Por Germán Ayala Osorio
Si para algo ha de servir la
nefasta gestión de Francisco Barbosa Delgado al frente de la fiscalía general
de la Nación es para poner en evidencia varias dimensiones y comprender que el
enfrentamiento con el presidente de la República va más allá de rencillas personales
y que, por el contrario, hay asuntos de fondo cuya visibilidad se pierde por el
registro noticioso de las disputas entre Barbosa y Petro:
1. Con la llegada del primer
gobierno de izquierda, la figura del fiscal general se erige como una forma
oposición política institucionalizada, esto es, un contrapoder que impide el
trabajo armónico entre las tres ramas del poder público, por cuanto el fiscal
general se torna tan intocable como el propio presidente de la República. Esa
actitud de contrapoder se acrecentó con el silencio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alto tribunal
que jamás llamó la atención al fiscal durante los agrios enfrentamientos que
sostuvo con el presidente Gustavo Petro. De igual manera, aporta su granito de arena la Procuraduría por estar en manos de Margarita Cabello Blanco, ficha del clan Char en el ministerio público.
Bajo esas circunstancias, el
poder presidencial se conecta exclusivamente para resolver asuntos
institucionales muy propios del sistema presidencialista, esto es, política
económica, monetaria y relaciones con agentes políticos y económicos de la sociedad
civil y por supuesto, las relaciones internacionales; mientras que el rol del fiscal general de la Nación estaría al servicio
de asuntos nocivos y nefastos para las institucionalidades aquí comprometidas:
la entrega de cargos públicos y contratos a familiares de los togados de la
CSJ, lo que explicaría el no llamado de atención a Barbosa por su mala gestión
y su evidente participación en política y por supuesto, la demora para elegir a
la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente Petro.
Se suma a lo anterior, la
imposibilidad de que las fuerzas militares y de policía puedan trabajar de
manera armónica con el ente investigador por decisión del fiscal general,
interesado en hacer fracasar la política criminal.
Así entonces, Francisco Barbosa
Delgado inauguró en el país la figura del contrapoder al Ejecutivo, apoyado por
una parte importante del Establecimiento colombiano que detesta a Petro y sus
políticas sociales y ambientales, así como su disposición de golpear
exclusivamente las finanzas de los narcotraficantes y de querer recuperar a la Fiscalía, para
el Estado de derecho, lo que implica arrebatársela a clanes políticos y
empresariales. Todo indica que hay sectores de la economía formal que no les gusta la estrategia de Petro de golpear las finanzas de los mafiosos y narcotraficantes por cuanto se estaría afectando la cadena institucionalizada de lavado de activos.
2. De acuerdo con las denuncias
de connotados periodistas, existirían relaciones mafiosas con el Clan del
Golfo, lo que convierte al fiscal general en un actor político que actúa en
contravía de cualquier política criminal y antidrogas que desde el Ejecutivo se
quiera ejecutar.
Si las denuncias de los
periodistas Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén, entre otros
más, acerca de las relaciones mafiosas
de la vicefiscal y mano derecha de Barbosa, Martha Mancera, con
narcotraficantes del Valle del Cauca son ciertas, la fiscalía general de la Nación estaría
fungiendo dentro del Estado como un agente en oposición a la política
antidrogas del gobierno de Petro, fundada en golpear las finanzas de los
mafiosos a través de la interdicción de los envíos de cocaína, la destrucción
de los laboratorios y la incautación de sus bienes, lo que supone dejar de
criminalizar a los campesinos que se ven obligados cultivar la coca.
Hay que recordar que Francisco
Barbosa, en misiva enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes rechazó la
política antidrogas de Petro. En la carta no solo expone su voto negativo a
dicha política gubernamental, sino que minimiza las intenciones de proteger la
vida de los cultivadores, consumidores y al medio ambiente. Es apenas lógico
que Barbosa defienda actividades como la aspersión con glifosato, peligroso
defoliante potencialmente cancerígeno y la erradicación violenta de los
sembrados de coca. Y es así porque él sigue las instrucciones del uribismo, que
son las mismas que promovió su amigo, el entonces presidente-títere, Iván Duque
Márquez (2018-2022), quien en su momento lo ternó para que la entonces Corte
Suprema de Justicia (CSJ) lo eligiera fiscal general de la Nación hasta el 12
de febrero, día en el que termina el oscuro periodo de Barbosa.
La desaprobación o el rechazo que
la Fiscalía hizo de la Política Nacional de Drogas (2022-2023) expresa el
desinterés de Francisco Barbosa por las variables socio ambientales y
ecológicas que axiológicamente el gobierno del presidente Petro conecta con la
fracasada lucha contra el narcotráfico, de la que es amigo cercano el fiscal
general de la Nación.
3. La politización del ente
investigador, lo que supone dejar de investigar y procesar a miembros de clanes
políticos y de familias poderosas (élite económica). Baste con señalar el
favorecimiento judicial que desde la dirección general de la fiscalía se
promueve hacia tres poderosos agentes económicos y políticos: la familia
Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Y no podemos olvidar que por orden de Barbosa, se cerró la investigación por la "Ñeñe política" para proteger a su amigo el presidente Iván Duque Márquez y a quienes hicieron posible que a la campaña Duque presidente entraran dineros del señalado narcotraficante.
Si Sarmiento Angulo reconoció
ante las autoridades americanas que cometió actos de corrupción en la construcción
de la ruta del Sol 2, esos delitos los cometió en Colombia, lo que supondría
que la Fiscalía debe reabrir el proceso para procesar a los implicados. Para el
caso de Uribe Vélez, la intención de Barbosa es clara: insistir en la preclusión
del caso en el que está involucrado el vulgar caballista antioqueño, en calidad
de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. El
objetivo final de Barbosa es lograr la prescripción de los delitos. Y, por
último, la Fiscalía ha actuado con evidente complacencia con varios miembros del
clan Char investigados por varios delitos, entre estos, de tipo electoral. Igual
comportamiento ha tenido con miembros de otros clanes como los Gnecco y Name.
Imagen tomada de Vanguardia.
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