La inclusión del presidente Petro en la lista Clinton
(Ofac) es un hecho jurídico-político que de manera directa y sistémica toca su condición
de jefe de Estado y afecta la imagen de la Nación y de todos sus asociados en
la medida en que incluir al presidente en el infame listado constituye una
afrenta contra quien representa la unidad, la legitimidad y el buen nombre de
la República. De allí que las diligencias
jurídicas y los millonarios costos para intentar revertir la medida no deberían
asumirse partiendo de la escisión que miles de colombianos hacen entre la condición
personal de Gustavo Petro y su rol como jefe del Estado.
Bien lo dice El Espectador en su editorial “Se justifica la
defensa jurídica del presidente Petro”, en el que señala que “un
presidente no se quita la camiseta del cargo en ningún momento durante los
cuatro años de su mandato, y aunque costoso, es comprensible que,
en defensa del país, se busquen soluciones consultando fuentes expertas”. Y
sí, como dice el mencionado editorial, la defensa jurídica del jefe del Estado
resulta costosa: el contrato se firmó por un monto de10.000 millones de pesos.
El país sabe que Petro se equivocó cuando, megáfono en mano, y en
una calle de NY exhortó a los soldados gringos a desobedecer a Trump. Aun así,
el error lo cometió en su condición de jefe del Estado, aunque muchos lo vieron
como un arengador callejero que creyó que su similar de los Estados Unidos no tomaría
represalias por la osadía de convocar a los militares a desobedecer a su comandante
supremo. Petro fue impulsivo, irresponsable y provocador. Y esa “gracia”
hoy tiene un costo de 10 mil millones de pesos.
No me cabe duda de que Trump dio la instrucción de “castigar” a Petro y a su
esposa, Verónica Alcocer incluyéndolos en la siempre conveniente y espuria lista
Clinton, instrumento de presión política y moral usado por los gringos de tiempo
atrás para sancionar a jefes de Estado, poniéndolos en el mismo nivel de
ignominia de consumados narcotraficantes, violadores de los derechos humanos y por
probados hechos de corrupción pública y enriquecimiento ilícito. Eso sí, las "pruebas" que dicen tener los gringos de la comisión de posibles delitos financieros (lavado de dinero y narcotráfico) deberán erosionarlas si aceptamos que Trump no tuvo nada que ver con la inclusión en la OFAC.
Revertir semejante castigo económico no será nada fácil. La próxima reunión
Trump-Petro puede servir para que el presidente gringo dé la orden de
retirarlo. Dependerá de las explicaciones que el propio Petro y su equipo de asesores
den a Trump y a Marco Rubio alrededor de la histórica lucha librada por el mandatario
colombiano contra las mafias narcoparamilitares y sus aliados políticos; pero
sobre todo, de la decisión que se tome alrededor de lo que bien podría asumirse
como un “nuevo Plan Colombia” para enfrentar al ELN y a los otros carteles que
operan en el país y que el presidente Donald Trump entiende como “fábricas de producción
de cocaína” manejadas por el presidente colombiano.
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