Por Germán Ayala Osorio
En el escándalo mediático y
político que desató la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir a
la EPS Sanitas hay una evidente crisis ético-política en la que están
sumergidos tanto los gerentes de dichas empresas, exministros de Salud, políticos,
congresistas y periodistas de derecha.
Vamos uno a uno. En lo que tiene
que ver con los gerentes, hay que recordar el emblemático caso de corrupción de
SaludCoop, administrada por el condenado Carlos Palacino, quien malversó
millonarios recursos girados por el Estado para que esa entidad garantizara el acceso
a una salud de calidad de sus afiliados. Y deben sumarse todos los gerentes y
propietarios que patrocinaron las campañas políticas de congresistas,
convertidos hoy en lobistas con fuero, que, por encima de las evidencias de
corrupción público-privada dentro del sistema de salud, optaron por defender
los intereses de unas EPS que se niegan a explicar qué pasó con 13 billones de
pesos que andan embolatados de las llamadas reservas técnicas.
El silencio sepulcral de los legisladores
frente al ethos mafioso que se naturalizó en la operación de las EPS obedece a
que deben pagar los favores recibidos por sus patrocinadores. Para evitar que
la opinión pública entienda y juzgue su defensa del oprobioso sistema de salud,
esgrimen la idea de que el gobierno va a acabar con un exitoso modelo de
aseguramiento en salud. De esa manera quieren borrar los millones de tutelas y
de quejas interpuestas por los afiliados por la negación de medicinas y procedimientos
quirúrgicos.
En la sesión de hoy de la
Comisión Séptima del Senado, en la que se define el futuro del proyecto de ley
con el que se reformaría el sistema de salud, afloraron toda clase impedimentos
y se prometieron recusaciones. Los impedimentos éticos de los congresistas,
aceptados o no, son el reflejo de la inmoralidad colectiva que pone en
evidencia la confusión moral en la que deviene la sociedad colombiana. Todos
los límites se borraron: entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo
incorrecto. Por eso a nadie le sorprende que Sanitas haya patrocinado campañas políticas
de varios congresistas que votaron por el archivo del proyecto de reforma, tal
y como lo denunció el congresista, Wilson Arias Castillo. El País de España informó
que “el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar,
propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de los
partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro
Democrático y Colombia Justa y Libres”. De esa manera, según el portal Ámbito
Jurídico, pasaron por encima de la Corte Constitucional que en su momento “respaldó
la prohibición impuesta a las EPS del país para financiar campañas políticas,
al declarar exequible el artículo 11 de la Ley 1474 del 2011. A su vez, declaró
constitucional el artículo 22 de la misma norma, en el entendido que las
responsabilidades disciplinarias de representantes legales de IPS y EPS sean
imputables por incumplimiento de deberes funcionales propios de sus cargos”.
En lo que respecta a exministros
y políticos profesionales, el caso de Alejandro Gaviria Uribe resulta paradigmático.
Cuando fungió como ministro de Salud, Gaviria jamás se preocupó y cuestionó los
manejos irregulares de billonarios recursos por parte de EPS que luego fueron
liquidadas (13 en total) durante el gobierno del presidente-títere, Iván Duque
Márquez. Estamos ante un sistema de salud politizado y clientelista que, en los
últimos 20 años, permitió que se perdieran billonarios recursos, por los que la
Supersalud viene preguntando con insistencia, sin obtener respuestas
convincentes de los gerentes de las EPS involucradas.
Y para el caso de las empresas mediáticas
y los periodistas que salieron hoy en gavilla a defender a Sanitas, al tiempo
que intentaban generar miedo e incertidumbre en la opinión pública, en particular
en los millones de afiliados a la intervenida EPS, hay que señalar que no hubo
mención alguna a los billonarios recursos de las reservas técnicas que andan embolatados.
No, eso no amerita mención y discusión alguna por parte de los colegas periodistas,
porque sus sepulcrales silencios son el fruto de la crisis ético-política y de
la confusión moral de una sociedad que legitimó de tal forma el ethos mafioso, que
convirtió en viveza los actos dolosos y las prácticas corruptas.
De la misma manera como Enrique
Leff habla de una crisis civilizatoria en su interés de explicar las crisis
climáticas que afronta el planeta y la humanidad entera, hay que señalar que los
aprietos y la inviabilidad financiera del sistema de salud de Colombia obedecen
a una incontrastable crisis ético-política, enmarcada en una inmoralidad
colectiva que a nadie preocupa.
Imagen tomada de RCN
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