PERIODISMO INCISIVO SOLO CON EL GOBIERNO DE IZQUIERDA

 

Aunque se advierte un descenso considerable en el consumo de los hechos noticiosos creados por los medios masivos, en especial en la gente más joven, los efectos psico sociales de las empresas mediáticas sigue siendo alto en quienes aún consumen la información sin mayor capacidad crítica.

También es cierto que las redes sociales le hacen un fuerte contrapeso a la información noticiosa, en particular cuando esta deviene contaminada por los sempiternos intereses de los propietarios de los medios, sus editores y los de los anunciantes que pautan a diario.

Con la llegada del primer presidente de izquierda, la gran prensa capitalina, de la mano de los medios regionales, asumió la tarea de deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro, como nunca se intentó hacer con gobiernos anteriores. Reconocidas empresas mediáticas como RCN, Caracol, Semana, El Colombiano, El País, Blu Radio, La W y La FM asumieron dicha tarea creando una agenda política compartida que tiene como objetivo debilitar al gobierno de Gustavo Petro e incluso, si posible, desestabilizarlo a través de fake news y tratamientos periodísticos-noticiosos amañados ideológicamente.

Los efectos psicosociales generados por las intrigas, análisis sesgados y las maliciosas interpretaciones de hechos y decisiones de gobierno, que a diario hacen los periodistas de esas casas periodísticas, serían mayores de no contar con las respuestas que el presidente Petro a diario hace de las notas que publican sobre sus actos de gobierno. De ahí la molestia de los comunicadores, que nunca encontraron en un presidente de la República que confrontara sus versiones e interpretaciones a través de la red X.

Lo cierto es que no hay día en el que dichas empresas informativas ataquen al gobierno, con o sin razón. Confrontar y molestar al poder es, sin duda alguna, una tarea clave e irrenunciable en el ejercicio periodístico. El problema radica cuando en el cumplimiento de esa tarea, se apela a la mentira y a sesgadas interpretaciones de los hechos que llaman la atención de la prensa. Ese comportamiento confrontacional de la prensa bogotana no se dio jamás con anteriores gobiernos, lo que permite concluir que efectivamente esas empresas mediáticas comparten un mismo objetivo: deslegitimar al gobierno de Petro y si es posible, desestabilizarlo.

Asistimos, entonces, a un ejercicio periodístico violento. Generar una opinión pública negativa y adversa constituye una forma de violencia discursiva que bien podría matizarse haciendo un ejercicio periodístico equilibrado, sensato y evitando las fake news.

Esos medios y periodistas que hoy hurgan en los gastos del gobierno en sus traslados y promociones de Colombia como el “país de la belleza”, guardaron silencio y aún mantienen el mutismo frente a casos de corrupción política en los que estuvieron comprometidos los nombres de varios políticos y banqueros. Por ejemplo,  el entonces presidente-títere Iván Duque y su señora madre, conocida en algunos medios como “la madrina”, en referencia a un caso de corrupción con los bienes de la SAE. Así mismo, con la escandalosa fortuna alcanzada por los hijos de Uribe en tan poco tiempo y las propias andanzas del expresidente y expresidiario antioqueño, con el que se cuidaron de confrontarlo directamente por asuntos como los falsos positivos, la apropiación irregular de un baldío, el mismo que devolvió no presiones de la prensa bogotana, sino por las del senador Wilson Arias Castillo; también, por el recibo de una millonaria suma de dinero de la política  Agro Ingreso Seguro; de igual manera, esas empresas mediáticas guardaron silencio frente a la corrupción del grupo AVAL, reconocida ante las autoridades americanas. Fue evidente la intención de los periodistas de esas empresas mediáticas de evitar el escándalo que supone debe darse ante el pago de coimas en la construcción de la Ruta del Sol 2 que se pagaron con la aprobación de directivos de ese grupo financiero y empresarial.  

Por estos días, varios medios radiales se dedicaron al tema de los costos del alquiler de la “casa Colombia” en Davos, Suiza y a la conmemoración del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19.  En los tratamientos periodísticos de ambos casos, cayeron en exageraciones y lecturas amañadas. Periodistas como Néstor Morales, de Blu radio, cuñado del expresidente Iván Duque Márquez, todos los días deja ver su animadversión hacia todo lo que le huele a izquierda y progresismo. En la mesa de trabajo de Blu radio varios de sus compañeros hacen ingentes esfuerzos por generar un mal ambiente social y político en sus oyentes. Es decir, generar una opinión pública no solo adversa al gobierno de Petro, sino una que provoque desazón, rabia e incertidumbre en las audiencias.

No es posible que logremos en Colombia la reconciliación que se exige desde los micrófonos de Blu radio. En este punto, en la mesa de trabajo de Blu radio plantearon la necesidad de que el presidente Petro pidiera perdón por haberse levantado en armas en los años 70, en el marco del conflicto armado interno. De igual manera, por los hechos del Palacio de Justicia, toma de la que no participó el actual mandatario y el robo de la espada de Bolívar.  Morales, por ejemplo, solo ve los problemas en la izquierda. De manera maliciosa oculta la operación de la derecha como orilla ideológica y los daños culturales que dejaron en el país quienes militan en ese espectro ideológico: neoliberales como César Gaviria, Santos, Duque y Uribe Vélez. En particular, sobre la incontrastable corrupción política en los gobiernos de Uribe y Duque, la gran prensa bogotana y periodistas como Morales fueron cautelosos y nada incisivos.

La violencia discursiva en la que incurren a diario los señalados medios y periodistas es el mayor obstáculo para construir un mejor país y la anhelada reconciliación. La prensa afecta a los intereses del “viejo” régimen de poder en Colombia en buena medida es responsable de los niveles de violencia discursiva que se registran a diario en el país.

No se trata de que oculten lo que este gobierno viene haciendo mal y mucho menos, evitar exponer los casos de corrupción de los funcionarios. Lo que se les pide es rigor y sobre todo que la acción de confrontar a los poderosos se haga con todos, incluyendo a los Cacaos y propietarios de las empresas mediáticas. Comprar empresas mediáticas para poner a sus periodistas a taparles la corrupción y los pérfidos intereses de sus propietarios recrea el escenario propicio para que en Colombia opere la auto censura mediática y se logre así el empobrecimiento de la opinión pública y el ejercicio amañado- corporativo- del periodismo.

Imagen tomada de Semana.com

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, UN GENERAL SIN CONDECORACIONES Y GLORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un decreto ministerial, al general Jesús Armando Arias Cabrales le acaban de retirar cinco de las más altas condecoraciones que recibió durante su larga carrera militar, la misma que el alto oficial manchó con sus actuaciones durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Sin duda alguna, se trata de una decisión con una enorme carga simbólica con la que se acaba de hundir en el mayor descrédito y deshonra a la que se puede someter a un militar como Arias Cabrales que, en algún momento de la historia del país, sectores de la opinión y del establecimiento colombiano consideraron como un “héroe de la Patria”. Condenado a 35 años de prisión y expulsado de la JEP por negarse a reconocer sus responsabilidades durante el operativo con el que el Ejército retomó el control del Palacio de Justicia a sangre y fuego, acción temeraria que terminó con la vida de magistrados. Entre las víctimas del operativo militar se cuenta el magistrado Carlos Urán Rojas, quien fue asesinado por tropas oficiales.

