Por Germán Ayala Osorio
Álvaro Hernán Prada Artunduaga es uno de los
magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que está al frente de la
investigación por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente.
Más allá de si el fuero presidencial
fue o no tocado, como asegura Petro por el Consejo de Estado al momento de
zanjar las dudas acerca de las competencias y alcances del CNE, la presencia de
Prada vicia el proceso por dos elementos que jurídica y políticamente deberían
de servir para que el consejero de la autoridad electoral abandone dicha tarea
de juzgamiento.
El primer elemento es la evidente
animadversión hacia el presidente Petro del exrepresentante y mandadero de
Uribe, quien hace rato debió declararse impedido; y el segundo, su condición
sub judice, por cuanta de su llamado a juicio que ya le hizo la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) por el caso de manipulación y soborno a testigos de los que también
hacen parte el aboganster Diego Cadena y el expresidente antioqueño, estos últimos
en etapa de preparación de juicio.
Claramente Prada no actúa con el
interés genuino de encontrar la verdad en torno a los recursos allegados a la
campaña presidencial. Su único interés es golpear al gobierno, mancillar la dignidad
presidencial y debilitar el fuero que protege al presidente de la República.
Justamente, la presencia de Prada
bajo esas circunstancias ético-políticas y jurídicas le restan credibilidad a
lo actuado hasta el momento por el CNE, entidad que responde a las lógicas siempre
enrarecidas de los partidos políticos. Por ser una entidad política y no técnica,
agentes como Álvaro Hernán Prada terminan por ensuciar la ya guarrada historia
del ente electoral.
Tanto que el uribismo habla de
respetar la institucionalidad, y lo primero que hizo Uribe cuando cobardemente
Prada renunció a su curul en la Cámara de Representante fue regalarle a Prada
un asiento en el CNE, para frenar la acción de la Sala de Instrucción de la CSJ
que ya lo investigaba y que luego lo llamó a juicio. La llegada del
exrepresentante a la máxima autoridad electoral constituye una burla a la
justicia y la confirmación de que en Colombia todo proceso legal se puede torcer,
dilatar y ralentizar hasta que se venzan los términos.
Actuaciones como las de Prada y
los partidos políticos que apoyan su iniciativa de afectar al gobierno Petro confirman
que el sistema político e incluso los propios pesos y contrapesos de la democracia,
amparados por la Constitución de 1991, devienen ajustados a las lógicas partidistas,
lo que permite abrir espacio a arreglos y transacciones subrepticias que
terminan siendo una guasa a la justicia y a la institucionalidad.
El presidente Petro en lugar de insistir en la narrativa del "golpe de Estado" que según él se estaría fraguando desde el CNE, debería de insistir en la condición judicial que arrastra Prada y su filiación al uribismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario