REGRESÓ MANCUSO Y LA VERDAD SEGUIRÁ EMBOLATADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el regreso al país de Salvatore Mancuso Gómez, exlíder de las temidas AUC, vuelve a cobrar vigencia el asunto de la Verdad que viene de la mano de las versiones que el excomandante paramilitar entregó en el pasado a Justicia y Paz y las que viene entregando a la JEP, en calidad de agente bisagra.

Mancuso públicamente le ha contado al país de las relaciones criminales que sostuvo con miembros de la cúpula militar, policial y del antiguo DAS, y con grandes, medianos y pequeños empresarios, así como con ganaderos, latifundistas y políticos profesionales. Esas narrativas han sido contrastadas y aceptadas por la justicia restaurativa.  

La JEP viene señalando responsabilidades a militares, de todos los rangos, por los crímenes de lesa humanidad que perpetraron de la mano de paramilitares: los falsos positivos y varias masacres. Pero poco o nada las dos jurisdicciones de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, se han atrevido a señalar con el dedo índice a renombrados empresarios, latifundistas y expresidentes con los que Mancuso asegura haber sostenido relaciones políticas y sociales para violar los derechos humanos.

Con todo lo dicho por  Salvatore Mancuso, va quedando claro que como sociedad no hemos sabido qué hacer con la Verdad y mucho menos para qué ha de servirnos cuando llegue el momento de reconciliarnos y perdonarnos. Y es así porque jamás como colectivo construimos un ethos en el que aquella tuviera un lugar relevante y dignificante, que nos sirviera para pasar las vergonzosas páginas que todos los actores armados y una sociedad inmóvil, construyeron en el marco de un degradado conflicto armado interno que por más de 50 años martirizó a millones de colombianos y colombianas.

De la misma manera como faltó pedagogía para la paz, en los tiempos del proceso de negociación en La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep, ha faltado hacer esfuerzos pedagógicos para que la sociedad entienda que la Verdad de lo acontecido la necesitamos para reconocernos en ella. Unos lo harán como victimarios, otros tantos, que son millones, lo harán como actores pasivos a los que poco o nada les importó lo que hacían juntos paramilitares y militares, dizque para “acabar” con las guerrillas: asesinar civiles, violar mujeres y niñas, masacrar comunidades, desplazar y quitarles la tierra a cientos de miles de campesinos. Habrá quienes se reconozcan como víctimas, pero también habrá quienes deberán reconocerse como victimarios-víctimas, en razón a que aportaron millones de pesos a quienes, en su nombre, cobrarían venganza por las afrentas de las guerrillas.

Hoy por hoy, la Verdad sobre la que redundará Mancuso no tiene un lugar en la sociedad y mucho menos es valorada por quienes, desde los privilegios y el poder económico y político, aceitaron esa máquina de guerra sucia, obscena y excremental que echaron a andar militares y paramilitares desde los años 80, teniendo su pico más escabroso y ruin en los tiempos de la Seguridad Democrática (2002-2010) del inefable gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Aquellos miembros de la élite que apoyaron a las tropas de Mancuso y que sus nombres no han sido agregados a expedientes judiciales deberían de tener la gallardía, el honor, sentido de humanidad, la decencia, la altivez, la vergüenza y la dignidad para reconocer que apoyaron política, social y económicamente a los paramilitares. Esos tres elementos escasean en aquellos empresarios, políticos y expresidentes señalados por Mancuso de haber sido los mecenas de su guerra fratricida. Y es así, porque en virtud del pírrico triunfo del NO en el plebiscito por la Paz, Santos se vio obligado a hacerle ajustes al tratado de paz en un punto clave: la comparecencia de los terceros civiles que desde frías y perfumadas oficinas aportaron millones de pesos y logística para que los subalternos de Mancuso y de Carlos Castaño perpetraran masacres y sometieran a cientos de comunidades a incontrastables vejámenes.

La Verdad, para que tenga sentido en una sociedad fracturada y moralmente confundida como la colombiana, necesita de hombres y mujeres capaces de reconocer que su patrocinio a los paramilitares estuvo fundado no tanto en el odio y al miedo al comunismo, sino en razón a que sus actuaciones siempre estuvieron fundadas en un ethos mafioso que, fruto de la mezquindad, el clasismo y el racismo, guía sus sinuosas vidas.

Imagen tomada de Impacto News

REGRESÓ MANCUSO, 16 AÑOS DESPUÉS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Regresó al país Salvatore Mancuso Gómez, el otrora temido jefe paramilitar, amigo de altos oficiales del Ejército, de políticos y empresarios; el mismo que llegó al Congreso de la República (2004), acompañado de sus compañeros de fechorías, Ramón Isaza y Ernesto Báez. Llegaron vestidos de saco y corbata, vestuario tradicionalmente asociado a la “gente de bien”, como congresistas y políticos a los que llaman “doctores”. Imagino también que los tres asesinos llegaron embadurnados de costosas lociones con las que el efecto Lady Macbeth cobraba vigencia en la psiquis de estos criminales.

Eran los tiempos de la Seguridad Democrática, política que terminó consolidando a Mancuso como agente bisagra entre sus estructuras paramilitares y agentes estatales. La presencia de los tres comandantes paramilitares se dio como abrebocas para legitimar los marcos legales con los que se lograría someter la justicia colombiana, a las necesidades y exigencias de los líderes de las AUC.

Entonces, vendría el “proceso de paz” entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No hubo tal proceso de paz porque los paramilitares jamás fueron el enemigo del Estado. Y la paz se hace con el enemigo. Al final, todo fue un engaño, una mentira: de los 14 mil hombres en armas que reconoció tener bajo su mando Carlos Castaño (1998), se “desmovilizaron” 32 mil paramilitares. Sin duda alguna se vendieron “franquicias” a narcos y traquetos para hacerlos pasar como combatientes. Baste con recordar la falsa desmovilización de la estructura Cacique Nutibara en 2003 para entender lo que pasó en Santafé de Ralito. 

Vuelve Mancuso Gómez 16 años después de haber sido extraditado por quien según el mismo exparamilitar, recibió apoyo económico, político y electoral de las estructuras paramilitares: Uribe Vélez. Sobre su extradición circularon dos narrativas: la oficial, del gobierno de la época, que indicaba que su extradición se produjo porque estaban delinquiendo desde el lugar en el que estaban pernoctando mientras transcurría el fallido proceso de paz; y la otra, la no oficial, que explica que el envío a los Estados Unidos de por lo menos 14 comandantes de las AUC se produjo para callar la verdad que Justicia y Paz y ahora la JEP han corroborado: la connivencia entre agentes del Estado y los paramilitares, para cometer delitos de lesa humanidad, como masacres, desplazamiento forzado y tortura, entre otras conductas.

Vuelve al país con 59 años y con el ánimo de continuar aportando verdad a la JEP, como agente bisagra que esa misma jurisdicción de paz le reconoció para aceptar su sometimiento. Sus aportes ensucian no solo al expresidente y expresidiario antioqueño, sino a políticos, empresarios y militares que trabajaron de la mano para arrebatarles, a sangre y fuego, las tierras a campesinos: por lo menos 6 millones de hectáreas de tierra, entregadas a ganaderos y latifundistas. A lo que hay que sumar los 7 millones de desplazados que dejaron sus incursiones armadas, las masacres y un centenar de desaparecidos, muchos de estos cremados en sus ya famosos hornos crematorios.

Sin la arrogancia del pasado, Mancuso pisa nuevamente el suelo de su patria para terminar sus días con la zozobra de que en cualquier momento puede sufrir un atentado. O los miembros de su familia. Triste final para quien creyó que estaba salvando a Colombia del fantasma del comunismo.