La decisión político-administrativa con la que se despoja a Arias Cabrales de cinco condecoraciones constituye una acción ética ejemplarizante justamente por su condición de general de la República. Por lo anterior, la decisión alcanza una especial notoriedad. Aunque se trata de un acto político, ya otros oficiales de manera voluntaria habrían devuelto las condecoraciones que en otros tiempos lucieron con orgullo.

Jesús Armando Arias Cabrales morirá en la deshonra por haber creído, como otros altos oficiales que al recuperar el edificio del Palacio de Justicia “estaba defendiendo la democracia”. El coronel Plazas Vega, autor de la tristemente célebre frase, “aquí, defendiendo la democracia, maestro”, debería de devolver sus condecoraciones y medallas por el vergonzoso y ultrajante operativo de retoma del Palacio de Justicia del que hizo parte, aunque la justicia señala las mayores responsabilidades en generales troperos como Arias Cabrales.

Ojalá que en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se estudie con rigor histórico, militar, humanístico y ético-político lo ocurrido con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es preciso también que el concepto de democracia no se vuelva a reducir a la defensa de un edificio, tomado por un grupo armado ilegal. Primero está la vida de los civiles, lo demás, es secundario. Tan secundario,  como las medallas y condecoraciones que, manchadas de sangre de inocentes, brillaron en los pechos de generales y coroneles.

Imagen tomada de Semana.com

LA ESPADA DE BOLÍVAR Y EL ATENTADO CRIMINAL CONTRA LA ESCUELA DE POLICÍA: DOS HECHOS, UNA SOLA HISTORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El robo de la espada de Bolívar, hoy hace 50 años, fue un hecho político-mediático muy propio del M-19, grupo guerrillero que acostumbró al país y a la opinión pública a mirar con asombro, rabia y admiración golpes de opinión como la extracción del sable (no se trata propiamente una espada) de la Quinta de Bolívar en donde reposaba, así como hurtar carros de leche para regalarla a los más pobres en barrios populares de Cali y claro, la inolvidable sustracción de 5000 armas del Cantón norte de Bogotá.

La conmemoración de ese evento fue asumida por los periodistas de Mañanas Blu como un hecho repudiable, por tratarse de un delito. Nuevamente los colegas se quedan en las maneras, para evitar asumir críticamente el fondo, o mejor, el trasfondo sociopolítico en el que hay que ubicar y comprender el levantamiento armado de los años 60 y en particular el robo de la espada del Libertador.

Como animales simbólicos que somos, recordar ese tipo de hechos políticos no tiene la pretensión malévola que la prensa derechizada ve en la celebración. Por el contrario, el actual gobierno entiende la devolución al Estado del sable y su presencia durante la posesión presidencial como un gesto de paz y reconciliación.

En lugar de hacer pedagogía para la paz con el señalado símbolo, gran parte de la prensa bogotana fustiga las actividades de recordación del robo de la espada de Bolívar, insistiendo en la narrativa con la que se descalifica moralmente al presidente de la República por haber militado en el M-19. Olvidan los reporteros que la violencia guerrillera se dio en respuesta al terror y a las acciones criminales cometidas por el establecimiento colombiano desde la constitución de la República.

En su perversa lectura, conectaron la evocación de la histórica fecha, con una idea que la prensa afecta al “viejo” régimen insiste en posicionar: en el gobierno de Petro se prioriza la defensa de los victimarios y se niegan los derechos de las víctimas. Así entonces, recordaron el cobarde atentado dinamitero que el ELN perpetró contra la Escuela de oficiales de la Policía, General Santander, el 17 de enero de 2019. Y lo hicieron para decir que la actual administración prefiere honrar el robo de la espada, que la memoria de los jóvenes cadetes que cayeron por la explosión del carro bomba que el ELN ingresó sin mayor problema a las instalaciones policiales.

Eso sí, la conexión establecida obliga al gobierno y a los ministerios comprometidos en la conmemoración de los dos hechos a realizar las actividades correspondientes: de un lado, recordar el robo de la espada de Bolívar y su posterior devolución como parte de nuestra memoria política y el valor de la paz, en particular para el grupo guerrillero que firmó un armisticio con el Estado, palabra que hasta el momento sus principales figuras vienen cumpliendo; y del otro, el asesinato colectivo de los oficiales en formación caídos en el atentado del ELN, como parte también de la violencia política, pero también como parte de los sacrificios que como sociedad y Estado se deben hacer para alcanzar el anhelo de la paz, en un país que soporta un ominoso conflicto armado interno.

 

Imagen tomada de Publimetro. 

EL CASO GERALDINE FERNÁNDEZ EN UN PAÍS DE MENTIROSOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

 La mentira en la que cayó de plancha Geraldine Fernández Ruíz, quien afirmó en redes que había sido la ilustradora de la película japonesa animada El niño y la garza, invita a que cada uno de nosotros, como colombianos, revisemos la práctica social de mentir, simular o engañar con el propósito de buscar reconocimiento mediático o de obtener ventajas en el falaz del ejercicio de la política.

La primera enseñanza que deja este caso es para los periodistas. En los últimos años, asistimos atónitos al deterioro del oficio, gracias al olvido de los principios básicos del periodismo: contrastar la información, confrontar las versiones, exigir documentos o pruebas de lo que las fuentes aseguran. Fernández de algún modo convirtió en objeto de burla a El Tiempo y de El Heraldo, dejando en evidencia la falta de rigor en el tratamiento de la versión que les entregó la susodicha diseñadora.

La lapidación pública de la que fue víctima Fernández Ruiz en las redes sociales haría pensar que los colombianos “no soportamos engaños”. Tal actitud debería ser objeto de aplauso, solo si hubiera lugar a demostraciones de respuesta similar frente a otras mentiras de mayor calado a la que alcanzó el rollo fantasioso en el que nos metió Geraldine Fernández.

Veamos varios ejemplos de engaños en el ámbito político: el exalcalde Enrique Peñalosa le mintió al país diciendo que tenía estudios de doctorado, cuando no era cierto. Las reacciones ante semejante bulo no alcanzaron el nivel de notoriedad y mucho menos desataron la “rabia colectiva” que en las redes sociales sí desataron el cuentazo de la barranquillera.

En esa misma línea hay que ubicar al hoy expresidente Iván Duque que también mintió sobre una supuesta especialización suya en Harvard, cuando en realidad se trataba de unos cursos aislados que había tomado.

El otro caso es el del excongresista Julián Bedoya, a quien la Procuraduría sancionó por haber conseguido su título de abogado de manera fraudulenta, después de que la Universidad de Medellín anuló el título que le había otorgado.

En los casos de Peñalosa, Duque y Bedoya estamos ante tres tristes mentirosos, quizás con engaños más más graves que la mentirota que le contó al país Geraldine Fernández. Los tres políticos, quizá porque son hombres, no fueron lapidados con el mismo vigor con el que despedazaron a la joven barranquillera. En los cuatro casos hubo una clara intención de engañar, quizás por buscar un reconocimiento social y político que no se tenía. Con sus mentirotas, Peñalosa, Duque, Bedoya y Fernández dejaron ver no solo sus enormes egos, sino la necesidad de ser reconocidos en una sociedad cuyos miembros deambulan en la búsqueda incesante de referentes y faros a seguir.

