Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
A poco menos de un año de haberse instalado en la Casa de Nariño, la
imagen de Iván Duque Márquez como presidente se mueve en el péndulo mismo de la
confrontación política entre quienes insisten, desde el propio Establecimiento,
en continuar apoyando el “proyecto político uribista” y quienes desde orillas e
instancias bien distintas desean pasar las páginas de la guerra y de los odios,
pero sobre todo, buscan superar o dejar atrás el ethos
mafioso que
el señalado proyecto logró inocular en las institucionalidades privada y estatal.
Es decir, para unos, Duque es el presidente de Colombia en propiedad y para
otros, simplemente es alguien que fue puesto allí para cumplir con unas órdenes
emanadas por quien realmente parece ostentar el poder: Álvaro Uribe Vélez.
Con la gobernabilidad mínima que entrega y asegura un Establecimiento
históricamente capaz de mantener a flote a cualquier gobernante a pesar de sus bajos
niveles de aceptación social y política, Iván Duque Márquez intenta hacerle
creer a una parte de los colombianos (a los que votaron por el Sí en el
plebiscito) de que efectivamente es él quien gobierna en Colombia. A juzgar por
los imaginarios individuales y colectivos y las ya negativas Representaciones
Sociales (RS) que en torno a su imagen circulan a través de diversos discursos, pareciera que quien
realmente señala derroteros, toma decisiones y le indica al presidente de la
República cómo actuar, es el hoy senador, expresidente (2002-2010) y jefe único
del Centro Democrático (CD).
Por ser el ungido de Uribe, Iván Duque ha expresado una inconveniente
admiración por el político nacido en Salgar. Recuérdese que lo llamó
“presidente eterno”, acto de habla que no es más que la expresión genuina, como
diría el propio jefe de Estado, no solo de su veneración, lealtad y fidelidad,
sino de la dependencia política y moral de quien claramente se “encontró” con
la Presidencia de Colombia.
El proyecto político
La administración de Iván Duque y el propio proyecto político de Uribe
Vélez enfrentan hoy el desafío o quizás al enemigo más grande de la corta
existencia de lo que se conoce como “el uribismo”: la construcción de
la Paz. Es claro que para el ganadero y latifundista la consolidación de
una paz estable y duradera es toda una provocación y obstáculo para el desarrollo
del proyecto de país que de tiempo atrás tienen en mente no solo el senador y
expresidente, sino los ricos empresarios, varios académicos, militares y
exmilitares que lo respaldan.
Dicho proyecto de país tiene, por supuesto, varias dimensiones. En la
dimensión política, sueñan con un Partido Único al mejor estilo de regímenes
socialistas o estatista como el venezolano (Chávez y Maduro). En la dimensión
económica, insisten en mantener y extender en el tiempo privilegios para las
élites de poder y los mesocontratos con los que suelen asegurar la
gobernabilidad autoritaria de la que habla Édgar Revèiz (1997). Es decir, creen
en el mercado, pero en uno controlado que les permita exhibir una relativa
competitividad. Desde esta dimensión, continúan promoviendo un desarrollo
insostenible pues solo creen en el modelo de la gran plantación (monocultivo
como práctica líder), en el fracking, en la ganadería extensiva
(potrerización de zonas selváticas). Los grandes obstáculos a vencer son
los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas.
Al final logran ordenar los viejos territorios nacionales con
fines de especulación inmobiliaria por el crecimiento desordenado de ciudades
capitales de aquellos departamentos en los que siguen en pie selvas y
ecosistemas biodiversos, a pesar de la arremetida de enormes retroexcavadoras
que militares y policías no ven pasar y mucho menos se percatan de su
instalación, en ríos y bosques, para adelantar actividades de minería, legal e
ilegal.
En la dimensión sociocultural, seguirán intentando la generación de
estados de opinión asociados a la idea de un inquebrantable unanimismo
ideológico con el que sea posible
abrazar y premiar a quienes decidan instalarse en esa idea y de
perseguir y castigar a todos aquellos que insistan en mantenerse por fuera de
ese obligado círculo y critiquen lo peligroso que resulta para la democracia eliminar,
simbólica y políticamente, a la diferencia.
