Mostrando las entradas para la consulta de la espriella ordenadas por fecha. Ordenar por relevancia Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas para la consulta de la espriella ordenadas por fecha. Ordenar por relevancia Mostrar todas las entradas

domingo, 1 de noviembre de 2026

NAVARRO WOLFF, UN REFERENTE QUE NO PUEDE MORIR



Por Germán Ayala Osorio

 

La partida de Antonio Navarro Wolf se produce en medio de una coyuntura sociopolítica y una desafiante y quizás inédita persecución mediática que puede terminar en un “asesinato moral”. En la primera, el protagonista es Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, quien cada vez más se parece a lo que Bukele y Milei vienen haciendo en sus países. Para el caso de El Salvador, violar los derechos humanos de cientos de ciudadanos encarcelados sin garantías procesales; y para el caso de la Argentina, el evidente desmejoramiento de las condiciones de vida de millones de gauchos que no llegan a fin de mes. El patrullerito de la noche confronta para la televisión a bandiditos de poca monta y con la reforma tributaria que presentó al Congreso, terminará de afectar la economía y la vida de millones de compatriotas asalariados. 

Para la segunda el protagonista estelar es Gustavo Francisco Petro Urrego,  “víctima” de Semana, actor político con funciones moralizantes. El expresidente,  por no cuidar su vida privada, hoy está siendo "juzgado" por periodistas abelardistas que necesitan condenarlo y asesinarlo moralmente para deslegitimarlo como líder del Pacto Histórico (PH), de la izquierda y el progresismo. Ya poco importa si lo de la red de las “mariposas amarillas” resulta verdad, pues una parte del país ya lo condenó. Se trata, por supuesto, de una condena moral en una sociedad mojigata, farandulera, hipócrita, homofóbica, machista, bochinchera, gazmoña, pacata, creyente y fanática. Ojalá aparezcan las pruebas que prueben que se entregaron contratos a mujeres a cambio de favores sexuales. En ese escenario, lo mejor sería que el expresidente dé un paso al costado y se retire de la vida pública. Resulta a todas luces insostenible la narrativa progresista alrededor de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando esa tipo de prácticas de dominación machista se normalizaron durante el cuatrienio de Petro. 

A juzgar por la historia política de Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y los positivos comentarios que se leen en la red X en torno a su perfil y trayectoria, ni Petro y ni Abelardo le dan la talla al exalcalde de Pasto y gobernador de Nariño. Ambos exhiben una incontrastable megalomanía. 

De cara a las elecciones de 2030 la izquierda y el progresismo deben fijarse el propósito de recuperar la Casa de Nariño para reversar todas las contrarreformas impulsadas por Abelardo con las que claramente busca beneficiar a los más ricos del país y atacar a la clase media y en general al pueblo trabajador.

Que la partida de Navarro Wolff sirva para revisar los liderazgos del progresismo y la centro izquierda. Si el expresidente Petro sale avante del asedio mediático y demuestra que se trata de infundios de Semana, el proyecto político progresista mantendría su legitimidad social y política. La figura de Iván Cepeda Castro debe someterse a una especie de “reingeniería mediática”, a partir del reconocimiento de los errores cometidos durante la campaña presidencial.

El mundo de las redes sociales demanda abandonar el perfil acartonado que arrastra Cepeda. Si en las huestes del Pacto Histórico van a mantener la idea de que el país no está preparado aún para que una mujer gobierne, entonces y dada la instalación de la narrativa moralizante contra “pecadores”(mujeriegos)  que la derecha abelardista está promoviendo y naturalizando a partir de la vida íntima de Petro, entonces es hora de que emerja un hombre cuya vida sexual esté resuelta para que no haya una “agenda privada” que genere las sospechas y suspicacias que generó Petro una vez instalado en la Casa de Nariño. Si por el contrario entienden que es tiempo de jugársela con una candidata, entonces al interior del Pacto Histórico están obligados a abandonar las luchas intestinas que confirmaron prácticas machistas, incluso de mujeres muy cercanas a Petro que se atacaron entre ellas y que aceptaron sin chistar la imposición de la candidatura de Cepeda por el hecho de ser hombre. 

Insisto. La muerte de Navarro Wolff ha de servir para revisar muy bien los perfiles de las y los posibles precandidatos y candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2030. Carlos Gaviria Díaz y el propio Navarro son ejemplos que deben estar presentes en quienes le apuestan a mantener al PH como una opción real de poder. El progresismo debe aprender de los errores cometidos por Petro y entender que fueron muchos los “papayazos” que les sirvieron en bandeja de plata a la prensa del Establecimiento. Sobrevivirá el proyecto político progresista si logran distanciarse ética y moralmente de los candidatos de la derecha, pues ahí siempre estará la prensa tradicional para juzgar a los progresistas, mientras oculta o minimiza las andanzas de los que militan en las huestes de la derecha. 

Paz en la tumba de Antonio Navarro, palabra que sí y que regrese la idea del “sancocho nacional”. Se fue un referente. 

sábado, 31 de octubre de 2026

LA PAZ Y EL MUNDO DE GAONA


Por Germán Ayala Osorio

Negar los beneficios que trajo el Acuerdo de Paz de La Habana como lo hizo recién el embajador de Colombia en la ONU, Mauricio Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU se explica fundamentalmente por dos razones: la primera, del orden internacional, porque los intereses comerciales y geopolíticos de los Señores de la Guerra de Estados Unidos e Israel los asumió Abelardo Gabriel y su gobierno como parte de su proyecto político y por supuesto como amigos estratégicos. De esa manera, el inquilino de la Casa de Nariño pretende justificar y consolidar su política de paz armada y narcotizada que se destaca por la eliminación física de precisos actores armados (guerrillas de izquierda), mientras que con las estructuras paramilitares se estaría pensando en renovar las viejas relaciones políticas que en el pasado permitieron la connivencia entre agentes estatales y privados con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Recordemos que Mancuso se autodefinió como un actor bisagra de esa macabra relación. El control institucional (binacional) de la producción de cocaína es un apéndice de esa paz armada y narcotizada que deviene articulada a la estrategia del Escudo de las Américas y su falsa guerra total contra los narcoterroristas.

Y la segunda razón, del orden interno, deviene atada al mismo objetivo de naturalizar la narrativa de la paz armada y narcotizada como política de Estado ancorada a los intereses internos de diversos agentes, legales e ilegales, que le apuestan a ejecutar una contrarreforma agraria que debilite a las organizaciones campesinas. La eliminación física y simbólica de la figura del campesino o su transformación en jornaleros o siervos sin tierra hace parte de esa apuesta de contrarreforma agraria que también pretende asegurar que el país importe alimentos de Estados Unidos en el marco del TLC, para erosionar la seguridad y la autonomía alimentarias asumidas por la derecha local e internacional como parte de un nocivo relato de la izquierda.

Bajos esas circunstancias lo dicho por Gaona en el Consejo de Seguridad de la ONU manda un mensaje a las universidades privadas y públicas que invirtieron tiempo y recursos, con el concurso de sus profesores-investigadores y estudiantes, para legitimar el Acuerdo de Paz de La Habana y la dimensión ética con la que se defendió el haberle puesto fin a esa “fábrica” de producción de víctimas en que se convirtieron las hostilidades entre el Estado y las entonces Farc-Ep. El mensaje es claro: el negocio de la guerra está por encima de la paz negociada.

En su intervención, Gaona dejó ver la visión corta, diminuta y reducida visión con la que él y Abelardo de la Espriella asumen la historia de un conflicto armado interno que si bien sus dinámicas efectivamente se han modificado a lo largo de 60 años, hay circunstancias objetivas y subjetivas que siguen exhibiendo los graves problemas que arrastra el Estado como forma de dominación por cuenta de una élite que desde los inicios de la República viene afinando sus estrategias de captura mafiosa de sus instituciones, en provecho de sus siempre mezquinos intereses, articulados por supuesto a los de los Estados Unidos y las multinacionales interesadas en seguir expoliando al país. Hoy las “tierras raras” hacen parte de ese juego del que Abelardo Gabriel, como ciudadanos americano, decidió participar para beneficiar a su verdadera patria, los Estados Unidos.

“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos que se han beneficiado más de este proceso de paz. En particular, los que abogan que el acuerdo de paz de 2016 es un modelo para el mundo. Pues no para nuestro mundo”.

Justamente la idea final de este párrafo explica con claridad a lo que se enfrentan los colombianos que creen en una paz negociada y en la necesidad de que por fin se consolide el Estado como una forma de dominación legítima, decente y democrática que le apueste a un desarrollo económico sostenible que beneficie a las grandes mayorías. “Pues no para nuestro mundo” señaló el embajador ante la ONU.

