Por Germán Ayala Osorio
El fiscal Andrés Palencia renunció horas antes de exponer sus argumentos jurídicos en el caso en el que está inmerso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de imputado. Palencia esgrimió una confusa razón familiar y dejó el caso Uribe para que Víctor Andrés Salcedo, nuevo fiscal delegado, se tome 90 días para conocer el expediente y así poder solicitar, por cuarta vez, la preclusión o, en su defecto, presente escrito de acusación contra el expresidente y expresidiario. Esto último resulta improbable mientras esté al frente de la fiscalía general de la Nación el ladino Francisco Barbosa.
En todo este entramado de
dilaciones y vergonzosas solicitudes de preclusión está el fiscal general,
Francisco Barbosa, quien funge como defensor de oficio de Uribe. Barbosa usa la
Fiscalía para semejante innoble tarea, lo que se traduce en un debilitamiento institucional
y lo que es peor, en la naturalización de las perversas acciones dilatorias con
las que se busca la prescripción del caso. Barbosa, como otros políticos
uribistas, gustan de hablar de respeto a la institucionalidad y a las
instituciones, cuando ellos mismos se encargan de debilitarlas con sus
actuaciones amañadas, turbias y dolosas.
La génesis de la evidente
incapacidad y desinterés de la justicia por procesar al vulgar latifundista y
caballista antioqueño está en la medrosa postura que asumió la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) al permitir que el caso lo asumiera la justicia ordinaria, ante
la cobarde renuncia del expresidente a su fuero de congresista. Y eso que Uribe
se presenta ante los colombianos como un “luchador, guapo y berraco”, pero en
este caso, se acobardó ante los magistrados de la Sala de Instrucción que lo
investigaron. Si los delitos por los que está imputado el político antioqueño
los habría cometido siendo senador, la CSJ debió mantener la competencia para
continuar investigando y procesando al sub judice ciudadano.
A estas alturas, muchas son las suspicacias
que rodean tanto a las actuaciones de los magistrados del alto tribunal, como a la
fiscalía de Barbosa, pues al abrir la exclusa jurídica que le permitió a Uribe
correr a esconderse debajo de las naguas o de los bóxer del fiscal general, los
mismos magistrados de la CSJ pusieron sobre su propia jurisprudencia un enorme
manto de duda, al que se sumaron otros hechos jurídico-políticos que coadyuvaron
a la consolidación de recelos por parte de la opinión pública que espera que Uribe
Vélez sea procesado y condenado, pero que poco a poco pierde la fe en la
solidez y la suficiencia moral y ética de la justicia colombiana.
Habrá que esperar a que la CSJ
elija, en su primera reunión del año, a la nueva fiscal, evitando así que Marta
Mancera quede al frente de la fiscalía, ante la eventual renuncia de Barbosa, quien,
de acuerdo con versiones periodísticas, estaría buscando evitarse el malestar
de entregarle el cargo a la mujer que lo sucederá en el cargo. Así, la nueva
fiscal general de la Nación tendrá la responsabilidad de arrebatar de las garras
de las mafias narcopolíticas y recuperar para el Estado de derecho a la Fiscalía.
También, la nueva fiscal tendrá el enorme reto de recomponer las fuerzas al
interior de la institución y por ese camino exponer lo que el país está esperando:
el escrito de acusación con el que por fin sea llevado a juicio el expresidente
antioqueño, previamente reseñado por el INPEC bajo el número 1087985. Ojalá la
nueva fiscal general asuma como principio ético y moral la frase “nadie, por
poderoso que sea, puede estar por encima de la ley”. Ya está bueno de dilaciones
y asqueantes solicitudes de preclusión: Uribe debe ir a juicio. ¿O será que le
quedó grande a la justicia procesar al “rufián de esquina”?
Adenda: a la
nueva fiscal general le espera también asumir el caso de Santiago Uribe Vélez,
hermano del expresidiario y expresidente. Ya pasaron dos años y el juez
encargado de dictar sentencia, nada que se pronuncia.
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