable Corte Constitucional.

La CC hace una lectura jurídica de corte moral y clasista, que impide reconocer en el estallido social su valor político, ancorado al enorme malestar social que sobrevino de la pandemia del covid 19 y del desastroso gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Es decir, las movilizaciones que se dieron en el marco de los Paros Nacionales (de 2019 y 2021) fueron la respuesta política que sectores sociales, de la mano de congresistas y movimientos sociales con vocación política, le dieron al gobierno del irresponsable de Iván Duque, a un Estado criminal y a un régimen de poder acostumbrado a violentar a las mayorías, en particular a los jóvenes.

Cuando el ELN dinamita el oleoducto caño limón Coveñas, afecta la infraestructura económica y los ecosistemas naturales, acción que deviene con un naturalizado carácter político, dado que ese grupo armado ilegal considera que el Estado “está regalando lo que les pertenece a todos los colombianos”, lo que justifica, para los del Coce, su derrame. La voladura y las actividades ilegales, políticas, “revolucionarias” y pre políticas de ese grupo armado ilegal ocurren en escenarios rurales. Mientras que dañar semáforos, tapar vías neurálgicas en ciudades capitales, quemar buses y acciones vandálicas que generaron miedo en los urbanitas acostumbrados a ver las atrocidades de la guerrilla por televisión, no podría valorarse políticamente, de acuerdo con el sentido del fallo del alto tribunal. Es aquí en donde aparecen dos lecturas por parte de la CC: una de carácter clasista y otra contextual, atada o definida a partir de una sobrevaloración de las ciudades en relación con la vida de millones de colombianos rurales. Es decir, es válido todo lo malo que pasa en selvas y sectores rurales, pero en las ciudades, por ser el ícono del progreso y el desarrollo económico del país, hay límites que nadie y mucho menos los jóvenes manifestantes, pueden traspasar.

El colega Jorge Gómez Pinilla dice que “ese paro nacional fue un fenómeno revolucionario espontáneo, aunque desorganizado, porque no tenía un propósito político diferente al de protestar. Si hubiera tenido un objetivo desestabilizador, no tengo duda alguna en que habría conducido a la renuncia no solo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo presidente Duque, empujado por el descontento y el deseo inmensamente mayoritario de un nuevo rumbo en la conducción del país”.

Vamos por partes: le cabe razón a Gómez Pinilla cuando dice que se trató de un fenómeno revolucionario espontáneo. Las pretensiones del ELN y las de las disidencias farianas hacen parte estructural de sus proyectos revolucionarios (políticos) que, aunque no son espontáneos y obedecen a actuales coyunturas, sí son históricos, anclados a momentos históricos, nacionales e internacionales, de gran complejidad. La segunda idea que expone el editor de El Unicornio apunta a que los muchachos de la Primera Línea no buscaban desestabilizar al gobierno, lo que, de acuerdo con la lectura de los magistrados, es suficiente para negarles el estatus político que Petro les quiso reconocer. Por el contrario, las acciones de las guerrillas apuntaron y apuntan aún a tumbar gobiernos y a tomarse el Estado, lo que de inmediato les da la legitimidad necesaria para reclamar el reconocimiento como actores políticos. Sumado a esto, el control territorial, la capacidad de hacerle daño a la población civil y la que les permite enfrentarse y desafiar militarmente al Estado.

Queda claro que los jóvenes más visibles del estallido social no buscaban tumbar al nefasto y arbitrario gobierno de Iván Duque. Entonces, ¿por qué negarle el estatus político a un movimiento coyuntural y no revolucionario que lo único que buscaba era hacer visible un enorme descontento social y político?

Las guerrillas también secuestran y torturan ciudadanos. Esos mismos delitos, cometidos por algunos jóvenes de la Primera Línea, de acuerdo con la fiscalía del ladino Francisco Barbosa, llevaron a varios magistrados y al gobierno de Iván Duque a descalificarlos políticamente, para negarles el estatus que el presidente Petro les quiso reconocer porque considera el mandatario que “no son victimarios, sino víctimas de un Estado que les quitó los ojos, los encarceló y les negó sin educación y oportunidades”.

