¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY?

 Por Germán Ayala Osorio

 

En el atentado criminal contra Miguel Uribe Turbay hay elementos que hacen pensar en que la planeación del ataque está atada a un grupo de poder interesado en generar caos y desestabilizar al gobierno y por esa vía condicionar las decisiones de los votantes en el 2026: el primero de esos elementos es la participación de un menor de edad como el autor material. Pasó en el crimen contra Carlos Pizarro Leóngomez: su victimario fue un joven de 18 años. Recordemos que el sicario que asesinó al ministro Lara Bonilla tenía 16. El uso de menores de edad hace parte de la estrategia. Si el Estado no cuida la vida del muchacho, quienes lo contrataron intentarán asesinarlo.

El segundo elemento, asociado al primero, tiene que ver con el equipo de seguridad. El presidente Petro en su alocución habló de la necesidad de investigar a sus miembros por los errores que se pudieron haber cometido en la tarea de proteger al precandidato presidencial. La cercanía del victimario al candidato, el arma utilizada, su origen y capacidad de daño hacen pensar en que detrás hay una estructura ilegal con íntimas relaciones políticas.

El tercer elemento está atado a la actual coyuntura política y electoral y al ambiente de polarización. Es posible que desde la extrema derecha se haya ordenado atentar contra la vida del congresista para producir efectos políticos y electorales contrarios a los intereses de la izquierda o el progresismo. ¿Por qué Miguel Uribe Turbay? La respuesta es sencilla: por ser nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, el atentado adquiere una dimensión política superior justamente porque se trata de un hijo del Establecimiento. Además, porque el senador es un férreo defensor de Uribe, de la seguridad democrática y un fuerte contradictor de Petro. El ataque sicarial es visto como un “atentado contra la democracia”, lectura que los autores intelectuales del atentado esperaban que se diera. Aunque quizás esperaban que el país estuviera hablando de un magnicidio.  Uribe Turbay será ascendido a la condición de víctima, lo que lo pone directamente en la carrera presidencial como parte del reconocimiento político y social que recibirá por haber sobrevivido a un atentado de esa naturaleza.

En el corto plazo se afecta la consulta popular y la decisión presidencial de decretarla y en el mediano plazo se enrarecen las elecciones de 2026. Incluso, no se puede descartar que se hagan llamados desesperados a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), escenario en el que la derecha confía para modificar la Carta de 1991 para quitarle el carácter garantista y moderno que desde siempre les molestó. y regresarnos al talante de la Constitución de 1886. Para lograr esos efectos se necesita de una narrativa que con la ayuda de los medios masivos de información se consolide y naturalice: “El gobierno de Petro es responsable del atentado. No hay garantías para el debate político y al frente del Estado está un presidente que escupe odio. Recuperar la Casa de Nariño en el 2026 es el imperativo moral tanto para los que están detrás del atentado criminal, como para los agentes de la derecha tradicional que están pescando en río revuelto”.

Un cuarto elemento emergerá atado a las investigaciones que adelanten las instituciones del Estado, a la hipótesis más consistente y a las primeras declaraciones que dé el joven sicario. Lo más probable es que el país no conozca la verdad, lo que supone no conocer la identidad de los autores intelectuales. Se supone que hay una larga cadena de involucrados que manejan fragmentos de la operación lo que garantiza que los autores intelectuales se mantengan en la sombra. El sector del Establecimiento que conoció del atentado desde ya estará moviendo relaciones y desarrollando acciones en las instituciones previamente infiltradas o capturadas conducentes a desviar o torpedear las investigaciones y la transparencia de estas a pesar de la orden presidencial de actuar con transparencia y diligencia. No se descarta que vengan retaliaciones y otros hechos violentos. Si la sensación de caos disminuye, es posible que se den otros hechos repudiables.

Y como quinto elemento está el trabajo efectista del periodismo bogotano. Desde anoche mismo empezaron a posicionar las intrigas y señalamientos contra el gobierno, lo que minará la confianza ciudadana en el proyecto progresista de cara a “reelegirlo” en el 2026. La polarización política y la crispación ideológica no cesará por cuenta del atentado. Por el contrario, quienes están detrás de la empresa criminal saben muy bien que pueden contar con ese periodismo que divide y que le apuesta a exacerbar los enfrentamientos políticos. Vendrán filtraciones, quizás crímenes al interior de la organización, hipótesis y se seguirá responsabilizando a Petro y al gobierno de lo sucedido. Al final de cuentas, la extrema derecha y la derecha institucional y tradicional comparten el mismo interés: hay que recuperar, como sea, la Casa de Nariño en el 2026. Y las empresas mediáticas también son hijas del Establecimiento, circunstancia que las obliga a mantener viva la polarización política e ideológica.

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ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY: ¿CULPA DE PETRO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial del Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay, empresas mediáticas como Noticias Caracol y agentes políticos se dieron a la tarea de crear la narrativa con la que se busca responsabilizar directamente al presidente Petro del ataque sicarial que sufrió uno de sus más enconados detractores políticos.

La polarización política y la crispación ideológica por la que atraviesa el país desde el plebiscito por la paz de 2016 alcanzó el 7 de agosto de 2022, con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, inesperados y violentos niveles de animadversión e intolerancia política, expresados desde todas las orillas ideológicas y sectores de poder. El sicariato moral ha sido la herramienta predilecta para descalificar al adversario político bien por su orientación sexual, el presunto consumo de sustancias psicoactivas, así como cuestionamientos ético-políticos por la pertenencia a poderosas familias y clanes cuestionados por hacer parte del Establecimiento o responsables de millonarios desfalcos al erario, entre otros hechos públicos calificados como inmorales.

Noticias Caracol abrió los micrófonos a Enrique Peñalosa, al expresidente Andrés Pastrana y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que aportaran sus juicios de valor a la consolidación de la perversa narrativa con la que claramente se busca generar un clima de confusión y crisis de gobernabilidad y legitimidad que podría terminar en un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de la derecha. El ataque sicarial nos devuelve al momento histórico que vivió el país a finales de los años 80 cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Pizarro, Jaramillo y Galán; así como el líder de la UP, José Antequera.

Peñalosa, Pastrana y Cepeda señalaron de manera directa al presidente Petro como responsable político del atentado contra Uribe Turbay por considerar que el jefe del Estado no brinda garantías a la Oposición, estigmatiza y descalifica a sus críticos y porque rompió el equilibrio de poderes con su decisión de decretar la consulta popular.

En lugar de intentar bajarle a la polarización y a la desazón y rabia que ya genera el atentado que sufrió el congresista del CD, el noticiero en mención apeló a un ejercicio periodístico que estimula sentimientos de odio. El lenguaje periodístico lo usó el director de Noticias Caracol para exacerbar el ambiente de crispación, para luego terminar haciendo un llamado a “bajarle” a la violencia verbal desatada entre el Gobierno y la Oposición.

Si se van a establecer responsabilidades políticas por este hecho criminal, los primeros que deberían de hacer un acto de contrición son las empresas mediáticas y sus más visibles periodistas, quienes han aportado en gran medida al intolerante clima político-electoral que se respira en el país. Titulares tendenciosos, tratamientos sesgados y fake news han hecho parte del repertorio mediático.

Personajes como Francisco Santos, María Fernanda Cabal y Efraín Cepeda no dudaron en culpar a Petro del atentado. En sus cuentas de X, la más sórdida de las redes sociales, dijeron lo siguiente, en su orden: “el atentado contra Miguel Uribe tiene nombre propio: @petrogustavo Incendió el país con sus acciones y discursos y esta es la primera consecuencia”. Entre tanto, la precandidata del CD espetó que “no nos van a silenciar ni arrebatar la democracia los violentos. Esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto”. Y finalmente, el presidente del Senado, enconado enemigo de Petro señaló que “el presidente Petro ha conducido al país a un abismo que jamás imaginamos que volveríamos a enfrentar. Su manera de dividir y señalar interpretada por grupos criminales como una señal que incentiva la violencia”.