Gaona se refiere a un mundo sin campesinos, entregado a los negocios de ganaderos, latifundistas, empresas mineras y constructoras; un mundo que beneficia a los Señores de la Guerra; el mundo del unanimismo ideológico y político en el que solo existe una única verdad, la de la derecha; ese mundo que niega la diversidad cultural e impone la pureza del “hombre blanco” que está detrás del modelo de la gran plantación; el mundo que niega el cambio climático y por esa vía justifica el sometimiento de valiosos ecosistemas estratégicos a las actividades de explotación minera y el crecimiento desordenado e insostenible de pueblos y ciudades. Un mundo en el que la izquierda y el progresismo quedan proscritos. El mundo de Gaona es el de la felicidad de pocos y la tristeza de millones. A Gaona solo le faltó gritar en el Consejo de Seguridad de la ONU “bienvenidos a la patria milagro”. En cuatro años, seremos la patria miseria.

Varios días después El Espectador dedica su editorial del día a la postura asumida por Gaona. La fuerte bofetada del diario bogotano al embajador de Colombia en la ONU está representada en este párrafo: "Decir que nuestro Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo es no conocer los procesos de paz en el resto del planeta y también negar los avances que trajo la experiencia de nuestro país. Los juristas internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, que vienen a Colombia para estudiar y comprender cómo la Jurisdicción Especial para la Paz es una alternativa viable de construcción de verdad en medio de la guerra no son ingenuos ni están engañados: comprenden que todos los acuerdos de paz tienen dificultades y reconocen cuando un país encuentra fórmulas a pesar de esas dificultades. Y ni hablar de la Comisión de la Verdad, cuyo documento final ha sido estigmatizado por un sector político del país, pero que logró hablar con víctimas en todo el país y dar un relato integral, complejo y muy valioso sobre el conflicto en Colombia". Se cita ese aparte del editorial en letra pequeña porque así es el mundo en el que vive Gaona. 

viernes, 30 de octubre de 2026

GRAVAR LA COMIDA Y ESTALLIDO SOCIAL




Por Germán Ayala Osorio

 

Las disímiles formas de violencia, simbólica y física que acompañan los tormentosos procesos civilizatorios de Colombia, aunque suelen ser rechazadas por defensores de la vida y los derechos humanos, algunos las asumen como salidas legítimas para resolver diferencias políticas y rechazar medidas gubernamentales. Justamente, varios tuiteros ya proponen que para rechazar el contenido del proyecto de ley de ajuste económico (realmente es una reforma tributaria) que el gobierno presentará al Congreso se vuelva a vivir un estallido social como el de 2021.

Para “justificar” su llamado recuerdan que el estallido social lo generó la reforma tributaria de Carrasquilla, el fierabrás e irresponsable ministro de Hacienda del inefable e infantil Iván Duque Márquez. Por supuesto que hay diferencias coyunturales que harían casi imposible que el país vuelva a vivir y sufrir semejantes escenas de odio étnico, aporofobia gubernamental y social, todo en el marco de una declarada lucha de clases.

La invitación a que el “pueblo se levante” en esas mismas condiciones para rechazar las regresivas medidas económicas de gravar con IVA las frutas, verduras y el café, entre otros productos y servicios es a todas luces temeraria, pero sobre todo irresponsable. Quienes aspiran a que se vuelva a presentar ese violento y caótico escenario parecen olvidar el saldo trágico que dejó el estallido social de 2021: las “Rutas del Conflicto registró 80 víctimas mortales durante el estadillo social, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. Brutalidad policial, enfrentamientos y confusos hechos se evidenciaron en una base de datos construida por Rutas del Conflicto, en la que buscamos contar quiénes eran las víctimas y las circunstancias alrededor de su muerte”. Sin contar las jóvenes violentadas sexualmente por policías del Esmad.

Invitar a movilizaciones, plantones y marchas resulta legítimo para expresar el descontento social que crece a diario en contra del gobierno y la figura de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Esperar y proponer que de estas se derive un nuevo estallido social deja ver un desprecio por la vida de los jóvenes sobre los que recaería la responsabilidad de las movilizaciones y la violencia oficial que este gobierno está dispuesto a ejercer con ferocidad y enmarcar la protesta social en lo que Duque en su momento calificó como “terrorismo urbano”.

Las organizaciones sociales de izquierda y progresistas, las centrales obreras y los agentes más visibles del petrismo no pueden recoger las ideas de unos cuantos tuiteros que asumen el estallido social de 2021 como fórmula e instrumento para echar para atrás las pretensiones de Abelardo de afectar negativamente la vida de las grandes mayorías de colombianos que cada mes hacen ingentes esfuerzos para asegurar los tres golpes (las tres comidas).

Que Abelardo y su equipo económico están jugando con candela no se puede negar, pero invocar y proponer un nuevo estallido social no puede ser el único camino posible que queda para responder al desafío cultural, social, económico y político de un presidente empeñado en seguir al pie de la letra las recetas del FMI y favorecer a los banqueros que financiaron su campaña.

Las aplastantes mayorías que tiene Abelardo en el Congreso, sin tener un partido político consolidado, hacen pensar que su proyecto de ley de ajuste fiscal pueda pasar tal cual como lo presentará. Pero cuidado que se vienen las elecciones regionales en 2027, escenario electoral que podrá ser aprovechado por las huestes petristas, la izquierda y el progresismo para tomar revancha de un gobierno que en menos de tres meses ya dejó ver una incontrastable ineptitud y sumisión a los siempre mezquinos intereses de los mega ricos del país y a la voluntad de Donald Trump. También se advierte que Abelardo les mintió a sus votantes durante la campaña. Les dijo, entre otros asuntos y promesas que no gravaría productos de la canasta familiar. Sin duda alguna, los engañó, les mintió, se burló de ellos.

Así las cosas, el reto para la izquierda, los progresistas e incluso para las mesnadas de la derecha que entienden los riesgos que corren electoralmente de seguir aprobando todo lo que propone y hace Abelardo está en oponerse con firmeza a la desacertada política de ajuste fiscal que está empeñado en sacar el inquilino de la Casa de Nariño. Si al país le va mal con Abelardo, el regreso al poder de la izquierda y el progresismo se podría dar, así no haya estallido social.

jueves, 29 de octubre de 2026

SABER-PENSAR Y EL PATRULLERITO DE LA NOCHE

 




Por Germán Ayala Osorio

 

En estos tiempos en los que la razón instrumental y la bestialización de la humanidad confluyen en el ejercicio del poder político, el saber-pensar para explicar los orígenes, intereses y efectos de los hechos que dan cuenta de ese proceso de deshumanización se convierte en el último esfuerzo para tratar de detener lo que viene sucediendo en el mundo.

Sobre esos hechos, atados a una selecta misantropía, señalo el genocidio en Gaza a manos del ejército sionista de Israel como su más terrible ejemplo, así como las consecuencias del arrasamiento de la Amazonia brasilera y colombiana y la negación del cambio climático; también, la complacencia de ese fantasma llamado “comunidad internacional” con orates como Netanyahu y Trump, y los seguidores de este último que mandan- no gobiernan- en varios países de América Latina; y no puedo dejar por fuera a lo que algunos llaman el “neoliberalismo religioso” del que hacen parte evangélicos, católicos y cristianos que se oponen al aborto, pero aplauden el genocidio contra el pueblo palestino. Una  contradicción fruto de un no saber-pensar, que para el caso, supone el triunfo de la ignorancia. 

A lo anterior se suman las redes sociales convertidas en el refugio de millones de adolescentes que huyen de sus entornos familiares en los que las pocas preguntas que sobre la vida se hacen sus padres, los ahuyentan y lanzan a esos entornos digitales en los que no hay “rollos”, solo diversión. Esas mismas redes sociales resultaron determinantes en las recientes elecciones de Brasil y Colombia. En las de aquí, el estratega del ganador de la contienda electoral reconoció que “las elecciones se ganan entendiendo emociones y sentimientos”. El desprecio por el saber-pensar fue evidente. Ahora manda el algoritmo, votan los ignorantes y los bots. 

Las protestas en varios países europeos, en la propia tierra del Tío Sam y las recientes movilizaciones en Chile y Colombia contra los gobiernos de Kats y De la Espriella dan cuenta de una problemática global que mucho tiene que ver con el saber-pensar que, curiosamente se debilita como propósito de universidades privadas que se la jugaron decididamente por el modelo virtual y a la falta de rigor académico que lo acompaña y que se fortalece con el uso de la IA en la construcción de ensayos y en otros ejercicios reflexivos propios de la academia.

En la Crítica de la razón cínica, Peter Sloterdijk señala que “la antigua socialdemocracia había anunciado el lema «saber es poder» como una receta prácticamente racional. Y en ello no se lo pensó mucho. Se consideraba que había que aprender algo adecuado para, posteriormente, tenerlo más fácil. Una confianza pequeñoburguesa en la escuela era la que había dictado la frase. Esta confianza está hoy día en descomposición. Solamente entre nuestros jóvenes y cínicos estudiantes de medicina hay una línea nítida que lleva de la carrera al standard de vida. Casi todos los restantes viven con el riesgo de aprender para el vacío. Quien no busque el poder, tampoco querrá su saber, su equipamiento sapiencial, y quien rechaza a ambos ya no es, en secreto, ciudadano de esta civilización. Son numerosos los que ya no están dispuestos a creer que habría que «aprender algo» primeramente para, después, tenerlo un poco más fácil”.