Volvió Mancuso, escoltado por quienes representan las instituciones que en el pasado estuvieron sometidas a sus órdenes y caprichos. Mancuso, como agente bisagra, puso en operación la “violencia legítima del Estado” en el marco de su pérfido y mentiroso proyecto contrainsurgente con el que se presentaron ante la sociedad. Al final, una parte importante de esa sociedad, con el concurso de los medios masivos, lo elevó a la condición de Héroe, junto a sus compañeros de andanzas.

Mancuso desperdició su vida echando bala y creyendo en la amistad de los políticos, militares y empresarios que niegan hoy haberlo conocido. Despilfarró su juventud al igual que Marulanda Vélez (Tirofijo), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y los vejestorios del ELN. No lograron nada positivo para el país. Como tampoco dejaron nada positivo para los colombianos los oficiales y suboficiales que se sometieron a la JEP para reconocer que se convirtieron en victimarios de por lo menos 6402 jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combates (falsos positivos).

Muy seguramente envejecerá con una pesada carga sobre su conciencia de guerrero arrepentido y obsoleto. Mancuso fue una ficha más del engranaje de un establecimiento que se sirvió de él, para consolidar el régimen criminal que operó en Colombia hasta el 2022. Recordemos que el fenómeno paramilitar se originó en los años 80.  

Eso sí, lo único que le podemos reconocer a Salvatore Mancuso Gómez es que, gracias a él, supimos y aprendimos que entre nosotros existieron y quizás existen aún, militares, empresarios y políticos bandidos, verdaderos criminales perfumados, que nos avergüenzan como compatriotas. Los mismos que deben en estos momentos estarse lavando sus sucias manos, impregnadas de sangre de campesinos inocentes. Estos "honorables" ciudadanos deben lavarse las manos compulsivamente, para tratar de quitarse de encima sus culpas. Sin duda, sobreviven bajo el efecto Macbeth. 

Imagen tomada de Cambio

COP16 EN CALI: ¿TURISMO ACADÉMICO Y POLÍTICO, O COMPROMISOS SERIOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cumbres ambientales, desde Río 92, poco o nada han servido para detener el deterioro ambiental y las transformaciones ecológicas que vienen sufriendo estratégicos, frágiles y valiosos ecosistemas alrededor del mundo y en particular en países catalogados como biodiversos como Colombia, Costa Rica y Brasil, entre otros. Las potencias económicas y militares, China y Estados Unidos, firman compromisos para reducir emisiones de dióxido de carbono y metano, pero el mundo sigue depredando bosques y sometiendo otros ecosistemas a las lógicas del desarrollo económico.

Ahora que Cali será sede de la COP16 sobre biodiversidad, vuelven a confluir en un mismo evento académicos, científicos, funcionarios públicos y gobernantes para examinar estrategias y apuestas para frenar el deterioro de selvas como las de la Amazonia y las que circundan todo el Chocó Biogeográfico (desde el Ecuador, hasta el Tapón del Darién). Como correlato aparecen el turismo y las rutas ecológicas con las que se piensa sorprender a las 12 mil personas que llegarán a la capital del Valle del Cauca. Pero también, los académicos que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo económico, en particular, la gran plantación de monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar, asumidos interesadamente como “ecosistemas emergentes”, cuando lo que realmente son enclaves artificiales desnaturalizantes.

Volvamos al tema del turismo. Nadie niega la importancia de las actividades turísticas y los beneficios de hospedar en la ciudad a esa cantidad de gente. Pero no se puede perder de vista la gravedad de lo que está sucediendo en el Pacífico colombiano con la minería legal e ilegal y el consecuente deterioro ecológico y ambiental de ríos y selvas, ecosistemas sometidos a la fuerza de retroexcavadoras y toneladas de cianuro que se vierten en sus aguas. Ponerle freno a esos procesos de intervención humana implica el sometimiento de las fuerzas ilegales y de los actores legales que trabajan de la mano para sacar oro, carbón, litio y coltán. De este último, se sabe que hay presencia en la Orinoquía, Vichada, Vaupés y Guainía.

Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del medio ambiente que tuvo Colombia, considera de gran valor para el país que se realice en su territorio la cumbre de la biodiversidad de la COP16. “En la convención de biodiversidad se han obtenido algunos logros siendo, quizá, el principal la creación y ampliación de las áreas protegidas en el mundo. En Colombia las políticas de parques nacionales, de resguardos indígenas, y de propiedades colectivas de las comunidades negras, que en su conjunto representan el 42 % del territorio nacional, han sido, en balance, exitosas en la protección de la biodiversidad y de los bosques. Sin embargo, el tercer informe de Parques Cómo Vamos (2023) ha puesto la alarma de que hoy el 60 % de los parques nacionales son víctimas de algún tipo de amenaza”.

Hay que aplaudir las decisiones de ampliar las zonas de parques nacionales naturales, pero igualmente hay que rechazar y llamar la atención sobre los actores, legales e ilegales que están interviniendo esas zonas protegidas: ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, grupos armados ilegales que viven del negocio de la coca y la minería ilegal. Se suman colonos que van abriendo trochas y haciendo “mejoras” hasta que logran “tumbar el monte”, expresión que con enorme claridad da cuenta de la nula conciencia y valoración que se tiene de la existencia de indicadores de una biodiversidad que resiste las arremetidas de unos procesos civilizatorios alejados de cualquier posibilidad de construir relaciones armónicas entre los seres humanos y los ecosistemas naturales.

Si no se detienen esos procesos altamente disruptivos, eso de “que somos uno de los países más biodiversos del mundo” quedará como un simple recuerdo, recogido en libros, informes científicos, inventarios de especies, enciclopedias y en la mente de un reducido número de colombianos que sí entendieron el real significado que trae esa condición natural. Las comunidades negras, indígenas y campesinas que viven dentro de las zonas biodiversas deben ser la prioridad para el Estado colombiano si de verdad se quiere proteger el Chocó Biogeográfico. No será fácil ganarle la batalla a los narcos (incluye guerrillas, bandas y paracos) que viven de la economía ilegal (explotación de oro y tráfico de cocaína). Por lo pronto, hay que dignificar la vida de las comunidades que históricamente establecieron una relación consustancial con la naturaleza. Ellos, mejor que nadie, sabían qué es eso de ser biodiversos, antes de que se realizara la cumbre de la tierra en 1992.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

VICKY DÁVILA, CANDIDATA PRESIDENCIAL: ¿OTRA TIGRESA DEL URIBISMO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Claudia López Hernández, ex alcaldesa de Bogotá y el director del diario La República, Fernando Quijano Velasco elevaron a Vicky Dávila a la condición de candidata presidencial para el 2026. No es un chiste.

Mientras que López lo hizo en el marco de un rifirrafe en la red X con la directora de Semana, Quijano se aventuró a hacerlo junto a otras mujeres que el periodista económico juntó en su exclusivo listado del que además de la señora Dávila, aparecen Francia Márquez Mina, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y la misma exalcaldesa, López Hernández.

La posibilidad de que la periodista Dávila sea candidata presidencial, con el apoyo económico y político de los Gilinski y el Clan Gnecco y otros sectores de la ultraderecha, confirmaría que a esos sectores de poder no les interesa llevar a la Casa de Nariño a una mujer conocedora de la operación del Estado y con un proyecto político soportado en el dominio de conceptos políticos y filosóficos asociados a la idea de que algún día Colombia sea una verdadera República, sino a una simple mandadera que se preste, como lo hizo Iván Duque Márquez, a hacerle los mandados a quienes desde poderosas corporaciones privadas le indiquen qué de lo que deje Petro funcionando, debe echarse para atrás. O simplemente, ejecutar un plan nacional de desarrollo que beneficie a la sempiterna oligarquía “blanca” con obras de infraestructura o contratos millonarios.

La verdad es que después de Duque cualquiera puede ser presidente de Colombia. Y aunque a la derecha uribizada le salió muy mal el experimento y la experiencia de haber puesto en el Solio de Bolívar al sinuoso, fatuo, obsecuente e incompetente personaje, una posible candidatura de Dávila terminaría por llevarlos a una nueva derrota, sin importar la calidad y la preparación del candidato o candidata del progresismo que eventualmente se enfrente a la directora de Semana.