Del atentado se desprenden dos teorías: la primera, que indica que el ataque sicarial fue perfectamente planeado por un sector de poder económico y político que sabía que, una vez ocurrida la agresión, la reacción de medios y de la Oposición serviría al propósito de generar caos, una incontrolable crisis de gobernabilidad y evitar que el gobierno convoque a la consulta popular. Y la segunda y quizás la menos probable, señala que se trataría de un ataque sin motivaciones políticas y apenas justificado por razones de odio de parte del sicario.

Pronta recuperación para el precandidato y un rechazo vehemente al trabajo periodístico de Noticias Caracol y a las reacciones de los políticos que, claramente, están pescando en río revuelto.

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CLAUDIA LÓPEZ Y EL FRACKING: COMO DIGO UNA COSA, DIGO LA OTRA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Al apostarle a la transición energética expresada en negarse a nuevas exploraciones de combustibles fósiles, entre otras medidas, el presidente Petro sacudió a los ambientalistas aletargados y a los amigos de las actividades desarrollistas insostenibles ecológica y ambientalmente como la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos legales e ilegales como la coca, caña de azúcar y palma africana y la gran minería.

A veces con una mirada catastrofista alrededor de una eventual extinción de la humanidad, el presidente Petro enfrentó a los sectores de poder tradicional que jamás valoraron aquello de ser un país biodiverso por ser amazónico y contar con las riquezas del Chocó Biogeográfico.

En medio de una incontrastable crispación ideológica y política provocada en gran medida por su intención de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo, candidatos presidenciales como Claudia López Hernández sumaron un ingrediente más a ese ambiente de polarización: volver a las prácticas extractivistas como el fracking. El uso de esa técnica había sido prohibido en 2023 por “el senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, la Corte Constitucional en un fallo histórico de 2024 ordenó hacer una consulta previa para los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio, en particular en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

La candidata presidencial Claudia López “alborotó” las redes sociales y a los ambientalistas con su promesa de hacer fracking si en el 2026 resulta elegida como la primera mujer presidente de Colombia. Suele pasar que los candidatos presidenciales, en escenarios electorales, se comprometen con desarrollar políticas y acciones a pesar de que en el pasado se opusieron a las mismas. Es el caso del fracturamiento hidráulico o fracking, que la exalcaldesa de Bogotá rechazó con vehemencia en el 2017. Quedó en evidencia que la exalcaldesa de Bogotá no tiene convicciones en materia de protección ambiental y ecológica de los ecosistemas. Su incoherencia y capacidad de acomodarse a las circunstancias la convierten en una veleta ideológica con todo y los riesgos que conlleva actuar de esa manera.

Con tal de ganar el apoyo de las empresas interesadas y en capacidad de aplicar dicha técnica para extraer gas, Claudia López desestima los efectos negativos y los riesgos ecológicos y ambientales que produce el fracking. Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del medio ambiente de Colombia sostiene que “por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías”.

El principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 no se puede desestimar a la hora de autorizar pilotos del fracking. La institucionalidad ambiental estatal siempre será débil y precaria cuando se juntan los intereses económicos y políticos de agentes de poder que además de negar los efectos del cambio climático, subvaloran los ecosistemas naturales-históricos.

No olvidemos entonces que la polémica promesa de Claudia López se da en medio de una fuerte polarización ideológica y política entre el progresismo y la derecha, a lo que se suman desde ya posturas desarrollistas para intervenir valiosos y frágiles ecosistemas y de esa forma rechazar la transición energética a la que le apostó el actual gobierno. Días atrás, la candidata Vicky Dávila dijo que una vez electa presidenta mandaría a construir una prisión en alguna de las selvas de Colombia, para encerrar allí a corruptos de cuello blanco. Tanto la propuesta de López como la de Dávila se asumen desde una sostenibilidad basada exclusivamente en criterios económicos y políticos, olvidándose de los efectos ecológicos y ambientales que generarían las dos propuestas. Quizás López Hernández  está sufriendo del síndrome de la Chimoltrufia. Y Dávila se está dejando llevar de su ignorancia supina. 

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¿SON PRESIDENCIABLES ALEJANDRO GAVIRIA URIBE Y SANTIAGO BOTERO JARAMILLO?

 

Por Germán Ayala Osorio

En la cumbre 59 de Asobancaria se presentaron 7 “presidenciables” ante el público y frente a tres periodistas que prometieron un debate que al final no se dio por el formato elegido. Cayeron, como en otras oportunidades, en el error de hacer preguntas complejas para responder en un minuto y cerraron el “debate” con otras pensadas más para “corcharlos y comprometerlos” hacia futuro.

Haré referencia a las intervenciones de dos de los siete precandidatos presidenciales: Alejandro Gaviria Uribe y Santiago Botero Jaramillo. El primero, exrector de la universidad de los Andes, subdirector del Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno de Uribe, exministro de Salud de Santos y exministro de Educación de Petro. Gaviria habla como académico, pero actúa como un político tradicional.

El segundo, empresario antioqueño, admirador del expresidente Uribe Vélez y auto proclamado enviado de Dios para salvar al país. Botero llegó vestido con una sudadera en la que se leía “Dios es mi socio” y en la camiseta, “Confío en Dios” como respaldo a la “revelación divina” que lo puso en el escenario electoral. Botero se expresa como un típico paisa camorrero y enredador. A leguas se le nota que arrastra vacíos conceptuales alrededor de qué es el Estado moderno, los pesos y contrapesos de la democracia. Su “habladito” paisa lo acerca más a un vendedor callejero y lo aleja del talante deseado de un candidato presidencial.

Gaviria Uribe se definió en la señalada convención bancaria como un liberal y humanista. Coherente con su auto definición, respondió que no reestablecería relaciones diplomáticas con Israel de resultar electo presidente de la República. Poco creíble resulta esa promesa si revisamos su tibia postura frente a las prácticas genocidas perpetradas por Israel contra el pueblo palestino asentado en la franja de Gaza.

El país recuerda cuando se atrevió a fustigar al ejército israelí por un ataque a un hospital. Luego de ser confrontado por un vocero del gobierno de Netanyahu, Gaviria escribió en su cuenta de X: “Estimado embajador, reaccioné a la información de la prensa global que señalaba a Israel como el causante de la explosión. Con la nueva información que se ha conocido, reconozco que fue un señalamiento apresurado. Procedo a borrar el mensaje inicial. Reitero el llamado de muchos sobre la urgencia del respeto a la población civil, los derechos humanos y los trabajadores de la salud”.

Como humanista deja mucho que desear si se tiene en cuenta que jamás tomó distancia del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe, por las 6402 víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.

Señaló que tiene dudas sobre el talante democrático del presidente Petro a raíz de la decisión de decretar la Consulta Popular, vista por el exministro y otros de los “presidenciables” como una afrenta a la institucionalidad democrática y un rompimiento del equilibrio de poderes.

Entre tanto, Botero Jaramillo dijo que sí reestablecería relaciones con Israel de llegar a la Casa de Nariño. La postura asumida por el empresario antioqueño es coherente con su idea de la seguridad. Mientras que en otras partes del mundo e incluso en el país se habla de seguridad humana, Botero reduce el complejo asunto a dar “balín” a todos los que se atrevan a protestar y afectar la movilidad y los derechos de los demás en esos escenarios en los que hay colisión de derechos. “Sin justicia no hay seguridad, nadie va a invertir en un país riesgoso. Vamos a tocar la constitución y hacer reformas a la justicia para darle dientes a las fuerzas militares y a la policía… salirnos de una cantidad de convenios que tienen secuestrada a la justicia… y poder volver a Colombia similar al Salvador. La paz la volvieron un negocio de bandidos”.