Aunque no es exclusivo de esta época, hay quienes aspiran hoy a gobernar y tener poder con los menores elementos conceptuales y un mínimo conocimiento alrededor de la condición humana porque les facilita las cosas y la vida misma a la hora de ordenar o mandar. Y no hablo exclusivamente de aspirantes a convertirse en presidentes de la República, también tienen ese misma aspiración y perfil empresarios, dirigentes gremiales, CEO, gerentes, influenciadores y rectores. Eso los hace proclives a despreciar la vida de los intelectuales, escritores, artistas, poetas y librepensadores, en especial cuando estos defienden ideas y conquistas liberales, derechos humanos y los de la Naturaleza. El pensamiento crítico lo asumen como un problema indeseable. 

Para el caso colombiano, es visible la negación del saber-pensar en quienes votaron por el proyecto de profundización neoliberal y “contrarrevolución cultural” que encarna el presidente, sus ministros y los cientos de miles de aúlicos que le aplauden sus “patrullajes” y sus “bienvenidas” a la patria milagro que hace a bandiditos de poca monta a los que confronta e intimida a corta distancia.

De la Espriella no ha exhibido en sus ya casi tres meses de gobierno una sola reflexión profunda en torno a la vida, al modelo de desarrollo, o al cambio climático. En sus alocuciones no hay cabida para ese tipo de disquisiciones porque, a pesar de ser un profesional, el saber-pensar no lo motiva a despertar en los jóvenes e incluso en los viejos que lo siguen, el interés por leer y reflexionar. Y mucho menos le interesa dignificar la institución presidencial, dejando como huella preguntas y disquisiciones sobre el futuro de la humanidad.

Mientras avanza el deterioro del planeta y los procesos civilizatorios alrededor del mundo colapsan por la fuerza de la razón instrumental de los negocios, incluido el de la guerra y el narcotráfico, en Colombia se fortalece la idea que a menor conocimiento más preparado se está para mandar y dirigir. El patrullerito-presidente seguirá jugando con su radio y pistola al cinto porque su vida está inexorablemente atada al saber-hacer o mejor, al saber-obedecer o saber-seguir el guion que le trazaron sus financiadores internos y Trump-Rubio, la dupla ignara, fatua, fierabrás, indocta e inculta que está detrás del Escudo de las Américas. 

 

miércoles, 28 de octubre de 2026

LA TARDÍA REACCIÓN DE IVÁN CEPEDA



Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro lanzó serios cuestionamientos contra el presidente de la República, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Esto trinó Cepeda, a manera de conclusión, horas después del debate: “Existe un nexo probado entre Abelardo de la Espriella y narcotraficantes ligados al despojo de tierras, la gran minería y al narcorrentismo. Esos vínculos quedaron probados en el debate de manera documental y testimonial, y no fueron controvertidos ni por el ministro de agricultura ni por los congresistas de las bancadas de gobierno. De la Espriella es socio de narcotraficantes”.

Las graves afirmaciones del congresista ponen a prueba a varios sectores de poder político, social y mediático que votaron en blanco en las pasadas elecciones o que decididamente lo hicieron por De la Espriella como una forma de castigar lo que consideraron como el mal gobierno de Petro. El desmonte de las decisiones y medidas administrativas adelantadas por el gobierno progresista en favor de una reforma agraria y del campesinado unen hoy a la derecha y a la ultraderecha en Colombia. Lo que viene haciendo el ministro Dangond hace parte del recetario neoliberal y del proyecto político que precisos agentes del Establecimiento defienden: concentrar la tierra en pocas manos, imponer el modelo de la gran plantación, la economía de enclave y los monocultivos de caña de azúcar y palma africana, entre otros; acabar, física y simbólicamente con el campesinado, afectar la seguridad alimentaria para imponer los intereses y las lógicas de quienes proponen importar alimentos. Y finalmente, someter selvas y otros ecosistemas estratégicos a procesos de transformación para favorecer intereses inmobiliarios y explotación de riquezas, incluidas las “tierras raras” que el actual gobierno se comprometió entregarle a los Estados Unidos.

Entre esas huestes de poder que podrán usar o no lo dicho por Cepeda están los agentes académicos que recientemente criticaron y se opusieron a los actos de censura ordenados por el presidente y su ministra de Cultura contra el Museo Nacional, en el marco de lo que ellos mismos llaman “contrarrevolución cultural” que no es otra cosa que borrar de la memoria colectiva nacional las luchas feministas y a quienes se levantaron en armas, pero que se la jugaron posteriormente por la paz como Carlos Pizarro; y a otros como Bernardo Jaramillo que jamás apoyaron la lucha armada y  que invitaron al país a darse la mano por la paz. ¿Recogerán lo dicho por Cepeda para consolidar el bloque centrista en el que dicen estar ubicados? Lo más probable es que no.

De igual manera, lo expresado por Cepeda confrontará la solidez y la coherencia ético-política de los miembros del Centro Democrático, partido gobiernista en cuyo interior hay políticos que critican el talante autocrático de Abelardo, pero que no parecen interesados en acoger como ciertos los hechos denunciados y mucho menos usarlos para confrontar la legitimidad del actual gobierno. Hablo en particular de los congresistas Carlos Meisel y Rafael Nieto Loaiza. El primero, desestimó la gravedad de los señalamientos diciendo que lo “tenían preparado desde hace dos meses”. En lo que toca a Loaiza, en reciente columna de opinión criticó el talante de Abelardo: “El patrón no se define por un único exabrupto, sino por la acumulación de conductas. Lo que viene ocurriendo ha dejado de ser una serie de incidentes aislados y refleja un talante autocrático”.

El Centro Democrático, incluido su referente, creador y líder espiritual, Álvaro Uribe Vélez, no usará los hechos denunciados por Cepeda porque el congresista de izquierda en el pasado confrontó política y judicialmente al expresidente antioqueño y a su hermano Santiago por hechos muy parecidos a los que expuso contra De la Espriella. Cepeda dijo que los hermanos Uribe Vélez “fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa”. De igual manera, Cepeda y otros agentes políticos los conectan con intereses de las estructuras paramilitares en el despojo de tierras. El mismo Uribe se apropió del baldío El Laguito 2, predio que años atrás devolvió por presiones de agentes políticos de izquierda.

Lo dicho por Cepeda constituye también una prueba de fuego para la prensa hegemónica -ayer uribista, hoy abelardista-, que aplaude a rabiar y reproduce las escenas grabadas por el equipo de producción cinematográfica de Presidencia en las que De la Espriella cumple el rol protagónico del Sheriff que saluda y da la bienvenida a la “patria milagro” a bandidos de poca monta. El periodismo en Colombia poco o nada hará con lo expuesto por Cepeda por una razón estructural: la “bancarización de la prensa” es una realidad inobjetable en el país, así como la práctica de la autocensura que asumieron las grandes empresas mediáticas. 

Y por supuesto, los hechos que presentó Cepeda servirán hacia adelante como termómetro para definir al interior de la izquierda y el progresismo candidaturas para el 2030. Igualmente, podrían servir para atraer a las huestes del petrismo a aquellas figuras políticas y mediáticas que criticaron la “tibieza” del entonces candidato presidencial por no recoger información que hace parte de los imaginarios colectivos que de tiempo atrás circulan en el país en torno a las relaciones de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero con mafiosos, más allá de su rol como abogado litigante. Sus relaciones con Alex Saab han sido usadas por periodistas y políticos para erosionar la legitimidad del hoy mandatario.

Uno de los grandes y feroces críticos de Cepeda por no haber señalado de “mafioso” a De la Espriella es el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, quien le dijo: “durante la campaña tampoco hizo nada por decirle a ese tipo lo que era. […] Usted no fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante, paramilitar al paramilitar y ladrón al ladrón, claramente. […] Ahora tenemos a un fascista que le ha colaborado al genocidio y que nos va a vender nuestras riquezas.”

Ya veremos qué efectos políticos y sociales generan los señalamientos de Iván Cepeda Castro. Enviar esas “pruebas” a los Estados Unidos como lo anunció el congresista no servirá de nada mientras Trump esté en la Casa Blanca. Además, históricamente los demócratas y republicanos terminan pareciéndose cuando se trata de imponerle a Colombia sus políticas e intereses. Lo  cierto es que Cepeda reacciona tarde: De la Espriella ya está montado y no hay nada qué hacer. Si lo que hoy denuncia lo hubiera usado en la campaña quizás no habría impedido la llegada de Abelardo a la Casa de Nariño, pero sí habría evitado la ruptura al interior del PH. 

Al interior del país, está claro que los agentes de poder económico que instalaron a De la Espriella en el solio de Bolívar desestimarán las denuncias del congresista pues primero están sus intereses corporativos, que cualquier consideración ética o moral. La concentración de la tierra y la explotación minera, la ganadería extensiva y los intereses inmobiliarios están por encima de consideraciones ecológicas, ambientales, morales y éticas.