Bien pudo la CC reconocer en su fallo que los hechos acaecidos en el marco del estallido social devienen con un carácter político, justificado por el abandono estatal y las violentas reacciones del gobierno de Duque, en nombre del Estado; de esa manera, la excarcelación de los muchachos tendría toda la legitimidad social y política, para enfrentar la lectura exclusivamente jurídica que los magistrados hicieron y que decidieron poner por encima de lo político y de la política.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

 

SEIS EXPRESIDENTES QUE NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE BELISARIO BETANCUR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Una vez convertido en expresidente, Belisario Betancur Cuartas se desentendió de la vida pública, agobiado muy seguramente por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia en los que quedaron en evidencia, además de las violaciones a los DDHH por parte del Ejército, la actitud pusilánime del presidente de la República frente a los generales que le arrebataron el mando por 48 horas. Frente al temporal golpe de Estado, Betancur optó por guardar silencio.

En adelante, Betancur se retiró a sus aposentos y de la algarabía del poder político, en un país en el que las voces estridentes de los expresidentes incomodan no solo a quien intenta gobernar y manejar este complejo país, sino a un sector creciente de la opinión pública que los recuerda por sus crasos errores, andanzas y hasta crímenes.

El silencio de Betancur debería de servir de ejemplo a los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, convertidos en opinadores profesionales en materias que ellos, siendo presidentes de la República, no aprobaron o las pasaron “raspando”. Pero no. Insisten estos seis exmandatarios en hablar, criticar, pontificar y opinar, con la anuencia de los medios hegemónicos. Y lo que es peor: insisten en mantener su vigencia política a como dé lugar.

César Gaviria Trujillo, iliberal y neoliberal consumado, se aferra a su partido Liberal con la intención clara de “negociar” con el presidente Petro sus apoyos a las reformas sociales que hacen trámite en el Congreso de la República. Menos mal hay congresistas rebeldes que no acogen sus órdenes y prefieren aportar a la posibilidad de construir por fin en Colombia un Estado social de derecho, una democracia y una República reales.

Los negativos efectos que dejó su política económica, la famosa apertura económica de los 90 y su pérdida de legitimidad social y política son razones suficientes para que opte por retirarse de la vida pública y guarde sepulcral silencio, como lo hizo Betancur.

El menos visible mediáticamente hablando es Ernesto Samper Pizano, recordado porque a la campaña Samper presidente, entraron dineros del Cartel de Cali. Por ahí de cuando en cuando dice cosas interesantes en su cuenta de X. Los graves hechos que lo relacionan con los narcotraficantes de la Sultana del Valle son suficientes razones para que hubiese abandonado la vida pública. Y ya que en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le precluyeron la investigación en su contra, Samper ya está condenado a aguantarse el humor de su sobrino, Daniel Samper Ospina y sus alusiones al “elefante y al 8.000”.

Entre tanto, Andrés Pastrana sigue dando lora con el tema de la paz. Y lo hace, para ocultar su propio fracaso con el proceso del Caguán, al que llegó con un Plan Colombia que escaló el conflicto y permitió, con el tiempo, la aparición de la peligrosa seguridad democrática de Uribe. Este hijo de Misael le entregó a las Farc-Ep de la época, 42 mil kilómetros cuadrados para que fundaran en esa amplia zona, un Estado dentro del Estado. Por su desastroso gobierno y por estar señalado de hacer parte de los vuelos Lolita Express, debería de seguir el camino que trazó Betancur Cuartas y retirarse a escribir sus memorias o quizás, a recapacitar alrededor de todo lo que hizo mal durante su vida como político.

En lo que respecta a Álvaro Uribe Vélez, hay que decir que su paso por la presidencia le hizo mucho daño al país. Si tuviera un mínimo grado de conciencia sobre sus decisiones como gobernante, hace rato el expresidente antioqueño debió seguir los pasos de Betancur. Pero no, su enfermiza relación con el poder y la necesidad de evitar ser llevado a la justicia por los crímenes que se le endilgan, le han evitado al país ese descanso de verlo retirado para siempre en El Ubérrimo. Su condición súb judice y las responsabilidades que Mancuso le señala en las masacres del Aro y La Granja, se suman a las razones, suficiente por demás, que harían posible su retiro. El país, de verdad, se lo agradecería. Es más, si los jueces le temen tanto como se cree en la opinión pública, podría proponer a la justicia anular sus líos judiciales, a cambio de su retiro forzado de la vida pública y a que pague a la DIAN lo que debe pagar por ser un hombre rico.

En lo que toca al más joven de los expresidentes, hay que decir que ya la historia le dio el lugar que se merece. Iván Duque Márquez es reconocido hoy en Colombia como el más grande error que la derecha uribizada cometió al ponerlo y usarlo como presidente de la República. Su imagen de títere de Uribe no se borrará jamás, pues está atada al algoritmo “títere colombiano” y a la pregunta que le lanzó al aire la periodista de CNN, Angela Patricia Janiot. Este joven homúnculo, además de intentar hacer trizas el acuerdo de paz de La Habana se atreve a posar de ambientalista, cuando desde la Casa de Nariño fue permisivo con todos los actores, legales e ilegales, empeñados en deforestar las selvas, en particular la del Amazonas.

