Por Germán
Ayala Osorio
Con la
designación de Gregorio Eljach como ternado del Gobierno para el clientelizado
y turbio proceso de elección del nuevo procurador general de la Nación, el
presidente Petro entra en el juego politiquero del que ya participaron el Consejo
de Estado (CE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ex vicepresidente de la
República, Germán Vargas Lleras. Hay que recordar que este último logró que las
dos altas cortes eligieran a sus amigos Luis Felipe Henao y Germán Varón
Cotrino como candidatos a remplazar a la inefable procuradora Margarita Cabello
Blanco.
Así las
cosas, en el Senado veremos una lucha político-clientelista entre Vargas Lleras
y el presidente de la República. Eljach, inveterado secretario del Senado,
representaría los intereses del gobierno y de los sectores políticos contrarios
a Cambio Radical, partido de Vargas Lleras.
No parece
probable que Eljach, viejo amigo de congresistas, termine elegido por el Senado
como el nuevo procurador general de la Nación en la medida en que esa
corporación el gobierno Petro no tiene las mayorías y porque la postulación del
exsecretario del Senado se asume como una jugada política del jefe del Estado
en su afán de evitar que la jefatura del Ministerio Público pase de las manos
de los CHAR, a las de Vargas Lleras.
Ya completada
la terna, se confirma que el poder de la política tradicional se impuso sobre los
alcances tecnocráticos de la convocatoria que abrió el propio gobierno para
aspirantes no políticos presentaran sus hojas de vida. ¿Le tocó a Petro entrar
en el juego enrarecido que siempre está detrás de la elección del Procurador o se
trata de una decisión personal? Recordemos que siendo Senador, Petro votó por el
ladino Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que lo sacó de la alcaldía de
Bogotá.
Cualquiera que sea el elegido, Henao, Varón o Eljach, estará obligado a mantener los altos niveles de clientelización bajo los cuales viene operando la Procuraduría, convertida de tiempo atrás en un nido clientelar desde donde se pagan favores político-electorales. Ninguno podrá actuar con total independencia. Sus decisiones siempre las deberá consultar con sus jefes políticos, lo que viciará los procesos disciplinarios que decidan abrir.
Imagen tomada de El País.
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