Por Germán Ayala Osorio
Dos decisiones administrativas del
gobierno Petro constituyen hechos político-electorales: el primero, el anuncio de la reducción
gradual del precio de la gasolina, asunto que la oposición usó durante varios
años para atacar a la actual administración; y el segundo, el bajonazo, vía
decreto, del salario de los próximos congresistas con la eliminación de la prima especial que superaba los 16 millones de pesos. Este último hecho en algo
ayuda a bajar las tensiones sociales originadas por la brecha entre el salario
mínimo y el sueldo millonario de los legisladores, circunstancia que prueba que
Colombia es una sociedad desigual.
Estamos ante dos jugadas políticas
con las que el gobierno Petro contragolpea a la oposición que en el Congreso no
quiso sacar adelante uno de los tantos proyectos de ley presentados con el propósito
de reducir el millonario salario de los actuales congresistas. Con el desmonte
de la prima especial de más de 16 millones de pesos mensuales, los congresistas que
resulten electos en las próximas elecciones ya no devengarán 50
millones. Sin duda alguna, un alivio para las finanzas del Estado.
Eso sí, esas dos actuaciones del
gobierno quizás no le alcancen para enfrentar el malestar social alimentado
todos los días por la prensa hegemónica alrededor de la crisis del sistema de
salud, focalizado en los problemas que afronta la Nueva EPS. La decisión de
cuatro jueces de embargar más de dos billones de pesos a la señalada EPS deviene
con el mismo tufillo político y electoral de las decisiones administrativas arriba
mencionadas.
Así las cosas, deberá esforzarse
el gobierno para contrarrestar la mala imagen y la rabia de cientos de miles de
pacientes de la Nueva EPS, víctimas de la crisis del sistema de aseguramiento
en salud por cuenta del sistemático robo de los billonarios recursos económicos
girados por el Estado durante los últimos 30 años.
Por más que haya quedado claro
que la inviabilidad del sistema de salud obedece a la angurria, avidez y a la
codicia de gerentes, politicastros y juntas directivas de las EPS que desviaron
los recursos económicos invertidos en sus propias clínicas, en proyectos
urbanísticos y otros tantos millones que se sospecha están en paraísos fiscales,
los pacientes-víctimas pueden terminar por echarle la culpa al gobierno Petro
por no encontrar soluciones a sus problemas de atención oportuna y de calidad.
Quedan varios meses en los que
seguiremos viendo a unas empresas mediáticas interesadas en golpear la imagen del
gobierno; y al gobierno ojalá haciendo ingentes esfuerzos para mitigar los sufrimientos
de los pacientes de la Nueva EPS, convertida en el último caballito de batalla que
le queda a la derecha para pescar votos.
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