Por Germán Ayala Osorio
La elección del Procurador
General de la Nación obedece a un proceso político- administrativo cargado de
intereses clientelistas que ensucian el buen criterio que debería de existir en
quienes participan de la elección. Es de tal perversidad el mecanismo, que los
senadores terminan eligiendo a quien podría investigarlos, de acuerdo con el numeral
6 del artículo 277 de la Carta Política. Los senadores finalmente eligen de la
terna enviada por el presidente de la República, el Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia.
Ya el Consejo de Estado eligió a
Luis Felipe Henao, controvertido político, cercano a Vargas Lleras, enemigo del
presidente Petro y eterno candidato presidencial. Claramente, el envejecido
delfín sigue moviendo los hilos clientelistas que existen dentro de la
Procuraduría, una entidad convertida en el mayor nido clientelar del que se
sirven congresistas y magistrados.
Falta que la Corte Suprema de Justicia
elija a su candidato. Dentro de la lista de 10 aspirantes aparecen nombres de políticos
profesionales cercanos a la clase política tradicional. Son ellos Germán Varón
Cotrino, fiel amigo de Vargas Lleras y el eterno secretario del senado, Gregorio
Eljach Pacheco, amigo de todos los congresistas de la derecha. Es decir, el exvicepresidente
de Juan Manuel Santos gana con cara y con sello. Ya logró meter a su amigo Luis
Felipe Henao. Se trata, entonces, de un pulso político entre el gobierno y la
Oposición. Lo más probable es que el triunfo se lo lleven los detractores y
enemigos que tiene Petro tanto en el Consejo de Estado, como en el Senado.
El actual proceso de elección de
quien será el remplazo de la nefasta Procuradora, Margarita Cabello Blanco, deviene
turbio por la injerencia del clan Char y de Germán Vargas Lleras y su
microempresa electoral Cambio Radical. El Espectador en reciente editorial
llama la atención sobre lo que está ocurriendo con ese proceso de selección,
previo al “trabajo” final que hará el Senado, en donde el gobierno de Petro no
tiene las mayorías, lo que significa que el nuevo procurador general de la
Nación saldrá de los candidatos presentados por la CSJ y el Consejo de Estado.
Dice el diario bogotano que “vemos
con preocupación que los cálculos para la elección de nuevo procurador o
procuradora general de la Nación están cayendo en las trampas políticas de
siempre. En vísperas de que la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la
República elijan candidatos para completar la terna que ya arrancó el Consejo
de Estado, la información que llega a El Espectador es que en el Senado
se frotan las manos quienes ven en este proceso la oportunidad de salir a
cobrar réditos políticos. Si las consideraciones de los nominadores se reducen
a quién tiene más opción de ser elegido por un Senado seducido por el
clientelismo, ocurrirá un grave error: tendremos un procurador, otro más,
enamorado de la política, cerca de los partidos y de sus dinámicas amiguistas,
y lejos de las necesidades del país”.
Para dimensionar los riesgos de
los que habla el editorialista basta con examinar las más recientes actuaciones
de Margarita Cabello Blanco, conocida como la CHARina del Ministerio Público. La
actual Procuradora le insistió a la Corte Constitucional que revisara una
tutela que beneficiaría al aboganster Diego Cadena, íntimo amigo del
expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, ambos en etapa de juicio por los
delitos como soborno de testigos y fraude procesal. La Corte de cierre negó el
recurso de Cabello Blanco. Se suma a lo anterior el visto bueno que dio la
entidad a la solicitud de libertad para Arturo Char bajo la figura del habeas
corpus. Esas actuaciones hacen pensar que existe una evidente intención de
favorecer los intereses del uribismo y de los Char. Es claro que Cabello Blanco
es ficha del clan barranquillero.
En el mismo editorial de El
Espectador se concluye que “tal vez el peor legado de la procuradora Cabello
y del expresidente Duque sea la reforma que impulsaron. Supuestamente creada
para responder a la condena de la Corte IDH, hizo todo lo contrario. No solo no
solucionó el conflicto de competencias judiciales que señaló el tribunal
internacional, sino que aprovechó para expandir la planta de trabajadores del
Ministerio Público, abriendo una oportunidad para la corrupción. Los
resultados, unos años después, son evidentes: seguimos con un choque de trenes
entre los tribunales, con demandas en curso contra el Estado en la Corte IDH, y
con un rol deslegitimado de la procuradora”.
Al final, no es exagerado señalar que el proceso selectivo y la elección final del nuevo Procurador General de la Nación (será un hombre) es una completa vagabundería clientelista. Por diseño constitucional, el sistema político colombiano es un pozo séptico, una cloaca inmunda y el "criadero" del ethos mafioso.
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