Santiago Botero estaría dispuesto a imponer seguridad y garantizar justicia sin tener en cuenta los derechos humanos. La réplica que le hizo Gaviria a su propuesta de “dar balín” (es decir, bala, bala y bala) acercó al empresario paisa a los terrenos en los que suelen moverse los chafarotes y machos cabríos premodernos como Uribe que se olvidó de los derechos humanos. Frente a los procesos de paz, Botero se mostró alejado de cualquier posibilidad de dar continuidad a esos intentos por lograr la paz a través de la negociación política. Lo que se traduce en el regreso a los tiempos de la seguridad democrática de su admirado expresidente Uribe Vélez.

Gaviria no es un humanista. Esa es la pose con la que quiere vender su candidatura. Es un neoliberal consumado y un cómplice político del manejo irresponsable que hicieron las EPS de la integración vertical. Entre tanto, Botero es un paisa bravucón y uribista que cree que es posible gobernar este país con los vacíos conceptuales que rápidamente exhibió en el señalado escenario de Asobancaria.

 

¿LA CONSULTA POPULAR POR DECRETO CONVIERTE A PETRO EN DICTADOR?

 Por Germán Ayala Osorio

Decretar la realización de la consulta popular tal y como lo anunció el presidente Petro produjo en la derecha una reacción política, de la mano de la prensa hegemónica, en la que se advierten lecturas apocalípticas atadas a una bien pensada manipulación de conceptos como democracia, institucionalidad, equilibrio de poderes, fractura o rompimiento institucional y la que no podía faltar: dictadura.

Se rasgan las vestiduras los expresidentes Santos, Uribe y Duque, beneficiados todos de la más burda fractura del equilibrio de poderes que haya sufrido el sistema político en Colombia: la reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez. Olvidan los tres que el “cambio del articulito” de la Constitución en el Congreso se hizo de manera ilegal y tramposa por la probada compra de los votos que hizo el gobierno Uribe a los congresistas Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.

El expresidente y expresidiario Álvaro Uribe se fue lanza en ristre contra Petro y Santos. Esto dijo en su cuenta de X, el “Señor de las Sombras[1]”: "El Petrosantismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el gobierno Petro al Congreso”.

La reacción de Juan Manuel Santos, antiguo aliado del político antioqueño se dio en este sentido: “En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”.

Con el uso del adjetivo posesivo “nuestra”, pareciera que el expresidente Santos hiciera referencia a la democracia de ellos, es decir, a la de los tres expresidentes y a la de todos aquellos actores económicos, sociales y políticos que financiaron sus campañas políticas y legitimaron sus mandatos presidenciales manchados de ilegalidad e ilegitimidad por lo acontecido con la reelección, así como por los efectos negativos que dejó la aplicación de la política de seguridad democrática y la violenta represión que en el marco del estallido social lideró Iván Duque Márquez.

¿En dónde quedaron las chuzadas del DAS y el agrio enfrentamiento de Uribe con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las investigaciones que adelantaron los togados contra los congresistas amigos de los paramilitares, quienes finalmente le hicieron campaña a Uribe? Y cómo olvidar el intento de Uribe de quedarse otros cuatro años más, para completar 12. Hay que recordarles que con ponencia negativa del magistrado Humberto Sierra Porto se logró frenar el tercer periodo de Uribe Vélez. Lo que vivió el país entre 2002 y 2010 fue un “embrujo autoritario”, tal y como lo llamó La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

En uno de los informes se lee: “A nivel del régimen político, lo que se puede observar, desde la posesión del presidente, es la concentración del poder en el Ejecutivo; tanto que dentro de su estrategia mediática “regaña” a todos sus funcionarios, incluyendo los altos mandos militares, como una muestra de que las fallas están en la ejecución de las políticas y no en sus planteamientos centrales. El presidente aparece claro y cierto sobre lo que está proponiendo, liberándose así de toda responsabilidad; simultáneamente se presenta una fuerte tendencia a subvalorar y descalificar las otras ramas del poder público: la Legislativa y la Judicial”.

Lo que si va quedando claro es que la idea de democracia pasa primero por los intereses de los expresidentes Santos, Uribe y Duque, representados en su compromiso con la defensa de esa parte del establecimiento colombiano que ve como un peligro las reformas sociales presentadas por Petro a consideración del Congreso y del pueblo. Los tres expresidentes prefieren la democracia procedimental y formal que opera en el país de tiempo atrás, y les parece riesgoso cualquier intento por profundizarla en favor de los sectores marginados de la sociedad.

Poner a Petro en el mismo nivel de dictadores como Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay; los Castro en Cuba, Pinochet en Chile, Daniel Ortega en Nicaragua; y no podía faltar la referencia al régimen venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros resulta exagerado pues el control de legalidad que hará la Corte Constitucional del decreto está garantizado. Eso sí, quienes hablan de dictadura en Colombia, a raíz de la polémica decisión del presidente Petro, evitan referirse al régimen que consolidó Bukele en El Salvador, quien se hizo reelegir a pesar de que la reelección continua está prohibida en la constitución de ese país.

Entre Petro y Uribe quien más se acercó a consolidar un violento y dictatorial régimen de poder fue el expresidente antioqueño. Baste con recordar y volver a ver el video en el que habla Godofredo Cínico Caspa para entender las diferencias.

Imagen tomada de ¿Se unieron contra Petro? Santos invita a Uribe a “defender la democracia” por consulta popular de Petro

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[1] https://www.lanuevaprensa.com.co/uribe-el-asesino-que-nos-puso-la-mafia-2/biografia-no-autorizada-de-alvaro-uribe-velez-el-senor-de-las-sombras-capitulo-1-el-misterio-de-los-aviones-fantasma-202010251225?tztc=1

 

VICKY DÁVILA PROPONE CONSTRUIR UNA CÁRCEL EN PLENA SELVA

Por Germán Ayala Osorio

 

En el afán por ganar simpatizantes, likes o por el fragor de las disputas ideológicas y políticas en las redes sociales, los candidatos presidenciales suelen hacer propuestas irrealizables, estúpidas, irracionales o traídas de los cabellos. Pues bien, la candidata de los clanes Gnecco y Gilinski, Victoria Eugenia Dávila de Gnecco, más conocida como Vicky Dávila, propone construir una cárcel en la selva para encerrar en esta a los corruptos de cuello blanco.

Vicky Dávila lanzó la estólida propuesta en medio de un enfrentamiento verbal con el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero. Esto dijo la señora de Gnecco: “Vamos a construir una cárcel en la selva, de las más modernas, para llevar a todos los corruptos. Muchos funcionarios de su gobierno terminarán allá y si a usted lo condenan por su proceso de corrupción, también irá allá. Entiendo por qué le toca alabar a la Fiscal Camargo, como hizo con Barbosa. Porque tiene miedo, porque tiene rabo de paja al estar IMPUTADO. Conmigo habrá justicia. En la SELVA haremos El Centro de Reclusión para Corruptos (CRC). El sitio adecuado para los bandidos de cuello blanco y los politiqueros ladrones. Será construido en los primeros 12 meses de gobierno”.

La señora Dávila no es precisamente una mujer leída capaz de comprender desde el pensamiento crítico y el enfoque de sistemas las complejidades del país. Proponer construir un penal en un ecosistema boscoso va en contravía de los compromisos ambientales que asumió el Estado colombiano, entre los que se encuentran proteger justamente selvas como la Amazonia y las que aún subsisten en el Chocó Biogeográfico. Mientras que el mundo habla de cambio climático, la candidata uribista le apuesta a afectar negativamente un ecosistema frágil y estratégico para el mundo y por supuesto para el país y ciudades como Bogotá que acaba de salir de un racionamiento de agua, justamente porque los “ríos voladores” están desapareciendo de la mano de los procesos de intervención humana insostenibles en selvas y páramos.

En su afán por auto proclamarse como un “faro moral” anticorrupción, la periodista candidata desecha las luchas que dieron los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos para que fuera cerrada la cárcel en la isla Gorgona. Lo más probable es que Vicky Dávila desconozca la historia de la isla prisión, la misma que muchos la compararon con lo vivido en la famosa ergástula Alcatraz, en los Estados Unidos. En la isla prisión Gorgona se violaron los derechos humanos y se afectó el ecosistema con la construcción del famoso penal y la presencia de los reclusos y los guardianes. En 1984 fue cerrada de manera definitiva.

El bufido lanzado por Dávila de Gnecco se explica porque ella está alineada – ¿o alienada? – con las ideas libertarias del presidente de Argentina, Javier Milei, quien hace parte del extenso grupo de negacionistas del cambio climático. Qué bueno sería que los ambientalistas reaccionaran frente a la “propuesta” de Vicky Dávila. Quizás le hagan entender que su idea es irracional, estúpida e irresponsable. Por este tipo de proposiciones es que su candidatura cada vez se hace más inviable. El país no se puede dar el lujo de llevar a la Casa de Nariño a quien propone exabruptos como el de construir una cárcel en plena selva.

 

 

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CONSULTA POPULAR POR DECRETO: MÁS LEÑA AL FUEGO

Por Germán Ayala Osorio

Con la decisión del presidente de la República de decretar la Consulta Popular el debate que hasta el momento había sido estrictamente político e ideológico, se transforma en uno de carácter jurídico y constitucional que va más allá de lo normativo. De este ya participan los expresidentes de la Corte Constitucional que el gobierno dice que consultó para preparar y justificar el decreto y los juristas que consideran que el jefe del Estado no puede, jurídicamente, decretar la Consulta Popular.

También entran en el debate los deseos y las aspiraciones presidenciales de llevar al país hacia estadios de modernidad a través de la comprensión amplia del concepto de democracia, superando la formalidad con la que opera en el país desde el nacimiento de la República, y de la consolidación de la soberanía popular como un principio democrático rechazado y manipulado electoralmente por todos los sectores involucrados en esta discusión. De un lado, hay un evidente miedo a que el constituyente primario adopte decisiones con efectos económicos y políticos; y la excesiva confianza de que el pueblo sabrá tomar las mejores decisiones. Para ambos lados, equivocarse es una posibilidad latente.

Entra el país en un complejo escenario de discusión conceptual en el que aparecen dos fenómenos o líneas de acción: de un lado, la juridización de la política, entendida como la “dimensión jurídica del poder político, lo que es igual, el trámite jurídico de los problemas sociales y políticos” (Villegas, 2014, p. 168), y la irrupción del progresismo constitucional o aspiracional asumido por García Villegas como “la justiciabilidad de los derechos sociales y que por eso se requieren Constituciones aspiracionales, aunque riñan con los principios de maximización de la economía y con la seguridad de los derechos de propiedad”.

La primera lectura atada a la juridización de la política la expuso el reconocido jurista Rodrigo Uprimny. En reciente texto, el exmagistrado de la Corte Constitucional sostiene que “mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”.

Mientras tanto, el gobierno Petro expresamente se alinea con el progresismo constitucional en el que por encima de lo normativo se pone la necesidad de escuchar al constituyente primario frente a una reforma laboral que claramente expone a dos Colombia: de un lado, la que insiste en que dignificando la vida de los trabajadores a través de pagos justos, la economía del país gana; y la otra Colombia que desde la avaricia y en ocasiones desde un espíritu retardatario y feudal se insiste en mantener la precarización laboral como una condición acorde con las condiciones naturales del aparato productivo del país y el mercado que les es funcional electoral, social y políticamente a la élite tradicional.

Por supuesto que al decretar la Consulta Popular el gobierno Petro desestima lo actuado por el Senado, acción que será recogida por la prensa opositora como un síntoma propio de dictaduras populares o caudillistas. Y en ese mismo sentido, el Senado, de la mano de su presidente Efraín Cepeda, despreció la soberanía popular y con ella la posibilidad de que el constituyente primario como nunca sucedió adopte decisiones de política laboral. En el fondo y más allá del debate conceptual que se viene, el país entrará en un debate entre la legalidad y la legitimidad de una aspiración social que el presidente Petro, en su condición de caudillo popular, decidió acoger como una de las tantas formas de enfrentar a lo que él llama la “vieja oligarquía”. Es decir, decretar la consulta popular aumentará los niveles de crispación ideológica y política y quizás los miedos de Petro, quien, en su alocución, habló nuevamente de una orden ya dada para asesinarlo o sacarlo de la Casa de Nariño y no precisamente a sombrerazos. 

TRATAMIENTOS PERIODÍSTICOS SESGADOS DE LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA CAMARGO Y VELÁSQUEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

Las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público de Guatemala en contra de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y el embajador en el Vaticano Iván Velásquez Gómez constituyen un innegable hecho noticioso que activa en las empresas mediáticas dos elementos claves para su ejercicio informativo: el interés de informar sobre el hecho noticioso sobreviniente y el criterio editorial con el cual se hará el cubrimiento.

En su emisión de las siete de la noche el noticiero privado Caracol Noticias abrió con el suceso noticioso, lo que resulta perfectamente explicable desde el punto de vista del interés social y político que despierta la orden de captura contra dos altos funcionarios del Estado colombiano.

En la nota emitida, Caracol Noticias dejó ver con claridad que su política editorial sigue anclada a la decisión de sus directivas de afectar la imagen del Gobierno Petro y por supuesto la trayectoria pública de la fiscal general y del exministro Iván Velásquez; en particular la del actual embajador en el Vaticano porque en el pasado, cuando fungió como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia fue el responsable de las investigaciones que el alto tribunal adelantó contra por lo menos 50 congresistas con vínculos con los grupos paramilitares. Además, Velásquez es odiado por el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y su círculo de poder más cercano. De ahí que los medios que defienden a Uribe y a todo lo que huela a uribismo, asumen al embajador como "su propio enemigo". 

Volvamos al cubrimiento noticioso hecho por el referido noticiero de televisión. El tratamiento periodístico-noticioso resultó tendencioso y desafortunado en la medida en que obviaron lo dicho por dos expertos que consultaron en la sección que se conoce como Caracol Ahora, y que se emite horas antes de la emisión central. Se trata de los abogados Pedro Alejandro Carranza y Juan Pablo Estrada. En particular, Carranza explicó con amplitud los alcances y los problemas de legitimidad y aplicabilidad de las órdenes de captura emitidas por la fiscalía de Guatemala. Habló de un desconocimiento de la fiscalía guatemalteca de cómo funciona el sistema internacional e interamericano del que son parte Guatemala y Colombia.

Las dos fuentes consultadas desestimaron los efectos de las órdenes de captura internacional contra Camargo y Velásquez porque las actividades desarrolladas en territorio guatemalteco se hicieron bajo el amparo y respaldo de la ONU, en el marco de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Bajo esas circunstancias y de acuerdo con los expertos, los dos exmiembros de dicha Comisión contarían con inmunidad, lo que dejaría sin efectos la orden judicial.