El imaginario que dice que Colombia es la “democracia más antigua y sólida de América Latina” está inexorablemente atado a la historia del ethos mafioso (corrupción público-privada y la injerencia directa de los narcotraficantes en la economía y la política) que la sociedad en su conjunto validó y naturalizó.  El proceso 8.000 es la prueba más clara e irrefutable de que los cimientos éticos y morales del conjunto del Establecimiento colombiano devienen inexorablemente atados a los intereses de narcotraficantes y paramilitares. Samper fue absuelto a pesar de que se probó la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial.

martes, 27 de octubre de 2026

DONOVAN BALANTA Y EL SILENCIO PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A Donovan Balanta lo habrían asesinado por ser negro. Los policías responsables, directos e indirectos, incluido un oficial en grado de Mayor, de la muerte del joven de 34 años fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías. Recluidos en centro penitenciario esperarán el juicio por los delitos que les imputó la Fiscalía de homicidio y tortura agravadas y falsedad ideológica.

Balanta fue golpeado y sometido a descargas eléctricas con taser accionados por los policiales. Al final del martirio, una provocada arritmia cardíaca acabó con su vida. Durante el suplicio, de acuerdo con versiones periodísticas, uno de los policías le habría gritado que “estaba acostumbrado a matar negros”.

El caso de Donovan Balanta me hizo recordar la historia real que hay detrás de la película “Milagros inesperados”. Después de haber sido condenado por un crimen que no cometió, la justicia gringa concluyó que George Stinney era inocente. Las historias de Balanta y Stinney (era un niño cuando fue ejecutado) comparten prácticas racistas que siguen vivas tanto en los Estados Unidos como en Colombia. El jurado que condenó a Stinney estuvo compuesto por personas blancas. A Balanta lo asesinaron policías mestizos que quizás desconocen que ellos llevan en su sangre genes negros e indígenas.

El factor racial tendría sustento y validez jurídica por lo espetado por uno de los servidores públicos y por el evidente desprecio hacia la vida de la víctima que exhibieron los uniformados. Los videos de cámaras de seguridad confirman el ultraje y la subvaloración de la vida de Balanta, quien por varios minutos estuvo tirado en el piso de la estación de Policía a la que fue llevado en calidad de detenido.

El abogado Alí Bantú Ashanti en su cuenta de X señaló lo siguiente: “Juez impone medida de aseguramiento a cuatro policías por el presunto homicidio de Donovan Balanta. @ABDELAESPRIELLA no los salvará de la justicia y la prisión. No levanten las armas contra el pueblo y el indefenso. Nuestra voz firme contra el odio racial y la violencia policial. La respuesta contra el racismo debe ser siempre el amor al prójimo. Podrán recibir miles de cursos pagos con nuestros impuestos, pero si no se aman a ustedes mismos, saldrán a matar llenos de prejuicios, y no lo permitiremos”.

Al incluir en el trino al presidente de la República, el penalista asume que habría una tácita intención del Ejecutivo de lanzar algún tipo de salvamento que permita sacar a los policiales del lío judicial en el que se metieron por haber violado los derechos de Balanta, hasta producirle la muerte. O quizás la referencia se produce por el silencio guardado por De la Espriella frente al aberrante crimen.

Quizás el silencio del comandante supremo de las fuerzas armadas frente al crimen motivó al abogado a escribir ese mensaje. Hasta hoy 27 de octubre de 2026 De la Espriella no se pronunció sobre el homicidio de Balanta. Los pueblos afros y cientos de miles de ciudadanos esperan un contundente rechazo de quien, de acuerdo con la Constitución, funge como comandante supremo o jefe directo de los policiales que participaron de la tortura y la golpiza con el desenlace ya conocido.

El silencio del presidente hace parte del proceso comunicativo en el que está inmerso como ser humano y por supuesto en la comunicación de carácter político en la que están inscritas sus responsabilidades políticas y simbólicas como jefe de Estado. De ahí que, el no expresarse sobre los hechos conlleva a múltiples lecturas que cuestionarían su rol como jefe de Estado y garante del respeto de los derechos humanos de los servidores públicos que están bajo su mando. “Un silencio más extenso o más breve de lo habitual al terminar o antes de iniciar el discurso puede ser incluso más elocuente que la palabra misma. Lo dicho, sin decirlo, abre un campo de interpretación capaz de envolver a la palabra con un aura que puede evocar amenaza, incomodidad, expectación, ironía, temor, compasión, empatía, desconfianza, complicidad, venganza, entre otros”.

Es posible leer su mutismo como parte de un ejercicio de prudencia atada a la evolución del proceso jurídico e incluso a la llegada al momento del juicio. Pero también puede leerse ese significativo sigilo presidencial como un apoyo tácito al actuar de los policiales dada la cercanía y la admiración expresada por De la Espriella hacia las fuerzas armadas. El país ya parece haberse acostumbrado a ver al presidente de la República “patrullando”, con arma al cinto, radio y saludo militar incluido, acompañado de policías en operativos en los que se capturan toda suerte de bandidos. Se trata de actos simbólicos con los que el jefe del Estado deja ver su propensión a defender sin ambages las institucionalidades derivadas de la operación de militares y policías. Su condición civil se desvanece cuando aparece en los episodios grabados cumpliendo funciones de juez, sheriff y comandante militar.

Hay una expresión de Abelardo que puede ser usada para interpretar el silencio que hasta el momento exhibe alrededor del crimen de Balanta. Esto dijo a Noticias Caracol en mayo del año en curso, en condición de candidato presidencial: “…vas a ver lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro”.

El homicidio de Balanta por racismo tendrá que probarse en el juicio. Mientras tanto, las interpretaciones alrededor del silencio presidencial seguirán haciendo parte de ejercicios de análisis del discurso y la comunicación política. Entre más se extienda el silencio presidencial, más precisos y duros podrán ser las conclusiones académicas, simbólicas y políticas que se deriven.  

jueves, 22 de octubre de 2026

¿HACIA DÓNDE LLEVA ABELARDO A COLOMBIA?

 



Por Germán Ayala Osorio

 

Las manifestaciones y protestas sociales en varios países europeos, el genocidio en Gaza perpetrado por Netanyahu, con el apoyo del pederasta presidente de los Estados Unidos; la persecución étnico-lingüística desplegada por ICE en la tierra del Tío Sam contra los inmigrantes latinos, la consolidación de gobiernos de derecha (neoliberales) en América Latina dispuestos a someter a importantes ecosistemas naturales dan cuenta de una coyuntura particularmente compleja que compromete la sostenibilidad sistémica del capitalismo, el sentido mismo de la globalización económica y cultural,  la democracia liberal y reedita los enfrentamientos éticos y morales entre la derecha y la izquierda. Una consecuencia de esas disputas está expresada en la irrupción de líderes populistas-autoritarios de derecha dispuestos a traspasar los límites de las guerras y los conflictos de baja intensidad como el colombiano, así como a debilitar las libertades, proscribir derechos y conquistas liberales.

Así las cosas, América Latina, a la espera de los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil, es un hervidero ideológico y el teatro de todo tipo de operaciones de sometimiento de las soberanías estatales y populares a los intereses siempre mezquinos de los Estados Unidos. El caso colombiano no es ajeno a esos procesos de escaldamiento de ideas, identidades colectivas e individuales asociadas a la izquierda y el progresismo. El regreso del proyecto conservador-regenerador en lo social y cultural y neoliberal en lo económico, en cabeza del actual gobierno, con el apoyo moral de agentes narcoparamilitares orgánicos, banqueros, empresarios, gremios económicos, iglesias, medios de comunicación y todos los expresidentes de la República menos Gustavo Petro, está diseñado para proscribir derechos y libertades de las mujeres y grupos minoritarios asumidos como incómodos e incluso como inmorales (impíos).

La temprana radicalización político-religiosa del gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero es el síntoma inequívoco de que el país ya inició el regreso a los tiempos de la constitución de 1886, marco legal y cultural desde el que la derecha y la ultraderecha someterán libertades, proscribirán derechos y perseguirán a quienes traten de impedir la consolidación del proyecto conservador-regenerador que orienta el presidente de la República.

La llegada al ministerio del Interior del fanático religioso, quemador de libros y ferviente defensor del sistema patriarcal Alejandro Ordóñez Maldonado es la expresión clara de hacia dónde quiere llevar el país Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. La “batalla cultural” y la “contrarrevolución cultural” tienen como objetivos proscribir libertades y derechos a las mujeres y a la población LGTBIQ+ usando toda la fuerza coercitiva del Estado para lograrlos. El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional que daban cuenta de la historia cultural del país y la desaparición simbólica e identitaria del campesino como sujeto histórico y de las niñas y adolescentes de la institucionalidad del ICBF dan cuenta de la dimensión de lo que el país ya enfrenta en menos de tres meses de un gobierno autoritario cuya fuente de legitimidad viene de las actuaciones  y los llamados que hacen pastores y clérigos a sus feligreses para que aplaudan al presidente que todos los días lanza vivas a Cristo Rey.  

El país estará abocado a reeditar disímiles formas de violencia como el genocidio de la UP, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), el desplazamiento forzoso por razones de orden público y por supuesto, por las de origen ecológico y ambiental generadas por el extractivismo, la ganadería extensiva y el cambio climático. La persecución contra agentes de izquierda y progresistas, señalados por De la Espriella como “enemigos de la Patria” hace recordar las Caravanas de la Muerte del régimen de Pinochet Ugarte en Chile e incluso a las prácticas de terrorismo de Estado implementadas en Colombia durante los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez e Iván Duque.