Recordemos que la misma ultraderecha intentó en el 2022 llevar a la presidencia a Rodolfo Hernández, un ignorante al que solo le interesó en la vida conseguir plata. Con un capital cultural casi nulo y con señalamientos de corrupto por el caso de Vitalogic, hubiese sido un total desastre para el país porque no habría sido más que el otro muñeco del uribismo, es decir, un Duque 2.  

No me imagino a la señora Dávila sosteniendo una discusión conceptual en un debate entre candidatos a la presidencia. Creo que Quijano y López exageraron en su lectura del futuro electoral. Lo mejor es que Dávila siga siendo la vocera de los Gilinski y defendiendo a Uribe desde las páginas de ese pasquín que llaman Semana.

El país podrá contar, eso sí, con las precandidaturas de Paloma Valencia, congresista que propuso en el 2015 una especie de apartheid en el Cauca, dividiendo el departamento entre indígenas y mestizos. Valencia, al igual que Duque, es obsecuente con las directrices e ideas de su patrón, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. A pesar de su lealtad, Valencia sabe que el político antioqueño la prefiere como agitadora, porque en el fondo no confía en ella. En general, Uribe Vélez prefiere entenderse con hombres a los que pueda tratar a las patadas y a madrazos como es su estilo. Recordarán los colombianos cuando dijo “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”.

De igual manera, el país verá a María Fernanda Cabal, otra fiel defensora de Uribe Vélez. Más radical que Valencia, la senadora Cabal exhibe un talante autoritario que la hace proclive a desconocer conquistas laborales y en general, a limitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Carta de 1991. En el 2021 desconoció derechos fundamentales. En la Silla Vacía se lee lo siguiente: “Cuando hablo de derechos fundamentales es a lo que todos, por encima de cualquier cosa, tenemos o debemos tener acceso. Cuando yo hablo de derechos no fundamentales no es porque quiera excluir a la educación o salud, es que, si fueran fundamentales, nadie los pagaría. Mi derecho a la libertad y a la movilidad no lo estoy pagando. La educación y la salud tienen el contenido de quienes pueden acceder y pagar y quienes no lo tienen. No está establecido como derecho fundamental sino como uno colectivo”.

Y finalmente está la posibilidad de que Francia Márquez Mina se lance como candidata presidencial en el 2026, para dar continuidad a los procesos que dejará andando el gobierno de Petro. Una eventual candidatura de Márquez pondría, nuevamente de presente en el país, el racismo estructural que sobrevive en Colombia. Como víctima de discursos racistas, como el de Luz Fabiola Rubiano, quien fue condenada por hostigamiento y racismo por llamar “simio” a la vicepresidenta, Márquez se expondría a que, electoral y políticamente le cobren lo que viene haciendo bien, mal o regular desde su rol como vicepresidenta y ministra de Equidad e Igualdad.

Ya veremos qué pasa en el 2026. Lo que si se advierte desde ya es que será una campaña electoral mucho más caliente y quizás violenta que la que vivimos en el 2022. Y será así porque la derecha está desesperada por recuperar el control del Estado que Petro les arrebató. Suma al desespero el hecho de que a dos años largos de las elecciones presidenciales no tienen un candidato carismático y formado, capaz de enfrentar a los que saldrán al ruedo a defender lo hecho por el actual gobierno. Aunque Uribe dijo que para el 2026 tiene ya un “tigre” (¿será Francisco Barbosa?), por ahora son otros los que deshojan las margaritas. Mientras llega el momento de exhibir a su feroz mascota, “tigresas” como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Claudia López y Vicky Dávila no permiten que el vulgar y violento caballista y latifundista antioqueño duerma plácidamente.

Imagen tomada de internet: https://www.google.com/search?sca_esv=23bfc37b28131238&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ACQVn0-XQdJF3DxV9HTNXysDVBDrl5t2eA:1708831254771&q=vicky+davila+presidenta&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjgvq-_xMWEAxXcSTABHQCTAOcQ0pQJegQIERAB&biw=1350&bih=631&dpr=1#imgrc=-KBqEBsPyTlBhM

PERIODISTAS LE ESTÁN BUSCANDO EL "QUIEBRE" A AMELIA PÉREZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección de la nueva fiscal general de la Nación se convirtió, por cuenta de las sinuosas dilaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una confrontación ético-política y periodística entre empresas mediáticas hegemónicas y medios alternativos. Al final, el enfrentamiento es entre periodistas amigos del “viejo” régimen de poder y aquellos reporteros que, con un alto grado de independencia y suficiencia ética y moral, le apuntan a develar la verdad de los hechos que son noticia.

Así las cosas, periodistas vedettes (cercanos a lo que se conoce como el uribismo) andan desesperados buscando hasta en los basureros un papel, un contrato, una frase, un comparendo no pagado o cualquier otra cosa, con la que sea posible descalificar a las mujeres que hacen parte de la terna que el presidente Petro envió a la CSJ para que, en sala plena, la corporación judicial elija a quien asumirá la dirección de la fiscalía general de la Nación. Después de mucho hurgar, por fin encontraron en la red X, la trinchera ideológica más rastrera de todas las redes sociales, varios trinos del señor Gregorio Oviedo, esposo de la más votada de las tres candidatas y quien podría convertirse en la próxima fiscal general: Amelia Pérez.

Oviedo, en uso de su derecho a la libre expresión, dejó salir sus opiniones políticas y jurídicas en la red X, frente al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República; igualmente, para confrontar a periodistas de derecha. Usar las opiniones de Oviedo para deslegitimar y dudar de la independencia de criterio de su esposa, la candidata Amelia Pérez, hace parte de la narrativa machista que aún sigue vigente en Colombia, con la que toda mujer casada, está, de manera natural, sometida a las ideas y opiniones de sus maridos. Es decir, Amelia Pérez no puede ser elegida nueva fiscal general de la Nación porque su esposo apoya al presidente Petro y tiene criterios jurídicos contrarios a los que promueven medios afectos al régimen uribista que perdió las elecciones con el progresismo.

Razón le cabe al reconocido penalista, Miguel Ángel del Río, cuando dice que “las posiciones del señor Gregorio Oviedo, esposo de la ternada Amelia Pérez, le pertenecen solo a él y están protegidas constitucionalmente. Extenderlas a su esposa no sólo es caprichoso sino ofensivo con su independencia de criterio”.

Lo llamativo del asunto es que dentro de los periodistas que se dieron a la tarea de buscar en el basurero de la red X hay mujeres de las que se esperaría algo de sororidad con Amelia Pérez. Por el contrario, insisten en fustigar su independencia, autonomía y criterio jurídico porque su esposo, Gregorio Oviedo, usó su cuenta en Twitter para dejar salir sus simpatías y antipatías.

Esa búsqueda desenfrenada por hallar cualquier indicio, comentario o expresión que sirva para desacreditar a cada de las tres mujeres ternadas hace parte de los discursos y prácticas machistas y misóginas que terminaron uniendo a exmagistrados, periodistas, exfiscales generales, abogados, empresarios, políticos y narcotraficantes a los que no les conviene que una mujer, de las calidades de las candidatas, dirija el ente investigador.

El grado de animadversión es tal, que incluso colegas alcanzaron a insinuar que lo dicho por el marido de Amelia Pérez daría para que la CSJ devuelva la terna. Aunque es improbable que ello ocurra, los detractores de las ternadas esperan que los magistrados y magistradas de la CSJ descarten a Pérez por las ideas expresadas por su esposo. Imagino que en breve seguirán con las parejas de las otras dos candidatas, porque para estos “recolectores de desechos” de la sucia trinchera que es X, estar casada es sinónimo de sometimiento de las mujeres a las ideas de los esposos. Por cuenta de estos interesados (as) “sabuesos” regresamos a las décadas de los 40, 50 y 60, en las que las mujeres vivían exclusivamente en función de satisfacer a sus maridos, agachar la cabeza y asentir con obediencia.