Como parte del castigo que recibió Geraldine, algunos se atrevieron a señalarla como una mitómana compulsiva, que requería valoración y acompañamiento psicológico. Pero nunca se dijo lo mismo de Duque, Peñalosa o Bedoya, a ellos nadie se atrevió a recomendarles sesiones en el diván para que repararan sus engaños mentiras sobre ciertos títulos académicos.

Si los medios hubieran fustigado así de duro a Duque, Bedoya y a Peñalosa por sus cuentazos académicos, y en las redes se hubiera hecho eco de tales trampas, tretas o artificios, seguramente las reacciones contra Fernández Ruíz no hubiesen sido tan despiadadas y más bien hubiéramos concluido que la barranquillera, simplemente, es “hija” del mal ejemplo que todos los días dan políticos como Peñalosa, Bedoya y Duque. Entre muchos otros.

No quisiera pensar que el castigo que recibió Geraldine Fernández tiene un alto componente de misoginia. Con esto no estoy “disculpando” a la fantasiosa joven, no. Ahora bien, en buena medida gracias a los medios masivos afectos al régimen de poder, nos acostumbramos a que los políticos mientan y nos timen todo el tiempo, pero al menor error de una joven que buscaba reconocimiento, sacamos toda esa rabia que hemos acumulado por los años que lleva la clase política engañándonos con sus mentiras y sus tramoyas.

 

@germanayalaosor

Imagen tomada de EL PAÍS

¿CARLOS ALONSO LUCIO QUIERE TUMBAR A PETRO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De acuerdo con la información publicada por Noticias Uno, Carlos Alonso Lucio estaría al frente de un proceso organizativo cuyo objetivo es “sacar de la Casa de Nariño” al presidente Gustavo Petro Urrego. Más claro: el exguerrillero del M-19 estaría conspirando para dar un golpe de Estado. Vaya contradicción: el excompañero de lucha de Petro hoy está en el bando ideológico y político contrario y a toda costa buscaría tumbarlo.

Cierta o no la información, probable o no que Lucio tenga la capacidad de convocar a retirados de la policía y el ejército y a otros sectores societales para semejante aventura desestabilizadora, lo publicado reviste enorme gravedad por cuanto se suma a los rumores que desde el 7 de agosto corren en el país sobre la intención de un sector de la extrema derecha de impedir que Petro termine su periodo presidencial.

De probarse la participación del exsenador Carlos Alonso Lucio en la organización criminal, el gobierno y la nueva fiscal general de la nación y los servicios de inteligencia estatal deben tomar cartas en el asunto. Hay que decir que el excompañero de lucha de Gustavo Petro hoy funge como su mayor contradictor e incluso, como el enemigo político número uno del mandatario.

En reciente columna, Lucio hace referencia al juicio político al que será sometido Petro el 12 de junio por la plenaria de la Cámara de Representantes de acuerdo con hechos punibles asociados a la campaña Petro presidente. Dice el exsenador y revisionista ideológico de nuevo cuño, que, al llegar ese momento, los Cacaos que se han reunido con Petro en varias ocasiones para hablar de un “acuerdo nacional”, deberán tomar la decisión de seguir respaldando a un gobierno ilegítimo, como lo considera Lucio, o, por el contrario, apoyar al movimiento ciudadano que el exsenador cree que existe y que al parecer lidera. Movimiento ciudadano que estaría proponiendo la salida abrupta de Petro de la Casa de Nariño.

En su diatriba, Lucio considera factible la salida de Petro por el “colapso económico, la debacle de la política internacional, el despilfarro familiar, la corrupción y el avance territorial de la milicianización”; igualmente, expone el escenario de la transición del poder para que el país "recupere la democracia".

El quiebre institucional con el que sueña Carlos Alonso Lucio lo comparten sectores del empresariado, y por supuesto, la derecha mafiosa que se ha visto afectada por las acciones de interdicción de los alijos de droga, las capturas de criminales del Clan del Golfo y la recuperación de la Fiscalía para el Estado de derecho, que se espera lograr con cualquiera de las mujeres ternadas para remplazar al inefable Francisco Barbosa.

Ni en los tiempos del proceso 8.000 se soñó con un quiebre institucional para sacar del poder al entonces procesado, Ernesto Samper Pizano, en la inútil Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pues bien, Lucio es hoy el abanderado de que por fin funcione el enrevesado y politizado proceso de enjuiciamiento a un presidente de la República en este país.

Ya sabremos si los niveles de corrupción y despilfarro en el gobierno de Petro superan a los anteriores o si se mantendrá en los niveles que tanto los Cacaos y el resto del empresariado, los partidos políticos y políticos como Lucio soportaron y aceptaron en el pasado, tanto así, que jamás se atrevieron a proponer dar un golpe de Estado por esas razones. Así entonces, las motivaciones para romper el orden institucional que hoy se exhiben no son tanto por una insufrible inmoralidad política aupada desde la Casa de Nariño, sino que más bien por la recuperación de los privilegios que perdieron aquellos que llevan años y años beneficiándose de un Estado capturado, mafioso y corporativo, al servicio de unos pocos. 

 

Imagen tomada de Semana.com 

URIBE DICE TENER UN “TIGRE” PARA EL 2026: DE TITIRITERO, A DOMADOR DE FIERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde los Estados Unidos, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, anuncia que, para las elecciones de 2026, que tempranamente ya arrancaron, tiene un “tigre” y por los menos dos “tigresas”.

Muy dado a lanzar mensajes cifrados y eufemismos, el súb judice ciudadano y político colombiano intenta desde ya que olvidemos su rol de titiritero, para que en adelante lo veamos como adiestrador o domador de felinos. Huelga recordar que, en su papel de marionetista, manipulando los hilos que él mismo ató al voluminoso cuerpo del puppet Iván Duque Márquez (2018-2022), sus actos circenses provocaron un grave estallido social.  Aunque la gente recuerda de mala manera lo hecho por el títere-presidente, lo cierto es que la culpa recae totalmente en quien por cuatro años manipuló al pesado muñeco.

El anuncio del hijo de Salgar (Antioquia) hace pensar que él es el domesticador del tigre y de las tigresas que ya tiene listos para lanzarlos al ruedo electoral, para que se coman de un solo zarpazo a los candidatos del progresismo o de la izquierda que se atrevan a retar a sus peligrosas mascotas.  Es decir, cualquiera de los felinos estará en capacidad de obedecer sus órdenes, con solo mover el látigo o el fuste que Uribe tiene amarrado a su mano derecha. Entonces, los señalados carniceros y fieros “gatitos” correrán a cumplir la instrucción so pena de ser maltratados por el temido domador. En este punto deberán estar atentos los defensores de la biodiversidad y de los animales no humanos. Aunque en estricto sentido estaríamos hablando de humanos animalizados.