Eso sí, hay sectores societales que parecen no advertir la aparición de esos escenarios porque están convencidos de que al estar Dios de por medio, hay límites morales y éticos que el gobierno colombiano no podrá traspasar. Craso error: la historia de la humanidad da cuenta de que en nombre de Dios se cometieron, se siguen cometiendo y se seguirán cometiendo y justificando masacres, genocidios, maltratos y persecuciones grupales e individuales. Ya veremos qué pasa en esta Colombia que votó con odio en junio de 2026 y puso en la Casa de Nariño a un converso, a un tipo que en su adolescencia asesinó gatos y en su adultez se regodeó de semejante “hazaña”; a un abogado que dice que la ética nada tiene que ver con el derecho; a un falso Mesías al que le urge sentirse reconocido y aplaudido para alimentar su megalomanía y matizar sus vacíos emocionales.

SALE LARA, ENTRA ORDÓÑEZ

 



Por Germán Ayala Osorio

 

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo fue echado por Abelardo desde su cuenta oficial de X. Aunque para muchos se trató de una salida intempestiva, la verdad es que hacía rato el funcionario “venía en capilla”. Los viejos trinos de corte liberal y críticos contra Trump, Netanyahu e incluso, contra quien lo reemplazará, el "Monseñor" Alejandro Ordóñez Maldonado, tenía incómodo a su jefe inmediato y a su círculo de aúlicos más cercano.

Esos trinos fueron recuperados por miembros de las mesnadas abelardistas. Solo tocaba esperar el momento para sacarlo. Y este llegó con el error de trámite en la ley de presupuesto que obligó al gobierno a decretarlo. Cuando le preguntaron por semejante pifia, solo atinó a decir que “no pasó nada”. Una frase que dice mucho de su perfil y carácter.

Algunos miembros de la oposición, en particular del Pacto Histórico, celebraron como propia la caída de Lara. “Lo tumbamos”, dijeron en X. Si se mira en perspectiva de lo que se viene con la llegada de Ordóñez Maldonado a la cartera de la política, esa victoria que reclaman se hace minúscula por todo lo que se vendrá en contra de las mujeres, la población LGTBIQ+ y los otros sectores societales que apoyan la eutanasia y el aborto, entre otras conquistas de corte liberal.

Dicen que Lara se va para buscar la Alcaldía de Bogotá. Lo que si deja claro Lara Restrepo es su incoherencia ideológica, su débil carácter y su propensión a agachar la cabeza ante los poderosos. Ya se ganó un lugar en el Establecimiento y funge como uno de sus hijos más (des) preciados.

Como si tratara de un partido de fútbol, Abelardo saca del juego político a Lara y mete a Alejandro Ordóñez Maldonado. Es decir, retira de la nómina a un regular jugador e ingresa a uno que algunos comentaristas califican como perverso o malo, y otros exaltan su fanatismo religioso, su decisión de quemar libros como lo hizo en el pasado y su proclividad a perseguir impíos como si aún estuviéramos en los tiempos de la Santa Inquisición. Eso sí, Ordóñez cuenta con la admiración de las huestes godas, laureanistas y antiderechos que rodean al gobierno. La agenda que ‘Torquemada’ Ordóñez liderará en el Congreso es clara: penalizar el aborto, proscribir la eutanasia, reversar derechos sexuales y reproductivos y atacar desde el legislativo la vida de la población LGTBIQ+.

De esa manera, Abelardo Gabriel de manera temprana se radicaliza en su intención de convertirse en el líder religioso de un burdo y peligroso régimen teocrático. Está por consolidarse en Colombia un nuevo tipo de democracia, la de los púlpitos, de las casas de la Roca desde donde se Mira cómo el fanatismo religioso y la invocación a Cristo Rey ganan terreno en una sociedad creyente, pero moralmente confundida.

Regresar al país a los tiempos de la Constitución de 1886 es el objetivo estratégico del gobierno y más ahora con el ingreso de Ordóñez Maldonado, un político y fanático religioso en el que el presidente confía plenamente en que sacará adelante la agenda antiderechos que acordó con cristianos, pentecostales, católicos y otros sectores homofóbicos, transfóbicos, enemigos del feminismo y de las libertades ciudadanas. 

En menos de tres meses de estar pernoctando en la Casa de Nariño, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ya logró despertar al “centro político” bogotano, en particular a la élite académica que en cinco manifiestos expresó sus críticas y reservas frente a decisiones arbitrarias. La más reciente, la orden de retirar del Museo Nacional más de 30 piezas de la historia cultural del país. Ya veremos qué dicen cuando ‘Torquemada’ Ordóñez saque adelante la agenda antiderechos que millones de colombianos y otros cientos de miles de bots apoyaron y votaron en la pasada elección presidencial. Desde esta tribuna les digo: disfruten lo votado, especialmente los que lo hicieron en blanco y no escucharon las advertencias de lo que se venía para el país. Desde la casa de gobierno les dicen bienvenidos a la Patria Milagro y que viva Cristo Rey.


Adenda 1. El descriteriado Rodrigo Lara, muchas horas después de haber sido sacado del cargo, presentó su carta de renuncia. Un acto protocolario y administrativo que deja ver su lealtad y pusilanimidad. 

Adenda 2. la reelección  de Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación fue anulada en 2016 por el Consejo de Estado. Cayó en prácticas de nepotismo y clientelista. 

miércoles, 21 de octubre de 2026

LEY DE SOMETIMIENTO: MÁS DE LO MISMO

 



Por Germán Ayala Osorio

 

Los errores cometidos por el gobierno Petro, operacionales y de enfoque, al concebir la Paz Total desde una perspectiva maximalista, le facilitaron al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella la tarea de vender la negación de diálogos de paz con los terroristas como un valor moral de inaplazable acogida por quienes se cansaron de hablar de paz con los grupos al margen de la ley.

Una vez instalado Abelardo en la Casa de Nariño, millones de colombianos pensaron que se vendría una confrontación armada peor a la que el país vivió durante los aciagos ocho años de la administración de Álvaro Uribe Vélez y por supuesto el sometimiento voluntario u obligado de los máximos cabecillas de las estructuras armadas por fuera de la ley.

Es temprano para evaluar los resultados de las operaciones hasta ahora emprendidas, aunque ya se habla del regreso de la terrible práctica de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y una actitud violenta de varios agentes de la policía contra ciudadanos evidenciada en videos subidos a las redes sociales. El asesinato de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, el joven campesino de 18 años ejecutado por la Policía en el dichoso operativo en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sería el primer crimen de Estado del actual gobierno; así como el asesinato del joven afro Donovan Balanta a manos de cuatro policiales y el regreso del ESMAD para confrontar las movilizaciones podrían advertir un negativo cambio actitudinal-institucional en las relaciones de la Policía Nacional con la gente.

Mientras que en territorios como el Catatumbo y el Cauca los grupos armados ilegales hacen de las suyas, el Congreso se aboca a discutir el proyecto de ley 433 de 2026 Cámara - 296 de 2026 Senado “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, sus prórrogas y se establece la política estatal para garantizar el orden público, lograr una intervención territorial integral”.

Al leer el referido documento y escuchar las voces críticas de analistas como Ariel Ávila es posible señalar que durante el gobierno del presidente therian, de la mano de las bancadas oficialistas del Congreso, el país verá procesos de sometimiento de las agrupaciones terroristas una vez esa ley se apruebe. Eso sí, a juzgar por el contenido de ese proyecto esos procesos terminarán pareciéndose a los términos de la negociación que adelantó Uribe con los paramilitares en Santafé de Ralito y acogidos en Justicia y Paz: nula reparación a las víctimas, reducidas penas e impunidad. Se trataría, eso sí, de diálogos en la sombra, sin mesa, sin veeduría internacional y con nulo cubrimiento periodístico que garantizarían la construcción de una “paz pasajera” con visos claros de ser mendaz en su concepción y finalización.

El senador Ariel Ávila, opositor del gobierno, señala que tal y como está concebido el proyecto de ley de sometimiento, terminará beneficiando a los testaferros, lavadores de los dineros, empresarios y políticos, llamados en ese marco legal como “colaboradores”. Como dice Ávila, los “terceros civiles de buena fe”. En el Acuerdo Final de La Habana, antes del plebiscito por la Paz, los “terceros civiles” que de manera directa, indirecta, voluntaria o no, colaboraron con las entonces Farc-Ep y otros actores armados como los Paras, comparecerían ante la JEP. Esa parte fue eliminada como parte de la renegociación a la que se vio abocada a hacer el presidente Santos con los agentes del No, que reclamaron la victoria del plebiscito.