Objeciones, Santrich y la JEP
Lo que ha venido pasando en el país es un inocultable enfrentamiento
entre instituciones del Estado, lo que claramente
demuestra, de un lado, que el actual gobierno está empeñado en hacer trizas el Acuerdo Final y del otro, que el presidente
Duque, al mejor estilo de su mentor, desconoció los fallos de la Corte
Constitucional cuando objetó seis artículos del proyecto de ley
estatutaria de la JEP.
Justamente, la más
fuerte reacción en contra del proceso de construcción de una paz estable
duradera la tuvo el gobierno de Duque debido a la decisión que en derecho
adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a conceder la
garantía de no extradición al compareciente exguerrillero, Jesús Santrich. Las reacciones de voceros y funcionarios de alto nivel en
el gobierno buscaron generar una crisis institucional de tal magnitud, que los
hizo pensar en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y por esa vía intentar quitarle el ropaje y el estatus
constitucional que tiene el Acuerdo Final II; y por ese mismo camino, pensaron
en declarar la Conmoción Interior, buscando a toda costa saltarse el estado de
derecho y extraditar a los Estados Unidos al controversial excomandante
fariano.
En reciente
publicación, el diario EL ESPECTADOR titula así una nota informativa:Uribe
explica por qué Duque no decretó la conmoción interior. En otras circunstancias, el titular no tendría por qué generar suspicacias
pues se trataría de una simple opinión política. Pero no nos llamemos a
engaños: Uribe no es un político cualquiera. No solo indicó a sus admiradores, sino que acordó con empresarios que su candidato a la presidencia para
el periodo 2018- ) era Iván Duque Márquez. Al
final, con el respaldo de unos y otros, esa parte de Colombia votó por el que
dijo Uribe, bien por simpatía, conveniencia o por miedo a una eventual
presidencia de Gustavo Petro Urrego.
Al revisar el
contenido del artículo publicado en el diario bogotano, queda claro que en el
alto gobierno sí se contemplaron escenarios jurídico-políticos para responder a
ese desafiante enemigo en el que se convirtió tener que cumplir con lo
establecido en el Tratado de Paz firmado entre el Estado colombiano y la
entonces guerrilla de las Farc.
En dicho texto se
lee lo siguiente: “Me preguntan que por
qué Duque no decretó la conmoción interior. Porque el gobierno Santos prometió
que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió su
promesa, los elevó y la conmoción interior no puede suspender la Constitución”,
dijo Uribe. Con lo anterior, Uribe ratificó que la idea sí se puso sobre la
mesa tan pronto se dio la decisión de la JEP, a pesar de que ese mismo día la
vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió los rumores surgidos al
respecto”.
En
cuanto a la convocatoria a una peligrosa Asamblea Constituyente, EL ESPECTADOR
recoge así lo dicho por el expresidente Uribe: “La otra idea planteada
abiertamente por el partido de Gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el
sistema de justicia transicional. Una propuesta que acogió el expresidente
Uribe pero que, al mismo tiempo, criticó por las condiciones que plantea la
Constitución para convocarla. “La Constitución de 1991, incluyó la
Constituyente. Sin embargo, creó tanto formalismo para
convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad”, dijo
el expresidente”.
De
lo publicado quedan varias conclusiones. La primera, que Uribe Vélez ostenta un
inconveniente poder político que no solo afecta el buen juicio y contamina las
decisiones políticas del presidente Duque, sino que debilita la institución
presidencial y revive viejos enfrentamientos entre el Ejecutivo y la rama judicial, en
particular con las altas cortes, ocurridos durante el periodo 2002-2010.
La
segunda, que las explicaciones dadas por Uribe Vélez debilitan aún más la
imagen de un presidente que en casi un año de gobierno no ha podido imponer su
propio estilo, o por lo menos fijar su propio proyecto político. A pesar de
haber sido elegido bajo la sombra de Uribe, el entonces presidente Juan Manuel
Santos supo tomar distancia, por lo menos política,
con el mayor elector que tiene hoy Colombia.
Al
final, Santos se la jugó por ponerle fin al conflicto armado con las Farc y les
dejó a los sucesivos gobiernos la obligación ética, moral, jurídico-política y
constitucional de cumplir con lo acordado en La Habana. Así
entonces, lo que está esperando la Colombia no “uribizada” son dos cosas: la
primera, que Duque tome la decisión de hacer a un lado a su “presidente eterno”
para erosionar la consistencia de los negativos imaginarios y representaciones
sociales que en torno a su talante se vienen consolidando en el país; y la
segunda, que asuma como Jefe de Estado el compromiso de cumplir con lo que se
firmó en el teatro Colón.
