Por Germán Ayala Osorio
En la conmemoración de la batalla
de Boyacá, hoy 7 de agosto de 2023, nuevamente el presidente Petro insiste en
la idea de hacer un gran acuerdo nacional. Por lo menos, en tres oportunidades
lo hizo y las fuerzas políticas y económicas, enemigas de su gobierno, guardan
sospechoso silencio. El mismo silencio que se evidenció cuando Juan Manuel Santos
y las Farc-Ep consignaron en el tratado de paz de La Habana, la necesidad de
establecer un pacto político nacional. ¿A quién le habla el presidente y quiénes
son los que no lo quieren escuchar?
Al llegar a su primer año, jamás
en la historia reciente del país un gobierno enfrentó a la descomunal fuerza desestabilizadora
en la que confluyen agentes económicos de la sociedad civil, con sus medios
masivos como puntas de lanza, partidos políticos y políticos profesionales.
Expongo la siguiente tesis con la
que pretendo explicar las razones políticas que esos sectores de poder tienen,
pero que no exponen abiertamente para negarse a pactar un acuerdo nacional para
hacer las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que
necesita el país, para ver si algún día, como Estado y sociedad, arañamos
estadios de modernidad.
Gustavo Petro
lidera un proyecto de país que no le conviene al “viejo” establecimiento que
sufrió derrota electoral. Tratar de recuperar el Estado para que actúe con el
carácter colectivo y cumpla con lo consignado en la carta política de 1991 constituye
la mayor afrenta política para quienes capturaron el Estado, justamente, para
hacerlo funcional exclusivamente a sus intereses de clase. Les resulta inaceptable
que se intente desmontar el “doble Estado” que opera en el país desde hace
décadas. Igualmente, desaprueban cualquier acción institucional orientada a
frenar los procesos de defaunación y deforestación que, asociados a la idea de
acabar con el campo, el campesinado y la seguridad alimentaria, promueven quienes,
desde esas instancias de poder, insisten en acaparar y concentrar más y más la
tierra para especular con ella y sembrar agrocombustibles.
A lo anterior se suma, el carácter
contestatario e insumiso del presidente de la República, en particular con
aquellos “Cacaos” acostumbrados a que los mandatarios se sienten a manteles para
que estos les cumplan la directriz de seguir privatizando el Estado.
Petro, sin duda, está en una encrucijada.
Y no por cuenta de los escándalos político-mediáticos que le está armando la
Fiscalía de Barbosa, su archienemigo y mandadero de ese viejo establecimiento,
de la mano de su primogénito. No, el asunto es estructural y compromete, por
supuesto, asuntos ideológicos, políticos, económicos y culturales.
Algunos gremios económicos y las
fuerzas políticas asociadas a los insepultos partidos políticos, el Liberal y
el Conservador, así como otras microempresas electorales como Cambio Radical y la
U, no aguantan más y están entrando en la peligrosa etapa de la resistencia
activa que bien puede estar ancorada a la idea de tumbar a Petro o por lo
menos, a la acción temeraria de “hacer invivible la República”. Si es así, le
quedan tres años al presidente para seguir insistiendo en un acuerdo nacional
que jamás llegará.
A sus voceros les molesta que el gobierno
de Petro haya ayudado a frenar la deforestación de la selva amazónica; o que garantice
el agua para la gente de La Guajira; o que entregue subsidios a madres cabeza
de familia en condiciones de vulnerabilidad; también les incomoda que disponga de
los ingenieros militares, para recuperar vías terciarias y secundarias en mal
estado desde hace décadas; pero quizás lo que más les fastidia es que esté
tratando de recuperar la Fiscalía y otras instituciones, para el Estado y la
sociedad.
Mientras el presidente de la
República siga golpeando a las redes del narcotráfico, los Estados Unidos no lo
dejarán solo en esta coyuntura. Llama la atención de los opositores del gobierno,
el silencio frente a las incautaciones de drogas, dinero y las acciones de
interdicción marítima. Los imagino cruzando los dedos para que la Paz Total fracase,
en beneficio de quienes están prestos a acaparar más tierra por desposesión.
Justamente, sobre ese mutismo
opera el “doble Estado” del que vengo hablando aquí en esta tribuna. Por eso,
quizás, las resistencias de algunos gremios y fuerzas políticas para apostarle
a un proceso de reindustrialización: las economías ilegales son las grandes
aliadas del sistema financiero nacional, circunstancia que no se quiere cambiar
desde las huestes de ese viejo y anacrónico establecimiento.
Petro debería de hablarles más
claro cuando hace el llamado a un “acuerdo nacional”. Si se trata de abandonar la
idea de recuperar el Estado para todos o de permitirles seguir manejando
algunos de los hilos de ese entramado de intereses que hacen posible la
operación mafiosa de ese “doble Estado”.
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