Aunque no quiso revelar el nombre del “tigre”, su nuevo juguete político-electoral, es posible pensar que se trata de Miguel Uribe Turbay, un obsecuente congresista, quien muy seguramente estaría más que agradecido si su adiestrador político le diera la oportunidad de salir de su jaula, para vivir a sus anchas en la Casa de Nari. Aunque joven, el nieto del inefable Julio César Turbay Ayala, un verdadero animal político, bien podría estar en estos momentos siendo amaestrado para los propósitos del Gran Domador.

Si se descarta al joven “animal político”, ¿será que el Gran Domador (antes el Gran Colombiano) ya está domando a Germán Vargas Lleras? El país conoce a este hijo de la rancia élite bogotana por su patanería, grosería y sus malos modales. ¿Será ese el “tigre” que tiene amarrado el expresidente Uribe? Aunque no se puede descartar que a El Ubérrimo esté asistiendo a entrenamientos el saliente fiscal, Francisco Barbosa.

De las “tigresas”, ya el país sabe que podrían ser Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Eso sí, ellas saben que el Gran Domador prefiere a los tigres, a los machos, porque él mismo es un “macho frentero”.  Mientras en las huestes del uribismo se guarda celosamente el nombre de la fiera, Uribe y todos los uribistas en estos momentos lamentan el fallecimiento de La Gata, amiga íntima del Gran Domador.

Adenda: consultado un experto, me dice que descarta de plano a Francisco Santos, porque apenas si llega a comportarse como perrito faldero. 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

“BUKELIZAR” LA DISCUSIÓN: PRÓXIMA ESTRATEGIA DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De manera anticipada, los colombianos saben o por lo menos intuyen que el escenario electoral de 2026 se caracterizará por una mayor crispación ideológica y política, en buena medida aupada desde los medios masivos tradicionales afectos al “viejo” régimen que fue derrotado en las urnas por la alternativa de izquierda que hoy gobierna.

Sin importar cómo termine el gobierno de Gustavo Petro, con sus luces y sombras, lo cierto es que varios fantasmas ya no podrán usarse para asustar a esa parte del electorado que aún cree en lo que les dicen RCN, Caracol, La FM, Blu radio, Semana, El País y El Colombiano, entre otros medios afectos a lo que se conoce como el uribismo, es decir, la extrema derecha. Esos espectros son: el “castrochavismo” y las manidas frases de campaña de la que sacaron provecho durante varios años: “nos vamos a convertir en Venezuela”, “Uribe es el muro que supo contener la llegada del comunismo”; y “le entregaron el país a las Farc”.

De no suceder nada extraordinario, llegaremos al 2026 para vivir y sufrir una jornada electoral plagada de medias verdades y mentiras desplegadas desde las empresas mediáticas que la derecha dispuso para deslegitimar al actual gobierno desde el 7 de agosto de 2022.

Quizás el tema de la inseguridad en las ciudades se convierta en la bandera de lucha electoral y en el elemento clave para los “genios” del marketing político. Con lo que viene sucediendo en el Ecuador, la problemática de las pandillas y las organizaciones criminales tipo Tren de Aragua, los Chotas, Espartanos y el Clan del Golfo, entre otras, se volverá un asunto político-electoral de especial trascendencia para quienes en el 2026 aspirarán, desde la derecha, a recuperar la Casa de Nari para quienes históricamente hacen parte del “viejo” establecimiento colombiano.

Si el actual gobierno no desmantela para siempre todas las estructuras criminales que delinquen en ciudades capitales desde donde se orquestan los discursos y las proclamas electorales, la derecha hará todo lo que esté a su alcance para desatar viejas y nuevas formas de violencia y por ese camino “bukelizar” el ambiente electoral con el claro objetivo de evitar la continuidad del progresismo y la izquierda en el poder.

Será muy difícil someter a todas las agrupaciones delincuenciales, circunstancia que sectores de la derecha sabrán aprovechar para facilitar, aupar o provocar asonadas y disturbios graves en cárceles y en ciudades capitales. Poner al presidente Bukele como referente de orden, disciplina y punto civilizatorio de inflexión será el gran objetivo ético-político y electoral de la derecha, ante la desaparición del “castrochavismo y el comunismo”, sus hasta ayer exitosos fantasmas.

Por todo lo anterior, el gobierno Petro debe trabajar en estos dos años que le quedan, en consolidar la acción estatal, combinando muy bien el garrote y la zanahoria. Sabemos que estructuras criminales como el Clan del Golfo siempre operaron de la mano de fiscales, jueces, militares, policías, políticos y empresarios. Romper esas relaciones será el punto de quiebre. Y para lograrlo, el gobierno deberá contar con la nueva fiscal general de la Nación, quien, por primera vez en mucho tiempo, su elección no genera las suspicacias y sospechas que sí generaron la llegada a ese cargo Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y el saliente, Francisco Barbosa.

Fortalecer la inteligencia militar y policial para sacar del camino a los uniformados y otros agentes estatales que de tiempo atrás trabajan de la mano con el Clan del Golfo y otras organizaciones delincuenciales, disminuirá la posibilidad de que la derecha uribizada ambiente escenarios caóticos como los que soporta por estos días el hermano país del Ecuador.

 

 

Imagen tomada de NTN24

BARBOSA EXPELE VENENO ANTES DE IRSE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A escasos días de dejar sumida en la mayor crisis de credibilidad a la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa anda desatado, espetando barbaridades contra el presidente Gustavo Petro, con mentalidad de peligrosa serpiente sinuosa.

En su más reciente arremetida verbal puso en el mismo nivel de perversidad y daño al país, al actual jefe de Estado con las actividades terroristas desarrolladas por el asesino y narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Decir que Petro tiene en jaque al país y a la institucionalidad, de la misma manera en la que el asesino serial antioqueño puso a Colombia en los 90, constituye el bufido propio de una mente desquiciada, dispuesto incluso a torcerle el cuello a la historia de Colombia, apoyado exclusivamente en su odio irrefrenable hacia Petro y en la incapacidad de demostrar con hechos que no convirtió a la fiscalía en un nido de corrupción. Y que además terminó defendiendo a bandidos de cuello blanco, protegiendo a bandas criminales y persiguiendo a víctimas, tal y como el mismo Petro y periodistas como Gonzalo Guillén lo han señalado en reiteradas ocasiones.

Barbosa, que tiene un discurso básico y un ego enorme, se atreve a hablar de respeto a la institucionalidad cuando él mismo con su mala gestión logró fue justamente lo que le endilga al presidente de la República: debilitar a la fiscalía y consolidar una peligrosa para-institucionalidad.

Envalentonado por el apoyo que sectores tradicionales de poder le han brindado -lo que tempranamente lo pone en carrera electoral hacia 2026-, Francisco Barbosa está participando en política desde la misma posesión presidencial. En medios serios como Noticias Uno y Cambio se empezaron a mostrar los encubrimientos que desde la fiscalía se han hecho de las actividades del Clan del Golfo y la visible defensa que se asumió del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe. Huelga recordar que desde las alcantarillas la fiscalía de Barbosa se ha solicitado en tres ocasiones la preclusión de ese proceso penal.

Como bufón del viejo régimen de poder, Francisco Barbosa será en el 2026 el candidato de la extrema derecha. Muy seguramente partidos como Cambio Radical, Partido Conservador y Centro Demoníaco apoyarán su candidatura presidencial, así como una parte importante del empresariado”.