Si bien el Noticiero Caracol, en la mencionada nota de su emisión central entregó elementos contextuales para entender la decisión judicial, no recogió en la misma lo expresado por las dos fuentes en el espacio de Caracol Ahora. Se trata de una decisión editorial (política) acompañada de un tratamiento espectacular con el que claramente se buscó ensuciar la imagen del gobierno y por ese camino los nombres de los dos funcionarios.

Al consultar el portal[1] de Caracol Noticias las dos fuentes consultadas en la sección Caracol Ahora, dirigida por el presentador Pablo Arango, tampoco aparecen. Eso sí, el titular responde a la lógica noticiosa, atada por supuesta a la ya señalada intención editorial: Guatemala ordena la captura del exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo.

Suele pasar que cuando lo dicho por los expertos consultados va en contravía del enfoque preestablecido por el periodista o sugerido por el editor general e incluso por el director de emisión, esas interpretaciones y lecturas de los hechos se desestimen o se editan para no afectar el sentido de la narrativa que se quiere imponer. Lo expresado por Carranza claramente no le sirvió al jefe de emisión que quiso darle un tratamiento espectacular y rimbombante a unas órdenes de captura que muy seguramente no prosperarán, pero que si podrían afectar las relaciones diplomáticas entre de los dos países. Horas después, el gobierno de Guatemala rechazó la decisión de la fiscalía. 

El mismo tratamiento periodístico-noticioso hizo El Espectador[2], en una nota publicada en su portal, bajo el titular Guatemala ordena captura de exministro Iván Velásquez y fiscal Luz Adriana Camargo. En la bajada, resumen o sumario se lee: “El Ministerio Público de ese país señaló que el exministro y la fiscal, cuando eran investigadores en ese país, habrían favorecido a la multinacional brasileña Odebrecht en medio de pesquisas en ese país”. Al final de la nota, El Espectador registró la reacción del exministro de Defensa, en su cuenta de X.

Estamos ante un trabajo periodístico ideologizado y politizado muy propio de unas empresas mediáticas que operan como actores políticos y sus periodistas como activistas y estafetas del régimen de poder que le apuesta a deslegitimar a la fiscalía y directamente al gobierno por tener como embajador al odiado exmagistrado auxiliar, Iván Velásquez. 

Imagen tomada de El Espectador.com

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[1] https://www.noticiascaracol.com/mundo/guatemala-ordena-la-captura-del-exministro-ivan-velasquez-y-la-fiscal-luz-adriana-camargo-rg10 Consulta hecha a las 7:59 pm del 2 de junio de 2025.

[2] https://www.elespectador.com/judicial/guatemala-ordena-captura-de-exministro-ivan-velasquez-y-fiscal-luz-adriana-camargo/ Consulta hecha a las 8 y 26 pm del 2 de junio de 2025.

CURAS PEDERASTAS, PERIODISMO Y ESPÍRITU DE CUERPO

Por Germán Ayala Osorio

 

El periodista Juan Pablo Barrientos tiene contra las cuerdas a los curas pederastas protegidos por la iglesia católica. Con sus investigaciones develó los casos de violaciones contra menores perpetradas por sacerdotes de las Arquidiócesis de Medellín y Villavicencio.

En entrevista dada a El Espectador, el aguerrido reportero dijo: “He publicado dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Tras el primero, interpusieron contra mí tres tutelas y cuatro denuncias penales. Con el segundo, tuve que responder siete tutelas. He ganado todos los procesos en primera y segunda instancia, excepto tres denuncias penales que no han sido resueltas y fueron interpuestas por el sacerdote telepredicador Carlos Yepes, el cura más poderoso de Antioquia. Este fue denunciado por tres hombres que afirman que fueron abusados sexualmente por él cuando eran niños. Yepes fue suspendido del ejercicio sacerdotal directamente por el papa Francisco”.

Recientemente, la Corte Constitucional (CC) le dio la razón a Barrientos, quien había solicitado que se “desclasificara” la información interna que reposa en Arquidiócesis, y diócesis de los clérigos sobre los cuales hay denuncias o procesos al interior de la curia por haber violado menores de edad. “Creo que hay sacerdotes buenos en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas del país. Pero sucede que los silencios, en casos de pederastia, son cómplices. Y algunos de esos buenos sacerdotes han guardado silencio frente a los delitos de sus colegas”.

Pocos días después del histórico fallo, en su cuenta de X, Barrientos hace referencia a la queja que expresó el arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa por el sentido de la sentencia del alto tribunal. El sacerdote dijo desde el púlpito que “no puedo ocultar mi tristeza, mi preocupación con lo que han decidido esta semana algunos miembros de la Corte Constitucional para satisfacer a dos periodistas y que afecta la vida de la iglesia y especialmente a los ministros ordenados en Colombia. Dice el comunicado que las jurisdicciones eclesiásticas debemos entregar a periodistas la información relativa a los sacerdotes o clérigos vivos y difuntos... para constatar si hemos cometido delitos referentes a abusos…”

Lo primero que debo decir es que el prelado evita hablar de abusos sexuales, apoyado en la generalidad que acompaña al término “abusos”. Ese silencio de Ángel Villa da cuenta de la incontrastable rabia que le produjo la decisión judicial y de su intención de minimizar las execrables prácticas de los curas pederastas. Y, en segundo lugar, su exposición pública permite comprender hasta dónde el espíritu de cuerpo les sirve a él y a otros clérigos para abstenerse de denunciar a sus compañeros violadores de menores, matizar esos “pecaminosos impulsos”, para terminar, reduciéndolos a “errores” por aquello de que la “carne es débil”.

En la molestia del arzobispo con la CC y los periodistas está de presente lo que se conoce como el espíritu de cuerpo o de grupo que da cuenta de la cohesión al interior de una organización, que favorece la imagen, los intereses institucionales y que sirven para naturalizar unas prácticas internas que dan vida a lo que se conoce como institucionalidad. Ese espíritu de cuerpo o moral institucional suele servir para ocultar delitos, defendidos por los agentes más visibles, devotos o cómplices de la organización, sea esta militar, eclesiástica o de cualquier otro carácter. De esa manera se cultiva una casta o cofradía mafiosa difícil de penetrar con los fines de denuncia que orientan el trabajo periodístico de Barrientos.

Ese mismo espíritu de cuerpo sirvió para que durante el gobierno de Álvaro Uribe y la aplicación de rajatabla de su política de defensa y seguridad democrática se validara, matizara y ocultara la abominable práctica de los “falsos positivos”. Por todo lo anterior, cuando se habla de defender la institucionalidad, en referencia a instituciones armadas como el Ejército y las comunidades religiosas, incluida la iglesia católica, lo mejor que se puede hacer es sospechar de sus agentes defensores, pues normalmente suelen cumplir el rol de encubridores de graves y repugnantes delitos. ¿A todas estas, qué pensará Dios de los crímenes de Estado y de sus representantes en la tierra convertidos en peligrosos pederastas?

ASESINAR A PETRO: ¿POSIBILIDAD O PARANOIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de las carcasas de lanzagranadas (basucas) encontradas por la Policía al sur de Bogotá y no asociadas institucional y protocolariamente a un posible atentado contra el presidente Petro activa nuevamente la narrativa presidencial que indica que de tiempo atrás hay un plan para asesinarlo. La orden está dada, aseguró el propio jefe del Estado.

