Por Germán Ayala Osorio
Eran de esperarse las reacciones
que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada,
incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y
ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y
espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y
jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que
está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva
fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio
Patriota” y el “presidente eterno”.
En la narrativa uribista, el
escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen
conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los
tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones
morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el
llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este
asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe
a esa figura de poder.
Incapaces de separar el ámbito
afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha
uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la
justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de
la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la
preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La
gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un
expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque
está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político
ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado
debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a
creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la
separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una
narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta”
del político nacido en Salgar (Antioquia).
No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e
informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito
de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la
República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva
y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es
que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio
político.
Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales,
deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier
banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está
imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir
esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del
político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes
defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para
reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.
El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice
mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los
cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la
dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la
República, lo acogieron como un líder a seguir.
El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a
Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por
el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que
no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.
“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y
coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen
ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea
lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.
Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en
el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de
Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que
afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los
zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz
de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero
exjefe de Estado? Tengo mis dudas.
Imagen tomada de Youtube. com
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