En el borrador del proyecto de ley, artículo 8B, se lee: “Este artículo faculta al Presidente de la República para definir el lugar en el que se materializará la judicialización de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, sujeto a cuatro condiciones que operan como límites materiales de esa facultad. La primera exige una precisa delimitación geográfica del lugar, de modo que la facultad presidencial no habilite una indeterminación territorial incompatible con el principio de legalidad. La segunda mantiene vigente, dentro de ese lugar, el Estado social de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las funciones de las autoridades civiles y judiciales, de manera que la definición del lugar no representa, en ningún caso, un vacío de autoridad ni una forma de despeje territorial… el artículo dispone que tampoco se suspenderá la extradición de quienes se sometan”.

Hay tantos intereses económicos y políticos, nacionales e internacionales, en las dinámicas del conflicto armado interno colombiano, que cualquier proceso de sometimiento a la justicia e incluso las mesas de diálogo que en adelante se puedan disponer, estará siempre sometido a las condiciones que imponen quienes agencian esos intereses políticos y económicos. En cualquier caso y por directa injerencia de los Estados Unidos, la producción de cocaína no puede detenerse por una razón económica fundamental: El sistema financiero internacional y el colombiano necesitan mover las enormes ganancias que deja el narcotráfico. En términos políticos, los procesos de sometimiento a la justicia y los mismos procesos de negociación política tradicionales (mesas de diálogo con acompañamiento de la ONU) no pueden exponer las identidades de los poderosos agentes económicos que se benefician del narcotráfico y mucho menos exponer los inmorales intereses de la DEA y el FBI, instituciones que sobreviven gracias al negocio de las drogas y su aparente persecución internacional.

Por supuesto que la ley de sometimiento que discutirá y aprobará el Congreso está diseñada a la medida de las estructuras paramilitares; a las llamadas “guerrillas” se les seguirá combatiendo, pero sobre todo asociando con el progresismo y la izquierda para alimentar la animadversión y validar la sentencia de Abelardo: “el petrismo, los petristas, esto es, los progresistas y la izquierda democrática son enemigos de la Patria”. El Estatuto Antiterrorista es el instrumento para "combatir" a esos sectores societales. 

Al final, y hasta en el 2030 y más allá, seguiremos viendo por televisión ataques terroristas, enfrentamientos militares, desplazamientos de campesinos, dudosas bajas en combate; persecuciones ideológicas y el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en los territorios rurales. De la Espriella y sus áulicos jamás entenderán que solo la paz perpetua minimiza los lancinantes dolores de la guerra. Seguiremos viendo morir combatientes legales e ilegales y civiles hasta que los gringos logren cultivar la mata de coca en sus pisos térmicos.

martes, 20 de octubre de 2026

¿QUÉ PASÓ CON LA CATEGORÍA POSCONFLICTO?




Por Germán Ayala Osorio

 

Han pasado por lo menos 26 años desde que el país académico y político empezó a reconocer y usar con fines dialécticos la categoría Posconflicto. Son innumerables las publicaciones y disertaciones alrededor de dicha nomenclatura sobre la que parece haber consenso de su problemático carácter y el sentido polisémico que la acompaña. Huelga recordar el texto La construcción del posconflicto en Colombia, enfoques desde la pluralidad, publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol en Colombia), una de las primeras reflexiones que circularon en la academia en el 2003.

Su aparición y las discusiones generadas parecen haberse diluido en el tiempo. Ya poco se habla de Posconflicto como escenario de futuro en un país en el que las múltiples violencias aportan a la consolidación de una narrativa fatalista y estigmatizante en la que la búsqueda de la Paz se asume hoy, con el gobierno de Abelardo de la Espriella, como un yerro político e incluso como una forma en la que se concretan y visibilizan simpatías ideológicas y programáticas con los grupos armados ilegales que aún le disputan al Estado extensos territorios, su legitimidad y soberanía. Hablo en particular del ELN y de las disidencias farianas.

Para explicar el olvido, la negación o la desaparición de la categoría Posconflicto lanzo la siguiente hipótesis: Si bien el proceso de negociación política de La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep y el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz de 2016 avivaron el desarrollo y la discusión conceptual y la viabilidad política y sociocultural del Posconflicto como escenario posible, anteriores dinámicas políticas, sociales y económicas resultaron simbólica y políticamente determinantes en la construcción de un imaginario negativo en torno a esa idea de Posconflicto que oscila entre la negociación política con miras a superar el conflicto social y armado del país y por supuesto, la posibilidad de que haya vencidos y vencedores, circunstancia que aún no sucedió. De esas dinámicas políticas, sociales y económicas destaco en el mismo orden la naturalización de la idea de que era posible acabar militarmente con las guerrillas. Bajo esa ilusión Uribe Vélez y sus áulicos justificaron la reelección presidencial inmediata y la búsqueda de su tercer periodo, anhelo en el que se atravesó la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto; el evidente cansancio de sectores societales que vieron que la arremetida armada estatal durante los ocho años de Uribe contra las guerrillas, en particular contra las Farc-Ep no arrojó los resultados esperados, fueron aportando a la proscripción de la señalada categoría y a la naturalización de la idea de que solo sirve dar bala y más bala; de la mano de ese hartazgo social vino el giro político del gobierno Santos quien decidió jugársela por la paz, más convencido de poder ganar el Nobel de Paz que finalmente le otorgaron, que de verdad apostarle a la construcción de las condiciones que le permitieran al país transitar hacia escenarios de Posconflicto. Una vez las Farc-Ep abandonaron los territorios en los que fungían como autoridad bajo condiciones de legitimidad forzada, Santos cometió el gran error de no copar esos territorios.

En cuanto a las dinámicas económicas estas están ancoradas a dos circunstancias: la primera, la conversión de las estructuras armadas ilegales en mafias de camuflado a pesar de mantener las ínfulas revolucionarias y el afianzamiento del modelo neoliberal y la privatización del Estado. Esta última condición haría prácticamente imposible pensar y diseñar escenarios de Posconflicto en los que fuera posible “construir una paz extensiva al tejido social, estable y duradera donde los conflictos encuentren cauces de resolución política por fuera del retorno a las armas”; a lo que habría que sumar reformas conducentes a la justicia social y a la desaparición de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto armado”.

La lenta y progresiva proscripción del vocablo Posconflicto vino de la mano del afianzamiento del relato uribista, atado a la aplicación de la Seguridad Democrática, en el que se destacan elementos como la doctrina de seguridad nacional y la extensión de la concepción del enemigo interno a defensores de los derechos humanos, pacifistas y comunidades que seguían insistiendo en una salida negociada a las hostilidades, acompañada de la necesidad de pensar en escenarios de superación de las circunstancias, subjetivas y objetivas, que legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

Con la llegada de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Casa de Nariño, la posibilidad de retomar la nomenclatura Posconflicto y el proceso institucional y social es prácticamente nula por una razón: la Paz y los pacifistas son vistos por el actual gobierno como “enemigos de la patria”. Así las cosas, la “muerte” de la categoría Posconflicto es consecuencia también de la consolidación del relato político y periodístico fruto del triunfo del No en el plebiscito por la paz que indica que quienes en el pasado votaron Sí al acuerdo de paz de La Habana son “malos ciudadanos” y los que negaron la legitimidad del tratado de paz son los “buenos” que hoy defienden con la fe del carbonero la Patria Milagro. 

Existen tantos actores interesados en perpetuar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, que hablar de paz y de posconflicto se convierte en un riesgo para quienes insistan en hacerlo. Los fabricantes de armas y pertrechos, los latifundistas y las mineras se benefician del desplazamiento forzado que provocan los enfrentamientos armados; los traficantes de droga y el sistema financiero internacional son socios "involuntarios" de los grupos armados ilegales. Estados Unidos e Israel, proveedores de armas están de plácemes con el gobierno de Abelardo. La guerra es un gran negocio del que viven los anteriores agentes, así como la DEA, el FBI y otras agencias gringas, instrumentos políticos para someter a los gobernantes colombianos. 

ESTÁN JUGANDO CON CANDELA



Por Germán Ayala Osorio

Cada cuatro años el Establecimiento juega con el destino de millones de colombianos que sufren las consecuencias de la incontrastable mezquindad, ruindad e incapacidad-desinterés de su más poderosos agentes de liderar procesos que lleven a consolidar por fin y después de 200 años, una verdadera República. La historia demuestra que le tienen pavor a pensar cómo sería una Colombia moderna, civilizada, educada y formada, plural, diversa, con un desarrollo económico sostenible, con espíritu sistémico y claros beneficios para las grandes mayorías.

El 7 de agosto del año en curso sus más perniciosos agentes de poder instalaron en el solio de Bolívar a un abogado que considera que la ética nada tiene que ver con el derecho; la desafortunada y ejemplarizante frase coincide de muchas maneras con el histórico actuar de una élite parásita que convirtió el subdesarrollo en el camino predilecto para sostener las sempiternas prácticas de despojo, corrupción público-privada y expoliación. Ser o estar en condición de subdesarrollo se asume como un estado natural-cultural que no se puede cambiar. Una suerte de determinismo que impide probar, por ejemplo, una revolución cultural que haga posible superar y proscribir el ethos mafioso que desde arriba naturalizaron y que los de abajo normalizaron. La “revolución ética” que propuso el entonces candidato presidencial Iván Cepeda les debió generar una inmensa hilaridad pues reconocen que las prácticas derivadas del ethos mafioso hacen parte del ADN de la clase política y empresarial tradicionales.

Esa sentencia del abogado-presidente opera como la bisagra moral, cultural y ético-política de la anunciada “batalla cultural” que hoy asombra a prestigiosas universidades privadas de la capital del país, en las que curiosamente, hijos de la élite se educan para extender en el tiempo privilegios de clase y la captura mafiosa del Estado. Bienvenidos son los llamados de atención que reconocidos académicos y personalidades hicieron recién en el Quinto Manifiesto del Centro Político. En el primer párrafo dejan ver sus preocupaciones por el sinuoso camino que Abelardo y sus patrocinadores están llevando al país: “En este quinto manifiesto queremos recordar que los principios fundamentales de la política exterior están consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración de América Latina y el Caribe. Preservarlos es esencial para defender los intereses nacionales y orientar decisiones que inciden en la democracia, la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los colombianos”.

Insisto: se aplaude la reacción de ese grupo de personas que bien pueden agruparse en la expresión “élite académica”, pero no es suficiente. También se pondera la reacción institucional de las universidades Javeriana y Externado frente a la censura presidencial que en contra de la historia cultural que salvaguardaba el Museo Nacional.  Resulta plausible y sintomática alrededor de lo que puede estar pasando al interior de ese no homogéneo mundo del llamado Establecimiento colombiano. Lo que es evidente es que varios de sus miembros, especialmente banqueros, terratenientes y empresarios, aplauden en privado la ruta por la que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero está llevando al país. Un itinerario que deviene provocador por el descontento social que algunos expertos advierten que generará, que puede incluso parecerse o superar al estallido social de 2021 que surgió de la actitud mezquina y torpe del entonces inquilino de la Casa de Nariño, el inefable y fierabrás Iván Duque Márquez. Hay que recordar que la molestia popular se venía consolidando desde 2019. El mal manejo de la pandemia de Duque terminó de potenciar el rechazo colectivo.

Es claro que Abelardo Gabriel está jugando con candela. Está probando los propios límites éticos y morales de los agentes del Establecimiento que lo instalaron en la Casa de Nariño, sedes de Barranquilla y Bogotá y por supuesto, la resistencia de las clases sociales, bajas y medias, que van sintiendo ya los “mordiscos de un tigre deslinderado y depredador”. Lo que están haciendo las bancadas gobiernistas del Congreso y el propio Abelardo ponen también a prueba la fortaleza, coordinación, capacidad, liderazgo y la coherencia de las fuerzas y sectores progresistas de la sociedad.

Las condiciones de 2019, 2020 y 2021 no son las mismas. Las pasadas elecciones presidenciales demostraron que para recuperar el poder en el 2030- si es que hay elecciones- se necesitará de nuevos liderazgos en la izquierda y el progresismo. Los “Cerimedo” locales son una realidad, de ahí que las redes sociales siguen siendo un escenario importante para exponer los yerros del gobierno de Abelardo. El despertar de los “tibios” debe abrir la posibilidad para que sus más visibles figuras se reúnan con las del progresismo con el propósito de articular intereses de cara a enfrentar a quienes quieren regresar al país a los aciagos tiempos de la constitución de 1886 y en particular al régimen fascista de Turbay Ayala.

lunes, 19 de octubre de 2026

DE LA BATALLA CULTURAL A LA GUERRA VERBAL

 


Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que se cumpliera la orden presidencial de retirar del Museo Nacional por lo menos 30 piezas que daban cuenta de episodios de la historia cultural del país, la facultad de Artes de la universidad de los Andes, ciudadanos del común, historiadores, artistas y políticos del Pacto Histórico rechazaron la medida. Frente a las instalaciones del señalado recinto de conservación cultural hubo manifestaciones pacíficas e incluso profesores de la señalada alma mater dieron clases al aire libre sobre el significado político y simbólico de la arbitraria decisión.

Por tratarse de un ejercicio de violencia simbólica de origen oficial, cientos de ciudadanos respondieron con cánticos, arengas o consignas que recogen imaginarios colectivos que tocan de manera directa al pasado del abogado Abelardo De la Espriella y al de Paola Holguín. A ese tipo de violencia oficial o estatal se responde con un tipo de violencia verbal de origen popular.

En las manifestaciones se escucharon estribillos como “Abelardo, mafioso, el pueblo está furioso” y “Holguín, traqueta, el arte se respeta”. Es decir, a la violencia simbólica del gobierno se responde con violencia verbal fundada en los imaginarios colectivos que en torno al hoy presidente de la República y su ministra de Cultura se vienen consolidando de tiempo atrás. Esos imaginarios colectivos surgieron en gran medida gracias al registro noticioso de hechos públicos que hacen parte de una “verdad social” derivada de un ejercicio del periodismo que bien podemos llamar de contrapoder. Y por supuesto, fruto de interpretaciones de miembros de grupos sociales que se oponen al poder hegemónico.

No es necesario ahondar en las situaciones individuales sobre las cuales dichos imaginarios colectivos se anclaron a las formas en las que millones de colombianos se representan al presidente De la Espriella y a su ministra de Cultura.

Se trata de insultos que se acercan a las condiciones propias de la violencia simbólica en la medida en que no se busca atacar exclusivamente a las personas, sino al poder político que representan y del que provino la orden de retirar, por ejemplo, afiches de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP asesinado por las sempiternas “fuerzas oscuras”, de Carlos Pizarro Leóngomez, el facsímil de la Séptima Papeleta y fotografías alusivas a las luchas feministas y de la población LGTBIQ+.

Al hacer parte de protestas y movilizaciones sociales, esos actos de habla, basados en imaginarios, no necesitan estar atados a una verdad jurídica que los desmienta porque devienen con tal fuerza deconstructiva que no hay quién pueda impedir su circulación y reproducción. Para el caso de la ministra de Cultura, ella misma ha desmentido los señalamientos que circulan contra su padre, que indican que fue “testaferro” del asesino serial y terrorista Pablo Emilio Escobar Gaviria. La verdad jurídica señala que el padre de Holguín jamás fue condenado por ser narcotraficante o testaferro. Lo destacable aquí es que la ministra Holguín es consciente de la existencia de esa negativa representación. El caso del expresidente Uribe es similar. En las movilizaciones populares acaecidas durante sus ocho años de gobierno, se escuchó la arenga “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”. La fuerza perlocutiva de ese estribillo obligó al expresidente a referirse a la negativa representación social que sobre él pesa.

“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’. Ahora he ido a muchas universidades, he tenido un buen diálogo y ha sido más amable. Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad ‘ay, paraco’, fortaleza, hay que meterles un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité; ni eso ha servido”.

Así como Holguín y Uribe Vélez son víctimas de la fuerza perlocutiva de esos actos de habla con los que son descalificados política y moralmente, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero también es consciente de la existencia de ese imaginario que lo señala como “mafioso”, derivado de haber sido “defensor de mafiosos”. Esto dijo Abelardo en una entrevista a un creador de contenido: “Fíjate lo que decían. Que yo defendía a mafiosos. Cuando tú hablas de mafiosos, es una persona que se dedica al narcotráfico. Yo nunca he defendido a narcotraficantes, eso es una leyenda urbana”.

Lo cierto es que la contrarrevolución cultural en la que están empeñados en ejecutar De la Espriella y Holguín está soportada en una violencia simbólica que en algún momento podrá superar la violencia física que ya ejerció el ESMAD contra los manifestantes. La censura oficial de los símbolos y hechos históricos que dan cuenta de los tropiezos que arrastra la sociedad colombiana en sus atormentados procesos civilizatorios despertó rabia e indignación en los marchantes. Esos sentimientos hacen parte sustantiva de las arengas con las que se deslegitiman al presidente de la República y a su ministra de Cultura. Bienvenidos a la Patria Milagro o Miseria. Para el caso, son lo mismo. 

DESPERTARON LOS "TIBIOS"

 


Por Germán Ayala Osorio

 

Los hechos de censura oficial contra la historia y la cultura despertaron a los políticos del medroso Centro que en las pasadas elecciones votaron en blanco. Ese acto de cobardía, que arrastró a cientos de miles de electores, a sabiendas del peligro que representaba el proyecto y la candidatura de Abelardo, debe recordarse ahora que el inquilino de la Casa de Nariño atacó la solemnidad del Museo Nacional y ordenó al Esmad atacar a los manifestantes que se oponen a la “batalla cultural” declarada por el gobierno y a la narrativa anti derechos que la acompaña.

Ese feroz ataque convierte a De la Espriella tempranamente en el “depredador cultural” que la ultraderecha colombiana soñó con poner en el solio de Bolívar con el propósito de regresarnos a los tiempos de la constitución de 1886 y al aciago gobierno de Julio César Turbay Ayala con todo y su Estatuto de Seguridad. Por supuesto que se trata de un ataque ideológico y político contra quienes le apostaron a la paz y abrieron espacios a la Colombia diversa y biodiversa que el therian presidente quiere desconocer, borrar y someter. El odio oficial contra la población LGTBIQ+, los defensores de derechos humanos y la biodiversidad es evidente y hace parte de lo que el gobierno llama “contrarrevolución cultural” que no es otra cosa que un peligroso retroceso civilizatorio.  