Si la información recogida por la inteligencia policial y militar confirma la existencia de un plan criminal en contra del presidente Petro, el asunto a considerar no estaría tanto en la posibilidad de que la orden se cumpla estando en la Casa de Nariño, sino más bien una vez abandone el poder.  Asesinar a Petro en su calidad de presidente es un momento político o escenario que no convendría a quienes desde varios sectores societales desean ese fatal desenlace por todo lo que significaría para ellos que Francia Márquez Mina asumiera el poder en su calidad de vicepresidenta. Provocar una crisis política e institucional y un eventual levantamiento popular no le conviene al país y mucho menos a quienes harían parte del macabro plan e incluso, para quienes desde sectores privilegiados están deseando que eso ocurra sin hacer parte de ese concierto para delinquir.

La orden de la que habla el presidente Petro podría estar pensada para ser cumplida en su calidad de expresidente de la República, hecho político que no tendría los efectos políticos, sociales e institucionales si la muerte se produjera estando aún como inquilino de la casa de Gobierno. Si el plan es real y la orden de verdad ya fue dada como lo indicó Petro, los autores intelectuales y materiales, en asocio o no con los sectores políticos, sociales y económicos que vienen expresando su animadversión hacia el jefe del Estado, podrían estar considerando aplazar la acción criminal, para “bajarse a Petro” una vez abandone la Casa de Nariño, lo que significa que sus enemigos estarían pensando desde ya en el escenario electoral de 2026; es decir, le estarían apostando a evitar a que se consolide el petrismo como doctrina política, escenario que le preocupa a la derecha por la condición de caudillo popular y gran elector de la izquierda y el progresismo que ostenta ya Gustavo Petro.

Si Petro es asesinado en su calidad de expresidente, los efectos sociales y políticos serían diferentes si su crimen se produce fungiendo como jefe del Estado. Convertido en símbolo y mártir, su legado político se reforzaría siempre y cuando así lo decidan quienes estén dispuestos a recoger su proyecto político emancipador y subversivo (contrario al orden establecido). Y realmente no veo a nadie capaz dentro del progresismo cumplir esa función no solo por el miedo que generaría semejante “acción ejemplarizante” de la ultraderecha, sino por la inigualable capacidad discursiva, inteligencia y el carisma del hijo de Ciénaga de Oro.

La atención internacional sería igualmente diferente en la medida en que la gobernabilidad no se pondría en riesgo si la orden se ejecuta siendo expresidente de la República.

Cierto o no lo del plan para asesinarlo, el solo hecho de que se esté hablando del espinoso asunto en las redes sociales y en otros espacios da cuenta de la vigencia de una de las taras civilizatorias que caracteriza a la sociedad colombiana: la facilidad con la que se desprecia la vida de aquel que piensa diferente y se atrevió a desafiar a los amigos del régimen criminal que lleva años operando el Estado colombiano.

Huelga recordar que durante una de las movilizaciones ocurrida en abril de 2024 en contra de Petro y de su gobierno apareció un féretro con el que se simulaba la muerte del presidente. En su momento el jefe del Estado dijo que “Matar al presidente gritan estas personas ricas. Allí va un hombre negro y de bajos recursos ayudando a cargar el féretro. ¿Sabrá esta persona lo que le pasaría a Colombia y a su gente si el deseo de estas personas se cumpliera?”

 

 

Imagen tomada de Infobae.

MAURICIO LIZCANO SE LANZA POR LA PRESIDENCIA

Por Germán Ayala Osorio

 

Óscar Mauricio Lizcano Arango, exministro de las Tics del gobierno Petro hizo pública su aspiración presidencial con dos promesas de campaña, sujetas a una trillada aspiración nacional: el primer ofrecimiento va en dirección a formar un equipo de rivales integrado por gente de izquierda y derecha; y la segunda, acabar con la Paz Total a la que considera fracasada.

Ese anhelo nacional se expresa en la ya desgastada idea de “unir a los colombianos”. Al parecer, Lizcano Arango le estaría apostando a fungir como el “presidente bisagra” capaz de unir a los expresidentes y a los sectores de poder que cada uno representó cuando estuvieron en la Casa de Nariño. Quizás tenga en mente dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 188 de la Constitución Política que señala “que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Resulta loable que Lizcano recoja esa aspiración porque nadie niega los altos niveles de polarización política y crispación ideológica por los que atraviesa el país debido a la incapacidad compartida entre el presidente Petro, los líderes de los partidos tradicionales y los políticos de la derecha  a los que invitó a trabajar para generar consensos. Eso sí, Lizcano miente al presentarse como un candidato independiente, que no tiene jefes y alejado de la política tradicional. Cae en el mismo error en el que incurren candidatos como David Luna y Vicky Dávila. Detrás del exministro de Petro está Uribe, con quien está emparentado: el expresidente antioqueño y expresidiario es su padrino de matrimonio.

Así se define Lizcano: “Yo no soy de ningún ‘ismo’. Mi mayor fortaleza es haber conocido a todos: al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Petro, a Germán Vargas. No hay otro candidato que los pueda unir a todos”. Quizás lo que el país necesite no es unirlos a todos, sino proscribir las ideas y las prácticas de aquellos que desde la Casa de Nariño le hicieron daño a la política y al país. Y hay consenso alrededor de la idea de que de los nombrados el más maléfico y perjudicial fue Álvaro Uribe Vélez, su padrino de matrimonio. Así las cosas, Lizcano, al igual que David Luna, saben que sus candidaturas no tienen mayor futuro, pero les alcanzará para negociar los votos que puedan arañar, si es que antes de no deciden adherir al candidato de la derecha que mejor le esté yendo en las encuestas.

En lo que toca a sus dos promesas Lizcano dice que “vamos a llamar a los mejores hombres y mujeres de la izquierda y la derecha para que sean parte de su gobierno. Formaremos un equipo de rivales. Vamos a trabajar alrededor de construir puentes y no de construir muros como están haciendo todos los demás candidatos”. Si su manera de “unir” a los expresidentes y a los sectores de poder que representan está sujeta a la repartición de burocracia, entonces Lizcano, como “presidente bisagra”, está pensando tan solo en la primera parte del artículo 188 y no en la segunda, eternamente incumplida por todos los jefes del Estado. Quien le apostó a darle cumplimiento fue Petro y la derecha uribizada se le opuso. Esa es la fuente y la génesis de la polarización política y la crispación ideológica que Lizcano cree que puede superar entregando puestos a unos y otros.

Como Óscar Mauricio Lizcano sabe que los partidos políticos arrastran una mala imagen por haberse convertido en estructuras clientelistas con las que el ethos mafioso se naturalizó en Colombia, opta por lanzarse por firmas y dar vida a un movimiento político pasajero llamado “Firmes con Lizcano, Colombiamismo”.  Los movimientos ciudadanos por firmas no son otra cosa que una fachada y la estratagema política-electoral de quienes creen posible engañar a los votantes, presentándose como independientes, cuando los acompañan los vicios y las prácticas politiqueras que convirtieron la democracia colombiana en una formalidad.

En lo que toca a la Paz Total, este nuevo aspirante presidencial se propone “acabar con la Paz Total porque ha sido un total fracaso porque ha aumentado el secuestro, la extorsión, ha aumentado la inseguridad en las regiones; eso no significa que no vayamos a buscar la paz, pero la buscaremos desde la seguridad y con una estrategia clara y definida para recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”. Lo que debería de hacer Lizcano es comprender que a pesar del fracaso de la Paz Total, el presidente Petro deja en construcción un nuevo escenario político- o quizás prepolítico- cuando en su eventual presidencia decida buscar la paz negociada o pacificar el país a las malas retomando los principios de la política de seguridad democrática que supo ejecutar su padrino de matrimonio.

