Por Germán Ayala Osorio
En las demandas de revocatorias
de candidaturas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelve por estos días
antes de las elecciones del 29 de octubre, hay casos como el de Rodolfo
Hernández que no deberían de atenderse y asumirse exclusivamente desde la perspectiva
jurídico-política que se desprende del fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que señala que solo el fallo condenatorio de un juez de la República
puede impedir que un ciudadano ejerza el derecho político a ser elegido. Por el
contrario, deberían de primar razones morales y éticas.
Huelga recordar que ese memorable
fallo nace de la sanción que el entonces Procurador General, un momio
recalcitrante, Alejandro Ordóñez Maldonado, le impuso al alcalde de Bogotá de
la época y hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Ordóñez sacó
del cargo a Petro y este corrió a la CIDH y al sistema interamericano para
defender su derecho a ser elegido. Todos sabemos que Petro pudo terminar su
mandato como alcalde mayor de la capital del país.
No podemos olvidar que sobre
Rodolfo Hernández recaen sanciones de la Procuraduría General de la Nación, entidad
disciplinar y administrativa que, a la luz del mencionado fallo del tribunal
internacional, no podría restringir su derecho a ser elegido al cargo de elección
popular al que aspira de manera obstinada: la gobernación de Santander. Se suma a las decisiones de la PGN el hecho de
que ya fue llamado a juicio por el caso de Vitalogic, proceso que no se sabe
por qué no avanzó, justamente, para evitar llegar a este desgaste jurídico para
las instituciones. Este elemento que es jurídico-político, recoge las razones morales
y éticas que deben tenerse en cuenta por la ciudadanía y ojalá por el propio
CNE, al momento de revisar y decidir sobre todas las demandas de revocatoria
que han llegado. Pero sabemos que en ese organismo hay sujetos cuestionados moral
y éticamente e incluso, con procesos abiertos y llamados a juicio por parte de
la Corte Suprema de Justicia. Es el caso del uribista Álvaro Hernán Prada, procesado
por ser cómplice en la manipulación de testigos en la que incurrió su jefe
político, el expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, imputado por ese
delito y por fraude procesal.
Constituye una burla para las instituciones
y la sociedad que candidatos cuestionados y adportas de un juicio, insistan en
ser elegidos por el solo hecho de tener las maquinarias y poder económico para
aspirar a un cargo de elección popular. Una sociedad moralmente confundida como
la colombiana necesita que los elementos jurídico-políticos, en casos específicos,
sean superados por lecturas moralizantes, en aras de que los electores y el
resto de la comunidad sientan que aquellos candidatos y candidatas con serios
señalamientos de haber cometido actos de corrupción, no deberían resultar
elegidos. Como también resulta una guaza el hecho de que el magistrado del CNE,
Álvaro Prada esté en ese organismo, cuando ya fue llamado a juicio. Esas son
las inmoralidades que nublan y enturbian las razones jurídicas, en el marco de
una sociedad que naturalizó el ethos mafioso.
Lo mejor que puede hacer el candidato
Hernández es retirarse de la política. Ya amasó una fortuna. Vaya y cuide su
salud, señor Rodolfo Hernández. Dele un respiro al país. Por candidatos como Usted,
millones de colombianos se abstienen de participar y votar en las jornadas
electorales. Vaya, siga gozando de fiestas en yates.
Al magistrado Prada hay que decirle
que su presencia en el CNE ensucia aún más la ya cuestionada imagen de la autoridad
electoral. Es inmoral que adportas de un juicio por graves delitos, haya aceptado
ser magistrado del Consejo Nacional Electoral.
La naturalizada legitimad del
derecho y la de los factores jurídico-políticos que en un momento dado hagan
posible una candidatura como la de Hernández se erosiona al momento de revisar las
actuaciones públicas de los aspirantes a ser elegidos a través del voto. Ya bastante
tenemos con clanes políticos cuyos miembros continúan en la carrera electoral a
pesar de que comparten los mismos niveles de inmoralidad y de baja altura ética
que la que exhibe Rodolfo Hernández.
La decisión en segunda instancia
del CNE puede ser que jurídicamente, a la luz de la CIDH, resulte violatoria del
sentido del fallo que en su momento emitió el alto tribunal internacional; pero
moral y éticamente resulta ejemplarizante contra un ciudadano que no solo “se caga
en las normas”, sino que ataca físicamente a sus adversarios políticos.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR
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