Quedarán en entredicho las universidades privadas que decidan abrirle espacios académicos a quien no tiene y no tendrá jamás talante de académico. Barbosa no es connotado jurista y mucho menos un pensador universal. Eso sí, su incontrastable egocentrismo le dirá todo lo contrario, mientras se asoma al espejo y se acicala su patética alopecia.

@germanayalaosor

Imagen tomada de Infobae

LUIS CARLOS VÉLEZ Y EL RIFIRRAFE CON EL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La entrevista que el expresidente del Ecuador, Rafael Correa concedió al periodista colombiano Luis Carlos Vélez de la FM de RCN, terminó en un enfrentamiento verbal- en una grotesca garrotera- en el que quedaron en evidencia varios hechos. De un lado, la chabacanería, soberbia y grosería del entrevistador y la intemperancia del entrevistado. Al final, los afectados fueron los oyentes que no lograron comprender el punto de vista de Correa, quien no solo defiende su gestión como mandatario, con cifras y realizaciones, sino que en varios medios explicó el desmonte que los sucesivos gobiernos de derecha hicieron de sus programas sociales y de políticas que permitieron durante su administración disminuir el poder del crimen organizado que hoy tiene en jaque al gobierno del presidente Noboa.

Luis Carlos Vélez es un periodista-estafeta del “viejo” régimen, acostumbrado a increpar a quien no comparte su misma ideología. Es pretencioso y está acostumbrado a hacer ligeros análisis, los mismos que sus compañeros aplauden y asienten muy seguramente para no contradecirlo.  Vélez convirtió la FM en una trinchera política desde la que todos los días, con la ayuda de los mensajes de sus oyentes, consolida una imagen negativa del gobierno de Gustavo Petro. En sus formas periodísticas no hay lugar a matices y mucho menos al reconocimiento de algo que se haya hecho bien desde la Casa de Nariño. Vélez practica un periodismo parcializado y tendencioso. En palabras del expresidente ecuatoriano, se trata de un periodismo mediocre, el mismo al que Rafael Correa se enfrentó durante su largo mandato como presidente de la República.

En la entrevista al exmandatario ecuatoriano el locutor de la FM le preguntó a Rafael Correa si estaba interesado en volver a ser presidente del Ecuador. Ante la molestia del expresidente, Vélez lo increpó y le cuestionó preguntándole “si tenía o no los cojones para responder la pregunta”. Este no es el tipo de lenguaje que se espera de un periodista que tiene la obligación de entregar información veraz y oportuna y de ofrecer a sus oyentes análisis o por los menos, explicaciones razonables sobre asuntos y problemáticas coyunturales como las que afronta hoy el Ecuador.  

En el malogrado diálogo al aire, Correa dejó ver su clara molestia por los periodistas de RCN, medio de derecha que defiende los intereses de lo que se conoce como el “uribismo”. Y del lado de Vélez, este dejó ver su animadversión hacia todo lo que le huela a izquierda y progresismo. Como expresidente, Correa está en la obligación de conservar la calma y la altura. Pudo poner en su sitio al entrevistador, con argumentos, evitando así caer en un innecesario enfrentamiento verbal.

Luis Carlos Vélez es el tipo de periodistas-estafetas que saben escoger muy bien las preguntas y afinar los cuestionamientos, de acuerdo con la calidad, el talante o la importancia del entrevistado. Cuando entrevistó a Iván Duque, en plena campaña electoral, en lugar de cuestionar o de confrontar las ideas del invitado, optó por hablar de música rock, en una clara intención de banalizar hechos públicos y salvaguardar la imagen de quien se convertiría en el presidente-títere del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Por el contrario, cuando invitó al set radial a Gustavo Petro, fue incisivo en sus preguntas y cuestionamientos. Ese doble rasero para entrevistar convierte a Luis Carlos Vélez en un estafeta y mandadero de quienes tienen que ver directamente con la política editorial de la FM y de RCN, canal históricamente defensor del uribismo.

Al final, perdieron los oyentes y se afectó la imagen del oficio. Vélez bien pudo hacer una carrera periodística que le permitiera convertirse en un referente para estudiantes. Pero no, optó por ser un bufón del poder político. Su arrogancia le alcanzó para hacer la más estúpida recomendación que un periodista le puede hacer a un candidato presidencial de los Estados Unidos. Al entonces candidato, Joe Biden, le recomendó “que, en un acto de caballerosidad, renunciara a su aspiración” para dejar que ganara Donald Trump. Ese tipo de salidas dan cuenta de un periodista que poco lee y al que le parece suficiente tener el poder de sentarse todas las mañanas, desde un micrófono, a construir realidades sobre dudosos hechos o desde sus mezquinos intereses de clase.

Sería bueno que alguien en el canal RCN llamara la atención al locutor Luis Carlos Vélez, porque su patanería y su evidente sesgo ideológico y político no solo confirma al canal como un medio derechoso, sino que empobrece el ejercicio del periodismo.

Imagen tomada de Semana.com 

EL CASO URIBE: RENUNCIA EL FISCAL PALENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

El fiscal Andrés Palencia renunció horas antes de exponer sus argumentos jurídicos en el caso en el que está inmerso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de imputado. Palencia esgrimió una confusa razón familiar y dejó el caso Uribe para que Víctor Andrés Salcedo, nuevo fiscal delegado, se tome 90 días para conocer el expediente y así poder solicitar, por cuarta vez, la preclusión o, en su defecto, presente escrito de acusación contra el expresidente y expresidiario. Esto último resulta improbable mientras esté al frente de la fiscalía general de la Nación el ladino Francisco Barbosa.

En todo este entramado de dilaciones y vergonzosas solicitudes de preclusión está el fiscal general, Francisco Barbosa, quien funge como defensor de oficio de Uribe. Barbosa usa la Fiscalía para semejante innoble tarea, lo que se traduce en un debilitamiento institucional y lo que es peor, en la naturalización de las perversas acciones dilatorias con las que se busca la prescripción del caso. Barbosa, como otros políticos uribistas, gustan de hablar de respeto a la institucionalidad y a las instituciones, cuando ellos mismos se encargan de debilitarlas con sus actuaciones amañadas, turbias y dolosas.

La génesis de la evidente incapacidad y desinterés de la justicia por procesar al vulgar latifundista y caballista antioqueño está en la medrosa postura que asumió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al permitir que el caso lo asumiera la justicia ordinaria, ante la cobarde renuncia del expresidente a su fuero de congresista. Y eso que Uribe se presenta ante los colombianos como un “luchador, guapo y berraco”, pero en este caso, se acobardó ante los magistrados de la Sala de Instrucción que lo investigaron. Si los delitos por los que está imputado el político antioqueño los habría cometido siendo senador, la CSJ debió mantener la competencia para continuar investigando y procesando al sub judice ciudadano.

A estas alturas, muchas son las suspicacias que rodean tanto a las actuaciones de los  magistrados del alto tribunal, como a la fiscalía de Barbosa, pues al abrir la exclusa jurídica que le permitió a Uribe correr a esconderse debajo de las naguas o de los bóxer del fiscal general, los mismos magistrados de la CSJ pusieron sobre su propia jurisprudencia un enorme manto de duda, al que se sumaron otros hechos jurídico-políticos que coadyuvaron a la consolidación de recelos por parte de la opinión pública que espera que Uribe Vélez sea procesado y condenado, pero que poco a poco pierde la fe en la solidez y la suficiencia moral y ética de la justicia colombiana.

Habrá que esperar a que la CSJ elija, en su primera reunión del año, a la nueva fiscal, evitando así que Marta Mancera quede al frente de la fiscalía, ante la eventual renuncia de Barbosa, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, estaría buscando evitarse el malestar de entregarle el cargo a la mujer que lo sucederá en el cargo. Así, la nueva fiscal general de la Nación tendrá la responsabilidad de arrebatar de las garras de las mafias narcopolíticas y recuperar para el Estado de derecho a la Fiscalía. También, la nueva fiscal tendrá el enorme reto de recomponer las fuerzas al interior de la institución y por ese camino exponer lo que el país está esperando: el escrito de acusación con el que por fin sea llevado a juicio el expresidente antioqueño, previamente reseñado por el INPEC bajo el número 1087985. Ojalá la nueva fiscal general asuma como principio ético y moral la frase “nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley”. Ya está bueno de dilaciones y asqueantes solicitudes de preclusión: Uribe debe ir a juicio. ¿O será que le quedó grande a la justicia procesar al “rufián de esquina”?

Adenda: a la nueva fiscal general le espera también asumir el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidiario y expresidente. Ya pasaron dos años y el juez encargado de dictar sentencia, nada que se pronuncia.

 Imagen tomada de Cambio

REGIONES AUTONÓMICAS EN OPOSICIÓN A GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La conformación de un bloque de resistencia política al gobierno nacional, por parte de varios gobernadores y alcaldes de derecha recién posesionados, liderados por Fico Gutiérrez, tendría como propósito subir el tono de la actual crispación política e ideológica de cara a las elecciones de 2026. Dicho objetivo se intentará conseguir apelando a la narrativa que señala que Petro “odia a regiones” como Antioquia por haberle puesto punto final a la delegación minera y por las diferencias ideológicas y políticas con el gobernador y el alcalde de la capital antioqueña.

Esa clase de movimientos políticos de mandatarios regionales y locales sirve para despertar sentimientos federalistas en respuesta al centralismo que no logró desmontarse con la carta política de 1991 y con el manido discurso de la descentralización administrativa. Aunque la verdad es que estamos ante un tibio sentimiento federalista con el que se quiere ocultar la intención de deslegitimar al gobierno nacional por los golpes que específicos clanes políticos vienen recibiendo desde diversos flancos de la acción estatal nacional.

Ante la desaparición de los fantasmas “nos vamos a convertir en Venezuela” y “el Castrochavismo trajo el comunismo a Colombia”, la derecha busca consolidar un bloque político de resistencia a las acciones del gobierno nacional, con el que claramente se pretende afectar la imagen de la izquierda y el progresismo.

El presidente del senado, Iván Name se erige como la figura que nuevamente trae la vieja discusión, esta vez, atada a la oposición y a la resistencia que sectores políticos tradicionales le vienen haciendo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Name, hijo de uno de los clanes políticos tradicionales de la costa Atlántica, señalados de corrupción, cuestiona el centralismo al tiempo que guarda silencio frente al real problema que tiene el país: la existencia de clanes políticos que han capturado y privatizado Estados regionales y locales, para ponerlos al servicio de familias como los Gerlein, Name y Char, entre otras.

El cuestionado político considera que “…la causa de la guerra, el atraso y la pobreza está en el modelo bolivariano del centralismo con el que se fundó nuestra patria…” Name propone un modelo de “regiones autonómicas”.

Las “regiones autonómicas” de las que habla Name operarían de espaldas a las decisiones y programas propuestos desde la Casa de Nariño. Pretender gobernar regiones y alcaldías contrariando las directrices del gobierno nacional constituye un juego político peligroso tanto para la derecha, como para la imagen que de todas maneras dejará Petro sobre la izquierda una vez termine su mandato.

De lado y lado se requiere voluntad política para llegar a acuerdos que beneficien a los habitantes de las regiones que estarán hasta el 2028 en manos de la derecha. Apelar a la ralentización de los programas sociales diseñados desde Bogotá puede resultar muy mal para quienes desde las regiones están pensando exclusivamente en afectar la imagen de la izquierda, representada hoy en el talante de Gustavo Petro.

Imagen tomada de EL COLOMBIANO.COM 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEBE LLAMAR A JUICIO A ARTURO CHAR

 

Por Germán Ayala Osorio

La maniobra jurídica de la defensa del imputado Arturo Char con la que se buscó sacarlo de la cómoda unidad militar en la que espera ser llamado a juicio, constituye una afrenta contra la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención. Por ello, el alto tribunal debe acelerar el proceso y llamarlo a juicio cuanto antes.

El incontrastable poder económico y político del clan Char pone en riesgo lo actuado por los magistrados que ordenaron la detención del excongresista. Permitir su libertad es abrir la posibilidad para que salga del país y no responda por los delitos que se le imputan.

La maliciosa lectura que la defensa del procesado hace de la figura del Habeas Corpus tiene en la magistrada Cristina Lombana un soporte político, más que jurídico. Miguel Ángel del Río, abogado de Aída Merlano y actor procesal en este caso, considera que “la magistrada Cristina Lombana no puede manifestarse sobre la solicitud de Habeas Corpus en favor de Arturo Char. Debe declararse impedida por su relación personal con el abogado del exsenador. El juez de Santa Marta puede estar prevaricando al aceptar un vencimiento”.

El “túnel jurídico” que la defensa de Arturo Char quiso construir, de la mano de la magistrada Lombana, pone en entredicho el ejercicio del derecho en este país, a juzgar por todas las medidas dilatorias a las que pueden apelar los abogados para luego elevar la petición de libertad de sus defendidos. Una cosa son las garantías constitucionales y procesales y otras muy diferentes las “jugaditas” que a diario el país conoce de casos públicos como el de Arturo Char, con las que fiscales y abogados buscan denodadamente favorecer a sujetos procesales con los ya conocidos vencimientos de términos o con la petición del Habeas Corpus.

Los argumentos de la magistrada Lombana se acercan más a sus valoraciones y consideraciones políticas, que a un examen jurídico de las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la CSJ. Por ello, el origen político del imputado y el poder económico y político del clan al que pertenece, convierten un proceso jurídico prístino, en una turbia disputa entre dos bandos: uno, que apela a jugaditas y el otro, apegado a las normas y a una ética maximalista del ejercicio del derecho. En este último está la defensa de Aída Merlano, en cabeza del jurista Miguel Ángel del Río.

Al final, el que sale mal librado en su imagen es el aparato de justicia. Por todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, ante lo sucedido, está en la obligación de llamar a juicio al miembro de la familia Char. Debe rápidamente juzgarlo y condenarlo, de acuerdo con todo el material probatorio que entregó la excongresista y amiga de los miembros del clan Char, Aída Merlano, procesada y condenada por los delitos electorales que le fueron imputados a Arturo Char.