Pastrana y Duque cargarán sobre sus espaldas los cuestionamientos que los ponen como los peores presidentes de la República, a lo que suman las sindicaciones de ser infantiles y pueriles en sus formas de actuar y razonar. Baste con recordar dos episodios para entender que Duque Márquez es un “pobre pendejo”: cuando en visita oficial al Rey de España, le dijo a su majestad que “Uribe le mandaba saludos, que lo quiere mucho”; y el segundo episodio, cuando en un discurso ante la Unesco, relacionó su fantasmal “economía naranja” con los 7 enanitos, en un fluido, pero insustancial inglés.

Y termino con Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, quien recientemente criticó la Paz Total de Petro. El país recuerda positivamente a Santos por la firma del tratado de paz que puso fin al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano. Lo que no puede hacer Santos es pretender que el modelo de negociación aplicado se convierta en una talanquera para avanzar en la desmovilización de grupos subversivos diferentes como el ELN y las propias disidencias farianas. Santos pudo negociar con unas Farc-Ep diezmadas militarmente en su cúpula y tardíamente maduros sus comandantes para allanar el camino de la paz. No se puede esperar lo mismo del ELN, grupo cuya operación y tamaño no facilita a las fuerzas militares asestarles golpes contundentes que dieron con la muerte de Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy, por el lado de las Farc-Ep.

De verdad que el país les agradecería que se retiren a sus aposentos. Santos y Duque, a escribir sus memorias, que pocos leerán; Samper, se puede quedar en X; Uribe, a cuidar de sus finos caballos y tomar precauciones con la estela de enemigos que acumuló en su larga y oscura vida pública; en cuanto a Gaviria y Pastrana…, que, simplemente, guarden silencio.

También es posible pensar en arrumar a estos seis expresidentes en una casa de reposo, sin internet, para que allá sigan hablando y “arreglando” el país que ellos tampoco pudieron arreglar. A lo mejor, Pastrana y Samper hacen las paces, con la intervención del Nobel de Paz; y Uribe Vélez, perdona a Santos.

Imagen tomada de Agencia de Medios Hoy Noticias. 

30 AÑOS DE LA CAÍDA DE PABLO ESCOBAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Conmemorar los 30 años de la acción policial que terminó con la miserable vida del criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria debería de servir para mirar qué pudo haber ocurrido dentro de la sociedad colombiana para que de sus entrañas naciera, se consolidara y triunfara este cruel narcotraficante.

Imagino que los especiales periodísticos y documentales volverán sobre los mismos aspectos que suelen abordarse cuando se trata de contar la historia del mafioso antioqueño: sus excentricidades, su poder económico, las menores de edad que violó, su poder intimidante y su “guerra” contra el Estado y su posterior muerte en el tejado de una casa cualquiera, cual escurridizo “apartamentero”.

En esos especiales sobre la vida de este asesino poco o nada se hace referencia a las circunstancias culturales (ethos mafioso) que permitieron su consolidación como capo del narcotráfico y su llegada al Congreso de la República.

Como sociedad hemos legitimado al “avispado”, pero, sobre todo, al que concentra poder económico y político, a pesar de las sospechas que recaen sobre las maneras en las que se logró acumular dinero, prestigio y legitimidad social y política.

¿Qué diferencia habría entre un banquero como Sarmiento Angulo que paga coimas para hacerse con contratos millonarios en obras civiles como la Ruta del Sol II, o que prestó sus bancos para lavar dinero y Pablo Escobar Gaviria, quien logró hacer su fortuna enviando droga al exterior, con la ayuda de las autoridades estatales como la Aerocivil, la policía, alcaldes  y del propio sistema económico, político y financiero?

En ambos casos la codicia y el hambre de poder emergen como valores morales y motivaciones éticas que alimentan y estructuran el ethos mafioso que guía la vida de millones de colombianos que a toda costa piensan en amasar una fortuna para poder gritar a los cuatro vientos que “triunfaron en la vida”, lo que significa aparecer en revistas famosas, asistir a cócteles, rodearse de políticos que les facilitaron sus actividades y gente de la farándula, siempre presta a vivir el “sueño” de compartir con gente rica, sin que importe de dónde salieron sus fortunas; o hacer parte de documentales, investigaciones de las autoridades americanas y colombianas y al final, ser recordados, por unos, como “gente de bien”, echados para adelante y muy capaces; y por otros, como criminales y agenciadores del ethos mafioso y por tanto de la corrupción público-privada que les facilitó a ambos la consolidación de sus fortunas.