Lizcano exhibe un discurso básico y desgastado. Se nota que su experiencia burocrática en varios gobiernos no logró atarla a una sólida formación conceptual y política que les permita a las audiencias pensar en que “le cabe el país en la cabeza”. Estimado Óscar Mauricio Lizcano Arango, pensar en “ganar en gobernabilidad y lograr consensos” sobre la base de entregar cuotas burocráticas es un total reduccionismo. Este país necesita de un cambio cultural del que por lo visto Usted aún no se percata. Usted, al igual que David Luna, es un manzanillo. 

Imagen tomada de La Silla Vacía. 

LOS CINCO HECHOS Y/O ESCENARIOS QUE DEJA PETRO

 Por Germán Ayala Osorio

 

Con aciertos y desaciertos, el gobierno de Gustavo Petro dejará en proceso de consolidación cinco hechos políticos e ideológicos que sí o sí la derecha, la izquierda, el progresismo y una eventual centroizquierda deberán recoger para construir con ellos los escenarios en los que sus posibles candidatos y programas de gobierno tendrán sentido, legitimidad y viabilidad. Estos son: 1. La anulación del carácter político de las “guerrillas”. 2. Unas élites desprestigiadas. 3. Unas bases sociales empoderadas y desafiantes. 4. En ruina la credibilidad de los medios masivos de información. Y 5. La obligación moral de construir una centroizquierda.

En medio del fracaso de la Paz Total, el presidente Petro logró lo que ni siquiera pudo alcanzar Álvaro Uribe Vélez con su temida política de seguridad democrática y la guerra a muerte que libró contra “lafar”: la anulación del carácter político de las “guerrillas”, a cuyos miembros llamó “traquetos de camuflado” y apéndices del cartel de Sinaloa. Así las cosas, cualquiera sea el candidato que llegue a la Casa de Nariño en el 2026 deberá lidiar con esa realidad política e ideológica que será determinante para los procesos de paz o de pacificación violenta que decida adelantar el próximo gobierno. Recordemos que en la entrevista que concedió a Juanpis González, el presidente Petro dijo que “en Colombia ya no hay guerrillas”. Esa conclusión a la que llegó el presidente de la República pone en “cuidados intensivos” a la categoría conflicto armado interno, cuya vida jurídica casi que se reduce a la aplicación del Protocolo II de Ginebra.

Con su discurso anti-oligarquía, Petro expuso a las élites tradicionales a un constante escarnio público, lo que le sirvió para reinstalar en los imaginarios colectivos la lucha de clases y la siempre latente posibilidad de que suceda en el país un nuevo estallido social, quizás superando los errores cometidos durante ese levantamiento: organización y liderazgo. En su última intervención, Petro señaló que “miedo es poner presos a 3.000 jóvenes y sacarles los ojos a decenas, solo por protestar, asesinar a 65 de ellos. Democracia y vivir sin miedo, es proteger el derecho de la ciudadanía a expresarse, a protestar y a la huelga”. Con unas élites desprestigiadas, los candidatos presidenciales deberán cuidarse de recibir apoyos y terminar defendiendo los intereses de aquellos empresarios que mandaron a sus lobistas al Congreso con la directriz de torpedear las reformas sociales presentadas por el Ejecutivo.

Gustavo Petro sale de la Casa de Nariño convertido en un caudillo popular y quizás en nuevo elector capaz de “poner” en la presidencia a quienes se comprometan con extender en el tiempo la promesa del cambio y por supuesto, la consolidación de este. Todas las marchas y movilizaciones dan cuenta de un despertar popular que bien se puede expresar en una realidad política que antes del 2022 el país no reconocía: unas bases sociales empoderadas y desafiantes. El trabajo social en las calles y comunidades adelantado por varios congresistas del Pacto Histórico podrá evaluarse positivamente si este escenario de conciencia colectiva se consolida y da vida a movimientos y líderes sociales con vocación de poder. Sin la formación de cuadros será imposible naturalizar las apuestas del progresismo. 

En el pasado reciente ningún presidente de la República había confrontado a los medios masivos y a sus periodistas vedettes como lo hizo Petro desde su cuenta en la red X.  El jefe del Estado los desmintió, contradijo y refutó con vehemencia, pero sin caer en amenazas de censura oficial como le “aconsejaron” varios petristas entre ellos Alfredo Saade. Semana, el medio que más oposición política le hizo a Petro, recogió el deseo del pastor: Alfredo Saade propone que el Gobierno Petro cierre medios de comunicación, “sin contemplaciones”. El gobierno Petro se abstuvo de chuzar e intimidar a los periodistas, tal y como ocurrió en los ocho años de Uribe Vélez.

La cofradía de empresas mediáticas que optaron por atacar sin piedad al gobierno Petro terminó en la ruina la credibilidad de los medios masivos de información, circunstancia que permitió la irrupción de Youtubers e Influencers de izquierda, convertidos todos en periodistas-activistas. Al final, los periodistas de los medios hegemónicos y esas nuevas figuras de las redes sociales terminaron actuando de la misma manera, afectando en materia grave la deontología del periodismo. La autocensura, las medias verdades, tergiversaciones y tratamientos periodístico-noticiosos amañados lograron poner en evidencia los mezquinos intereses de los propietarios de los medios masivos y la obsecuencia de sus más reconocidos periodistas, convertidos en amanuenses y estafetas de sectores privilegiados.

El quinto hecho y posible escenario político-electoral solo será posible si candidatos como Claudia López, Vicky Dávila de Gnecco, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria optan por abandonar sus egos y sus sórdidas relaciones con la derecha tradicional, para acercarse a la imperiosa necesidad de dar vida a un partido de centroizquierda o de centro, que recoja las banderas del cambio. Habrá que esperar por quién se decide el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe, si por la Cabal, Paloma Valencia, Guerra u Holguín. Eso sí, los candidatos del CD son los más débiles frente a los anteriores porque quieren llegar a la Casa de Gobierno a cumplir las órdenes que el expresidente antioqueño les dé. 

Quizás la figura política que pueda liderar ese proceso de conversión política sea Roy Barreras quien con su camaleónico carácter y experiencia en varios gobiernos pueda servir como puente para acercar a los eventuales candidatos del progresismo. Hablo de Camilo Romero, María José Pizarro, Carolina Corcho, Luis Gilberto Murillo, Daniel Quintero y Carlos Caicedo.

Urge que la clase política y empresarial le apueste a bajar los altos niveles de crispación política e ideológica, dado que sus más visibles y connotados líderes dejaron ver su avaricia y el desprecio por lo popular y hacia todos aquellos que se atrevieran a confrontar sus privilegios, así cómo su clasismo, racismo y aporofobia.

Si se acepta que los cinco hechos y/o escenarios aquí planteados están interrelacionados, entonces todos los agentes políticos y económicos de la sociedad civil deben asumir como una obligación moral construir una centroizquierda que le acabe de demostrar a la derecha uribizada que su tiempo ya expiró, que el país cambió y que Uribe Vélez jamás fue el referente moral y ético que la prensa bogotana inventó en su momento. Proscribir el uribismo es una apuesta cultural que podría acercar al país a estadios de modernidad, lo que significa superar las taras civilizatorias de una derecha premoderna y violenta. 

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¿DESPUÉS DEL PARO NACIONAL, QUÉ SIGUE?

 

Por Germán Ayala Osorio

Al parecer las marchas desarrolladas en las principales ciudades del país no estuvieron tan concurridas como en otras ocasiones. Aunque no se puede hablar de fracaso, hay síntomas de cansancio en el uso de esas acciones colectivas.

Las constantes movilizaciones a favor del gobierno Petro y las que se dieron en el marco del Paro Nacional del 28 y 29 de mayo pueden terminar en un agotamiento de este tipo de expresiones democráticas e incluso de la democracia misma como régimen de poder y escenario electoral en el que suelen enfrentarse las ideas de cambio y las que le apuestan a que todo siga igual en las correlaciones de fuerza al interior de la sociedad colombiana. Son varias las razones que explicarían la fatiga de estos instrumentos de participación ciudadana.

