Por Germán Ayala Osorio
El llamado a juicio al expresidente
y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el hecho jurídico y
político del año. Quien hasta hace unos años fuera un temido e intocable
político, ahora afrontará, en la soledad y viudez del poder, un juicio por los
delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En el ocaso de su
azarosa vida, Uribe Vélez terminará enjuiciado y afrontando otros procesos por
delitos más graves, como apoyo a grupos paramilitares y responsabilidades en la
comisión de las masacres de El Aro y la Granja, que se le endilgan de tiempo
atrás.
El fino teflón con el que Uribe Vélez,
de la mano de los medios masivos, enmascaró y protegió su “honorabilidad”, se
desvanece ante la fuerza del material probatorio con el que finalmente la
Fiscalía, como institución, decidió presentar escrito de acusación.
Después de por lo menos tres vergonzosas
solicitudes de preclusión ordenadas por el entonces fiscal general, Francisco
Barbosa, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo Garzón, un
fiscal delegado por fin lo acusa formalmente por los graves delitos bajo los
cuales se encuentra en calidad de imputado. La decisión fue tomada por el
fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván
Villareal.
La acusación formal contra el
político antioqueño afecta la dignidad presidencial, al tiempo que le devuelve
el decoro y la respetabilidad a la justicia ordinaria representada en la fiscalía
general, manchada por las vergonzantes solicitudes de preclusión que hicieron
anteriores fiscales, quienes seguían órdenes del inefable, Francisco Barbosa. No podemos olvidar que es el primer expresidente, por lo menos en la historia reciente, llevado a juicio por delitos penales y no políticos.
Lo curioso de la presentación de
la acusación es que se da en el día de las víctimas del conflicto armado interno
del país. Hay que recordar que Uribe Vélez fue demandando ante la justicia argentina
por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Los
jóvenes asesinados por miembros del Ejército nacional son considerados víctimas
del conflicto armado colombiano.
Así entonces, el 9 de abril de
2024 será una fecha memorable para la justicia por todo lo que implica llevar a
juicio al político que más daño le ha hecho al país en los últimos 30 años;
incluso, pasando por encima de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cruel
narcotraficante y asesino antioqueño.
En una sociedad confundida
moralmente como la colombiana, veremos a los sectores afines a la derecha y a
la ultraderecha, cuestionar la decisión y descalificar el llamado a juicio,
señalando que se trata de una “persecución política”. Y justo, la acusación
formal se produce en el primer gobierno de izquierda, asociación que obviamente
harán los áulicos del expresidiario, para deslegitimar la esperada decisión de
la Fiscalía. Muy seguramente dirán que la "democracia está en riesgo", que "Petro ternó a la nueva fiscal para que ella diera la orden de acusar formalmente a Uribe"; "que se acabó con el Estado de derecho"; que "enjuiciar a Uribe es una afrenta contra los colombianos". "Llamado a juicio a Uribe es propio de una dictadura".
Muy difícil la tienen los
abogados de Uribe Vélez para desvirtuar en juicio el material probatorio que
está en manos de la Fiscalía. Ya veremos qué sucede. Por ahora, la frase “nadie
está por encima de la ley” recobra su vigencia y veracidad, pues, por fin es
llamado a juicio el expresidente.
Imagen tomada de la red internet
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