Por Germán Ayala Osorio
Los recientes atracos a mano
armada en restaurantes y un par de balaceras en Bogotá vuelven a encender la
polémica entre quienes creen que la inseguridad se enfrenta y se acaba entregándole
armas a las “personas de bien” para que defiendan su patrimonio y aquellos que,
por el contrario, consideran que “armar a los buenos”, para enfrentar a los “malos”,
agravaría la situación de violencia que se vive en ciudades como Cali, Medellín
y Bogotá, entre otras.
Quienes abogan por la primera
opción, guardan silencio alrededor de una circunstancia que parece no preocuparles:
el origen de las armas, traumáticas y de fuego, usadas por atracadores y
sicarios. Es decir, no se preguntan por ejemplo quiénes permiten la circulación
de las armas en las calles de Cali, Bogotá y Medellín. ¿De dónde sale tanto
“fierro” es otro interrogante que los “amigos de armar a los buenos” no se
hacen y al que las mismas autoridades de policía tampoco pueden dar una
respuesta clara?
En Cali, por ejemplo, hay armas que
la policía incauta a criminales, y luego, las mismas, aparecen en manos de
otros victimarios. ¿Cómo puede suceder eso? La respuesta es clara: corrupción institucional,
o la existencia de una red de alquiler y venta de armas de fuego, incluidas las
traumáticas que desbordó la capacidad de la inteligencia policial para detectar
sus movimientos.
No. La solución no está en “armar
a los buenos”, la real solución está en quitarle las armas a los delincuentes, a los
sicarios. Y para ello, se requiere el desmonte de las oficinas de
cobro que existen en las ciudades capitales, cuyos servicios son
contratados, curiosamente, por “gente de bien” que necesita eliminar enemigos,
cobrar millonarias sumas, borrar cabos sueltos de torcidos que deben permanecer
ocultos, o sacar del camino a personas incómodas.
Hay que explorar si existe conexión
entre los proveedores de pertrechos, balas y armas para las “guerrillas” y
bandas criminales, y funcionarios estatales que facilitan la circulación de los
fierros con los que a diario atracan en Cali y Bogotá.
Abrir la posibilidad para que
cada ciudadano porte una pistola o un revólver nos podría llevar al aumento de
homicidios por la generación de conflictos callejeros que alguien creyó que era
mejor resolverlos asesinando al contradictor o en el peor de los casos, a quien
le pareció sospechoso y peligroso, solo por la “pinta”. En un potencial
escenario en el que todos estemos con un arma en la cintura, es probable que discusiones
bobas sobre asuntos políticos, religiosos y de los que conciernen al fútbol
colombiano, terminen en homicidios.
Lo que tienen que hacer los
gobiernos, en nombre del Estado, es crear las más difíciles condiciones para aquellos
a los que hoy les queda relativamente fácil alquilar una pistola o comprarla en
las barriadas de Cali, Bogotá y Medellín. Como sociedad civilizada, conseguir
un arma debe ser igual o más difícil que obtener uranio enriquecido para
crear armas nucleares.
Lo curioso es que, en los
cubrimientos periodísticos de los más recientes atracos en restaurantes de la
capital del país, ni los periodistas cuestionan a las autoridades sobre la
circulación de las armas y mucho menos los policías salen a explicar lo
sucedido, dando cuenta de las actividades desarrolladas para desmantelar las
redes, legales e ilegales, de distribución de los “fierros” con los que se
están cometiendo todo tipo de crímenes.
Imagen tomada de Vanguardia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario