Por Germán Ayala Osorio
La polémica que armaron
periodistas de La W radio en torno a la exposición privada de la película Matarife,
con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) permite mirar
elementos propios del proceso de construcción de la memoria en un país “desmemoriado”
y que poco lee y el papel de la entidad estatal.
El CNMH tiene el objetivo
fundante de construir una narrativa oficial que dé cuenta de la complejidad de
las violencias políticas y sociales desatadas en el marco de lo que se conoce
como el conflicto armado interno. Una de esas formas de violencias (físicas y
culturales) las ejercieron los paramilitares y quienes apoyaron su creación y
patrocinaron su operación militar.
El trabajo del CNMH de entregarle
al país una narrativa fundada en un ejercicio interpretativo y valorativo (académico)
de hechos violentos que la misma prensa registró en años de cubrimiento del
accionar militar de paras, ejército y guerrillas, no puede dejar por fuera el
trabajo periodístico, histórico y criminológico que Daniel Mendoza Leal hizo con
la serie Matarife, en la que presenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez como
el operador de un “aparato criminal” que el documentalista amarró conceptualmente
al vocablo “aparatos organizados de poder” y a la conducta que se deriva de
quienes hacen operar organizaciones criminales al interior del Estado, conocida
como la “autoría mediata”, que hace parte de la producción académica de Claus
Roxin. El jurista dice que “la autoría mediata se basa en la tesis de que,
en una organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la
comisión de delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían
ser hechos responsables como autores mediatos aun cuando los ejecutores
directos puedan ser penados igualmente como autores plenamente responsables. En
el lenguaje coloquial alemán se designa a estos maquinadores como «autores de
escritorio». Mi idea consistía en volcar este concepto cotidiano en una
categoría precisa de la dogmática jurídica” (p.52).
De esta forma, que el CNMH legitime
la película Matarife que recoge el grueso de las interpretaciones que Mendoza
Leal hace sobre la responsabilidad penal y política de Uribe, también llamado
por el documentalista como “el señor masacre”, obedece a una decisión que está
acorde con su trabajo interpretativo de
las múltiples violencias acaecidas en el país, muchas de estas responsabilidad de
agentes estatales que, por acción u omisión, permitieron la comisión de
masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de millones de
campesinos.
La polémica que armaron en La W
está ancorada a dos hechos políticos: el primero, a la inquina que les produce
todo lo que haga y deje hacer el gobierno de Petro; y la segunda, a la decisión
editorial, compartida con otros medios, de defender a dentelladas a Uribe Vélez
y su seguridad democrática.
La sociedad necesita elementos de
juicio para comprender, desde la complejidad, las dinámicas del conflicto
armado interno. Y para ello se necesita de ejercicios pedagógicos y de
interpretación histórica y criminológica como los que viene haciendo Mendoza
Leal con la serie Matarife. Tanto la serie, como la película Matarife facilitan
la comprensión rápida de unas realidades violentas que, miradas desde la teoría
de Roxin y las de otros teóricos y categorías como la “Banalidad del
Mal”, de Hannah Arendt, no le permitirían al grueso de colombianos sacar conclusiones,
justamente, por el pobre capital cultural de mis connacionales dado sus bajos
índices de lectura y comprensión lectora.
Lo que se debería de hacer es
pasar la película Matarife en todas las salas de cine y dejar que sean los
espectadores y las audiencias las que califiquen su producción y las interpretaciones
de Mendoza Leal. Además, proponer talleres para analizar lo dicho y acercar la teoría
de Roxin a todas las clases sociales, porque hay un hecho social y político
claro: Uribe Vélez le hizo mucho daño al país entre 2002 y 2010.
Imagen tomada de la red X.
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