Por Germán Ayala Osorio
La reacción del presidente
Gustavo Petro con la que fustiga el fallo absolutorio a favor de Santiago Uribe
Vélez está atada a la dignidad presidencial que representa, pero también
deviene ancorada a su pasado como congresista que investigó, probó y expuso las
finas relaciones políticas y el contubernio entre la clase política y los
grupos paramilitares. Es decir, las críticas que lanzó Petro al fallo en
primera instancia bien podrían resultar determinantes al momento en el que la
controvertida sentencia de primera instancia llegue a la esperada instancia
superior. Y también van a servir para terminar de afectar negativamente sus
relaciones con las altas cortes.
Cuando Petro dice que “la
impunidad no nos lleva sino a más violencia” no solo duda del criterio jurídico
del juez Jaime Herrera Niño, sino que imagina un escenario conflictivo y
violento que bien puede darse si la derecha recupera el poder en el 2026 y si Petro cumple con la “amenaza” de llevar a
la justicia internacional los crímenes que la Fiscalía y otros actores le endilgan
a la organización paramilitar Los 12 Apóstoles, liderada por Santiago Uribe Vélez,
de acuerdo con la acusación del órgano investigador.
En su cuenta de X, Petro dijo lo
siguiente: “un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado
sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar
operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede
quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo
hablan que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales
contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional. El presidente de
Colombia si es fiel a los principios de defender la vida humana y de no
permitir más impunidad contra los seres humildes en Colombia, no puede echarse
para atrás en el propósito de justicia. He respetado las decisiones del
expresidente Uribe en materia de justicia y paz, creo que no se equivocó. La
justicia transaccional busca la verdad ante nada y no el castigo. Pero el
presidente no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad
y la injusticia y dejar perder la Verdad, ese camino solo lleva a más
violencia. La época en que los poderosos usaban sus armas para matar
bárbaramente el pueblo ha terminado”.
La primera frase en negrilla y
subrayada deja ver a un presidente de la República alejado de cualquier posibilidad
de guardar silencio ante unos hechos que él conoce muy bien y que podrían ser
conocidos por instancias internacionales. Ello supone, entonces, un agrietamiento
de las relaciones con el expresidente y expresidiario antioqueño. En la misma
frase Petro sugiere que el juez recibió algún tipo de amenaza o que simplemente,
por sentido común, optó por fallar a favor del hermano del expresidente para “no
meterse en líos”. Ya vendrán las reacciones de jueces y magistrados por la “intromisión”
del presidente de la República en la autonomía de los operadores judiciales.
En la segunda frase subrayada y
puesta en negrillas vuelve el Petro presidente a aparecer para, desde esa dignidad,
decirle al mundo que como jefe del Estado no guardará silencio ante crímenes de
lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto armado interno que Uribe
negó cuando dijo que lo que había en Colombia “era una amenaza terrorista”.
La última frase pintada de negro
bien puede asumirse como una amenaza a todos aquellos agentes de poder
económico y político de la sociedad civil que participaron, apoyaron o
financiaron las innumerables masacres paramilitares y sus crímenes selectivos (individuales).
Aquí vuelve a sacar la cabeza el Petro congresista que jamás ocultó sus dudas frente
a la altura moral de banqueros, empresarios y políticos.
Ese movimiento pendular entre el
Petro congresista y el Petro presidente de la República obligará a la derecha a
revisar las relaciones con la izquierda y el progresismo. Para ello, buscarán
acercamientos con aquellas vertientes o agentes que, alejados de las maneras de
pensar y actuar del jefe del Estado, estén dispuestos a ponerle punto final a los
procesos judiciales y políticos, lo que no es otra cosa que sepultar la verdad de
una historia sistemática de violaciones a los derechos humanos.
Las críticas de Petro al fallo que
absuelve en primera instancia a Santiago Uribe Vélez inauguran una nueva fase
en las ya maltrechas relaciones entre Petro y el establecimiento colombiano. De
igual manera sirven para insistir en la narrativa que señala que los asuntos
del perdón, la búsqueda de la verdad y la memoria histórica y el reconocimiento
de responsabilidades penales por crímenes de lesa humanidad están atados a la
izquierda; mientras que las leyes de punto final, el ocultamiento y la negación
de actuaciones y decisiones es propio de la derecha.
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