Por Germán Ayala Osorio
La Corte Suprema de Justicia
aplazó para el 2024 la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Es
posible que la esperada decisión se tome el 25 de enero, hecho que evitará que
la cuestionada vicefiscal Martha Mancera, mano derecha del ladino fiscal
general, Francisco Barbosa, quede al frente de la maltrecha institución en una
deseada interinidad que solo le conviene a los sectores políticos y mafiosos que
coadyuvaron a politizar la entidad y su captura por parte de clanes y grupos
como el Clan del Golfo.
Ojalá los magistrados y magistradas
de la honorable CSJ no caigan en el garrafal error de convertir la elección del
remplazo de Barbosa, en un novelón político. Si los togados y togadas no eligen
a la nueva fiscal el 25 de enero, y garantizan la interinidad de Mancera, mandarían
un confuso mensaje al país y al gobierno que, en cabeza del presidente de la
República, se la jugó por conformar una terna de solo mujeres, calificada por varios
sectores políticos como un trío inigualable.
Es más, permitir que Mancera dirija
la fiscalía general se podría considerar como un insulto al gobierno y a los
sectores sociales y políticos víctimas de la politización del otrora ente
investigador, hoy convertido en una institución encubridora y defensora de
delincuentes, de acuerdo con denuncias periodísticas y los propios cuestionamientos
que el presidente de la República viene haciendo de tiempo atrás.
Petro espetó lo siguiente, horas
antes de la reunión en la que los togados decidieron aplazar la decisión: “He
enviado una terna de mujeres probas a la corte Suprema para la elección
de fiscal general de la Nación. Cualquiera que sea la decisión de la Corte,
espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a
perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita
que se use para encubrir el crimen”.
Así, los magistrados y
magistradas de la CSJ tienen la obligación moral y ético-política de impedir la
interinidad en la Fiscalía. Elegir a la nueva fiscal el 25 de enero debe ser
una prioridad institucional y para ello, los togados deben alejarse de simpatías
e intereses individuales que aparecen cuando se tienen familiares nombrados en
la Fiscalía de Barbosa y Mancera. Que Martha Mancera quede al frente de
la entidad, así sea por unas pocas horas, se asumirá como un agravio al
presidente, al país y a esa parte de la sociedad que, por primera en mucho
tiempo, aplaude al unísono la calidad de las ternadas y se acepta sin
reparos que no haya hombres dentro del selecto grupo, en particular, cuando la historia reciente de ternas anteriores, muchos de los nombres de los abogados ternados, fueron asociados
a clanes políticos mafiosos.
Vamos a ver si el 25 de enero
próximo las magistradas y magistrados entendieron el mensaje del presidente de
la República y el que les enviaron sectores sociales y políticos que exigen un
cambio radical en el rumbo de la Fiscalía.
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