Adenda: frente al argumento de los detractores de la terna, que señala que Petro quiere tener a una fiscal de bolsillo para salvar a su hijo, hay que preguntarse por qué el proceso no avanzó con la rapidez con la que lo impulsó el fiscal Francisco Barbosa. Eso sí, si Nicolás Petro es culpable, que pague por sus delitos. Hay que confiar en que el presidente de la República no meta las manos para tratar de sacar en limpio a su vástago.

Imagen tomada de El Colombiano. 

CAYÓ ALIAS “PACHO MALO” Y LA CSJ NO ELIGIÓ A LA NUEVA FISCAL: ¿FELIZ COINCIDENCIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tercera ocasión, aplazó la elección de la nueva fiscal general de la Nación, lo que alarga la interinidad de la cuestionada fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, mano derecha del exfiscal, Francisco Barbosa Delgado. Mientras los y las togadas votaban en el marco de su enrevesado mecanismo de elección, el CTI de la Fiscalía informaba de la captura de Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, quien, según señalamientos institucionales y periodísticos, tendría relaciones con narcotraficantes y estaría siendo protegido, de tiempo atrás, por Martha Janeth Mancera.

La captura de “Pacho Malo”- ¿se trató de una negociación? – genera todo tipo de suspicacias, las mismas que ya despertó la CSJ con sus incomprensibles dilaciones para elegir el remplazo del inefable Francisco Barbosa y extender en el tiempo la interinidad de Mancera. No creo, por lo tanto, que estemos ante una coincidencia, pues justo resulta detenido o se entrega el cuestionado exdirector del CTI en Buenaventura el mismo día y casi a la misma hora en la que los magistrados votaban discrecionalmente por las mujeres ternadas.

Por lo anterior, lanzo la siguiente hipótesis con la que intento explicar el significado de la captura del cuestionado “Pacho Malo” y la conexión que podría existir entre ese hecho judicial y la extensión en el tiempo de la interinidad de Mancera, la misma que fue cuestionada por la oficina de derechos humanos de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta es la hipótesis: los magistrados y magistradas de la CSJ no eligieron hoy 22 de febrero de 2024 a la nueva fiscal porque, al conocer de la captura de Martínez Ardila, asumieron que ese hecho judicial despeja las dudas y debilita las versiones periodísticas y la del propio presidente de la República con las que se cuestionan la legitimidad y la moral de Mancera, por las relaciones mafiosas que según connotados periodistas y medios alternativos tiene la fiscal encargada con alias “Pacho Malo”.

Sin duda alguna, la CSJ está mandando un mensaje claro y contundente al presidente Petro: no aceptamos presiones sociales y políticas. Y encontraron en la captura de “Pacho Malo” el mejor momento y argumento para dilatar la elección y aumentar las molestias y las suspicacias lanzadas desde la Casa de Nariño.

Con la aprehensión de Martínez Ardila, Martha Mancera golpea a los periodistas y al propio presidente Gustavo Petro, pues con la salida de circulación de alias “Pacho Malo”, ella se libera de los pesados cuestionamientos sobre su moral y ética, a pesar de que varios medios tradicionales venían lavándole la imagen y por ese camino debatiendo y erosionando la idoneidad de las fuentes de los periodistas Daniel Coronell, Gonzalo Guillén y las que soportaron el informe de la Revista Raya, que confirmarían las andanzas de Mancera.

En el plano internacional, la captura de Francisco Javier Martínez puede terminar confundiendo a los voceros de los tres organismos que exhortaron a la CSJ para que cuanto antes eligiera a la nueva fiscal general de la Nación. Y es así, porque no se entendería que una fiscal cuestionada moral y éticamente ordene buscar y someter a quien se le sindica de tener relaciones con criminales, con la protección de la Fiscalía.

La captura de “Pacho Malo” da vida a un contra argumento que mediáticamente servirá para darle algo de legitimidad a la interinidad de Mancera. Es el mismo contra argumento al que apela a cada momento el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, cuando se le cuestiona por sus relaciones con grupos paramilitares. Recuérdese que el exmandatario antioqueño se defiende señalando que él mismo extraditó a 14 de sus comandantes a los Estados Unidos, lo que borraría cualquier relación con los “paracos”. Así las cosas, Mancera dirá en adelante que ella no puede tener vínculos con “Pacho Malo” porque ella misma lo mandó a detener y que bajo su administración jamás se protegió y protegerá a funcionarios que tengan relaciones con estructuras delincuenciales y en particular con narcos del Valle del Cauca.

El 7 de marzo volverá la CSJ a votar. Quizás ese día, por fin decidan cumplir con lo que les ordena la Constitución Política.

Adenda: se cuidó la Fiscalía, en manos de Mancera, de presentar públicamente la captura de "Pacho Malo". Curioso, porque se trata de un golpe que mediáticamente le viene bien a su cuestionada imagen. Y le va a imputar el delito de contrabando, en lugar de narcotráfico. Algo huele muy mal. 

Imagen tomada de La FM. 

ETHOS MAFIOSO, CORRUPCIÓN Y LA COMISIÓN JUDICIAL INDEPENDIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La corrupción público-privada en Colombia deviene ancorada al ejercicio del poder político, lo que la hace prácticamente imposible de acabar o de reducirla “a sus justas proporciones” como lo propuso Julio César Turbay Ayala, siniestro político y presidente de la República entre 1978 y 1982.

Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro Urrego prometió convocar a una Comisión Internacional contra la Corrupción, con el acompañamiento de la ONU, para develar las redes con las que se logró la captura mafiosa del Estado desde sectores corporativos y actores privados. En su cuenta de X, en mayo de 2022, dijo: “Como Presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar la impunidad, como la que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”.

Pues bien, dicha promesa de campaña y anhelo de sectores sociales cansados de la sempiterna corrupción, fruto de la captura mafiosa del Estado, volvió a estar en las páginas de los medios masivos, por cuenta del director de la Justicia Penal Militar. En la prensa se lee que “el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, sugirió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, poner en funcionamiento una comisión internacional contra la impunidad en el país”.

Llama la atención que la propuesta salga de las huestes de la Justicia Penal Militar, en cabeza de su máximo vocero. Hubiera sido preferible que agentes económicos y políticos de la sociedad civil, como Fenalco, Acopi, Andi y el Comité Intergremial propusieran al gobierno y a las otras ramas del poder público convocar a dicha Comisión Internacional. Pero no. El silencio de estos actores de la sociedad civil hace pensar en que realmente poco o nada les interesa la conformación de un equipo de trabajo de esa magnitud para develar las maneras en las que el Estado deviene capturado por mafias corporativas y clanes políticos (cuatro o cinco familias) que lo han sometido a sus mezquinos intereses, lo que finalmente ha garantizado la inoperancia de la justicia, su sometimiento político y la burla de poderosos agentes económicos y políticos que manosean, presionan y compran magistrados y jueces.

A la propuesta de Reyes Rodríguez se opusieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gerson Chaverra y el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera. Según trascendió, el magistrado de la CSJ “amenazó” con retirarse del Comité que por estos días opera para discutir reformas a la justicia, tendientes a bajar el índice de impunidad en los casos de corrupción, que rodea el 94% y mejorar las condiciones laborales y operativas de los jueces, entre otros asuntos que hacen que el aparato de justicia en Colombia no funcione de la mejor manera.

Nadie en sus cabales puede negar que en Colombia se naturalizó un ethos mafioso en la operación de la justicia, en el trabajo legislativo y en las acciones y decisiones políticas de todos los gobiernos, incluido el presente, asociadas estas al clientelismo, al pago de favores político-electorales a agentes privados, a políticos profesionales y a los partidos políticos. Igualmente, no se puede negar que ese ethos mafioso circula en las calles de la mano de guardas de tránsito, policías y demás ciudadanos.

