Por Germán Ayala Osorio
La investigación que la Fiscalía de
Guatemala abrió en contra de Iván Velásquez, ministro de la Defensa de
Colombia, generó, además de la crisis diplomática, una reacción en cadena de
apoyo hacia Velásquez de periodistas, tuiteros, políticos e incluso del propio
subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Y es que la
figura del jefe de la cartera de Defensa representa probidad y buen juicio,
características que en su momento la ONU tuvo en cuenta para que Velásquez
liderara una comisión internacional que investigó la corrupción política en el
país centroamericano, asociada a la operación mafiosa de la multinacional
Odebrecht. Haber tocado a políticos y miembros de la élite corrupta del país
centroamericano hizo que el investigador Velásquez fuera declarado en su
momento persona no grata y convertido en enemigo número uno de poderosas
familias locales guiadas por el ethos mafioso con el que se acogió a los
directivos brasileros de Odebrecht.
José Rafael Curruchiche Cacul es el
nombre del Fiscal guatemalteco que tomó la decisión jurídico-política con la
que busca enlodar el buen nombre de Iván Velásquez y por ese camino, generar
una crisis de legitimidad que lleve a que la Oposición en Colombia, de la mano
de militares activos y de la reserva, exijan la renuncia del ministro de la
Defensa.
¿Qué puede haber detrás de semejante
hecho jurídico-político? Lanzo la siguiente hipótesis: el Fiscal de Guatemala
no investiga a Iván Velásquez por iniciativa propia. En connivencia con
miembros de la derecha colombiana, asociada a lo que se conoce como el
uribismo, buscan, unos y otros, deslegitimar al Ministro y generar al interior
de las FFAA un cisma, con el apoyo de militares retirados y oficiales en
servicio activo, que odian a Gustavo Petro y que de tiempo atrás están
ambientando un “ruido de sables” en Colombia. Es decir, Velásquez les sirve de
chivo expiatorio y como ejercicio para medir qué tanto respaldo internacional
podrían recibir al momento de intentar un golpe de Estado en Colombia o una
obligada transición ante una crisis de legitimidad y gobernabilidad generada
por la Oposición, con la ayuda de uniformados.
La conexión entre la derecha
guatemalteca y colombiana se produce porque comparten el mismo ethos mafioso y
la consecuente captura del Estado. Odebrecht fue y es aún la prueba fehaciente
de que la corrupción público-privada en los países en donde echaron a andar los
proyectos de infraestructura es el común denominador en toda América Latina.
El ruido de sables que vienen
ambientando militares activos y retirados, cuenta con el apoyo de medios
masivos y periodistas afectos al régimen uribista. Por eso, usan la decisión de
Curruchiche para exigir la renuncia de Velásquez, para que enfrente, fuera del
cargo, el posible llamado de la justicia guatemalteca.
La reacción del presidente Petro se
explica porque la división de poderes en Guatemala no es tan clara como se
podría suponer. Por eso, la respuesta
del presidente Alejandro Giammattei constituye una defensa de la decisión
tomada por el fiscal Curruchiche, lo que confirma que para el Ejecutivo la
decisión de la Fiscalía guatemalteca tiene razones jurídicas, pero
especialmente políticas. Y estas, de inmediato permiten hacer conexión con los
intereses de sectores de poder en Colombia interesados en deslegitimar al
gobierno Petro, enlodando el buen nombre de su ministro de la Defensa.
La crisis diplomática desatada entre
Colombia y Guatemala hay que leerla en clave pre electoral, dado que se
avecinan elecciones regionales en Colombia y la derecha va con todo para
atacar, desde los poderes locales y regionales, los proyectos de cambio y los ajustes que Petro viene tratando de
hacer para hacer menos corrupto el régimen de poder.
La derecha colombiana seguirá
apelando a todas las formas de lucha para erosionar el proyecto político
continental que Gustavo Petro quiere liderar. Hoy lo intentaron con la ayuda de
Guatemala. Pronto sabremos qué otro país se presta para lo mismo.
Imagen tomada de EL COLOMBIANO
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