Y la
tercera conclusión es que esas explicaciones las debió dar el propio presidente
Duque, o incluso, su gris ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El
protagonismo de Uribe y su enfermiza necesidad de figurar como el principal y
poderoso enemigo de la paz en Colombia termina no solo alimentando la
polarización política, sino debilitando la imagen de su ungido.
Es
apenas evidente que las negativas representaciones sociales que en torno al
presidente Duque circulan en redes sociales y en los propios “mentideros
políticos”, alimentadas, sin duda, por el humor político de caricaturistas como
Vladdo y Matador, las reconocen dentro del llamado uribismo. De allí que las
explicaciones dadas por el expresidente Uribe y opiniones de la
propia ministra del Interior, lo que hacen es confirmar de que Duque no parece
actuar de manera autónoma.
Expongo tres comentarios que tienen que ver
directamente con lo que se viene exponiendo en esta columna. El primero sucedió
durante la plenaria del senado en la que se hundieron las objeciones
presidenciales. En la misma
plenaria del martes 30 de abril, el senador Uribe pidió la palabra y señaló lo
siguiente: “Hombre, respetemos al presidente
Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él como senador fue a
la corte a presentar la demanda contra el ‘fast track’; él con su criterio
jurídico fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las
fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente
Duque como alguien susceptible a influencias extrañas, es un irrespeto, no solo
a su persona sino a su persona y trayectoria”. Al salir en defensa del
Presidente, Uribe no solo confirma que sabe de los comentarios que en redes
sociales y otros espacios se viene construyendo la idea de que quien realmente
manda en el país es el hijo de Salgar y no Iván Duque Márquez, sino que genera
el efecto contrario al que ya produce en la opinión pública el imaginario
social con el que se duda de la real capacidad del Presidente para
gobernar y tomar decisiones”.
Y el
segundo comentario lo hizo la ministra del Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez. En entrevista
concedida al diario El Espectador y ante la pregunta, “Finalmente, ¿siente que sus relaciones con el
Centro Democrático están bien?, contestó: “Las mejores relaciones, claro. Es mi partido, respeto a cada uno,
obviamente somos parte de una visión de país y en eso nos movemos. La cabeza
es el presidente Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe”
Al parecer, estamos ante un gobierno
bifronte que, en lugar de fortalecer la institucionalidad estatal, la debilita,
por cuanto al final los colombianos que con sus votos eligieron a Duque, no
saben si realmente es él quien gobierna.
Y termino con lo dicho por Uribe
Vélez y que aparece consignado al final de la nota ya referida y publicada por
EL ESPECTADOR. Dice el diario que “finalmente (Uribe), se
refirió a las denuncias que publicó el diario estadounidense The New York Times que revelaron una directriz
emitida por la alta comandancia del Ejército y con la que, presuntamente, se
corría el riesgo de que regresaran los denominados ‘falsos positivos’ al país.
El exmandatario aseguró que lo dicho por el periódico norteamericano no es más
que una estrategia para desprestigiar no solo a las
Fuerzas Armadas sino al Gobierno del presidente Duque. “Duque, ahora que está recuperando el sentido de la
autoridad, lo que quieren es desacreditarlo a él y al
Ejército. Le entregaron el país al narcoterrorismo y ahora que hay un
gobierno diferente lo que quieren es desacreditar a este gobierno y a los
generales de la patria para que el país siga en manos del terrorismo”, señaló
en referencia al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuyo
ascenso está pendiente de ser aprobado en la plenaria del Senado la próxima
semana”.
Ciertas o no las dudas que subsisten
hoy en torno a quién gobierna o manda en Colombia, lo más probable es que el
presidente Duque esté preso de una genuina admiración y lealtad por su mentor,
lo que lo pone en desventaja a la hora de discutir asuntos de gobierno y otros
que derivan en obligaciones que como jefe de Estado debe asumir, entre estas,
gobernar para todos los colombianos y dejar de oponerse al proceso de
implementación del Acuerdo Final II.
Imagen tomada de internet.
