Por Germán Ayala
Osorio
La imputación de cargos
que la Fiscalía hará al excandidato presidencial del uribismo, Óscar
Iván Zuluaga se da en medio de las presiones que recaen sobre el fiscal
general, Francisco Barbosa, provenientes del propio presidente de la República,
quien por varias semanas le solicitó la entrega de un informe sobre unos
crímenes cometidos por el Clan del Golfo. Aunque la entrega se produjo,
versiones periodísticas indican que está incompleto. Al asunto del informe se
suma la apertura de una oficina de la CPI en Bogotá, para acompañar a la JEP en
el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, en los que la Fiscalía poco o
nada avanzó, a pesar de tener los testimonios de varios paramilitares sobre
crímenes atroces. Por todo lo anterior, Barbosa parece muy activo, tratando de
mostrar eficiencia en la agonía de su oscuro mandato. El fiscal general sabe que las autoridades
americanas están detrás del caso de Odebrecht. Según fuentes periodísticas,
esas mismas autoridades estarían interesadas en conocer posibles conductas
omisivas de Barbosa.
Zuluaga es el típico caso en el que el régimen, en este caso,
el “viejo” régimen que sufrió derrota electoral y política con Petro, debe
sacrificar a una de sus fichas para salvar a gente más “prestante y poderosa”
en la escala de valores que los regímenes corruptos suelen manejar cuando se
presentan dificultades asociadas a escándalos políticos. Justamente, lo que hoy
el país conoce son los graves hechos de corrupción de la Ruta del Sol II y el
cobro de coimas a la multinacional brasilera comprometida en el pago de
sobornos a políticos para poder operar dentro del país y ejecutar los proyectos
de infraestructura vial.
Sacrificar a Zuluaga es un imperativo moral y político para
las cabezas visibles del “viejo” régimen que buscan a toda costa salir limpias,
a pesar de estar todos metidos en el lodazal de la corrupción en el que se
convirtió la ejecución de la Ruta del Sol II y la financiación de varias
campañas políticas. De acuerdo con El Espectador, “los hechos por los cuales será llamado a imputación el excandidato
presidencial Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento
privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y su hijo,
David Zuluaga Martínez, por el delito de fraude procesal; tienen relación con
la financiación de su campaña a la presidencia en 2014. De acuerdo con la
Fiscalía, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento
del norte de Bogotá, con el ex directivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto
Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la
multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista
José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la
campaña. Por esta razón, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1.610.000
dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en
Panamá”.
Por supuesto que la aparición de unas grabaciones, en manos
de Daniel García Arizabaleta, imputado por la Fiscalía por los hechos de
corrupción del caso Odebrecht, da cuenta de una acción propia de fuego amigo al interior del uribismo. Ya
el expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez le dijo a la revista
Semana que lamenta la suerte de su amigo y entonces candidato presidencial,
Óscar Iván Zuluaga. “Me duele mucho lo
que está ocurriendo, ojalá el doctor Óscar Iván Zuluaga pueda superar esta
dificultad”. Estamos ante una frase vacía que se corresponde, ética y
políticamente con la negativa de la Fiscalía de solicitar medida de
aseguramiento en contra del ex candidato presidencial.
Esas lamentaciones hacen parte de las hipocresías del poder. Ya
en el pasado, el expresidente antioqueño había defenestrado a García
Arizabaleta en el momento en el que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por los
mismos hechos de corrupción. Que los jueces encuentren culpable o no a Zuluaga
podría resultar irrelevante frente a los resultados que estén buscando tanto la
Fiscalía, el fiscal Barbosa en particular, el propio Uribe Vélez y los poderosos
empresarios que están involucrados en la compleja red de corrupción que lleva
por nombre el caso Odebrecht.
Lo anterior confirma que en política “no hay amigos, hay intereses”.
O como dijo Rafael Barret, “en política
no hay amigos; no hay más que cómplices”. Así las cosas, la política, en
tanto ejercicio del poder, es la actividad que mejor devela la perversidad de
la condición humana. Para el caso colombiano, el ejercicio de la política
deviene sucio, criminal, mafioso y complejo. En su devenir, arrastra a la
justicia, a la ética y a la moral a los más oscuros escenarios en los que la
naturaleza humana se muestra tal cual es.
El trasfondo de todo está anclado al sistema económico
capitalista, esto es, a la consecución de dinero y su concentración en pocas
manos. Dicho sistema es un pilar fundamental de los imperativos (In) morales
con los que la sociedad pretendidamente cree que es posible acercarse a la
consecución de virtudes éticas. Ese mismo sistema y los señalados objetivos,
naturalizan su inmoralidad, pero al tiempo generan la posibilidad o quizás la
utopía de que algún día se pueda hacer una política distinta, de la mano de seres humanos capaces de
manejar las pulsiones del poder.
Para que sobrevivan los regímenes corruptos que el sistema de
poder económico genera se requiere de la economía del crimen. Ni las condenas y
mucho menos la cárcel misma, así como la exposición mediática asustan a los
bandidos de cuello blanco. Y es así, porque en Colombia no sabemos qué es eso
de la “sanción moral”. Justamente, la
vigencia política de los corruptos se garantiza por la confusión moral de la
sociedad en la que operan aquellos refinados malhechores, lo que asegura no
solo la mala memoria colectiva e individual, sino la incapacidad para juzgar
ética y moralmente a quienes violan las leyes. Ser corrupto en Colombia paga y
seguirá pagando porque todo el sistema
político está contaminado. Al final, las medidas adoptadas por la Fiscalía
hacen parte de una pantomima, pues es claro que resulta imposible investigar,
procesar y castigar a todos los bandidos de cuello blanco. Lograrlo solo
provocaría el derrumbe del régimen de poder.
Con todos los casos que a diario se destapan en el país,
podemos hablar de una sociedad inviable. Justamente, su inviabilidad está
soportada en la reproducción del ethos mafioso que hizo posible que Odebrecht
operara en Colombia desde principios de los años 90. Quizás cuando ese ethos
mafioso se proscriba, entonces, podemos pensar en que el sistema económico y
consecuencialmente, la sociedad colombiana y el “viejo” régimen de poder empiecen
a actuar de manera distinta. Aunque creo que el ethos mafioso que se naturalizó
en Colombia a partir de 2002, jamás lo llegaremos a proscribir.
Imagen tomada de La Silla Vacía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario