Por Germán Ayala Osorio
La corrupción público-privada en
Colombia deviene ancorada al ejercicio del poder político, lo que la hace prácticamente
imposible de acabar o de reducirla “a sus justas proporciones” como lo propuso Julio
César Turbay Ayala, siniestro político y presidente de la República entre 1978
y 1982.
Durante su campaña presidencial,
Gustavo Petro Urrego prometió convocar a una Comisión Internacional contra la
Corrupción, con el acompañamiento de la ONU, para develar las redes con las que
se logró la captura mafiosa del Estado desde sectores corporativos y actores
privados. En su cuenta de X, en mayo de 2022, dijo: “Como Presidente
solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones
Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y
acabar la impunidad, como la que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”.
Pues bien, dicha promesa de
campaña y anhelo de sectores sociales cansados de la sempiterna corrupción,
fruto de la captura mafiosa del Estado, volvió a estar en las páginas de los
medios masivos, por cuenta del director de la Justicia Penal Militar. En la
prensa se lee que “el director de la Justicia Penal Militar, José
Reyes Rodríguez, sugirió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, poner en
funcionamiento una comisión internacional contra la impunidad en el país”.
Llama la atención que la
propuesta salga de las huestes de la Justicia Penal Militar, en cabeza de su
máximo vocero. Hubiera sido preferible que agentes económicos y políticos de la
sociedad civil, como Fenalco, Acopi, Andi y el Comité Intergremial propusieran al
gobierno y a las otras ramas del poder público convocar a dicha Comisión
Internacional. Pero no. El silencio de estos actores de la sociedad civil hace
pensar en que realmente poco o nada les interesa la conformación de un equipo
de trabajo de esa magnitud para develar las maneras en las que el Estado
deviene capturado por mafias corporativas y clanes políticos (cuatro o cinco
familias) que lo han sometido a sus mezquinos intereses, lo que finalmente ha garantizado
la inoperancia de la justicia, su sometimiento político y la burla de poderosos
agentes económicos y políticos que manosean, presionan y compran magistrados y
jueces.
A la propuesta de Reyes Rodríguez
se opusieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gerson Chaverra
y el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando
Herrera. Según trascendió, el magistrado de la CSJ “amenazó” con retirarse del Comité
que por estos días opera para discutir reformas a la justicia, tendientes a
bajar el índice de impunidad en los casos de corrupción, que rodea el 94% y mejorar
las condiciones laborales y operativas de los jueces, entre otros asuntos que hacen
que el aparato de justicia en Colombia no funcione de la mejor manera.
Nadie en sus cabales puede negar
que en Colombia se naturalizó un ethos mafioso en la operación de la justicia,
en el trabajo legislativo y en las acciones y decisiones políticas de todos los
gobiernos, incluido el presente, asociadas estas al clientelismo, al pago de
favores político-electorales a agentes privados, a políticos profesionales y a
los partidos políticos. Igualmente, no se puede negar que ese ethos mafioso circula
en las calles de la mano de guardas de tránsito, policías y demás ciudadanos.
Las dilaciones de la actual CSJ
para elegir la nueva fiscal general de la Nación generan suspicacias en la
opinión pública, justamente, porque la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio
Público de tiempo atrás operan como matrices clientelistas con las que se pagan
favores político-electorales, a través de cuotas burocráticas y contratos millonarios
a familiares de los togados que hoy tienen en sus manos poner fin a la sinuosa
interinidad de Martha Mancera, fiscal general encargada. La entrega a dedo de
puestos constituye una práctica corrupta que debe exponerse públicamente.
Colombia necesita exponerle al
mundo que necesita ayuda para superar lo que ha estado mal por más de 100 años.
De la misma manera como el país se dio la pela ante la comunidad internacional con
la firma del tratado de paz de La Habana y la entrada en operación de la JEP, lo
debe hacer convocando la señalada Comisión Internacional contra la Impunidad y
la Corrupción. Con la JEP, el mundo supo del carácter criminal del Estado y de
los demás actores armados que participaron de las hostilidades, en el marco del
conflicto armado interno: guerrillas y paramilitares. De igual manera, trascendió
que grandes empresarios patrocinaron las estructuras de las AUC (Autodefensas
Unidas de Colombia), lo que les permitió actuar como víctimas y victimarios en precisos
momentos históricos del devenir del conflicto armado interno.
Así como el mundo ya sabe que el
Estado y específicos agentes económicos de la sociedad civil actuaron como
criminales, de la misma manera debemos exponer ante el resto del mundo que nos
guía un ethos mafioso que da vida a las prácticas corruptas en los ámbitos
estatal y privado.
Imagen tomada de X.com
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