Por Germán Ayala Osorio
El hundimiento del proyecto de reforma
a la salud, en la Comisión Séptima del Senado, deja varias lecciones y verdades
políticas que deberían de servirle a la izquierda y al progresismo para
aprender a hacer pedagogía en medio de un escenario mediático hostil, jamás
visto en el país con un gobierno elegido democráticamente.
Los límites entre lecciones y verdades
políticas son tan borrosos, que lo mejor es leer lo siguiente en un solo conjunto.
Aquí voy, entonces. Unas y otras tienen que ver con las maneras de hacer
política y de defender los proyectos. El triunfo de la izquierda y del progresismo
fue una sorpresa electoral, social y política en un país dominado en los
últimos 30 años por la derecha e incluso, por la ultraderecha. Esa sorpresiva victoria
hizo emerger un activismo ideológico que, en lugar de abrir las puertas a una negociación
política con los sectores dominantes del país, las terminó por cerrar. Al
final, se confirmó lo que el propio presidente Petro reconoció: nosotros somos gobierno,
pero no tenemos el poder. Entonces, faltó un liderazgo comprometido con cambiar
lo que viene funcionando mal en el país de tiempo atrás en varias materias, pero
sin la arrogancia de querer pasar por encima de quienes, a pesar de la derrota
electoral del 2022, sabían que seguían teniendo un gran poder para imponerse.
En dos años que llevaba el trámite de la reforma a la salud, el gobierno debió, desde el primer día de la
posesión, trabajar en la creación de la infraestructura sanitaria y médica en
los lugares a los que a las EPS no les interesa llegar porque no son rentables
económicamente. A esos territorios en donde sobreviven por lo menos 15 millones de compatriotas que no cuentan
con servicios de salud dignos.
Ante la imposibilidad de negociar
una reforma al sistema de salud, las partes interesadas, es decir, gobierno y opositores,
dejaron aflorar sus resquemores. Al final, triunfó la derecha corporativa que se
ha servido de la Ley 100 del 93 para naturalizar el ethos mafioso que guió la
operación de gerentes, juntas directivas de las EPS y políticos que malversaron
billonarios recursos de la salud. Ese matute es la confirmación de que los
derechos consagrados en la Constitución política siempre estuvieron en un
segundo plano, porque lo primero que debía asegurar el sistema de salud era el
enriquecimiento de varios “Palacinos”, incluidos los congresistas que son dueños
de IPS e hicieron parte de juntas directivas de EPS. Y para lograr ese cometido,
debieron contar, como lo hicieron hasta hoy, con la anuencia de las propias
entidades del Estado, capturadas por conglomerados económicos y agentes de
poder, socios de las EPS.
El activismo de ministros y
congresistas del Pacto Histórico coadyuvó a enrarecer aún más el clima político
en instancias de poder de la sociedad civil que odian al presidente Petro y a todo
lo que huela a izquierda. Las arengas en las redes sociales de los agentes del gobierno
fueron capitalizadas por la prensa hegemónica. Al final, convirtieron lo que debía
de ser una discusión argumentada del proyecto de reforma, en un tinglado
ideologizado al que se subieron poderosos agentes económicos que hicieron lo
que estaba programado: que los congresistas, políticos profesionales y los
partidos políticos financiados con dineros de las EPS (esto es, recursos del
Estado) cerraran filas no para defender los derechos y la calidad del aseguramiento
social en salud de millones de
colombianos, sino para mantener un sistema eficiente pensado para saquear al
propio Estado. Quizás quienes diseñaron el sistema de salud y le dieron vida
jurídica y política a través de la Ley 100 sabían que el real sentido de la
sigla EPS era: Entidades Para Saquear… al Estado. Y en eso llevan más 30 años.
Si se plantea el balance entre “ganadores y
perdedores” hay que señalar que con el hundimiento y el funeral de Séptima categoría
que le dieron en el senado al proyecto de reforma a la salud, perdimos como
sociedad democrática. Construir una República seguirá siendo una tarea
pendiente para los agentes económicos y políticos del viejo establecimiento
colombiano y para la izquierda que por primera vez gobierna.
Ganaron los conglomerados
económicos, los partidos y los congresistas que cohonestaron con la práctica
ilegal de ser financiados con dineros de la salud. Es decir, Keralty, el conglomerado
económico español que está detrás de la intervenida Sanitas, violó la ley y las
normas del país y eso a nadie le preocupó jamás. El silencio de las altas
cortes, de los medios masivos y de agentes económicos, sociales y políticos de
la sociedad civil terminan por legitimar que no importa que se viole la ley,
mientras se garantice un mercado y la recepción de billonarios recursos que no tienen
por qué cuidarse porque estos los entrega un “señor” llamado Estado, que debe
estar al servicio de unos pocos y no para garantizar bienestar a las grandes mayorías.
Esto último es propio de “comunistas y socialistas que lo quieren todo regalado”,
gritan desde la derecha que lleva años saqueando el erario.
Imagino que la misma suerte correrán
los proyectos de reforma pensional y laboral. De ser así, se confirmará que la
existencia de inequidades, injusticias, desigualdades y la pobreza estructural en
el país no avergüenzan a la derecha. Por el contrario, asumen esas
circunstancias como una oportunidad única para extender en el tiempo sus privilegios
de clase, naturalizar el clientelismo y la corrupción. Y es así, porque en el
fondo, los empresarios y otros agentes económicos que están detrás de ese
entorno de violencia no son realmente capitalistas, sino precapitalistas. Para
qué generar riqueza si para ello tenemos al Estado que nos provee billonarios
recursos económicos de los que jamás nos pidieron cuentas. Solo hasta hoy, que
llegó un gobierno de izquierda a tratar de poner orden. Pero ya es demasiado
tarde.
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