FENALCO, URIBE Y PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La presencia del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez en el congreso de Fenalco confirma dos hechos políticos: el primero, la ruptura total, a dos años de terminar el periodo presidencial, entre  Petro y su gobierno, con el empresariado que aglutina dicha federación; y el segundo, que esa dirigencia empresarial sigue siendo uribista, lo que significa que en política económica le siguen apostando al modelo neoliberal con todo y lo que ello implica en materia de operación del Estado y sus responsabilidades sociales con los más vulnerables.

Tiene también un significado ético-político y moral que confirma que a pesar de la situación sub judice de Uribe y la gravedad de los delitos por los que fue llamado a juicio, la dirigencia de Fenalco está dispuesta a poner por encima de cualquier inmoralidad y la comisión de delitos, los intereses de clase, pero por sobre todo, el objetivo de recuperar la Casa de Nari  en las elecciones de 2026 para poder echar hacia atrás todo lo que en materia social, institucional y ambiental haya dejado y avanzado el gobierno progresista de Gustavo Petro. Casos como la Yidispolítica, esto es, la compra de la reelección de Uribe y los 6402 civiles asesinados por miembros del Ejército durante el gobierno de la Seguridad Democrática para los comerciantes de Fenalco son "nimiedades" morales y éticas. 

En dicho evento, el expresidiario, latifundista y ganadero señaló que “el recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos y subsidios sociales engañosos”. El presidente de la República casi de inmediato le respondió al expresidente antioqueño en estos términos: “No señor Uribe, la ley de financiamiento es para pagar la deuda de USD 5.600 millones de dólares que su pupilo Duque nos dejó con el FMI, que se paga solo durante dos años, sólo porque quiso ayudar a financiar la nómina a los grandes empresarios del país”.

Lo expresado por Petro y Uribe da cuenta de dos visiones distintas de lo que debe ser el país y el Estado. Mientras que el expresidiario y sub judice ciudadano quiere insistir en el proceso de privatización del Estado que inició César Gaviria Trujillo en 1990, el presidente de la República le sigue apostando a consolidar un Estado fuerte capaz de recuperar para sí el control de asuntos estratégicos que sucesivos gobiernos neoliberales (Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque) supieron entregarle a millonarios agentes privados, acción que ayudó en buena medida a consolidar a Colombia como una plutocracia. Esos asuntos estratégicos son la generación de energía y salud pública, dos ámbitos en los que el gobierno de Petro viene trabajando en función de garantizar derechos constitucionales, erosionando el factor servicio que los gobiernos neoliberales lograron imponer a través de la entrega a empresas privadas el monopolio de la generación y comercialización de la energía y la prestación de los servicios de salud (ley 100 de 1993), bajo la captura mafiosa de billonarios recursos públicos a través de las EPS.

La visión del empresariado uribizado es propia de repúblicas bananeras en las que por cuenta de la consolidación de oligopolios se logran conculcar derechos, pauperizar la vida de las grandes mayorías y evitar el desarrollo económico del país por cuenta de peajes caros, al igual que los altos costos del gas; así como las elevadas facturas de la energía empresarial y domiciliaria, lo que afecta a las pequeñas y medianas industrias y por supuesto a las familias de estrato medio. Y evitar el renacimiento del tren como alternativa de transporte por las ventajas económicas que obviamente afectan a quienes dominan el transporte de carga y pasajeros por carretera. En tormo a las ventajas ambientales que ofrece el tren, hay que recordar que la derecha colombiana sigue apegada a la tesis negacionista que señala que el cambio climático es una “invención catastrofista” de unos científicos y del propio Petro.

Por el contrario, la visión de Petro apunta a consolidar un Estado de Bienestar, lo que implica desprivatizar la operación de muchas entidades públicas que neoliberales como Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque debilitaron para entregárselas a sus amigos empresarios y mecenas que les patrocinaron las campañas políticas.

Al evento empresarial también asistió la directora de la revista Semana, uribista pura sangre que se muere por ser la ficha electoral de Uribe y de los Gilinski para las elecciones de 2026. Además de los dos hechos políticos que se consolidan con la presencia de Uribe en la reunión de Fenalco, se advierten otros dos del mismo carácter: la naturalización de Fenalco como un actor político uribizado y la conversión de Semana en una plataforma electoral, lo que trae como consecuencia la eliminación de cualquier posibilidad de que siga haciendo periodismo, así sea de mala calidad.

Imagen tomada de EL TIEMPO. Foto de Fenalco.