Por Germán
Ayala Osorio
La propuesta
de usar el Acuerdo de Paz de La Habana como excusa para convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) resulta a todas luces inconveniente políticamente.
No solo por la actual crispación política e ideológica por la que atraviesa el
país, sino porque usar ese documento para ese propósito sería reconocer que el
Estado ha incumplido con lo acordado y consignado en ese texto, lo que sería
mal visto por los países garantes y acompañantes y por la misma ONU que evalúan
de cerca la etapa de implementación en la que está el proceso de paz de La
Habana. Es decir, después de tres gobiernos, incluido el de Petro, al Estado le
quedó grande cumplir con lo pactado en territorio cubano.
Aunque la
propuesta fue lanzada por Álvaro Leyva Durán, esta coincide con el deseo del
presidente Petro de ir a la ONU a reconocer que el Estado efectivamente está
incumpliendo lo acordado en temas como la reforma agraria, la desconcentración
de la tierra, la protección de la vida de los firmantes de paz (más de 400 ya
fueron asesinados) y el catastro multipropósito, entre otros temas centrales.
Esto dice el párrafo
con el que Leyva Durán cree viable y justificable convocar a una ANC: “…el Gobierno
de Colombia y las FARC-EP…convocarán a todos los partidos, movimientos
políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran
ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales
necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un
nuevo marco de convivencia política y social” (p.7).
Otro elemento
que se suma a la inconveniencia de lo propuesto por el exministro y excanciller
es el resultado negativo de las votaciones del plebiscito por la paz del 2 de
octubre 2016. El triunfo del No es un obstáculo social, histórico y político
insalvable en la medida en que quienes votaron negativamente al acuerdo de paz
hacen parte del constituyente primario. Insistir en dividirlo entre amigos y
enemigos del gobierno o de la paz, resulta poco democrático. Las democracias
modernas no pueden validarse sobre el poder exclusivo de las mayorías, y por
esa vía, atropellar las aspiraciones de quienes resulten derrotados en cualquier
escenario electoral. Aunque ese triunfo fue pírrico, sigue siendo una de las
causas que ayudan a mantener altos los niveles de crispación ideológica y política
que el país soporta desde el 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó como presidente
de la República, Gustavo Petro Urrego.
La
interpretación que Álvaro Leyva de una parte del texto firmado por los
plenipotenciarios del gobierno de Santos y los de las Farc-Ep sacudió a los
expresidentes Gaviria, Uribe, Santos y Duque, todos ellos políticos serviles al
viejo Establecimiento colombiano. El primero de aquellos propuso una coalición
para llegar a las elecciones de 2026 con un solo candidato. Gaviria estaría
buscando revivir el Frente Nacional, lo que abocaría al país a regresar al
cerramiento democrático que implicó la alternancia en el poder entre liberales
y conservadores.
Más allá de
las reacciones temerarias de Gaviria, lo cierto es que el presidente Petro se
equivoca al insistir en convocar a una ANC por cuanto no tiene las mayorías en
el Congreso, los medios corporativos están en su contra y hay actores
económicos que no lo respaldarían en esa aventura, lo que podría dar al traste
con su apuesta de reformar la carta política para, como ocurrió en 1991, pacificar
el país y llevar al Estado y a la sociedad al esquivo escenario de modernidad.
Nadie niega
que hay fuerzas políticas que están usando las bancadas de los partidos políticos
para torpedear el trámite de las reformas sociales propuestas por el gobierno y
sobre las cuales hay consenso alrededor de su necesidad para allanar los
caminos que lleven al país algún día a operar como una verdadera República y no
como un orden feudal atado a la voluntad de unos Señores Feudales a los que no
les interesa soltar el poder y mucho menos perder privilegios de clase.
Es evidente
el desespero del presidente de la República porque sus reformas sociales mueren
lentamente en un Congreso cuyos legisladores están cumpliendo órdenes de sus
financiadores (EPS, banqueros, industriales y clanes políticos) consistentes en
negarse a tramitar y aprobar las reformas a los sistemas pensional y salud y al
régimen laboral.
Lo mejor que
puede hacer el jefe del Estado es insistir hasta donde se pueda para lograr
sacar adelante las reformas. Si el fracaso es inminente, el camino que queda es
consolidar la narrativa de la frustración que le permita en las elecciones de
2026 echarle la culpa a la derecha uribizada de lo ocurrido con sus fallidas
reformas. Esa narrativa podría resultar más beneficiosa electoralmente para el
petrismo y el progresismo, que insistir en una ANC que por ahora la derecha rechaza
con vehemencia. Tanta insistencia en esa salida institucional a los eternos
problemas del país puede llevar a que agentes poderosos del Establecimiento le “cojan
la caña” a Petro, con el riesgo que subsiste de que una vez en ese escenario
constituyente, el país puede terminar regresando a los tiempos de la
constitución de 1886.
El factor
reelección presidencial aparecerá inexorablemente una vez se convoque a la ANC.
Una vez ahí, la derecha haría ingentes esfuerzos por hacer posible el regreso
del inefable expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque Petro ha dicho varias
veces que no está interesado en reelegirse, la senadora del Pacto Histórico, Isabel
Cristina Zuleta, manifestó lo contrario: “Sí queremos la reelección
del presidente Petro y la promovemos”.
Revivir la reelección para el propio beneficio del actual presidente hace recordar la mezquindad y la avaricia de Uribe Vélez cuando hizo comprar su reelección para beneficiarse directamente. Luego de ocho años, se quiso quedar 4 más. Lo que menos puede hacer Petro es parecerse a Uribe. Presidente Petro: termine su mandato y váyase a descansar un tiempo. Para que su proyecto político se haga realidad, se necesita de un cambio cultural, casi civilizatorio, en el que la derecha no está interesada porque el escenario predilecto de sus más visibles miembros es la violencia, la pobreza extrema y el desarrollo económico soportado en el modelo de la gran plantación y el extractivismo.
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