Por Germán Ayala Osorio
El revuelo político y jurídico
que desató el “decretazo” presidencial que convoca a la consulta popular abre interesantes
discusiones conceptuales alrededor de términos como Estado Social de Derecho
(ESD) y Estado de Derecho (ED), democracia representativa y participativa,
legalidad y legitimidad, asumidos por el jefe del Estado y la oposición
bajo condiciones antinómicas insuperables.
De un lado, la clase política y
empresarial dominante ve como un riesgo que el presidente Petro invite al
constituyente primario a manifestarse sobre la reforma laboral; entre tanto, las
fuerzas progresistas que emergieron de la mano del caudillo popular que encarna
Petro y que hace recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, la entienden como una
oportunidad y un derecho indeclinable a cambiar esos escenarios de precariedad en
el marco de una democracia participativa moral y éticamente superior a la tradición
de una democracia representativa ejercida por congresistas-lobistas,
presidentes de la República, alcaldes y gobernadores que acuden al voto popular
únicamente para consolidar el Estado de Derecho como la única forma de
actuación de la organización política que lo precede.
En su alocución desde la Plaza de
San Francisco de Cali, ante una multitud de caleños, Gustavo Petro discurrió en
torno a las acepciones que existen de Estado de Derecho y Estado Social de
Derecho y de cómo hay sectores de poder que prefieren hablar de la primera
nomenclatura y figura jurídico-política porque les permite quedarse cómodamente
instalados en la idea de un orden normativo constitucional que de manera taxativa
naturaliza las históricas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusiones de
todo tipo, haciéndolas insuperables y naturales de acuerdo con las condiciones que
genera el débil aparato productivo nacional y la división de clases sociales; mientras
que Petro optó por hablar de Estado Social de Derecho como posibilidad
social y política de superar el penoso lugar que ocupa Colombia como uno de los
países más desiguales del mundo.
Asegurar condiciones de vida
digna para la gente las asume el gobierno Petro como un imperativo moral,
mientras que la derecha que le hace oposición lo entiende como un asalto a la
democracia y un quiebre constitucional, a pesar de que el artículo primero de
la Constitución política señala que “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en el prevalencia del interés general”.
Así entonces, estamos ante de dos
visiones irreconciliables alrededor de la operación del Estado bajo los imperativos
morales de un Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución,
pero negado políticamente por quienes a través del tiempo le apostaron a capturar
el Estado para su propio beneficio y en desprecio de las necesidades de las
grandes mayorías, eso sí, apegados al carácter normativo del Estado de Derecho.
Si el decreto expedido por el
presidente Petro y firmado por todos sus ministros es declarado ilegal e
improcedente bien por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dichas
cortes estarían defendiendo de manera exclusiva y excluyente al Estado de
Derecho y de esa forma negarían el Estado
Social de Derecho como el camino expedito para que el Estado colombiano
sirva a la “comunidad, promueva la prosperidad general, facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación… asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo…” tal y como está planteado en el
artículo 2 de la carta política.
Volver realidad lo prescrito en
la Constitución política tiene hoy enfrentados política e ideológicamente a
quienes le apuestan a dejar las cosas como están porque siguen siendo
funcionales a los sectores dominantes y a aquellos que creen que es tiempo de
cambiar lo que constituye una vergüenza: ¡ser el tercer país más desigual
del mundo!
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