Por Germán Ayala Osorio
Salvatore Mancuso tiene temblando
al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y quizás a otros agentes
del Establecimiento señalados por el exjefe paramilitar de haber patrocinado a
las AUC y de recibir el apoyo político y electoral de las estructuras paramilitares.
Una vez pisó tierra colombiana Salvatore
Mancuso Gómez, el expresidente antioqueño grabó un video en el que de manera
apresurada insistió en que jamás se reunió con el entonces comandante paramilitar,
versión que contradice lo dicho por el criminal de lesa humanidad. Ahora, su
partido, el Centro Democrático (CD) denuncia públicamente que hay un plan en
contra de su líder natural, con el que sus derechos estarían en peligro. Y va más
allá al pedir medidas cautelares a organismos internacionales, sin precisar uno
en particular.
Sugieren en el señalado
comunicado que la JEP y el Gobierno de Petro están usando a Mancuso Gómez
como instrumento político para atacar a Uribe Vélez a través de los
señalamientos que el excomandante paramilitar ha hecho en contra del
expresidente, relacionados con su conocimiento sobre la ocurrencia de la
masacre del Aro y otros hechos atados a los operativos paramilitares ejecutados
durante la seguridad democrática.
El hecho de señalar en el comunicado
que Petro, la JEP y Mancuso se aliaron para diseñar un plan político y legal
para someter al expresidente Uribe a la justicia, constituye una lectura maliciosa
y paranoica con la que el uribismo busca descalificar lo dicho por el criminal
paramilitar. A lo mejor, en el fondo, lo que realmente está sucediendo y el
propio Uribe Vélez lo intuye, es que una parte del Establecimiento colombiano estaría
dispuesto a quitarle el apoyo y por ese camino dejar de protegerlo, quizás a
cambio de beneficios jurídicos, económicos y políticos.
Exista o no un plan orquestado desde
la presidencia de la República o que agentes poderosos del Establecimiento estén
dispuestos a darle la espalda y la estocada final a quien usaron para estirar
sus propios límites morales y éticos, lo cierto es que el país necesita
procesar a Uribe Vélez, llevarlo a juicio y ojalá, condenarlo.
Nuevamente el CD descalifica a la
JEP, al señalar que es un tribunal que fue creado con argucias y diseñado
para y por las Farc. Además, cuestiona e invalida la lectura que la JEP
hizo de lo expresado por Mancuso ante el alto tribunal de paz, en la que lo
reconoce como agente bisagra. Según el CD, esa interpretación de la JEP se explica
porque quieren “usarlo contra Uribe”.
Sin duda alguna hay nervios en
las huestes uribistas y el propio Uribe Vélez luce descompuesto por el regreso
de Mancuso, a quien extraditó, según un documento revelado por la revista Cambio,
porque le dio la gana y no porque hubiese pruebas de que estaba delinquiendo desde
la prisión en la que estaba recluido cuando Uribe, de manera discrecional, lo extraditó,
junto a una docena de paramilitares, hacia los Estados Unidos.
Los nervios de Uribe aumentan
ante la posibilidad de que Amelia Pérez Parra sea elegida por la Corte Suprema
de Justicia como la nueva fiscal general por un hecho clave: Pérez Parra
investigó en el pasado la masacre del Aro y otros hechos relacionados con el
paramilitarismo. Es decir, Uribe Vélez tiene razones suficientes para estar asustado
pues sus procesos penales en la misma CSJ, en la Comisión de Acusaciones de la
Cámara y los que reposan en la Fiscalía no se han movido en años. En particular,
durante la administración de Francisco Barbosa, ficha del uribismo, esos
expedientes acumularon más y más polvo.
Imagen tomada de Vorágine
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