Las dilaciones de la actual CSJ para elegir la nueva fiscal general de la Nación generan suspicacias en la opinión pública, justamente, porque la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio Público de tiempo atrás operan como matrices clientelistas con las que se pagan favores político-electorales, a través de cuotas burocráticas y contratos millonarios a familiares de los togados que hoy tienen en sus manos poner fin a la sinuosa interinidad de Martha Mancera, fiscal general encargada. La entrega a dedo de puestos constituye una práctica corrupta que debe exponerse públicamente.

Colombia necesita exponerle al mundo que necesita ayuda para superar lo que ha estado mal por más de 100 años. De la misma manera como el país se dio la pela ante la comunidad internacional con la firma del tratado de paz de La Habana y la entrada en operación de la JEP, lo debe hacer convocando la señalada Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Con la JEP, el mundo supo del carácter criminal del Estado y de los demás actores armados que participaron de las hostilidades, en el marco del conflicto armado interno: guerrillas y paramilitares. De igual manera, trascendió que grandes empresarios patrocinaron las estructuras de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), lo que les permitió actuar como víctimas y victimarios en precisos momentos históricos del devenir del conflicto armado interno.

Así como el mundo ya sabe que el Estado y específicos agentes económicos de la sociedad civil actuaron como criminales, de la misma manera debemos exponer ante el resto del mundo que nos guía un ethos mafioso que da vida a las prácticas corruptas en los ámbitos estatal y privado.

Imagen tomada de X.com

BALACERAS Y ATRACOS EN BOGOTÁ: ¿LA SOLUCIÓN ES ARMAR A LOS “BUENOS”?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los recientes atracos a mano armada en restaurantes y un par de balaceras en Bogotá vuelven a encender la polémica entre quienes creen que la inseguridad se enfrenta y se acaba entregándole armas a las “personas de bien” para que defiendan su patrimonio y aquellos que, por el contrario, consideran que “armar a los buenos”, para enfrentar a los “malos”, agravaría la situación de violencia que se vive en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras.

Quienes abogan por la primera opción, guardan silencio alrededor de una circunstancia que parece no preocuparles: el origen de las armas, traumáticas y de fuego, usadas por atracadores y sicarios. Es decir, no se preguntan por ejemplo quiénes permiten la circulación de las armas en las calles de Cali, Bogotá y Medellín. ¿De dónde sale tanto “fierro” es otro interrogante que los “amigos de armar a los buenos” no se hacen y al que las mismas autoridades de policía tampoco pueden dar una respuesta clara?

En Cali, por ejemplo, hay armas que la policía incauta a criminales, y luego, las mismas, aparecen en manos de otros victimarios. ¿Cómo puede suceder eso? La respuesta es clara: corrupción institucional, o la existencia de una red de alquiler y venta de armas de fuego, incluidas las traumáticas que desbordó la capacidad de la inteligencia policial para detectar sus movimientos.

No. La solución no está en “armar a los buenos”, la real solución está en quitarle las armas a los delincuentes, a los sicarios. Y para ello, se requiere el desmonte de las oficinas de cobro que existen en las ciudades capitales, cuyos servicios son contratados, curiosamente, por “gente de bien” que necesita eliminar enemigos, cobrar millonarias sumas, borrar cabos sueltos de torcidos que deben permanecer ocultos, o sacar del camino a personas incómodas.

Hay que explorar si existe conexión entre los proveedores de pertrechos, balas y armas para las “guerrillas” y bandas criminales, y funcionarios estatales que facilitan la circulación de los fierros con los que a diario atracan en Cali y Bogotá.

Abrir la posibilidad para que cada ciudadano porte una pistola o un revólver nos podría llevar al aumento de homicidios por la generación de conflictos callejeros que alguien creyó que era mejor resolverlos asesinando al contradictor o en el peor de los casos, a quien le pareció sospechoso y peligroso, solo por la “pinta”. En un potencial escenario en el que todos estemos con un arma en la cintura, es probable que discusiones bobas sobre asuntos políticos, religiosos y de los que conciernen al fútbol colombiano, terminen en homicidios.

Lo que tienen que hacer los gobiernos, en nombre del Estado, es crear las más difíciles condiciones para aquellos a los que hoy les queda relativamente fácil alquilar una pistola o comprarla en las barriadas de Cali, Bogotá y Medellín. Como sociedad civilizada, conseguir un arma debe ser igual o más difícil que obtener uranio enriquecido para crear armas nucleares.

Lo curioso es que, en los cubrimientos periodísticos de los más recientes atracos en restaurantes de la capital del país, ni los periodistas cuestionan a las autoridades sobre la circulación de las armas y mucho menos los policías salen a explicar lo sucedido, dando cuenta de las actividades desarrolladas para desmantelar las redes, legales e ilegales, de distribución de los “fierros” con los que se están cometiendo todo tipo de crímenes.

Imagen tomada de Vanguardia. 

CALI SEDE DE LA COP16: OPORTUNIDAD PARA REPENSARNOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay que celebrar que Cali será sede de la COP16, a realizarse entre el 21 octubre y el 2 noviembre del año en curso. La edición 16 de la convención sobre la biodiversidad debe asumirse no solo como una vitrina para exhibir el potencial biodiverso del Chocó Biogeográfico y la diversidad cultural ancorada a los territorios, sino para revisar los desafíos, amenazas y problemas que se ciernen sobre el Pacífico colombiano y los Farallones de Cali, sometidos sus ecosistemas a los impactos negativos de la minería ilegal y legal, el acecho de las constructoras y los asentamientos ilegales, entre otras actividades que constituyen una grave amenaza para especies animales y vegetales.

El evento internacional debe servir también para poner en cuestión el modelo de la gran plantación que se impuso en el valle geográfico del río Cauca, con el que se priorizó el monocultivo de la caña de azúcar y se afectó en materia grave ecosistemas valiosos como humedales y ríos, así como las aguas subterráneas; el paisaje monótono que ofrece la caña de azúcar debe entrar también en la discusión. Claramente, dicho monocultivo es un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica porque borró conexiones ecológicas y por esa vía, afectó nichos ecológicos de varias especies.

Ojalá no se asuma el evento como una simple vitrina para lavarle la cara (greenwash) a quienes promovieron un desarrollo económico que con el tiempo demostró ser insostenible, en particular para las actuales circunstancias que afronta el país y el mundo con la crisis climática, que está inexorablemente articulada a una crisis civilizatoria y humana.

Para conservar, restaurar y aprovechar con criterio los ecosistemas que anidan en el Chocó Biogeográfico hay que aceptar que desde Cali y Bogotá se alientan procesos y acciones propias de lo que se conoce como racismo estructural. La capital del Valle, por ejemplo, es una urbe que segregó a los negros que se asentaron en su suelo, huyendo de la violencia política y social de guerrilleros y paramilitares y atraídos por el espejismo del desarrollo urbano.

Nadie puede negar que ser sede de la COP16 constituye un logro importante del actual gobierno, comprometido con la transición energética y en detener la deforestación de las selvas, en particular la amazónica. También es una oportunidad para revisar el estado del bosque seco y de la selva húmeda del Pacífico; preguntarse cómo está hoy en día la Serranía de Los Paraguas, así como los manglares en zonas costeras como Buenaventura, enriquecerá, sin duda, las discusiones académicas.

El discurso ambientalista que de todas maneras ronda la COP16 no puede quedarse en hacer un inventario de las especies que habitan en nuestros variados ecosistemas naturales-históricos. Saber qué especies endémicas tenemos es de gran valor, pero lo es más si comprendemos los riesgos de continuar sometiendo a la naturaleza a las lógicas económicas de actores legales e ilegales que operan a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico.

