PERIODISMO Y EL USO DEL VOCABLO PRESUNTO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El uso de los términos “polémico empresario” y “presunto” en el discurso periodístico-noticioso para referirse a delincuentes de cuello blanco y a toda suerte de criminales y corruptos sin linaje, bien puede obedecer a simpatías ideológicas con los procesados, sindicados o acusados. O quizás puede obedecer a una estrategia jurídica de las empresas mediáticas para cuidarse de demandas o solicitudes de retractación directa de parte de los involucrados o también puede entenderse como un acto de responsabilidad social frente a quienes, por cuenta de las autoridades, llámese policía o fiscalía, entre otras, terminan señalados de delitos que jamás cometieron. Procesos estos que terminan legitimados por la prensa que suele exponer al escarnio público a los señalados o sindicados de delitos infundados.

Eso sí, en ocasiones los editores exageran en el uso del vocablo, pues a pesar de que el sindicado o procesado acepta los cargos que le fueron imputados, se continúa hablando de la “presunta” responsabilidad o culpabilidad. Una vez el sospechoso acepta la comisión del delito, no se trata de un supuesto, o de una conjetura periodística.  Hay un hecho probado sobre la base de que ya el individuo aceptó la responsabilidad, se allanó a los cargos o le fue aceptado un acuerdo con la Fiscalía.

El caso del expresidente Álvaro Uribe resulta paradigmático en lo que tiene que ver con el uso particular del vocablo “presunto”. Veamos algunas diferencias en los tratamientos periodísticos que varios medios hicieron y que hacen pensar en que algunos de estos, por decisión editorial, optan por seguir cuidando la imagen, aunque ya maltrecha, del poderoso político antioqueño. En el portal Infobae se lee lo siguiente: “En la tarde del 23 de mayo de 2023, la jueza Laura Estella Barrera decidió continuar con el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno”.

En la página web de La W se puede leer lo siguiente: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, terminó el decreto probatorio de las evidencias que serán presentadas en el juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos”.

Entre tanto, El Universal registró así el hecho jurídico-político: “la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, durante la audiencia que se realizó este miércoles 20 de noviembre de 2024, decidió avalar como prueba técnica las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, en las que se registraron conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Esta decisión llega en medio del juicio que se lleva a cabo contra Uribe, quien es acusado por manipulación y presión a testigos”.

RCN, casa periodística afecta al expresidente y hoy acusado, registra de esta manera la decisión de la operadora judicial: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, encargada del caso del expresidente Uribe, definió las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos y fraude procesal”.

El diario EL PAÍS de Cali, en manos hoy del clan Gilinski expuso en la bajada de la nota periodística del 20 de noviembre que “el proceso judicial que enfrenta el expresidente, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, avanzó este 20 de noviembre”.

El diario bogotano El Espectador dijo el 22 de noviembre que “durante la audiencia preparatoria del pasado 20 de noviembre en el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, definió la lista de los nuevos testigos que declararán en el juicio en contra del expresidente de Colombia”.

Por aquello de la presunción de inocencia y hasta que la jueza que lleva el juicio contra Uribe no falle en derecho, las empresas mediáticas afectas al Señor Acusado o al Gran Acusado seguirán hablando de su presunta responsabilidad a pesar de que el material probatorio conocido públicamente indicaría otra cosa.