Adenda: el apoyo de la Procuradora, Margarita Cabello Blanco, a la magistrada que apoya el Habeas Corpus solicitado por la defensa, se explica porque su amistad con los Char. Finalmente, ella fue puesta en el Ministerio Público como cuota política del poderoso clan barranquillero. 

Adenda 2: horas después de publicarse esta nota, se conoció la orden del juez de Santa Marta de dejar en libertad a Char Chaljub por vencimiento de términos. Correcta o no la aplicación de la medida, la Corte Suprema de Justicia debe llamarlo cuanto antes a juicio. 

Imagen tomada del Hoy diario del Magdalena

MACHOS, CORRALEJAS Y CORRIDAS DE TOROS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las corralejas que se realizan en pueblos y las corridas en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, entre otras, comparten circunstancias y diferencias. A pesar de contrastes y parecidos, ambos espectáculos resultan violentos, anacrónicos y con una enorme carga de estupidez, muy propia de la condición humana.

En redes se hizo viral el castigo al que fue sometido un torete por cuenta de una docena de hombres que lo patearon en el suelo, hasta producirle la muerte. Aunque el hecho sucedió durante una corraleja en Necoclí (Antioquia), ese tipo de espectáculos son propios de pueblos de la costa Atlántica y Antioquia, cuyos habitantes comparten un bajo capital social y cultural, así como comportamientos violentos y machistas. 

Esa tradición violenta de pueblos de la costa Atlántica y en este caso de Necoclí expone con enorme claridad elementos culturales que gravitan en la vida de esas comunidades. Esos elementos son: corrupción política, subdesarrollo (falta de infraestructura y bienestar colectivo), procesos civilizatorios truncos (mala educación, machismo, exceso en el consumo de alcohol y el no acatamiento de las normas) y altos grados de ignorancia y estupidez, sostenidos en una postura antropocéntrica que se alimenta a diario en los medios masivos, en las narrativas callejeras, en las escuelas y en los núcleos familiares en donde poco o nada se dialoga y mucho menos se discute sobre la conveniencia o no de conservar semejante tradición.  

En las corralejas de esos pueblos, atrapados y arrastrados por el “realismo mágico” y la subcultura antioqueña, hacerse hombre y comportarse como Macho cabrío tiene el desafío de enfrentarse a un toro, preñar a varias mujeres y tener hartos hijos. Al hacerse colectivo, la testosterona ebulle sin control en esos machitos que no han encontrado en su empobrecido entorno cultural cómo tramitar esas masculinidades orientadas siempre a mostrar la fuerza, el vigor y el arrojo, a través de la violencia, que incluye peleas callejeras y enfrentarse a un animal no humano.

Se suma a lo anterior, la incapacidad de las autoridades civiles de hacer cumplir la norma que impide maltratar a esos animales no humanos porque se consideran seres sintientes. Esa complacencia de las autoridades se explica porque sus gobernantes son hijos de esa cultura anacrónica, lo que los obliga a seguir esos patrones comportamentales, por el alto riesgo que implica ponerse en contra de la “tradición” de un pueblo que no encuentra otra forma de divertirse.

Hay que trabajar en esos pueblos el diseño de proyectos culturales que ayuden a superar esa violenta tradición, pero, sobre todo, a modificar los valores y las ideas de ser Hombre. Cuando se den cuenta que este país lo que menos necesita son ese tipo de Machos cabríos, entonces quizás puedan superar la anacrónica tradición de hacerse hombre, violentando toros y vaquitas.

Entre las diferencias que existen entre las corralejas de esos polvorientos pueblos de la “costa” y las corridas de toros en ciudades capitales están el clasismo y el esnobismo, alimentados por un “culto” periodismo taurino y las empresas mediáticas que se benefician de la pauta publicitaria de anunciantes que patrocinan las costosas ferias de Cali y Manizales, entre otras. El machismo también está presente en las corridas de toros, pues allí, hombres perfumados y educados exhiben a sus mujeres como trofeos; también aparecen los traquetos y lavaperros, haciendo lo propio con sus voluptuosas “hembras”, “reparadas” (operadas) en gravosas clínicas de la ciudad. Las corridas de toros son el escenario social predilecto para aquellos y aquellas que disfrutan de ser observados, criticados y registrados en las páginas sociales de los periódicos y noticieros de televisión.

Imagen tomada Somos Puentes

 

SANTOS LE SALVÓ EL PELLEJO A URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento que Juan Manuel Santos le hizo al periodista Alfredo Molano, en torno a la gestión que a muy alto nivel lideró para asegurarle al expresidente Álvaro Uribe inmunidad diplomática ante el posible llamado que harían tribunales americanos por la violación de los derechos humanos, constituye un hecho jurídico-político que debería de concitar una discusión ético-política, periodística y jurídica en torno a lo dicho por Santos y a la historia de violaciones de derechos humanos que rodea al expresidente y expresidiario antioqueño; y por supuesto, a la defensa que periodistas y medios masivos hicieron y aún hacen del “legado” del latifundista, ganadero y caballista antioqueño.

Santos Calderón justificó las gestiones que realizó para, según él, salvarle el pellejo al expresidente Uribe Vélez porque consideró que era indigno someter al país a un escándalo mediático, jurídico y político ante un eventual procesamiento de Uribe ante la justicia americana. El argumento que hoy exhibe Santos es débil ética y moralmente porque prefirió pasar por encima de los derechos de las víctimas de la política de seguridad democrática creada y liderada en su aplicación por el propio Uribe. Es decir, Santos subvaloró a las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por militares (falsos positivos) debido a las presiones de la cúpula militar y del propio Ejecutivo de “producir más y mejores resultados operacionales y carrotanques de sangre”.

Las consultas que a muy alto nivel realizó Santos le permitieron también salvar su pellejo porque en su rol de ministro de la Defensa de Uribe Vélez, es responsable de los falsos positivos que se cometieron durante el tiempo que duró al frente de esa cartera. Además, lo hecho por Santos, en perspectiva histórica, parece más una acción política para asegurar gobernabilidad ante el desencanto que sabía que generaría en el país el diseño del proceso de paz y el contenido final del tratado de paz firmado en La Habana y ratificado en el teatro Colón, en razón al pírrico triunfo del No en el plebiscito por la paz. Santos, como fino ajedrecista, supo mover sus fichas buscando, como hijo del Establecimiento colombiano, salvarse él, aunque más adelante los nombres de célebres empresarios y políticos, sus amigos de clase social quedaran en entredicho en el proceso de construcción de la verdad histórica que adelantó la ya desaparecida Comisión de la Verdad; y la verdad judicial que a cuentagotas viene consolidando la JEP.

Lo cierto es que lo reconocido por Santos llega en el momento en el que un juez argentino, a finales del 2023, aceptó investigar a Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones que elevaron la demanda ante la justicia gaucha lo hicieron basados en el principio de la jurisdicción universal. A ese proceso judicial extraterritorial contra Uribe Vélez se suma la desclasificación que los gringos hicieron de varios documentos en los que aparece reseñado el nombre del exmandatario y latifundista colombiano. El congresista y contradictor político de Uribe, Iván Cepeda Castro, escribió en el portal Open Democracy que “veintitrés de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que, en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el Cartel de Medellín”.  