La primera razón tiene que ver con los altos niveles de crispación ideológica y política que se respiran en las principales ciudades del país y que pueden terminar ahondando las animosidades que quedaron expuestas después del estallido social entre la élite (clase dominante) y los menos favorecidos (la clase subalterna). Los niveles de convulsión ideológica por los que atraviesa el país en lugar de invitar a votar en las elecciones de 2026 pueden terminar aumentando las cifras de abstención.

Los bloqueos de vías en algunos puntos de Bogotá aportan a la generación de malestar en quienes están obligados a poner por encima de la discusión de asuntos públicos en plazas, cabildos abiertos y movilizaciones, sus intereses, obligaciones y responsabilidades.

La segunda razón está atada a que la aprobación en la Comisión IV de la versión mutilada de la reforma laboral será usada mientras llega al Senado, por la clase dirigente, con el apoyo de las empresas mediáticas tradicionales para deslegitimar la Consulta Popular no solo por costosa, sino por innecesaria dado que al final de cuentas se estaría logrando una reforma fruto de los consensos que el gobierno Petro no pudo alcanzar con los mismos actores políticos y económicos de la sociedad civil que la discutieron y aprobaron hasta el momento esa versión. Los tiempos para se convierta en ley están muy apretados. 

La tercera razón puede emerger del cansancio que pueden generar las movilizaciones, concentraciones, los cabildos abiertos instalados y las jornadas pedagógicas, cuando hay cientos de miles de ciudadanos que tienen que resolver en el día a día sus necesidades básicas. La gente asume y entiende que no habrá soluciones mágicas a los sempiternos problemas de desigualdad e inequidad en el país, por más que se convoque a la consulta popular. Haber vendido la idea maximalista del cambio, al igual que la Paz Total, puede terminar por afectar la confianza de los ciudadanos que votaron por el cambio.

La cuarta razón emerge del poder de penetración que aún tiene la prensa hegemónica, a lo que se suman los cientos de miles de ciudadanos que pueden sentirse engañados, insatisfechos, arrepentidos o decepcionados del “gobierno del cambio” en virtud de los escándalos de corrupción y del tiempo que deberá transcurrir para que los cambios logrados se traduzcan en el bienestar sostenido de la gente que votó por el proyecto político liderado por Petro. 

En lugar de insistir en hacer la consulta popular, quizás la estrategia política y electoral más conveniente esté en asegurar que las transformaciones y cambios logrados por el gobierno soporten los esfuerzos que por reversarlos hará la derecha si recupera la Casa de Nariño en el 2026. Hacer pedagogía en las calles y seguir usando los consejos de ministros y las alocuciones para desenmascarar a la derecha pueden aportar más, que insistir en extender hasta el escenario electoral del año entrante el actual ambiente de convulsión política e ideológica. Y también, para seguir reconociendo errores y asumiendo responsabilidades políticas. 

Foto: Mauricio Alvarado Lozada, tomada de El Espectador.com

PETRO Y LOS CONGRESISTAS QUE SE APROPIARON DE TIERRAS BALDÍAS

Por Germán Ayala Osorio

 

La lucha por la tenencia y explotación de la tierra hacen parte de los sempiternos problemas de inequidad, inseguridad alimentaria, sostenibilidad ecológica y socio ambiental que arrastra el país, de la mano de las múltiples formas de violencia social y política que parecen perennes. Se suma a lo anterior la disputa entre quienes le apuestan a un tipo de desarrollo económico basado en el modelo de la gran plantación con monocultivos y ganadería extensiva de baja producción y los que abogan por uno de corte agrarista para beneficio del campesinado y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentarias.

De los históricos procesos de concentración de la tierra en pocas manos participan familias presidenciales, poderosos banqueros, empresas multinacionales y sus filiales en el país, comunidades menonitas, ganaderos, congresistas, agentes narcoparamilitares y guerrilleros.

Durante la transmisión del Consejo de ministros el presidente Petro dio a conocer la lista de políticos[1] que estarían apropiándose de manera irregular o ilegal de terrenos baldíos. “Mientras miles de campesinos luchan por un pedazo de tierra para vivir y producir, algunos congresistas han estado ocupando ilegalmente tierras que le pertenecen a la Nación. Tierras baldías que por ley son para los campesinos, no para enriquecer a los poderosos de este país. Estos congresistas no están del lado del campesinado. Están del lado del despojo, del privilegio, del enriquecimiento a costa de la ilegalidad. Utilizan su poder para blindar sus intereses, para arrebatarle a las comunidades lo que les pertenece por derecho”, señaló Andrés Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Estamos ante una práctica consuetudinaria en el país, facilitada por circunstancias como la debilidad de las instituciones estatales en el control de los baldíos de la Nación y la captura mafiosa de instituciones como el Incora, Incoder y ahora la ANT. Esas condiciones hacen posible la apropiación ilegal e irregular de las tierras que por ley deberían pasar para el aprovechamiento del campesinado, previa evaluación de su valor ecológico y ambiental. Se trata de procesos de acumulación por desposesión, captura mafiosa institucional o apropiación irregular o ilegal de baldíos e incluso de terrenos que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales. 

En un informe de la Contraloría General de la República, en los tiempos de Sandra Morelli, se dio a conocer los nombres de los agentes económicos que se apoderaron de tierras baldías en la altillanura. En dicho informe están las familias Sarmiento Angulo y los Eder con los casos Aceites Manuelita y Manuelita - San Martin, así como las empresas Riopaila Castilla, Poligrow Colombia; los casos de los familiares del ministro Iragorri, de la Familia Lizarralde Ocampo y el caso de la Multinacional Cargill, entre otros más. Los narcoparamilitares también se apropian de tierras que hacen parte de parques nacionales naturales. Al final, los perfumados congresistas y banqueros terminan pareciéndose a los narcoparamilitares. 

Por fuera de ese informe se presentaron otros casos de apropiación irregular de baldíos, en los que están involucrados miembros de la comunidad Menonitas en la Orinoquia y el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Este último se apropió los terrenos del baldío El Laguito 2. Después de años de aprovechamiento y de solicitudes institucionales para que lo devolviera, tan solo en el 2022 el poderoso y temido político antioqueño devolvió al Estado los terrenos que había anexado a su hacienda El Ubérrimo.

Así las cosas, lo “denunciado” por Petro en su habitual Consejo de ministros constituye una prueba más de que en Colombia hay procesos continuados de robos de la tierra por parte de agentes políticos (congresistas, empresarios, multinacionales y presidentes) que han contribuido en gran medida a que el campesinado, comunidades negras e indígenas sufran las consecuencias de la avaricia provocada por la “fiebre de la tierra”. Son, justamente, esos actores políticos los que se oponen a que el Estado y en particular el actual gobierno logre hacer la reforma agraria que el país necesita para superar el oprobioso indicador de concentración de la tierra en pocas manos, del 0.84[2]. Con sus acciones, los congresistas que hacen parte del listado de acaparadores de tierras baldías aportan a que la violencia en Colombia se extienda en el tiempo.

Petro denuncia lista de congresistas con apropiación de baldios

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[1] Estos son los congresistas señalados por el presidente de la República: Marcos Daniel Pineda

Liliana Ester Bitar, Lidio García Turbay, Carlos Cuenca, Familiares de Paloma Valencia, Juan Samy y Habib Merheg, Ana Paola García, Luis Eduardo Díaz

[2] Gini, entre más cerca a uno, mayor es el nivel de concentración de la propiedad.