Huelga recordar lo dicho por Antonio Guterres: “es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba". A pesar de la fuerza semántica, lo dicho por el funcionario de la ONU solo quedará en los registros periodísticos. Y es así, por cuanto hay una inercia civilizatoria que el ser humano ya no maneja y no puede controlar. De esa inercia civilizatoria hacen parte el mercado, el consumo, la reproducción humana y el sistema capitalista. A esos tres factores o elementos hay que sumarle dos más: de un lado, la ciega confianza en que la tecnología servirá para mitigar y enfrentar los problemas generados por las crisis climáticas. Del otro lado, la aspiración de vivir en escenarios tan artificiales, que ya pueda hablarse y situarse en un mundo postnaturaleza. Y para ello, necesitará avanzar en la consolidación de un poshumanismo, lo que nos conducirá, muy seguramente, al nacimiento de un nuevo ser (poshumano) no solo capaz de sobrevivir en medio de difíciles condiciones atmosféricas, sino alejado de cualquier preocupación o angustia ética y moral, por aquellos que no alcanzaron a crear aquellos escenarios alta y tecnológicamente artificiales que les garanticen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras se toma consciencia, la especie humana seguirá convirtiendo el planeta en una maloliente letrina, en un basurero de carros, motos, celulares, llantas, lavadoras e impresoras, entre otras tantas mercancías, sin asumir que se convirtió en una peligrosa plaga.

Imagen tomada de la Alcaldía de Cali 

FÚTBOL: EL ESPEJO EN EL QUE NOS MIRAMOS COMO SOCIEDAD CORRUPTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el fútbol, como deporte espectáculo y actividad económica, confluyen todos los males que la sociedad colombiana arrastra de tiempo atrás: el ya naturalizado ethos mafioso, el clasismo, el sempiterno machismo y el racismo estructural, para tocar a los cuatro más sobresalientes. Hace dos días estalló un escándalo en el fútbol colombiano. El diario Marca de España registró así el hecho: "Situación escabrosa": confirman amaños por apuestas en el fútbol de Colombia y ya hay responsables. En la bajada o sumario se lee: “El propio presidente de Patriotas reveló que sacó a un jugador del equipo por denuncias de arreglo de resultados”.

La verdad es que esa situación no debería de aterrar a nadie. Lo que sí llama la atención es el silencio de los fanáticos a los que poco les importa este tipo de situaciones, pues para ellos es “normal”. Como consecuencia de esa aceptada realidad, no se puede esperar que salgan a protestar para exigir transparencia en el fútbol. Hacerlo puede resultar afectándolos quizás en el único espectáculo que los llena de satisfacciones o les permite expresar frustraciones y "botar" el estrés acumulado en las rutinas laborales diarias. La violencia discursiva y física que a diario vemos en los estadios son el resultado de los problemas, miedos e incertidumbres de una buena parte de la sociedad, sin distingos de clase.

El fútbol, como espectáculo, no puede detenerse por las sospechas o los casos de corrupción. Eso es impensable para una sociedad que fácilmente se refugia en el fútbol para olvidar los problemas del país, de allí que los medios masivos, todos los días, en sus secciones de “Deportes”, prioricen los goles y los partidos, por encima de las otras disciplinas deportivas.

Así entonces, la complacencia de las autoridades constituye el paso a seguir, con el objetivo de proteger el espectáculo, así este tenga visos de inmoralidad. El titular de la revista Cambio lo dice todo: “Las investigaciones que archivó la Fiscalía de Francisco Barbosa contra los dirigentes del fútbol colombiano”. En el texto periodístico se lee: “se trata de por lo menos dos indagaciones, una por lavado de activo y por venta de boletas, contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Álvaro González, presidente de la Difútbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano) y vicepresidente del comité ejecutivo”.

En el ethos mafioso aparecen por supuesto la corrupción, el lavado de dinero de narcotraficantes y las apuestas. Por culpa de esas circunstancias que hacen parte de ese ethos, el fútbol debió de perder millones de fanáticos, pero no hay tal.  El asesinato en Colombia del árbitro como Álvaro Ortega en 1989, a manos del Cartel de Medellín, el arreglo previo de partidos y presiones de todo tipo para que un equipo se deje ganar o, por el contrario, salga a reventarse para evitar el triunfo del que se da por descontado que saldrá campeón, son situaciones que hemos normalizado en el país. 

En Latinoamérica hay un ejemplo histórico del arreglo de un partido en un Mundial: el 6 a 0 que la Selección Argentina le propinó a la muy buena Selección Peruana en el Mundial de 1978. La narrativa internacional señala que ese partido fue arreglado y los que jugadores peruanos se vendieron, lo que aseguró la clasificación de los argentinos a la gran final del torneo, 

Aunque es posible encontrar hinchas que no regresaron más a los estadios por razones asociadas a la violencia de las llamadas barras bravas, el fútbol sigue siendo por antonomasia un atrayente espectáculo que mueve las fibras de hinchas y fanáticos y un escenario virtuoso para las actividades ilegales, en el marco de una sociedad que hace rato borró los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal. Por más que las autoridades o un gobierno quieran “meterle” la mano al fútbol para tratar de limpiarlo por dentro, el espectáculo debe continuar porque en él, el colombiano promedio ve reflejada su realidad cotidiana, la misma en la que parece vivir a gusto.

Adenda: la corrupción en el fútbol es a nivel planetario. 

Imagen tomada de Eje21 

ELN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un paro armado, las delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanzan en la discusión de los puntos de la agenda. En particular, hay uno de vital importancia para los elenos: la participación de la sociedad civil para lograr las transformaciones por las que, según ellos mismos, han luchado militarmente por más de 50 años.

Según el senador Cepeda, ya están trabajando en el diseño de los mecanismos que permitirán, a partir de mayo de este año, la participación de agentes de la sociedad civil. Ojalá los mecanismos diseñados, con alcance nacional, pero territorialmente ancorados, terminen con el fin del conflicto entre el Estado y esa agrupación armada ilegal. Eso sí, la participación ciudadana organizada expone una situación suigéneris: el ELN termina convertido en un mediador entre lo que propongan los agentes de la sociedad civil y la delegación de paz del gobierno que, en nombre del Estado, deberá dar cuenta en tiempos muy precisos, de las transformaciones sociales, políticas y económicas que hacen parte del ideario del grupo armado y que aspiran a que sean las mismas de los agentes sociales, económicos y políticos que participarán a partir de mayo en las mesas de trabajo. Es decir, la negociación política adquiere un carácter indirecto que complejiza aún más el proceso de diálogo: los plenipotenciarios del Gobierno, en nombre del Estado, no negociarán directamente con sus similares del ELN, como ocurrió durante el proceso de paz y negociación de La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Imagino que la intervención y participación de agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil tendrá un enfoque territorial diferenciado, lo que de inmediato pondrá en evidencia los avances en su aplicación de los planes de desarrollo local y regional que a la fecha el Estado esté ejecutando y priorizando. Ese podría ser un primer obstáculo en los avances de las transformaciones que el ELN espera, en consonancia con lo expresado por los actores de la sociedad civil que participen de los encuentros. A esto se suma que varias regiones y municipios quedaron en manos de actores políticos que hoy le hacen oposición al gobierno de Petro en el Congreso, a los que no necesariamente les interesará ayudar a que se concrete lo de la paz total.

En esa misma línea, bajo qué criterios técnicos y presupuestales se ejecutarán las exigencias y las propuestas, locales y regionales, expuestas por esos actores de la sociedad civil y cómo estos dialogarán con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Habrá dinero suficiente y capacidad operativa de un Estado históricamente paquidérmico para ejecutar obras y responder a exigencias de la ciudadanía?