Pablo Escobar Gaviria y Sarmiento Angulo son hijos del sistema cultural que, asociado al capitalismo, envilece a diario la vida en sociedad. Con sus acciones, ambos aportaron a que el vil dinero y su consecución a cómo dé lugar, redujeran la experiencia de vivir a ir tras su búsqueda, en una frenética carrera por conseguirlo. Que no vaya a entenderse, entonces que en el socialismo no existen mafiosos legales e ilegales. No. Cualquier forma de dominación es el caldo de cultivo para que emerjan estos tipos de personajes, que solo sirven para comprender que la condición humana es aviesa.

¿Cómo hizo Pablo Escobar Gaviria para amasar esa fortuna en la cara de la DIAN, de la Policía, del Ejército y del resto de la sociedad? ¿Cómo hizo para “importar” hipopótamos de los Estados Unidos y cómo llegó a la Hacienda Nápoles una jirafa y las otras especies que hicieron parte de su zoológico privado?

Conmemorar la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria hace parte de las maneras en las que la sociedad y el periodismo validan el sistema cultural en el que estamos todos inmersos. Unos, entonces, gritan que triunfaron las autoridades y por tanto el Estado, cuando fue el mismo Estado el que permitió la consolidación del capo. Otros lo asumen, como ocurre en Medellín, como un referente a seguir y atractivo turístico. Otros, como el exsenador Roy Barreras, fustigan el hecho de recordar al asesino serial.

Barreras espetó lo siguiente: “sinceramente creo que la “conmemoración” de los 30 años del peor asesino de la historia de Colombia sólo sirve para alimentar su estigmatizante mito, cuando a este hombre cruel que asesino a miles de inocentes con sus balas y bombas indiscriminadas solo debería otorgársela su peor castigo que más que el repudio es el olvido. No mereció existir ni merece existir ni en la Memoria”.

No podemos olvidar lo que vimos salir de las entrañas de la sociedad en la que vivimos, señor Barreras. Y menos podemos olvidarnos de quienes buscando fortuna, dentro o por fuera de la ley, coadyuvaron a la confusión moral y ética en la que deviene la sociedad colombiana. El problema de la conmemoración no está en sí misma en la celebración, sino en los tratamientos de los hechos que rodearon la vida de Escobar Gaviria, pero sobre todo, en evitar mirarnos el sucio ombligo al que está atado nuestro mayor problema: el ethos mafioso que nos guía como sociedad.

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

 

REFORMA A LA SALUD: CONCEPCIONES DE ESTADO Y TRES “MULAS" MUERTAS ATRAVESADAS

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista, politólogo y Ph. D en Regiones Sostenibles. 

Ahora que avanza a los trancazos la aprobación del articulado de la que sería la ley con la que se ajustaría el actual modelo de salud de Colombia es bueno recordar pasajes de la accidentada discusión. En particular, hacer remembranza de las posturas asumidas por los partidos de la U, Conservador y Liberal, así como los negacionistas liderazgos de Dilian Francisca Toro, César Gaviria Trujillo y Efraím Cepeda, políticos que inicialmente se acostaron en el camino de la discusión y aprobación del proyecto de ley que transforma a las EPS en Gestoras de Salud, quitándoles el manejo de los billonarios recursos, cual “mulas muertas”. De igual manera, resulta pertinente diferenciar las dos posturas de Estado que aparecen en el fondo de la discusión al interior de la Cámara de Representantes.

El inicio

La negativa de los dueños de los partidos Liberal, Conservador y de la U de no apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos sociales y humanos del país que más necesitarían de la atención de todas las colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior del sistema.

Las decisiones políticas de César Gaviria Trujillo, Efraím Cepeda y Dilian Francisca Toro sin duda alguna están atadas a las lógicas democráticas que circulan al interior de las corporaciones legislativas. Negociar apoyos, hacer exigencias y buscar consensos hacen parte de esas lógicas en las que opera la democracia moderna. Hasta ahí, no habría mayores reparos a las posturas asumidas por estos políticos profesionales. Los problemas surgen cuando en el análisis político de la propuesta de reforma al sistema de salud aparecen los sempiternos intereses corporativos e individuales de los directores de los partidos que no acompañarán al gobierno en su afán de modificar el sistema de salud.

Lo hecho por Gaviria, Cepeda y Toro es la constatación de que en Colombia hay  partidos cuya existencia está en función de consolidar la operación del régimen de poder con el que cobra vida lo que llamo el Doble Estado. Una cosa es el Estado cuyas instituciones formales tratan de dar cuenta de lo prescrito en la garantista carta política de 1991 y otra muy distinta, las institucionalidades paralelas que se derivan de ese Doble Estado que se crea de la mano de los clanes políticos y la privatización de la acción política y de las actividades propias de los congresistas. Así las cosas, los partidos Liberal, Conservador y de la U actúan en el nivel más básico de la democracia: en el de discutir proyectos de ley. Pasar  a un nivel más complejo de la democracia implicaría aceptar que efectivamente el sistema de salud exhibe problemas estructurales asociados y expresados a  través del ethos mafioso que, al haberse naturalizado en las relaciones entre el sector privado y estatal, hace imposible pensar y actuar en democracia, teniendo en cuenta el ámbito social y las circunstancias que rodean la prestación de los servicios de salud en el país: incertidumbres, desazón, miedo e impotencia, que ponen en evidencia que frente al actual sistema de salud hay un grave problema social.

Gaviria, Cepeda y Toro no exhiben un talante democrático en el sentido maximalista con el que aquí asumo la democracia. No. Por el contrario, su negativa obedece al ejercicio autocrático con el que los tres se burlan de la democracia representativa, de la voluntad popular y lo que es más grave: se mofan de las víctimas que, por treinta años, viene produciendo el sistema de salud colombiano. En este punto saldrán sus defensores a decir que hemos ganado en cobertura, pero guardan silencio cuando se examina la calidad de los servicios, en particular cuando se niegan cirugías, se retrasan procedimientos y citas, debido a que la corrupción hace colapsar a las EPS, al tiempo que se llenan los bolsillos gerentes y presidentes, entre otros actores del complejo sistema de salud.

Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes “mulas muertas”, cuyo exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de estos amigos y financiadores de congresistas; y a los congresistas que fungen como socios o propietarios de estas entidades.

El miedo a que los servicios de salud queden en manos del Estado sirve a unos y otros para justificar la corrupción o minimizar la gravedad de los hechos dolosos que acompañan la operación de EPS que, al final, son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia del sector. El negocio de las EPS es la constatación de que el Estado y los recursos públicos fueron privatizados, esto es, capturados por mafias políticas que convirtieron la salud en un vulgar negocio. Así se mató el Estado Social de Derecho y de ese “crimen” son responsables políticos como Gaviria, Cepeda y Toro, incapaces de asumir la democracia en un sentido maximalista. Un verdadero demócrata es aquel que asume el Estado Social de Derecho como una apuesta civilizatoria y republicana en donde sobresalen el afán y el interés por servir a todos los asociados a un territorio y hacer posible que sus derechos tengan sentido y no terminen menoscabados por quienes asumieron a los enfermos y en general a los usuarios del sistema, como clientes.

Concepciones de Estado

En la discusión del proyecto de reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y la consolidación de unas élites mafiosas, corruptas y con perfiles fascistas, expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.

Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las “tres mulas muertas” (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.

El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.

En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.

En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido Liberal es una señal y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero presidencial.

Curiosidades

Los avances logrados hasta el momento, en lo que toca a la aprobación de los artículos del proyecto de reforma al sistema de salud han sido el fruto de la perseverancia del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico, y por supuesto, las decisiones individuales de congresistas liberales, de la U, conservadores y de la Alianza Verde, de tomar distancia de sus jefes políticos, en particular de las amenazas del anacrónico y decadente César Gaviria Trujillo.

El accidentado trámite de la reforma dejó ver el perfil acomodaticio y poco profesional de políticos como Katerine Juvinao y Jota P Hernández y varios del Centro Democrático cuya oposición al proyecto de ley no parte de la lectura juiciosa del articulado y mucho menos de una discusión argumentada. Actúan más como lobistas pagados por las EPS, que como congresistas capaces de dar una discusión técnica y política del articulado. Han apelado a todo tipo de argucias para desbaratar el quorum y presentar recusaciones salidas de las propias huestes de la oposición.

Resulta curioso que estos congresistas jamás discuten la corrupción al interior de las EPS y la tragedia presupuestal asociada a la cantidad de EPS que entraron en quiebra e intervenidas por el Estado, por su inviabilidad financiera. Juvinao y Hernández, entre otros, jamás criticaron la corrupción al interior de la EPS SaludCoop, manejada por el corrupto Carlos Palacino. En esa mismo silencio cayó el exministro de salud de Santos y exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien funge como otro lobista más de las EPS.

Imagen tomada de El Espectador.com