Uno de los más reconocidos agentes de ese receloso Centro, Humberto de la Calle Lombana en su cuenta de X   reaccionó así a lo sucedido: “Si ahora la Constitución es el enemigo, el riesgo de devolvernos a las etapas más oscuras es preocupante”. La reacción del jefe de la delegación de paz en los diálogos de La Habana se explica por el retiro del Museo Nacional de la imagen del facsímil de la Séptima Papeleta que derivó en la Constituyente de 1991. Pero también se explica su reacción porque De la Calle ya sabe lo “duro que muerde el tigre” pues su hija Natalia de la Calle Restrepo fue echada de la gerencia general de Oleoducto de Colombia ODC, filial de Ecopetrol. Según Semana, actor político al servicio del gobierno, “tenía un salario aproximado de 69,9 millones de pesos mensuales y un costo anual de 1.002 millones al año. Se encontraba en Ecopetrol desde 2010, en donde comenzó como abogada de la vicepresidencia jurídica. Luego estuvo en la Secretaría General y luego pasó a ser gerente general”.

Lo que el país espera es que los agentes del espectral Centro político, defensores de oficio del viejo Establecimiento colombiano, reconozcan que fue un garrafal error haber votado en blanco en las pasadas elecciones, hecho electoral que facilitó aún más el aterrizaje de Abelardo.  Claro, no podemos desconocer que el proyecto Cerimedo local, con sus granjas de bots, fueron determinantes para asegurar el triunfo del ahora censor de periodistas y de la historia cultural del país atada por supuesto a los atávicos procesos civilizatorios de una sociedad premoderna, violenta y con tendencias fascistas como la colombiana.

Ese error electoral que cometieron los del Centro político en las pasadas elecciones deviene con una fuerte carga simbólica en la medida en que dio cuenta del acomodamiento de algunos sectores societales y de una posible fractura de la derecha con la que los centristas, también llamados “tibios”, simpatizan por razones de clase. Curiosamente, esas mismas razones de clase que exhibieron agentes como Sergio Fajardo y el propio De la Calle Lombana reproducen el racismo y el odio a la izquierda y al progresismo que exhibe el gobierno de Abelardo.

Claramente, en un gobierno de Iván Cepeda jamás se habría producido semejante abuso de poder en contra de la historia cultural del país. Con todo y los errores cometidos por el presidente Petro, incluidos sus constantes exaltaciones a la bandera del M-19 y al proyecto “revolucionario” y sus llamados a la lucha de clases, el país dio pasos importantes para dejar atrás los nefastos gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez y Duque Márquez. Las arbitrariedades cometidas por estos presidentes contra los derechos humanos, la diversidad cultural y la biodiversidad están de regreso con Abelardo de la Espriella o Abelardo de Tarso como recién lo bautizó el gran escritor y columnista Daniel Samper Pizano en una columna que se puede leer en este enlace: https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2026/10/abelardo-de-tarso

 

 

miércoles, 7 de octubre de 2026

ESTATUTO ANTITERRORISTA Y UN LIBRO POR ESCRIBIR




Por Germán Ayala Osorio

 

Estos dos meses del gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero han sido vertiginosos en anuncios, amenazas y símbolos que dan cuenta de la transformación personal del gobernante y de la democracia. Al tiempo que el jefe del Estado abandona su condición civil para transformarse en un militar más, la institucionalidad democrática va caminando hacia un régimen de mano dura que puede resultar peor a lo que el país vivió durante los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez y Duque Márquez.

Si hacemos el ejercicio de conectar frases, silencios, titulares, amenazas, decisiones socioambientales insostenibles que ponen en riesgo la soberanía y la seguridad alimentarias y redefiniciones étnico-identitarias (en Colombia no hay campesinos y niñas), es fácil concluir que efectivamente el país ya avanza hacia un proceso de “bukelización”, incluida la posibilidad de que regrese la reelección presidencial. Inicio con lo más actual.

El borrador de un nuevo Estatuto Antiterrorista que ya se filtró a los medios apunta a la consolidación de un régimen político que terminará por incluir en la lista de grupos terroristas a simpatizantes de izquierda, librepensadores, periodistas, feministas, petristas, miembros y militantes del Pacto Histórico, liberales, ambientalistas, defensores de los derechos humanos; líderes y lideresas sociales y ciudadanos que expresen críticas al gobierno nacional en cabeza de Abelardo Gabriel. No se descarta que el propio expresidente Petro termine en esa lista o preso por su apoyo a las movilizaciones que, aunque pacíficas, casi siempre terminan en desmanes por cuenta de desadaptados “orgánicos” o infiltrados de la ultraderecha. Lo anterior, en virtud de la extensión de la doctrina del enemigo interno a todo el que piense distinto. Quien no está conmigo, está contra mí. Quien no apoya al gobierno, es enemigo de la Patria. 

De la Espriella anunció, en tono castrense, que no “tolerará bloqueos y actos de vandalismo”. Y el expresidente Petro en su cuenta de X aseguró que participará de la “…marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad. Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía”. El plato de la turbulencia social y la represión estatal está servido.

Si en el pasado se publicó el Libro Negro de la Represión (1958-1980) para dar cuenta de una cruenta violencia estatal, es posible que ese mismo título sea retomado por quienes sobrevivan a la represión que se viene con el objetivo de registrar las violaciones de los derechos humanos y los de la Naruraleza en zonas urbanas y rurales ya se están presentando y las que vendrán cuando el gobierno afine su proyecto disciplinante y regenerador (moral e ideológico) a través de la “batalla cultural”; en los territorios rurales muy seguramente se aplicará una violenta contrarreforma agraria.

Aunque en el Libro Negro de la Represión (1958-1980) se alude a circunstancias muy distintas a las que hoy vive el mundo y en particular este hemisferio, lo sucedido en aquella época y las que soportará en adelante el continente americano por la operación del Escudo de las Américas, la reedición de la Operación Cóndor y  el regreso del TIAR (Tratado Internacional de Asistencia Recíproca) de la mano de la ultraderecha trumpista, comparten un mismo patrón desestabilizador: la injerencia de los Estados Unidos y la sumisión de los países latinoamericanos a los intereses globales de la potencia militar.

En el prólogo del señalado libro se lee: “la Defensa de los Derechos Humanos, preconizada por el Presidente Carter en su campaña presidencial, e impulsada con bombos y platillos durante su mandato, contiene un carácter siniestro”. Ese carácter aciago, funesto, adverso y fatal acompaña sin duda alguna a la operación del Escudo de las Américas. Pero hay otros hechos, decisiones y pronunciamientos que preocupan. Sigamos.

Recién, en sus ya acostumbradas amenazas y en su tono bravucón, De la Espriella insinuó o por lo menos le permitió a los petristas pensar en que al presidente le gustaría reelegirse. Entonces, el expresidente Petro le salió al paso y le contestó “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá las puertas de la reelección y me enfrentará”. No seamos ingenuos: cualquier modificación a la Constitución que reviva la reelección presidencial inmediata del actual presidente vendrá con la prohibición legal que le prohibirá a Petro lanzarse nuevamente.

A pesar del gazapo en el trino de Petro, el país político entendió que el ambiente de confrontación política y social está por escalar porque en apenas dos meses De la Espriella ya dejó claro que su objetivo es reversar, con la ayuda del Consejo de Estado y las otras cortes, todas las reformas sociales y los avances que en materia de beneficios para los más pobres logró dejar operando el gobierno anterior.

El mutismo de las altas cortes frente a las amenazas que lanzó Abelardo en contra de los jueces que se opongan a la fumigación de los cultivos de coca con glufosinato de amonio y la intención manifiesta de acabar con la JEP hace pensar en que esa “bukelización” del país no es mal vista en esas corporaciones judiciales encargadas de ponerle límites al Ejecutivo. Bueno, por lo menos operaron contra el gobierno Petro con ese criterio y lograron frenar muchos de los decretos con fuerza de ley que emitió.  

Acabar con las zonas de protección alimentaria tiene un propósito económico que, unido a otras medidas y a las variables que determinan el índice de inflación, busca reducir a la clase media, así como empobrecer más a los pobres y afectar negativamente la soberanía y la seguridad alimentarias de las comunidades agrícolas y del país. Desconocer a los campesinos como actor histórico, social y cultural hace parte de ese proyecto en el que avanzará el sometimiento y transformación de valiosos ecosistemas naturales sometidos a la ganadería extensiva de baja producción y con fines de especulación inmobiliaria y al modelo de la gran plantación (economía de enclave) que incluye la extensión de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y la minería a gran escala.

Así las cosas, es cuestión de tiempo para que la bukelización del país sea una realidad. Veo cada vez más lejana la posibilidad de que haya elecciones en el 2030. Hay un Bukele o en un General de Brigada en proceso de construcción. Ojalá me equivoque.

ANTONIO NAVARRO SIEMPRE ESTUVO QAP

  Por Germán Ayala Osorio   Ahora que una parte del país despide a Antonio Navarro Wolff, un tuitero recordó una escena que dice mucho ...