¿Qué pasará en y con los municipios PDET? Hasta el momento, la estructura agraria y la concentración de la tierra en pocas manos no ha cambiado en esos territorios. ¿Los agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil de varios de esos municipios querrán participar de las discusiones que se darán en el marco de la dinámica planteada por el ELN?

Las dinámicas y los encuentros entre esos agentes de la sociedad civil y el Estado, con la mediación de los elenos, podrían convertirse en fuente de nuevos conflictos por los intereses encontrados y diferenciados que de todas maneras van a quedar expuestos cuando aparezcan agentes económicos de la sociedad civil que no compartan lo dicho o exigido por actores sociales e incluso, por los agentes políticos en una misma región.

Como la participación tendrá un carácter nacional, surge de inmediato la pregunta: ¿De estos encuentros harán parte los agentes económicos de la sociedad civil que a diario aparecen en los medios masivos tradicionales? ¿Es decir, veremos a la ANDI, Acopi y Fenalco, entre otros, discutiendo las propuestas y exigencias de actores sociales y políticos que históricamente jamás fueron escuchados?

Son muchos los detalles que deberán tener en cuenta quienes en la mesa de diálogo se sentarán a diseñar los mecanismos y los protocolos de participación. Nadie niega que garantizar la participación de la sociedad civil resulta novedoso, pero también hay enormes riesgos de que semejante apuesta termine generando expectativas en las comunidades que llevan años esperando a que la cara civil del Estado, con todo y su carácter civilizatorio, llegue a territorios a los que jamás llegó, porque solo hubo el interés de que el Estado hiciera presencia con la bota militar. 

¿Estarán comprometidos todos los frentes de guerra del ELN en esa apuesta? ¿O tempranamente aparecerán disidencias que, en lugares específicos, torpedearán los procesos participativos?

 Imagen tomada de La Patria. 

OEA, CIDH Y ONU: ¿INTROMISIÓN EN ASUNTOS INTERNOS DE COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las exhortaciones que hicieron la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de DDHH de la ONU en Colombia para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación no constituyen necesariamente una intromisión en los asuntos internos de Colombia, por dos razones fundamentales, a saber:

La primera, es que Colombia hace parte de los sistemas de las Naciones Unidas y el interamericano, lo que legitima estas recomendaciones y otras que en adelante estos organismos decidan hacerle al país. Esa, digamos, es una razón y una circunstancia jurídico-política que no es posible desconocer, por más molestias que genere en quienes insisten en desestimar las graves denuncias periodísticas que ensucian los nombres de la fiscal encargada, Martha Mancera y el de su exjefe, Francisco Barbosa. Justamente, los tres organismos ven en la interinidad un problema de legitimidad que la Oposición no quiere ver, porque no les conviene a sus más connotados miembros, que se elija, por primera vez en el país, a una fiscal recta, proba y que no sea amiga del presidente de la República.

En lugar de protestar por las misivas enviadas por los tres organismos, en las que también exhortaron al presidente Petro a brindar garantías y a evitar presiones sociales que de manera violenta impidan a la CSJ cumplir cabalmente con lo que le ordena la Carta Política, deberían los miembros de la Oposición entender que lo que está en juego es la legitimidad del ente acusador, el mismo que deviene capturado por mafias políticas y organizaciones criminales, de acuerdo con las mismas fuentes periodísticas y las propias actuaciones de la Fiscalía consistentes en favorecer intereses de poderosos agentes económicos y políticos que debieron ser acusados por corrupción y otros que ostentan la calidad de procesados e imputados. Pero no. Hablan de defender la institucionalidad, mirando de soslayo la impunidad del 94% en los casos de corrupción público-privada que dejó el nefasto periodo de Francisco Barbosa.

Y la segunda razón nace de la credibilidad que le reconocen al presidente Gustavo Petro los organismos mencionados en virtud de que sus denuncias de un quiebre institucional o golpe blando son del resorte de la ONU, la OEA y la CIDH. Así entonces, no se trata de una intromisión maliciosa en los asuntos internos de Colombia como lo aseguran miembros visibles de la Oposición, entre estos el también nefasto exfiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, sino de la observación de una delicada situación política que, de darse en Colombia, obligaría a los tres organismos a actuar en consecuencia.

Lo que hizo el gobierno de Petro fue internacionalizar la situación anómala que según él se estaría fraguando al interior del país: el quiebre institucional azuzado por Francisco Barbosa, desde su cargo de Fiscal general de la Nación, siguiendo instrucciones de agentes del establecimiento.  Guardando las proporciones, lo que hizo el actual gobierno se parece en algo a lo que hizo Pastrana cuando internacionalizó el conflicto armado interno, expuso a las Farc-Ep ante el mundo, entregándole la zona de distensión sin verificación de la ONU y naturalizó la injerencia militar de los Estados Unidos. Todo lo anterior, en el marco del Plan Colombia, política pública de corte transnacional que se aprobó en el Congreso americano, sin el visto bueno de la corporación legislativa de Colombia.

La gran diferencia entre las dos situaciones está en que Petro prendió las alarmas en la ONU y la OEA por los riesgos de un quiebre democrático en el país, lo que supondría además el abandono de todo esfuerzo por pacificar al país; mientras que en el caso de Pastrana (1998-2002), lo que hizo fue generar las condiciones internas y externas que terminaron escalando el conflicto armado interno de tal manera, que la propia ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaron, la primera, validando el acuerdo de paz de La Habana firmado durante el gobierno de Santos;  y la segunda, declarando como culpable  al Estado colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos cometida durante las administraciones de Pastrana y Uribe, con la aplicación del Plan Colombia.  

Es decir, Pastrana, Uribe y Duque lo que hicieron fue naturalizar las condiciones de una democracia de mano dura, mientras que Petro lo que hizo al llamar la atención de los tres organismos fue evitar un quiebre institucional que regrese a Colombia a las sistemáticas violaciones de los DDHH, reeditando las circunstancias de la guerra perpetua a la que le apostaron Pastrana, Uribe y Duque.   

Imagen tomada de Youtube.com 

CLASISMO JUDICIAL Y LA CASA POR CÁRCEL PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

 

Por Germán Ayala Osorio

La sempiterna corrupción público-privada en Colombia, más una impunidad del 94% de los procesos penales por corrupción y la maliciosa figura de la casa por cárcel para delincuentes de cuello blanco, son factores generadores de violencia e incertidumbre en una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

El primero de esos factores es el resultado de la captura mafiosa del Estado que lograron hacer congresistas, clanes políticos y familias con poder económico y político. Una vez cooptadas las instituciones estatales, la distribución abusiva y discrecional de los presupuestos les garantizará el poder suficiente para, cada cuatro años, desangrar las finanzas públicas y comprar jueces, magistrados y fiscales que les harán la tarea de desaparecer expedientes, torcer decisiones de jueces que fallaron en derecho, o simplemente, lograr el vencimiento de términos y el cierre de los casos por prescripción. Es tal su poder, que se hacen partícipes en la elección del fiscal general de la Nación para que este se encargue de cerrar procesos o desvíe las investigaciones. Son estos los mismos que hoy tienen pavor ante la eventual elección de una mujer fiscal, sin tacha.

En todo lo anterior se dibuja la ruta de la impunidad cuyos efectos sociales son claros: la desconfianza en la justicia de los ciudadanos de a pie, las acciones de justicia por propia mano y la confirmación de que esta es, para los de ruana, es decir, para los más pendejos o para los que no tienen con qué comprar un juez o un magistrado.

El guarismo del 94% es la más clara expresión de la corrupción de la justicia en todos los niveles: desde encopetados magistrados y magistradas (¿Recuerdan el Cartel de la Toga?), pasando por jueces de tribunales y fiscales delegados, hasta llegar a jueces municipales.