La derecha uribizada intentará minimizar lo expresado por el expresidente y Nobel de Paz apelando a la narrativa que construyeron junto con los medios hegemónicos, en la que Santos aparece como un “traidor” porque se hizo elegir con las banderas del Centro Democrático y terminó “entregándole el país a las Farc”.

Lo dicho por Santos Calderón vuelve a poner en la palestra al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo al país entre 2002 y 2010. Hoy está procesado por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, delitos menores frente a las atroces violaciones a los derechos humanos en las que incurrió su gobierno con los falsos positivos. La azarosa y cuestionada vida pública y privada de Uribe Vélez oscila entre inmunidades gestionadas y la impunidad que le garantiza el débil aparato de justicia colombiano.

Imagen tomada de la red X. 

CONCEJAL DEL CENTRO DEMOCRÁTICO PROPONE MILITARIZAR LA CIUDAD DE CALI

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar, propuso la militarización de la ciudad de Cali. Reconocido social y políticamente con el mote de “pistolero”, el recién posesionado concejal expuso el único tema que le apasiona, pero del que desconoce sus complejidades: la seguridad y el porte de armas.

En sesión del Concejo de Cali, su compañera Ana Erazo, del Pacto Histórico, confrontó la violenta narrativa con la que Escobar insiste en criminalizar a los jóvenes que participaron de las movilizaciones en la capital del Valle del Cauca, durante el estallido social. La concejala tocó, además, un asunto y un concepto clave que muy seguramente el ignaro concejal desconoce: la institucionalidad.

En su discurso, básico y precario, Escobar no cae en cuenta que cayó en dos errores imperdonables: el primero, en que él no puede ser jamás defensor de las instituciones y de las institucionalidades de allí derivadas porque usurpó funciones de policía y de manera violenta, decidió tomar justicia por su propia mano al salir a dispararles a los manifestantes, como si se tratara de forajidos del viejo Oeste americano. Y el segundo, porque al pedir la militarización, está subvalorando y cuestionando la capacidad de la Policía, institución que Escobar dice defender en su ya manido discurso. Recordemos que Escobar está imputado por los delitos de usurpación de funciones públicas, amenaza agravada, y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos durante el estallido social.

Haría bien el concejal, mientras se define su situación jurídica, en ponerse a leer con el fin de consolidar conceptualmente un discurso y no esa narrativa muy propia de la “gente de bien” de la ciudad con la que insisten en que los problemas de inseguridad se solucionan exclusivamente con aquello de la “violencia legítima del Estado”, cuando lo primero que hay que lograr es que el Estado se haga legítimo social y políticamente. Imagino que Escobar no ha leído a Max Weber.

En cuanto a su propuesta de militarizar la ciudad, debería de considerar estos elementos antes de salir a proponer pendejadas en el recinto del Concejo local: 1. Militares no están formados para cumplir labores policiales. 2. Se reduce personal en batallones para cumplir con las propias actividades castrenses. 3. Imagen de la policía se afecta negativamente, pues la ciudadanía asocia la presencia de los militares, con incapacidad de los policiales. 4. Y por supuesto que la imagen de los militares también se afecta negativamente, pues dentro y fuera del país su presencia en las calles se asocia con regímenes de mano dura o dictaduras.

La inseguridad en Cali se debe a una histórica incapacidad del Estado en hacerse con el control de las armas, a prácticas corruptas al interior de las instituciones armadas (armas oficiales que se alquilan para cometer crímenes); si bien la pobreza es un caldo de cultivo del que brotan raponeros y sicarios, no puede estigmatizarse a quienes están en esas condiciones de vulnerabilidad y exclusión y señalarlos como agentes hostiles y responsables de la inseguridad. Hay que estimar que los procesos civilizatorios en Cali, Medellín y Bogotá devienen fallidos, circunstancia que bien puede servir para explicar los altos niveles de violencia e inseguridad.

Imagen tomada de El Nuevo Siglo 

¿POR QUÉ NO HA SIDO POSIBLE ACABAR CON EL INPEC?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por la probada y asqueante corrupción al interior de las cárceles estatales en Colombia hace rato debió ordenarse la liquidación del INPEC. De la misma manera como el entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con el DAS, por la demostrada penetración de los paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez, de la misma manera Gustavo Petro debería de una vez por todas acabar con esa institución carcelaria, responsable en gran medida de que los criminales presos tengan celulares, call center, armas y dinero para extorsionar desde sus celdas.

El sistema carcelario en Colombia deviene putrefacto y todos los gobiernos enfrentan semejante situación haciendo cambios cosméticos como nombrar nuevos directores y las acostumbradas redadas e  investigaciones disciplinarias y penales que se abren en contra de funcionarios que cumplen tareas al interior de las cárceles. Todas esas acciones en nada tocan el corazón del problema: la corrupción público-privada y la criminalidad organizada y callejera que logró capturar el sistema carcelario y la institucionalidad que se deriva de la operación del INPEC.

En 2023, el mismo instituto entregó estas cifras en su lucha contra la extorsión al interior de las cárceles: “Desde agosto del 2023, el Inpec lanzó este operativo para neutralizar a 30 delincuentes que se conocen como ´dinamizadores´ de la extorsión en Colombia, a pesar de que se encuentran privados de la libertad. El reporte del operativo dio cuenta que se realizaron 161 intervenciones, en las cuales se incautaron 1.240 celulares y 6.360 accesorios para celular en diferentes patios al interior de los establecimientos carcelarios… El informe asegura que durante el año 2023, se han llevado a cabo 5.459 investigaciones vigentes y un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional. Esto ha dado como resultado la sanción de 159 funcionarios y se han destituido 50. De igual manera, se han capturado 27 funcionarios durante el 2023”[1].

Desconozco a qué sector político, clan, o partido pertenece políticamente el INPEC y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios). Lo cierto es que urge ponerle coto a la corrupción al interior de las prisiones, lo que deriva en la necesidad de acabar con el INPEC y transformar todo el sistema carcelario, garantizando que jamás vuelva a estar sometida la institucionalidad penitenciaria a los intereses de bandas criminales, mafias políticas y paramilitares como viene sucediendo de tiempo atrás. 

En lo que toca a la corrupción de cuello blanco, hay que acabar con los tratos especiales que reciben políticos que son enviados a las prisiones sindicados o condenados por corrupción. Hay que acabar con privilegios. Los congresistas y demás políticos no merecen tratamientos diferenciados y mucho menos, que se les permita continuar manejando sus negociados cómodamente desde sus celdas-oficinas. 

Ojalá el presidente Petro decida meterle la mano al sistema carcelario no solo para dignificar la vida de los y las reclusas como lo viene haciendo hasta el momento a través de diversas acciones, sino para garantizar que los criminales que los jueces envían a las prisiones no sigan manejando sus estructuras delincuenciales y sus negocios desde la comodidad de sus celdas, convertidas en cuarteles generales del mal.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com 

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[1] Tomado de https://www.radionacional.co/actualidad/cuantos-funcionarios-del-inpec-estan-investigados