Por Germán Ayala Osorio
Daniel Quintero Calle es un político carismático que promete “resetear la política”, lo que se traduce en cambiar las costumbres políticas, esto es, acabar con la corrupción público-privada, flagelo que se alimenta del ethos mafioso que la sociedad en su conjunto naturalizó. Y para lograrlo ha señalado que “cerrará el Congreso para convocar a Asamblea Nacional Constituyente, acabará con las notarías, las Cámara de Comercio, los peajes cada 5 kilómetros y las fotomultas”. Y termina con la frase “no más robo en Colombia”.
En reciente video, aparece el
exalcalde de Medellín despegando con desdén de un tablero cuatro papelitos adheridos
con los nombres de notarías, fotomultas, peajes y Cámaras de Comercio. “Se
acaban las notarías, se acaban las cámaras de comercio, se van los peajes y se
van las fotomultas” se le escucha decir al precandidato
presidencial. La idea la copió del entonces candidato presidencial y hoy jefe
del Estado argentino, Javier Milei.
Sus intenciones pueden terminar
cautivando al público que reconoce en las fotomultas un vulgar negocio privado pensado
para castigar infractores, en lugar de apostarle a la pedagogía y a procesos
educativos de los conductores; el mismo público y audiencias que sienten que
las notarías son otro negocio privado de la fe pública que una entidad del
Estado bien puede cumplir. Sobre los peajes caros, millones de colombianos
reconocen que se trata de cobros excesivos que encarecen productos y servicios
y todo por culpa de las lesivas concesiones viales. Y sobre el papel de las
Cámara de Comercio también hay una narrativa negativa que las hace objeto de
propuestas “populistas” como las que lanzó Daniel Quintero Calle. Lo que hay que preguntarle al exalcalde de Medellín es: ¿Ya tiene listo los planes y las
instituciones que remplazarán las Cámara de Comercio y las Notarías? ¿Cómo se daría
esa transición y cuánto costaría?
Se equivoca el precandidato presidencial
al enfocar su campaña electoral asumiendo el papel de “enemigo de lo privado”,
a pesar de que le cabe razón en que la derecha históricamente le ha apostado a “privatizar
la función estatal”, en beneficio de agentes de poder económico y político
privado a los que poco o nada les interesa desarrollar el país. Por el
contrario, lo único que los anima es mantener las condiciones institucionales
que les asegura el carácter rentista con el que han impedido que el país
alcance un desarrollo superlativo fruto del aprovechamiento de todas las ventajas
comparativas que se le reconocen por tener dos mares y pisos térmicos que le
permiten ser una despensa agrícola con un gran potencial para reindustrializar
al país.
Una campaña electoral sostenida en
ese tipo de propuestas-amenazas terminan por advertir que Quintero no tiene un
discurso político e ideológico claro, basado en la comprensión sistémica de las
complejas realidades del país.
El Pacto Histórico y el propio
presidente Petro deberían de cuidarse de aceptar una candidatura de Quintero como
el político capaz de darle continuidad al proyecto progresista. Hay asuntos más
importantes y problemas más urgentes que la sociedad colombiana espera que se
asuman con seriedad y se solucionen de manera definitiva: por ejemplo, la
evasión de impuestos por parte de las familias más ricas del país, la captura
mafiosa de instituciones del Estado garantizada por los partidos políticos
tradicionales; avanzar en la reforma agraria y reindustrializar el país; asegurar
el regreso del tren para llevar el desarrollo a todas las regiones del país, de
la mano del turismo y la producción agropecuaria. El cuidado de los ecosistemas
naturales amenazados por los monocultivos legales e ilegales, la potrerización
y la minería legal e ilegal. Y sí, las concesiones viales de donde se derivan
los peajes costosos necesitan replantearse sobre el análisis los contratos de
concesión y el aseguramiento de que el Estado pueda cumplir con la tarea de
construir vías y conectar los territorios y las regiones. Sobre la lucha contra
la corrupción, Quintero agita una bandera raída, fruto de fallidos esfuerzos
como la consulta popular contra la corrupción que impulsó años atrás Claudia López
y el propio proyecto del cambio con el que Petro logró llegar a la Casa de
Nariño.
Para acabar con la corrupción se
necesita de un profundo cambio cultural y de un líder que comprenda los factores
culturales e institucionales que facilitan y hacen posible que seamos uno de
los países más corruptos del planeta. Con propuestas efectistas, pero irrealizables
en el corto plazo, como las que lanzó Quintero, lo más aconsejable en su caso es que "reinicie”
su campaña y se dedique a consolidar un discurso político que genere confianza
en los electores por la comprensión sistémica de los problemas de un país
complejo como Colombia.
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