Y cuando no hay forma de torcer fallos, entonces viene la valoración de las condenas a pagar y el lugar de reclusión. Aparece la figura de la casa por cárcel, amparada en artificios judiciales o lecturas amañadas de realidades que tocan el sistema penitenciario: en las prisiones estatales corren peligro las vidas de los ladrones de cuello blanco o no hay cupo en los pabellones especiales, exclaman sus abogados; esos pabellones especiales  confirman lo que aquí llamaré el clasismo judicial, que no es otra cosa que la extrapolación del clasismo de una sociedad como la colombiana en la que conviven ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría, en escenarios de exclusión e inclusión.  

Ese clasismo judicial impide ver que reconocidos exministros de Estado sean recluidos en prisiones sin comodidad alguna y sin privilegios. Huelga recordar el caso del penado uribista, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años por delitos como la celebración de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación. Arias jamás pisó una cárcel en Colombia. Se la pasó “recluido” en cómodas casas fiscales de unidades militares. Recientemente se conoció el fallo condenatorio contra Luis Alberto Monsalve Gnecco. Aunque el tiempo de la condena se conocerá hasta marzo, su abogado pidió que sea recluido en su casa. Muy seguramente, por hacer parte del poderoso clan Gnecco (es hijo de la matrona, Cielo Gnecco Cerchar), la CSJ le dará la casa por cárcel a este bandido perfumado.

Los delincuentes de cuello blanco reciben un tratamiento preferencial porque no “representan un peligro para la sociedad”, o porque simplemente, al no poderse evitar la investigación, el proceso y la condena, lo que queda es garantizarles a estos perfumados criminales que paguen la pena “recluidos” en sus mansiones o en su defecto en unidades militares o de la policía. Una sinvergüencería que deslegitima el orden establecido, mancilla el nombre de la justicia y genera violencia y desazón en quienes deben someterse al imperio de la ley, por casos de los que pudieron salir libres si tuvieran acceso a costosos abogados o cómo corromper a un juez o a un fiscal.

Aquello de que no “representan un peligro para la sociedad” no es más que un eufemismo con el que se realmente se oculta la peligrosidad de individuos estudiados, formados en la función pública, y que conocen muy bien cómo dilatar procesos judiciales y que mantienen el control político de las entidades estatales de las que se robaron billones de pesos. Por el contrario, su actuar criminal debe ser castigado de manera ejemplar por su visibilidad y por las simpatías que generan sus nombres; además, por haber alcanzado mayores estudios y por la responsabilidad que asumieron al llegar al Estado. 

Entre un ladrón callejero y un político corrupto, la justicia y la sociedad creen que el primero es más peligroso que el segundo, lo que hace posible que sobre la randa callejera caiga todo el peso de la ley o en el peor de los casos, reciba el castigo de ciudadanos hastiados de sus andanzas; mientras que la justicia y gran parte de la sociedad tratan con finas pinzas y aplauden a las sabandijas encorbatadas que roen con rapidez el presupuesto nacional.

Así las cosas, resulta improbable que reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones como lo propuso el violador de derechos humanos, el entonces presidente Julio César Turbay Ayala. El ethos mafioso que guía la vida de los bandidos de cuello blanco se naturalizó de tal forma que no robar o no desviar recursos públicos es propio de tontos.

Está lejos el día aquel en el que hayamos construido un país decente, una verdadera República. Seguiremos viviendo en este muladar de ambiciosos, criminales y mafiosos de cuello blanco. Porque en una sociedad decente, “las élites políticas y económicas no extraen los recursos de sus ciudadanos mediante la corrupción, tampoco evaden impuestos. Ni exponen a sus ciudadanos a la pobreza, a falta de educación, a muerte por desnutrición de los niños en familias muy pobres. Y mucho menos permiten que grupos armados ataquen y abusen de las minorías, los campesinos, los líderes sociales. A pesar del gran avance que se ha hecho en las negociaciones para alcanzar la paz, Colombia no clasifica tampoco en el ranquin de sociedad decente, porque la corrupción la mata”.

Imagen tomada de Caracol radio. 

MEDIOS HEGEMÓNICOS VS MEDIOS ALTERNATIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin que exista una declaración pública que así lo confirme, se advierte un claro enfrentamiento  entre periodistas que trabajan para medios hegemónicos y los colegas que lo hacen para medios alternativos. Se trata, por supuesto, de un contrapunteo sutil, casi imperceptible, pero que con el correr de los días puede volverse más serio. Esa situación se presenta por las preguntas y las dudas que periodistas afectos al régimen de poder hicieron recaer sobre la Revista Raya, medio alternativo que irrumpió con revelaciones de documentos oficiales que darían cuenta de prácticas dolosas de la vicefiscal Martha Mancera, hoy encargada de la Fiscalía, gracias a los magistrados de la CSJ que insisten en dilatar la elección de la nueva fiscal general de la Nación.

El hecho noticioso que daría vida a las dudas, al inadvertido enfrentamiento entre alternativos y hegemónicos y a los interrogantes sobre el origen de la financiación de un medio como la Revista Raya tiene que ver con los informes periodísticos con los que los reporteros de varios medios independientes y alternativos, como Raya, cuestionan a Martha Mancera, por cubrirle las espaldas a alias “Pacho Malo” y por sus presuntas relaciones con mafiosos del norte del Valle del Cauca, de acuerdo con los informes publicados.

Las preguntas las hicieron públicas La W y la periodista María Camila Díaz de Mañanas Blu, quienes confrontaron a los periodistas de la Revista Raya sobre quiénes los financian, si reciben aportes estatales o del gobierno de Petro; su cercanía con RTVC (medio estatal) y en general, por sus investigaciones sobre las andanzas de Mancera.

Mientras que La W invitó al director de Raya, Edinson Bolaños y a Sonia Cifuentes, productora,  para que despejaran las dudas sobre “quiénes están detrás de la revista”, María Camila Díaz lanzó las dudas al aire sin darle la oportunidad a sus colegas de contar de dónde surgió el proyecto periodístico y la creación de la fundación que lo sostiene. Cifuentes fue categórica al decir que no hay nadie detrás de la Raya y que son ellos, un puñado de profesionales, que decidieron apostarle a un periodismo distinto, alejado claro está, de las dinámicas y los intereses corporativos y políticos de los medios y los periodistas tradicionales.

La pérdida de legitimidad y credibilidad de los medios hegemónicos, como RCN, Caracol, Semana, El Colombiano, El País y El Tiempo, entre otros más, viene generando la irrupción de proyectos periodísticos quijotescos como Raya, Cuestión Pública, Vorágine y La Nueva Prensa, entre otros, con el objetivo claro de hacer el periodismo que sus colegas de los medios tradicionales no pueden hacer porque las políticas editoriales están sujetas a los intereses políticos y económicos de los conglomerados económicos que los patrocinan y sostienen.

Mientras que La Nueva Prensa, Cuestión Pública y la Revista Raya se han puesto a la tarea de develar las andanzas de Mancera, medios del establecimiento colombiano, como La FM, y El Colombiano, hacen ingentes esfuerzos por lavarle la cara a la fiscal general (e), poniendo en duda las versiones de los funcionarios de la propia fiscalía que señalan y cuestionan a Mancera.

Sin duda alguna, la irrupción de medios alternativos constituye un hecho periodístico de gran valía por cuanto estamos ante la democratización de la información, pero lo más importante quizás sea que dichos medios están haciendo la tarea que sus colegas no pueden hacer. El periodismo puede ser uno solo deontológicamente hablando, pero en su praxis diaria emergen dos tipos de periodistas: los que se paran en la raya hasta que la verdad de los hechos la conozcan las audiencias y otros que están para ser estafetas y servirle al viejo establecimiento, con el firme propósito de ocultarle a sus audiencias las maneras como viene operando el régimen de poder en Colombia, desde tiempos inmemoriales. Es claro que hay medios tradicionales que le están apostando a que la interinidad de Mancera se extienda en el tiempo en beneficio de poderosos agentes económicos y políticos que hacen parte de eso que se llama el establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Internet.